Busqueda de contenidos

Gracias a su amplia victoria, Perón impulsó su plataforma electoral, comenzando por la mayor intervención del Estado en la economía. La nacionalización del Banco Central y la creación del IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio), un organismo público que controlaría el comercio exterior, fueron dos medidas emblemáticas. Su política económica se basó en la industrialización y la independencia económica (nacionalismo económico), lo que redundó en una postura claramente autárquica que abogaba por "una Patria justa, libre y soberana". También extendió su poder e influencias en la administración mediante purgas entre el funcionariado. Su control fue evidente en sectores estratégicos, como la universidad y la justicia y también sobre los medios de comunicación, ya que el gobierno tenía un virtual monopolio sobre las emisoras de radio y controlaba buena parte de la prensa diaria. Su gobierno adquirió hábitos autoritarios, reforzados por la Constitución de 1949, que cedía al Ejecutivo el derecho de declarar el "estado de precaución y alarma". En las elecciones para la Asamblea Constituyente la oposición se dividió y los peronistas triunfaron con más del 60 por ciento de los votos. En la Constituyente había dos puntos importantes en discusión: la modificación de la Constitución de 1853 que prohibía la reelección presidencial en dos períodos consecutivos y la nacionalización de empresas extranjeras. Se incorporó un capítulo basado en la doctrina social de la iglesia, que condenaba los abusos del capitalismo. Sus artículos trataban sobre los derechos de los trabajadores, de la familia, de los ancianos y del derecho al trabajo, a la educación y a la cultura. Con objetivos similares a los de la política nacional, Perón se movió en el interior de su movimiento, extendiendo su control. Para ello silenció las voces disidentes que pretendían un sindicalismo autónomo o un Partido Laborista según el modelo inglés y en 1947 los dirigentes gremiales que se oponían a sus fines fueron expulsados del Partido o encarcelados. Al disolverse el Partido Laborista se creó un nuevo partido bajo la dirección omnipotente de Perón. Inicialmente fue el Partido Único de la Revolución, llamado luego Partido Justicialista o Peronista. El fuerte liderazgo de Perón impidió la institucionalización del régimen y dejó planteado el problema de la sucesión. Perón nunca tuvo un sucesor y su misma presencia le hubiera sido intolerable. Perón intentó ampliar sus apoyos sociales y su mujer, Eva Duarte de Perón, Evita, jugó un papel fundamental, no sólo como elemento movilizador de las masas, sino también como factor de control político, especialmente en el movimiento obrero. Desde la Fundación Eva Perón desarrolló una vasta acción de protección social en favor de los "humildes y descamisados". Se permitió el voto femenino y se creó una Rama Femenina, independiente del Partido Justicialista. Tras su muerte, el 26 de julio de 1952, Evita se convirtió en un símbolo del movimiento peronista y en uno de los mayores mitos argentinos. La actuación inicial de Perón se basó en la redistribución de la renta, apoyada en las divisas acumuladas en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Una vez que éstas se agotaron, la redistribución siguió siendo posible, aunque en menor cuantía, gracias a los recursos obtenidos de la agricultura exportadora que no se reinvertían en el sector. La inflación y el endeudamiento permitieron mantener artificialmente el nivel de vida de los trabajadores industriales durante años. En la medida en que crecía el consumo interno, los saldos exportables se reducían, ya que los principales rubros exportadores del país (carne y cereales) tenían que competir con un mercado interno con precios al alza. La falta de divisas condicionó la acción de gobierno y hacia 1951 comenzó un claro giro en su política económica y social. La muerte de Eva Perón fue un momento decisivo. El exceso de autoritarismo animó a la oposición a manifestarse contra el gobierno. El descontento entre los militares y la Iglesia, aumentado por una campaña antieclesiástica impulsada desde el gobierno, fue la causa de su derrocamiento por un golpe en septiembre de 1955: la autodenominada "revolución libertadora".

