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En el siglo XIII, el Reino Nazarí de Granada comienza su larga andadura política, cuyo siglo de apogeo será el XIV: entonces cuajará su expresión artística, su estilo nazarí con la Alhambra como eje. Pero también se levantaron construcciones granadinas, durante la segunda mitad del XIII, cuyas características han llevado a calificarlas de proto-nazaríes.Lo artístico granadino del XIII enlaza con el desarrollo artístico murciano, alrededor del emir Ibn Hud, de igual modo que entre ambos emiratos, casi al unísono alzados, hubo relaciones políticas de diverso signo, alguna manifestación numismática compartida, y trasvases humanos, entre otros de más o menos influyentes letrados puestos al servicio de una u otra Corte.Entre los edificios residenciales granadinos de la segunda mitad del siglo XIII se encuentran: el que se alzaba donde luego fue levantado el antiguo convento de San Francisco, en la Alhambra, y el del Generalife (en los aledaños de la Alhambra), ambos con el característico patio de crucero y dos pórticos enfrentados. Asimismo pertenecen a esta segunda mitad del siglo XIII el palacio de los Abencerrajes (dentro del recinto alhambreño), la casa de los Girones (dentro del recinto de la ciudad de Granada) y Darabenaz (en los alrededores de Granada), con patio centrado por alberca, y además con el doble pórtico. Por su parte, el Alcázar Genil (también en los alrededores granadinos), el Partal (en la Alhambra) y el Cuarto Real de Santo Domingo (ambos dentro de la ciudad de Granada), asimismo de la segunda mitad del siglo XIII, o primeros años del XIV, pertenecen al tipo constructivo de la qubba o pabellón, entre jardines, con alberca y sin patio.Tener en cuenta todos estos precedentes del siglo XIII llena de sentido lo nazarí del XIV, que suele acaparar toda la atención, pero no debe oscurecer la interesante transición del XIII que, desde las realizaciones almohades, en sus dos primeras décadas, llena, sin parar, todas las décadas siguientes y testimonia cuanto pudieran hacer diversas entidades políticas andalusíes, surgidas como taifas, y entre las que sólo perdurará el Reino Nazarí de Granada.

El heredero de la Corona, y único hijo superviviente de los que había tenido Martín el Humano, moría sin descendencia legítima que pudiera sucederle, por lo que su padre, constituido en heredero de su propio hijo, incorporó Sicilia a su soberanía. De hecho, Martín el Joven dejaba un hijo ilegítimo, Federico, que el rey de Aragón acogió en su corte pero no se atrevió a legitimar de inmediato, para no contravenir las costumbres sucesorias imperantes. Entonces, buscando la necesaria descendencia, el rey Martín, de cincuenta y un años, y viudo de María de Luna; contrajo segundas nupcias con Margarita de Prades (1409), una joven de veintiún años, que no le habría de dar el hijo esperado. Los pretendientes a la Corona, sobre todo Luis de Calabria (nieto por línea femenina de Juan I), de la Casa de Anjou, y Jaime de Urgel (biznieto por línea masculina de Alfonso el Benigno) empezaron entonces a mostrar sus aspiraciones, pero Martín el Humano no dio ningún paso decisivo, sin duda porque quería ganar tiempo para encumbrar gradualmente a su nieto, el bastardo Federico, operación que nunca contó con el respaldo de las Cortes y los gobiernos de las ciudades. En estas circunstancias se produjo la enfermedad y muerte del rey que, al parecer, en la agonía alcanzó a responder afirmativamente a la pregunta de si quería que la sucesión recayese en justicia a quien debía corresponder. Al morir el rey (31 de mayo de 1410), los únicos candidatos aparentemente con posibilidades, es decir, con partidarios en todos los reinos de la Corona, eran Luis de Calabria y Jaime de Urgel. En Valencia y Aragón, las hostilidades de la época de Martín el Humano se convirtieron entonces en facciones que dieron su apoyo a uno u otro candidato, pero sus rivalidades impidieron la convocatoria de parlamentos unitarios. No así en Cataluña, donde un Parlamento único pudo recibir a los embajadores de los