Juan Domingo Perón se alejó del país, inicialmente al Paraguay, pero no de la política activa. Desde su exilio madrileño mantuvo el control del movimiento e intentó regresar en 1972. El peronismo, y la figura de Perón como máximo referente, fueron un factor desestabilizador de la política argentina hasta el día de su muerte e inclusive durante muchos años después. El apoyo sindical y de al menos un tercio del electorado fue decisivo para garantizar la vigencia del peronismo. El general Eduardo Lonardi se hizo cargo del poder, pero a los pocos meses fue reemplazado por otro general, Pedro Eugenio Aramburu. El relevo se debió a la alarma del sector más liberal del Ejército por la política de acercamiento entre el Ejecutivo, que simpatizaba con la derecha católica, y el movimiento sindical peronista. Aramburu quería convocar unas elecciones rápidas, para normalizar el sistema democrático y depurar en profundidad cuanto quedaba del peronismo. Se retornó a la Constitución de 1853, se introdujo el voto proporcional, se puso al frente de los sindicatos a enviados gubernamentales al tiempo que se perseguía a los líderes peronistas más destacados, se legalizó al Partido Peronista y se quemaron públicamente todos sus símbolos y los retratos de Perón y Evita. Ante la intensificación de la represión, impulsada por el ala dura de la "libertadora", el peronismo militante pasó a la resistencia conspirativa y al terrorismo, iniciando una espiral de violencia que arraigaría profundamente en la cultura política argentina. El peronismo no fue derrotado, sus logros en la recuperación de los sindicatos fueron importantes y en las elecciones para la Asamblea Constituyente de 1957 lanzó la consigna del voto en blanco, seguida por el 25% del electorado. Ante un partido radical dividido, aumentaba enormemente el papel de árbitro del peronismo. Esto lo comprendió Arturo Frondizi, el líder de una de las fracciones radicales, la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), quien para captar a una parte importante del electorado levantó consignas antiimperialistas, como la nacionalización del petróleo. La UCRI ganó con el 44 por ciento de los votos, pero una vez en el poder Frondizi abandonó sus posturas anteriores y planteó la profundización industrial con una política desarrollista, que lograra el favor de la patronal. Sus bandazos políticos y los escasos logros de su gestión económica le restaron apoyos en ambos bandos y su posición tambaleó cuando los militares le quitaron el respaldo. El malestar militar y los cuestionamientos castrenses al gobierno aumentaron tras el giro socialista de la Revolución Cubana y la actitud dialogante de Frondizi con Castro. Las elecciones de marzo de 1962 marcaron el principio del fin para Frondizi. El peronismo ganó diez de las catorce gobernaciones en juego, entre ellas la de la Provincia de Buenos Aires. La derrota gubernamental fue amplísima y la UCRI perdió la mayoría legislativa. Las intervenciones federales a las provincias donde triunfó el peronismo se sucedieron y el malestar político y militar aumentó. A los pocos días, totalmente aislado y presionado por los militares, Frondizi se vio obligado a renunciar.

Todo lo que prosperó Nueva España en el siglo XVIII lo perdió el Perú, que dejó de ser el primer productor de plata americana y el eje del comercio en Suramérica. Esto último se inició a partir de la Guerra de Sucesión española, cuando los mercantes franceses llegaron al Pacífico por el Cabo de Hornos, inundando de manufacturas los puertos chilenos, peruanos y quiteños. Todo venía por el sur y casi nada por el norte. Naturalmente, antes de llegar a Hornos abastecían el Río de la Plata, que dejó de depender de Lima. El posterior comercio fraudulento británico, realizado a través de los legales Navíos de Permiso y del asiento negrero de la South Sea Company, independizó también de Lima la región de Tierra Firme, y la guerra de la Oreja terminó con el sistema de flotas, quedando el Perú relegado a un papel de segundón en el comercio hispanoamericano que antes dominaba. Sufrió, además, una importante pérdida territorial al crearse el nuevo virreinato santafereño (1739). La situación del Perú siguió empeorando posteriormente, mientras mejoraba la de Buenos Aires, que recibía la primicia del contrabando y desviaba cada vez más flujo de plata potosina hacia su puerto. El Callao terminó siendo una escala opcional de los navíos sueltos que venían a Buenos Aires. En 1776, la Corona creó el cuarto virreinato en el Río de la Plata para hacer frente a la presión lusoinglesa y encuadró dentro del mismo a Charcas, con las minas del Potosí. Perú perdió la gran mina argentífera y su proyección atlántica, quedando reducido a un país trasandino (su salida por la Amazonía estaba cortada por Brasil). De su posterior interiorización resultaron la creación de la Audiencia de Cuzco en 1787, la adjudicación de la Intendencia de Puno en 1795 (se cercenó del Río de la Plata), de las provincias