mencionados candidatos y de dos nuevos pretendientes, Alfonso de Gandía (nieto, por línea masculina, de Jaime II) y Fernando de Antequera (nieto, por línea femenina, de Pedro el Ceremonioso), cuyas posibilidades parecían remotas. De momento, Fernando de Antequera, que era regente de Castilla y poseía una inmensa fortuna familiar, no jugó a fondo sus bazas, simplemente se aproximó a las facciones antiurgelistas de Aragón y Valencia, y estableció fuerzas en las fronteras. Entretanto las pasiones se exacerbaban en la Corona, particularmente en Aragón, donde el urgelista Antón de Luna asesinó al arzobispo de Zaragoza, García Fernández de Heredia, paladín de la causa de Luis de Calabria (1411). Fue un grave error de los urgelistas, puesto que sus oponentes, al no recibir ayuda militar de Luis de Calabria (tendría que haber llegado de Nápoles y Provenza), y temiendo lo peor, dieron su apoyo a Fernando de Antequera, que les ofrecía la protección de las lanzas castellanas. Desde entonces, el regente de Castilla puso abiertamente en juego sus posibilidades (económicas y militares) y habilidades (diplomáticas), que le permitieron ganarse el apoyo del papa Benedicto XIII, a quien prometió la obediencia de toda la Península. El propio Vicente Ferrer, confesor del papa Luna y predicador de poderosa influencia, pensó en Fernando como el hombre providencial, que podía conjurar el peligro de guerra civil que vivía la Corona, e incluso ayudar a resolver el Cisma que devoraba la Iglesia. En 1411, el temor a una guerra civil estaba justificado, puesto que los poderosos de los reinos se hallaban divididos en urgelistas y trastamaristas, al punto que formaban Parlamentos de signo opuesto en Aragón (en Alcañiz los trastamaristas y en Mequinenza los urgelistas) y en Valencia (en Traiguera los trastamaristas y en Vinaroz los urgelistas), donde llegaron a combatirse con las armas, y si en Cataluña se mantuvo la unidad de un solo Parlamento (en Tortosa), las divisiones internas lo hicieron, de hecho, irresoluto. La fuerza decisiva pasó entonces a Aragón, donde la excomunión, lanzada por Benedicto XIII contra los integrantes del Parlamento de Mequinenza, legitimó al Parlamento opuesto, el de Alcañíz, que recibió del pontífice el encargo de trabajar para buscar una solución al conflicto sucesorio sobre la base de encomendar la elección del nuevo rey a un grupo de nueve compromisarios, tres de cada reino, que, reunidos en Caspe, examinaran los derechos de los candidatos y eligieran un soberano por mayoría de votos. Mientras los parlamentarios catalanes aceptaban la propuesta (concordia de Alcañiz, 1412), tropas aragonesas y castellanas ayudaban a los trastamaristas de Valencia a derrotar a sus adversarios. A partir de este momento la situación ya era muy claramente favorable a Fernando de Antequera, aunque quedaba la cuestión de la lista de compromisarios. Los de Alcañiz encargaron al gobernador y al justicia mayor de Aragón la confección de una lista de nueve compromisarios (tres de cada reino), mientras que los parlamentarios catalanes de Tortosa, que tendrían que haber hecho lo mismo, demasiado divididos, fueron incapaces de elaborar una lista única alternativa. Finalmente se impuso, casi íntegramente, la lista aragonesa, con lo que Fernando de Antequera se convirtió en el único candidato con posibilidades reales de ser elegido. Los nueve compromisarios, reunidos en Caspe, examinaron las pretensiones de siete candidatos (Jaime de Urgel, Luis de Calabria, Fernando de Aragón -el nieto no legitimado del rey Martín-, Alfonso de Gandía, su hijo Alfonso, y Juan de Prades, hermano de Alfonso de Gandía) y eligieron rey de la Corona de Aragón, como cabía esperar, a Fernando de Antequera (1412), aunque la elección no fue unánime: los compromisarios aragoneses (Domingo Ram, Francisco de Aranda y Berenguer de Bardaixí) dieron sus tres votos a Fernando; los valencianos le dieron dos votos (de los hermanos Vicente y Bonifacio Ferrer), y los catalanes uno (el de Bernat de Gualbes). Jaime de Urgel recibió el voto de Guillem de Vallseca (compromisario catalán) y compartió con Alfonso de Gandía el voto de Pere de Sagarriga (también compromisario catalán). El compromisario valenciano Pere Bertrán se abstuvo. Desde el presente historiográfico se han vertido juicios contradictorios sobre esta forma atípica de resolver un problema sucesorio. Las posiciones más enconadas son las de la historiografía más acríticamente nacionalista que, anclada en el presente, piensa Caspe o bien como un glorioso eslabón de la construcción de la unidad española o bien como un penoso obstáculo en el desarrollo de una Cataluña soberana e independiente. Los primeros (historiografía españolista) hablan de Caspe como un ejemplo exportable de democracia "avant la lettre" y de sentido de la justicia, cuando es razonable suponer que el problema que se debatió en Caspe, aunque tenía forma jurídica (los derechos de cada candidato), implicaba una opción política que debió ser la determinante. Algo semejante se podría decir de la historiografía catalanista, que utiliza parecidos argumentos cuando se lamenta de la injusticia de Caspe y de los argumentos de fuerza (armas y dinero) del Trastámara. ¿Realmente, cabría esperar lo contrario? Intentando pensar desde el pasado, se podrían tomar los argumentos de dos compromisarios catalanes, el arzobispo de Tarragona, Pere Sagarriga, y el jurista Guillem de Vallseca, que coincidieron en distinguir entre la justicia y la utilidad: aunque no dieron sus votos a Fernando, consideraron al unísono que era el candidato más útil para la misión de gobierno que tenía que desempeñar. Dada la casi inextricable complejidad de derechos dinásticos de los candidatos, que imposibilitaba llegar a un veredicto unánime sobre un candidato con mayor derecho, es lógico suponer que el argumento de la utilidad debió prevalecer, es decir, que se votó más políticamente que jurídicamente, y en este terreno la fuerza la tenía el de Antequera, y en aquel entonces Aragón. Cataluña, afectada duramente por la crisis y dividida, se había mostrado en el interregno más bien inhibida e irresoluta.

La pérdida del esposo suponía para las mujeres del Antiguo Régimen las dos caras de una misma moneda: por un lado, la pérdida del cabeza de familia conllevaba toda una serie de carencias económicas y afectivas difíciles de superar; por otro lado, aportaba a la mujer una autonomía nunca antes conocida. Fuese una liberación, un yugo, o ambos, lo cierto es que la viudedad suponía para todas ellas un antes y un después. Era, en definitiva, un estado que acompañaba a la mujer durante el resto de su vida; no importaba que fuese joven o anciana, que tuviera hijos o no los tuviera, que su marido hubiera fallecido recientemente o no, ni si quiera que hubiera vuelto a casarse o que sus vecinos no hubieran conocido a su compañero. Lo importante era que la memoria del primer marido permanecía pese a todo y, en cierta manera, la definía. Dicho de otra manera, aquella mujer siempre sería la viuda de. Esto se entiende porque a las mujeres del Antiguo Régimen se les definía por la figura masculina que tuvieran a su lado. Es decir, como a hijas de, mujeres de, esposas de Cristo -en el caso de que pertenecieran a una orden religiosa- o viudas de. Mientras que en la identidad de los hombres su estado civil no era el factor más relevante. Un hombre era preferiblemente definido por su oficio, su estatus social o su pertenencia al clero. De hecho, en los documentos de la Edad Moderna -a no ser que dicho documento fuera una demanda en la que el hombre reclamaba los derechos sobre los bienes de su difunta esposa- rara vez el nombre del varón iba acompañado de la expresión viudo de. Esto hace que la viudedad durante el Antiguo Régimen fuera un concepto principalmente femenino. Gráfico Durante aquellos siglos, toda persona que llegaba nueva a una ciudad, a un pueblo o a un barrio, debía dar cuenta a las autoridades de su procedencia, de su honestidad y de su estado civil. Así pues, los vecinos que veían llegar a un hombre que había perdido a su esposa conocían su estado. Entonces, ¿por qué la viudedad era un estado principalmente