de Maynas en 1803 (se tomaron del virreinato santafereño), y la anexión de la gobernación de Guayaquil en 1804 (aunque estaba en jurisdicción santafereña, su comercio estaba ligado al Perú). Todo esto plantea la pregunta de si los circuitos económicos generaban los reajustes territoriales de la Corona o era al revés. La otra causa del decaimiento peruano fue la minería. La pérdida de Potosí bajó su producción argentífera a menos de la mitad: 246.000 marcos de plata en 1777. Afortunadamente, pudo recobrarse pronto alcanzando en 1792 un nivel de 500.000 marcos y en 1799 los 637.000. Esto fue posible gracias a la mejor explotación de las antiguas minas (Paseo, Laicacota, Castrovirreina) y la puesta al máximo de producción de las nuevas que se habían descubierto durante la centuria (Chanca, Huallanga, Huantajalla, Hualgayoc, etc.). El problema es que la mayor parte de ellas estaban situadas a grandes alturas, lo que impedía desarrollos agropecuarios periféricos. Había que llevarlo todo desde centros muy lejanos, lo que limitaba la formación de economía subsidiarias. Huancavélica mantuvo su producción de mercurio, aunque disminuida. La mita siguió suministrando mano de obra, si bien gran parte de ésta era ya jornalera. El comercio por el Cabo de Hornos hundió, además, la industria obrajera, que sucumbió frente a las manufacturas producidas por la Revolución Industrial. También provocó cambios substanciales en agricultura, decayendo la del norte y resurgiendo la de los valles centrales (productores de cereales y algunos cultivos tropicales como algodón) y de los meridionales (productores de uva, que se transformaba en aguardiente o pisco). La gran propiedad territorial aumentó gracias a la compra de las tierras de los jesuitas, que fueron rematadas a precios de saldo y a plazos que no se pagaron jamás (se evaluaron en 6.641.448 pesos y se vendieron en 3.588.797). El siglo acentuó aún más las diferencias entre las tres regiones de costa, sierra y selva. En la primera, existía una agricultura diversificada en la que primaban las plantas europeas (trigo, vid, arroz y azúcar), junto con algunas americanas (tabaco y algodón) destinadas a la comercialización. En la sierra, se ubicaban los cultivos tradicionales (maíz y papa), la ganadería (ganado ovino y caprino junto al de llamas y alpacas) y la minería. En la selva, se cultivaban especias y plantas medicinales, principalmente la cascarilla o quina. La población peruana sufrió muchos altibajos en función de su jurisdicción cambiante. En términos generales tuvo un gran aumento, llegando a alcanzar 1.070.677 habitantes en 1792. Se distribuía en 608.894 indios (56,9% ), 244.436 mestizos (22,8%), 135.755 blancos (12,7%) y 81.592 (7,6%) negros y mulatos. Los esclavos eran apenas unos 43.000, y su 97% se concentraba en las provincias costeras. Su grupo predominante era el indígena, que casi se había duplicado en cuarenta años, pues a mediados de siglo era sólo de 343.000 habitantes. Los indios habitaban la sierra y la selva, y los blancos y negros la costa. La población peruana era eminentemente rural y sólo había tres grandes ciudades, Lima, Cuzco y Arequipa, en las que se concentraba el 40% de los blancos. La capital tenía 52.000 habitantes en 1792. En la sociedad peruana de fines de siglo perdieron importancia los mineros y la ganaron los comerciantes, que entroncaron con la antigua nobleza. En cuanto a la administración, sufrió el proceso general de supresión del poder criollo, sustituido por el peninsular. Los virreyes de los primeros tres cuartos de siglo afrontaron los problemas de contrabando, decaimiento de la producción de mercurio, defensa territorial (mantuvieron el envío de situados a Panamá, Chile y Cartagena) de corsarios, sublevaciones indígenas (como la de Juan Santos Atahualpa), epidemias y terremotos. Los virreyes del último cuarto de siglo gobernaron en medio de reformas. Expulsaron a los jesuitas (salieron 480 de ellos), reajustaron a las nuevas circunscripciones territoriales, hicieron frente a la visita de Areche y proclamaron el Reglamento de Libre Comercio. Areche hizo una reforma concienzuda creando aduanas, ordenando nuevos impuestos y subiendo los existentes. Pretendió, además, moralizar la actuación de los corregidores aumentándoles el sueldo (el virrey Guirior había comprobado que imponían repartimientos abusivos a los indios para redondear sus ingresos), lo que incidió a su vez en aumentar los repartimientos. Los indios estaban hartos de que se les obligara a comprar lo que no deseaban y surgió la rebelión. La inició el cacique de Tungasuca José Gabriel Condorcanqui, que apresó y mató al corregidor de Tinta en noviembre de 1780, tomando el sobrenombre de Túpac Amaru, el Inca que había sido ajusticiado por los españoles en 1572. Atrajo numerosos partidarios anunciando que suprimiría el repartimiento y la mita, a lo que añadió más tarde la libertad de los esclavos. Túpac Amaru venció a un destacamento realista en Sangarará y puso cerco