ligado a las mujeres? Varias cuestiones contribuyen a la feminización de la viudedad en la Edad Moderna. En primer lugar debemos retomar las palabras de Guevara, "las desdichadas viudas hallan a mil que juzguen sus vidas". La mujer que enviudaba alcanzaba una autonomía nunca antes conocida; por primera vez desde su nacimiento estaba sola y era, hasta cierto punto, dueña de su destino (principalmente gracias al acceso a recursos económicos, como la restitución de la dote y arras, el usufructo de los bienes del marido o el acceso al mundo laboral). Esta soledad o, más bien, esta libertad suscitaron enormes recelos entre los tratadistas, juristas, clérigos y, en general, entre sus vecinos. ¿Quién salvaguardaría ahora su honor? Esta pregunta hizo que la literatura en torno al control moral de la viuda fuera muy fructuosa. Los tratados que adoctrinaban a las viudas sobre su buen comportamiento, las leyes que castigaban a estas mujeres por su conducta inmoral o la literatura áurea que ridiculizaba a la "viuda alegre" a la par que ensalzaba a la "viuda virtuosa", contribuyeron a que esta figura adquiriese un lugar bien definido en el imaginario colectivo de la época. Mientras que, aunque los hombres también estaban sujetos a las normas de conducta social y a la moralidad religiosa, la libertad y soledad de un hombre nunca generaron tanta preocupación. Por otro lado, la viudedad asociada a la mujer respondía a criterios meramente cuantitativos. Es decir, este estado se relacionaba principalmente a las féminas por el sencillo hecho de que, durante la Edad Moderna, el número de viudas era mayor que el de viudos. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII la disolución de la familia por la muerte de uno de los cónyuges fue una de las características demográficas de la población. Además, la naturaleza epidémica de la mortalidad hacía que en ciertos períodos el número de parejas rotas por muerte de alguno de sus miembros fuera muy elevado. Pero, ¿cómo de elevado? Las características de las fuentes de los primeros siglos de la Edad Moderna dificultan el cálculo exacto. Tenemos que esperar hasta el Censo de Floridablanca para contar con cifras fidedignas. Gracias a dicho censo sabemos que a finales de la Edad Moderna la viudedad suponía el 6,79% del total de la población española, siendo la viudedad femenina casi el doble que la masculina. Dentro de los estados femeninos, la viudedad ocupaba casi el 9%, mientras que entre los varones rondaba el 4,5%. Aun teniendo en cuenta que estas cifras variaban en cada sociedad y en cada época en función de la incidencia de la mortalidad, de las posibilidades de acceso al matrimonio y de la frecuencia de las segundas nupcias, durante el siglo XVI y XVII los porcentajes para el resto de Europa fueron similares. Lo que sí varió fue la edad media a la que una mujer enviudaba. Parece que durante el Quinientos y el Seiscientos las mujeres que perdían a sus esposos rondaban los 35-40 años, mientras que a finales del siglo XVIII la edad de estas viudas era ya superior a los 45 años, llegando a sobrepasar la barrera de los 60 a principios del siglo pasado. Pero, volviendo al elevado número de viudas, veamos qué causaba la superioridad numérica de la viudedad femenina. En primer lugar, los historiadores que se han centrado en los aspectos demográficos del pasado coinciden en señalar que las mujeres, aun teniendo en cuenta el riesgo del parto, vivían ligeramente más años que los hombres y, por lo tanto, tenían mayores probabilidades de sobrevivir al marido. A este dato debemos añadir que los viudos se casaban con mayor frecuencia y en un período de tiempo más breve que las viudas. Esta diferencia entre número de viudos y de viudas aumentaba con el transcurrir de los años. Tan es así, que las fuentes apuntan a que, tras la cincuentena, el porcentaje de viudas llegaba incluso a triplicarse. Si a esto añadimos las dificultades de las mujeres mayores para acceder a un nuevo matrimonio, podemos comprender que la incidencia de la viudedad fuera considerablemente mayor entre las mujeres.

<p>Lo que en un primer momento podría parecer una escena costumbrista y de género los especialistas la interpretan como una clara alusión a la música como vehículo de seducción. Se basan en la presencia en la pared de dos lienzos: la Alcahueta de Dirck van Baburen y un paisaje pastoral a la manera de Jacob van Ruisadel que se repite en la tapa del virginal. La acción se desarrolla en una amplia habitación característica de la burguesía; en primer plano apreciamos la robusta mesa de roble que pertenecía a la suegra del pintor, cubierta con una rica tela oriental sobre la que se nos muestra un instrumento musical, mientras otro se deposita en el suelo de la estancia. Las figuras se encuentran en el fondo de la habitación; una mujer de perfil toca el clavicémbalo, acompañada por un hombre de espaldas que toca el laúd mientras una segunda dama canta. El bastón que claramente percibimos junto al hombre alude a que se trata del maestro. Para algunos expertos nos encontramos ante una referencia al poder de la música para alabar a Dios, elevar el espíritu terrenal, hacer más agradable la convivencia, ahuyentar la tristeza y atraer el amor. La estancia está iluminada por una potente luz procedente de la izquierda que provoca un admirable efecto atmosférico y resalta las tonalidades empleadas por el maestro de Delft. La disposición de los elementos en planos paralelos al espectador será frecuente en sus trabajos, incorporando de esta manera a quien contempla la escena, al mismo tiempo que dota de profundidad a la composición. La utilización de baldosas de colores -blanco y negro, tomando como referencia a Pieter de Hooch- es otra referencia espacial muy usual en la pintura de Vermeer, al igual que la aplicación del color de manera "puntillista", repartiendo de forma chispeante la luz por toda la superficie pictórica.</p>

La división de la Iglesia y de la Cristiandad, alineada con cada una de las respectivas obediencias, y los esfuerzos para resolver tan dramática situación han definido el largo periodo de medio siglo que, casi simétricamente, cierra el siglo XIV e inaugura el siguiente. También en esa época se produce el paulatino desarrollo de una determinada concepción del poder del Pontificado y de la organización de la Iglesia: el conciliarismo. La etapa siguiente está dominada por el duro enfrentamiento doctrinal entre dos distintas concepciones de la Iglesia: una, monárquica, atribuye la plenitud del poder al vicario de Cristo; otra entiende la autoridad pontificia como un poder compartido con una oligarquía o, más radicalmente, con el conjunto de los fieles. El conciliarismo pretendía reducir la autoridad del Pontífice al papel de un mero ejecutor de la voluntad colectiva del pueblo cristiano, expresada a través de los concilios; aplicando las directrices aprobadas en ellos, gobernaría la Iglesia con el consenso de los cardenales. Las dificultades del Cisma habían ido configurando, y radicalizando, el conciliarismo. Solución conciliarista, aunque fallida, había sido el Concilio de Pisa; los propios Pontífices, con matices, tuvieron que aceptar la importancia del Concilio y, por ello, Benedicto XIII había convocado el de Perpiñán y Gregorio XII el de Cividale, pero no fueron aceptados ni por los más tibios conciliaristas. La solución conciliar por antonomasia fue Constanza, si bien la realidad del desarrollo de la asamblea y el papel moderador de algunas potencias cristianas, especialmente el caso de Castilla, limaron las más radicales soluciones conciliares. No obstante, en virtud del decreto "Frequens", se establece el principio de la periodicidad de convocatoria de concilios. Atento a la solución de los importantes problemas que ocupan su pontificado, no olvidó Martín V la obligación conciliar establecida en aquel decreto de Constanza: el 22 de febrero de 1423, cinco años después de la disolución de Constanza, convocaba el nuevo concilio que había de reunirse en abril de ese año en Pavía. Fue un concilio de escasa asistencia, pero de ambiciosos objetivos: reforma de la Iglesia, unión con la Iglesia griega, paz entre los Reinos cristianos, y extirpación de la herejía: los mismos que veremos en el Concilio de Basilea. Después de dos meses de sesiones, el concilio era trasladado a Siena, donde se reanudaba en el mes de julio, en momentos en que se producían los graves acontecimientos napolitanos que tenían como última consecuencia el distanciamiento de Alfonso V y Martín V y el rebrote del Cisma. La escasa asistencia y los revolucionarios programas reformadores debatidos en Siena alentaban a los legados pontificios para acelerar la clausura del concilio. Designada Basilea como sede del siguiente concilio, la asamblea concluyó por autodisolución; ello no significaba que el conciliarismo se hubiera debilitado, al contrario, se expresaba en términos más radicales y, olvidada la reforma, se orientó casi exclusivamente a la limitación del poder del Pontificado. El tenso debate conciliarista vendría a ser una preocupación más del difícil pontificado de Martín V, que no por ello intentó burlar las disposiciones sobre convocatoria de concilios establecidas en el decreto "Frequens". El panorama del final del Pontificado era bastante alentador: logrado el acuerdo con Aragón, bien orientada la política italiana, en buenas relaciones con las Monarquías cristianas, sólo el husismo perturbaba seriamente el panorama europeo.