a Cuzco. El virrey Jáuregui mandó contra los rebeldes, en 1781, una fuerza de 17.000 hombres, dirigidos por el mariscal José del Valle, que les persiguió y logró derrotarles en Checacupe. Túpac Amaru fue capturado, juzgado y ejecutado bárbaramente en la plaza mayor de Cuzco. La conmoción producida por esta rebelión y las que le sucedieron minaron mucho el prestigio español. Posteriormente se establecieron las siete intendencias del Perú (1784), a las que se añadió luego la de Puno, se puso alto a los repartimientos, se creó la Audiencia de Cuzco (una de las reivindicaciones de Túpac Amaru), se mejoró la planta militar y se implantaron numerosas instituciones ilustradas. El último virrey de esta época fue Abascal, que inició desde el año 1806 una lucha permanente contra los brotes revolucionarios que surgían por toda Suramérica.

Sin embargo, en la mayor parte de Europa la producción agrícola se mantuvo instalada en los sistemas tradicionales de explotación de la tierra. El crecimiento agrario permaneció dentro de los límites que permitían las condiciones técnicas y sociales heredadas. Las técnicas agrarias experimentaron un escaso grado de evolución. Los aperos de labranza eran, con pocas diferencias, los mismos que los utilizados en la Edad Media. El grado de innovación resultó muy escaso. La necesidad de regenerar la capacidad productiva de la tierra para garantizar la continuidad de las cosechas se resolvía de forma simple mediante elementales sistemas de rotación. Las tierras de pan producían un año y descansaban otro o dos más. El barbecho era parte consustancial del paisaje agrario. El abonado se basaba exclusivamente en el estiércol de origen animal. La asociación entre agricultura y ganadería era necesariamente estrecha. La tierra en turno de descanso se dejaba para pasto del ganado, que la fertilizaba con sus deyecciones. Este uso ganadero tenía con frecuencia carácter comunal. Tal sistema, junto a la roza de la rastrojera tras la cosecha, era prácticamente el único conocido para conseguir que la tierra no se agotase y quedase yerma. Sin embargo, en las tierras de calidad inferior a menudo era insuficiente para mantener la capacidad productiva. Se verificaba entonces la llamada ley de rendimientos decrecientes, según la cual la tierra producía cada vez menos, aun a costa de invertir cada vez más trabajo en beneficiarla. El reducido horizonte técnico de la agricultura del Antiguo Régimen condenaba a esta actividad a una casi absoluta dependencia respecto a las alternativas caprichosas de la meteorología. A todo ello hay que unir la escasez de inversiones, que determinó la ausencia de una capitalización del campo, a pesar de que la revalorización de la tierra en el siglo XVI atrajo el interés de grupos urbanos económicamente poderosos. Este hecho, sin embargo, no significó el interés paralelo por la innovación técnica o por una agricultura científica. La incapacidad del campesinado para invertir dependía de la inadecuación de la estructura de la propiedad y de las condiciones jurídicas a que se encontraba sometido. En buena parte de Europa occidental sobrevivió, más o menos suavizado, el régimen señorial. En la Europa centro-oriental, en cambio, pervivió un verdadero feudalismo, que condenó a los campesinos a duras condiciones de trabajo y existencia. Pero incluso cuando el campesinado era jurídicamente libre, la fiscalidad real, señorial y eclesiástica que soportaba esterilizaba cualquier posibilidad de inversión en mejoras de la producción y le restaba estímulos. Un campesino, después de un año de duro trabajo de sol a sol, podía esperar recoger cuatro o cinco veces lo sembrado, si el tiempo había sido bueno. De esto, la cuarta o la quinta parte debía reservarla para resembrar. Otra décima parte se la llevaban los recaudadores del diezmo eclesiástico. El campesino tenía además que pagar los impuestos reales, como también los señoriales si vivía en territorio de señorío. Con lo que le quedaba debía a menudo hacer frente a deudas y, además, sobrevivir él y su familia. Hablar en estas condiciones de beneficio resulta un puro eufemismo. Cualquier posibilidad de inversión quedaba así disipada. En el caso de los ricos terratenientes, las rentas agrarias tampoco eran reinvertidas en mejorar la producción. Su posición les permitía disfrutar de un lujoso nivel de vida, basado en la explotación del trabajo campesino, sin necesidad de preocuparse excesivamente de otra cosa más que de recibir y dilapidar los beneficios. A este cuadro de dificultades podían añadirse localmente otros problemas. Así, por ejemplo, en Castilla la política de tasas practicada por la Corona para garantizar el bajo precio del trigo en el mercado, si bien beneficiaba a los consumidores, perjudicaba seriamente los intereses de los campesinos productores. Este conjunto de circunstancias condenaba al campesinado a una economía en los límites de la subsistencia y le incapacitaba gravemente para introducir mejoras en la producción.

En una emigración de carácter político como es el exilio, las circunstancias vitales de cada uno, anteriores a la decisión de abandonar el propio país, son clave para comprender todo el proceso posterior. La diferente trayectoria de las mujeres y los hombres, desde su nacimiento en España, donde se sitúa su origen social y su educación, la dedicación al trabajo doméstico o a un trabajo remunerado y la participación en actividades políticas y profesionales durante la República, son aspectos trascendentales para comprender el posterior exilio, pues introducen importantes diferencias sociales entre los exilados. Gráfico Estos aspectos no han sido apenas considerados en los análisis del exilio que poseemos. La educación y la cualificación de las mujeres, el capital cultural que llevan consigo al salir de su país, influirá también en la forma en que se produce su inserción en la sociedad mexicana. Las exiladas aportaron al exilio- una diversidad de habilidades y capacidades; para las amas de casa fue la costura la destreza más valorada en México; su aprendizaje estaba ligado a la construcción social de lo femenino en la sociedad española de su tiempo, pues la mayoría de la población femenina recibía una educación patriarcal que formaba a las mujeres de cara al matrimonio y para la cual era necesario saber coser, cocinar y demás fundones de supervivencia... Las mujeres con mayor nivel cultural y un titulo profesional -una minoría de ellas muy destacada durante la II República- deberían haber tenido teóricamente posibilidades de conseguir en México un trabajo acorde con sus capacidades, para así haber aportado sus conocimientos a la sociedad mexicana. Pero en la práctica, muchas de ellas se encontraron con el desempleo o el cambio de actividad laboral, mientras que las amas de casa pudieron conseguir un trabajo con más facilidad. Este hecho indica la escasa preparación de la mano de obra femenina en México, en comparación con la situación de la II República en España.

Grupo dinámico y dinamizador como son los hispanos, y aun presentando una variación grande y extrema en cuando a ingresos y capacidad adquisitiva, gastan más que la media de los anglos porque son más jóvenes, son conscientes de su mejora laboral y económica, y por su perspectiva de crecimiento. En 2007 consumieron por un valor de 862.000.000.000 dólares, cuatro veces más que en 1990. Desde este dato son una de las mayores economías del mundo. Para el 2010 representarán el 10% del poder adquisitivo del país. Ese progreso a ojos vistas se debe en buena parte a las mejoras educativas, a la cualificación profesional y al acceso a mejores puestos en el mercado de trabajo. Uno de los puntos fuertes de la economía hispana ha sido su estrategia en el tejido empresarial. Entre 1992 y 1997 el crecimiento de empresas hispanas -1.200.000 pymes- ha sido del 30% y representa el 7% nacional. ¿Su facturación? 200.000.000.000 dólares. En el 2006 eran ya 1.600.000 empresas y facturaban 227.000.000.000 dólares, dando empleo a más de millón y medio de trabajadores. La mayoría de ellas son microempresas muchas veces relacionadas con los servicios a los propios hispanos, aunque obviamente, siempre hay excepciones. La importancia de este fenómeno se manifiesta en cómo el mundo anglo -política, publicidad, medios, entidades financieras, empresas, etc. - hacen campañas en español, tienen en cuenta los factores culturales hispanos en sus estrategias, ofrecen servicios en castellano, emplean hispanos para hacerse visibles entre los latinos, y tienen en cuenta el bilingüismo como un mérito en la carrera profesional. El resultado de esta notable mejora socioeconómica es una emergente clase media hispana. Gráfico De todos modos esta realidad es compatible con una serie de puntos débiles: 10 millones de hispanos están por debajo de los indicadores de pobreza; en general sus ingresos están por debajo de la media obtenida por sus equivalentes anglos; las cifras de abandono escolar son altas; desempeñan muchas veces trabajos poco cualificados y mal pagados que impiden su estabilidad, el cambio en el panorama educativo, la legalización -en el caso de los ilegales- etc. En todo caso, el panorama de cubanos, sudamericanos y españoles es bastante diferente al de mexicanos, puertorriqueños y dominicanos. * Datos tomados de M? Jesús Criado. "Cruzando Fronteras. La reformulación de la latinidad al norte del río Grande" en Revista de Indias (2009)- N? 245. CSIC. Madrid. Págs. 271-282, quien a su vez los toma del Censo Oficial de los Estados Unidos 2008.

La primera decepción profunda en la opinión pública respecto a la persona del presidente del Gobierno se produjo en el mes de enero de 1976. Su discurso ante las Cortes consistió apenas en unas cuantas concesiones verbales inconcretas y demostró de manera fehaciente su incapacidad de trascender las pautas ideológicas del pasado. Mientras tanto, en la calle había una efervescencia hasta entonces desconocida, que no podía ser encarrilada a través de los cauces existentes. Al comenzar el año 1976, en tan sólo un mes hubo un movimiento huelguístico superior en extensión y profundidad al de todo el año precedente. Resulta significativo que las movilizaciones se produjeran mucho más por motivos laborales, aunque tuvieran una clara vinculación con el momento histórico que vivía España, que por reivindicaciones estrictamente políticas como, por ejemplo, la amnistía por los delitos políticos. La concedida fue parcial y limitada, de manera que sólo benefició a una décima parte de los militantes vascos radicales. Por otro lado, ya desde este momento se manifestó la voluntad firme del Ejército de marginarse de cualquier tipo de actuación respecto al orden público. Los organismos del Movimiento fueron incapaces de controlar la situación y la policía también se mostró ineficaz, tal como aparece recogido en las memorias del gobernador civil de Barcelona, Sánchez Terán, que únicamente contaba con 800.000 pesetas de presupuesto anual para atender a la acción política en su demarcación. El gobernador civil citado cuenta que para él mismo, así como para algunos otros, esta fase de la transición a la democracia no fue sólo la primera sino también la más difícil, debido al elevado grado de movilización y la ineficacia de los medios utilizables contra ella. El ministro de Información, Cabanillas, propuso que el programa de reforma política que el Gobierno tenía planeado fuera encauzado a través de una Comisión Real, al margen de los organismos institucionales del régimen, pero finalmente Fernández Miranda y Suárez sugirieron la creación de una Comisión mixta del Gobierno y Consejo Nacional. Seguramente ambos políticos pensaron en una fórmula como la indicada por imaginar que de esta manera la reformase haría desde el mismo seno del régimen. Pero, de momento, la fórmula sólo logró acumular obstáculos a un propósito transformador que se quedaba únicamente en declaraciones. Incluso a veces ni siquiera en eso: Arias Navarro llegó a declarar, ante el Consejo Nacional, que su propósito era continuista del franquismo y que, en tanto que él siguiera en el poder, ese sería el proyecto del Gobierno. Según aparece en las memorias de Fraga, la comisión resultó dilatoria y negativa e incluso algunos de quienes formaron parte de ella han utilizado términos todavía más duros, como engendro. Las reuniones consistieron tan sólo en una sucesión de enfrentamientos oratorios entre Fernández Miranda y Fraga, catedráticos ambos de Derecho Político. El Movimiento intentaba perdurar de forma colectiva bajo la presidencia del Rey y disponer de un secretario general que lo fuera también del Gobierno y mantener en una eventual segunda Cámara una cierta representación orgánica. Pero como era bien patente la cercanía de una consulta electoral, los debates se centraron (y acabaron empantanándose) en minucias, como el número de diputados por provincia. La significación esencial de la Comisión mixta fue precisamente la de detener cualquier tipo de reforma rápida. Uno de sus componentes, Osorio, exasperado por la lentitud, escribió unos versos que pasó a un compañero de comisión y que aparecen en sus memorias: "Como sigamos así/ legislar, legislaremos / mas no sé si llegaremos / o si estaremos aún aquí / cuando Felipe VII quiera saber cómo vamos / y pregunte si acabamos / de elaborar este texto". En realidad, el proyecto de reforma quedó reducido a poco menos que nada, aunque se logró avanzar en algo cuya utilidad se descubriría luego. Fue prorrogada la legislatura de las Cortes, pues se pretendía que las próximas fueran ya más democráticas. También fueron derogados los quince artículos de la ley antiterrorista cuyo contenido estaba más en discrepancia con la legislación de los países europeos. A finales del mes de mayo Fraga presentó en las Cortes una nueva ley de reunión y manifestación que fue aprobada con tan sólo cuatro votos en contra. La práctica habitual y la calle habían ido creando ya unos hábitos que tenían poco que ver con las disposiciones vigentes. La consecuencia de la lentitud del Gobierno y de sus confusos propósitos fue que quienes se oponían a cualquier tipo de cambio arreciaron en cuanto se planteó la cuestión más espinosa en la época final del franquismo, es decir el asociacionismo. La nueva legislación suponía importantes cambios que le conferían un carácter mucho más liberal que el que podría haber tenido cualquier proyecto del tardofranquismo. Únicamente se prescribía para las asociaciones el respeto a los derechos de la persona y ya no dependerían del Movimiento. El encargado de presentar el proyecto ante las Cortes pasó a ser Adolfo Suárez, oportunidad que éste supo aprovechar y por vez primera destacó entre sus compañeros del Gobierno. Presentó el proyecto como una respuesta actual, basada en principios de realismo y sinceridad: si España era plural las Cortes no se podían permitir el lujo de ignorarlo. A comienzos del mes de junio Adolfo Suárez demostró tener un inesperado capital político, la capacidad para controlar el Movimiento. Además, a diferencia de sus compañeros de gabinete, disponía de todo el tiempo para dedicarse exclusivamente a la política. Areilza, posterior adversario político suyo, cuenta muy bien en sus Memorias el impacto que causó su intervención parlamentaria: "Dice aquellas cosas que Arias debió decir hace meses". Pero no fue el único que quedó impresionado por su capacidad de convicción: también el Rey parece haber experimentado lo mismo. Pero a estas alturas aumentaban más las dificultades entre la clase política del régimen, como queda demostrado por el resultado que arrojó la votación del proyecto: 338 procuradores votaron a favor del proyecto pero el número de los abstinentes, ausentes o contrarios fue tan sólo de un centenar menos. La reforma del Código Penal se encontró con dificultades muy graves, que se intensificaron con la noticia del asesinato de un jefe local del Movimiento en el País Vasco. La mayor parte de los procuradores en Cortes era partidaria de la no legalización del partido comunista, por lo que se introdujo un párrafo en el que se vedaban aquellas organizaciones políticas sometidas a una disciplina internacional y partidarias de la implantación de un régimen totalitario. Así se daba la paradoja de que quienes en el pasado habían estado tentados por el totalitarismo de un signo ahora se sentían con autoridad como para vetar el totalitarismo de los demás. Con motivo de la presentación de un proyecto de reforma de la ley de Cortes y la de Sucesión, se hizo patente de manera definitiva el peligro que corría la reforma democrática, convertida ya en una esperanza para la mayoría de los españoles. El proyecto presentado por el Gobierno seguía las líneas diseñadas por Fraga y suponía la existencia de dos Cámaras, una de ellas con 300 miembros elegidos por sufragio universal y otra de carácter orgánico. El sistema electoral sería mayoritario y también existiría un Consejo económico y social. Pero el Consejo Nacional informó de modo negativo acerca de la disposición. Se demostraba así que una buena parte de la clase política del régimen no estaba dispuesta a dejarse arrebatar el monopolio del poder, mientras en el seno del Gobierno existían serias dudas e indecisión acerca del rumbo que se debía seguir.

Una composición clásica, en un escenario barroco, tratando un género menor y anecdótico con un lenguaje pictórico inclasificable en términos estilísticos, hacen de esta, como de otras pinturas de Fragonard, un enblema de las preocupaciones de los pintores franceses de la época. Una época que presencia el final y el comienzo de diferentes propuestas, permanentemente confundidas para el espectador.