Los desencantos sufridos hicieron que nadie sintiese entusiasmo ante el proyecto de un nuevo concilio, aunque hubiese práctica unanimidad en considerarlo imprescindible. Francia e Inglaterra acogieron con frialdad la invitación al nuevo concilio, aunque se convirtieron en sus primeros apoyos; también los Estados italianos prestaron su colaboración. El ambiente político era, sin embargo, totalmente inconveniente. Nuevamente existía un clima de guerra entre Francia e Inglaterra; el gobierno francés de los Armagnac estaba pensando utilizar al próximo concilio contra el duque de Borgoña, al tiempo que mantenía contactos con Juan XXIII, con objeto, seguramente, de que se instalase en Aviñón; el Papa temía todo del concilio y no era descabellado pensar que, acaso, ni asistiría. Pero las mayores dificultades para la celebración del concilio, con ser extraordinarias las apuntadas, procedían de la fidelidad, aparentemente inconmovible, de Castilla y Aragón hacia Benedicto XIII. Ante ellos se desplegarán en adelante los más serios esfuerzos de captación. Comenzaron con una embajada de franceses, alemanes e italianos que se entrevistó con Fernando de Antequera, rey de Aragón y regente de Castilla, en Zaragoza, en junio de 1414; los embajadores asistieron al encuentro que tuvo lugar entre el rey aragonés y Benedicto XIII en Morella, en el mes de julio, de la que salieron con la falsa impresión, pronto clarificada, de que el inconmovible Pontífice colaboraría en la nueva empresa conciliar. Para Benedicto XIII era nuevamente el momento de emprender la "via compromissi", previo reconocimiento de la ilicitud del Concilio de Pisa. Juan XXIII, por su parte, intentó detener la celebración del concilio, o al menos lograr un aplazamiento, aprovechando que la muerte de Ladislao de Nápoles, en agosto de este año, hacía desaparecer la causa que le forzó a ponerse en manos de Segismundo. Acaso era el momento de intentar recuperar las perdidas posiciones en Italia, sin perder de vista sus contactos con Francia. Pese a todo, hubo de ponerse en camino hacia Constanza, donde entraba a finales de octubre de 1414, a tiempo para la inauguración del concilio en la fecha prevista. El concilio se abrió, bajo la presidencia de Juan XXIII, el día 1 de noviembre, con asistencia escasa; se fijaron como objetivos de la asamblea la unión de la Iglesia y su reforma, es decir, los mismos que se había propuesto Pisa, cuya obra había que completar. La incorporación de ingleses, franceses y alemanes es deliberadamente lenta, escalonándose a lo largo de los primeros meses de sesiones. Durante esas semanas iniciales fueron estudiadas las doctrinas del maestro checo Juan Huss, una mezcla de programa de necesaria reforma y de ideas heterodoxas relacionadas con Wyclif y Ockham. Su condena permitiría a muchos conciliaristas marcar diferencias entre su postura y la heterodoxia; otros pretendieron, en vano, distanciarle de toda contaminación heterodoxa que permitiera incorporar su programa reformador. Se enfrentó el concilio, además, a un cúmulo de problemas de procedimiento, que ocultaban importantes cuestiones. Es el caso de la presidencia de las sesiones por Juan XXIII, a la que pone fin, en enero de 1415, la protesta de los embajadores de Gregorio XII; importante cuestión es el procedimiento de voto, que, caso de emitirse por cabeza, otorgaría a Juan XXIII el control de la asamblea, lo que no podían consentir las Monarquías, con gran peso en la Cristiandad, pero escasamente representadas en Constanza. A propuesta francesa e inglesa, se decidía que el voto fuese emitido por naciones, entendiéndose que la Cristiandad estaba integrada por cinco naciones: Italia, Alemania, Francia, España e Inglaterra. Ello reduciría las votaciones finales a solamente cinco votos, trasladando las difíciles discusiones, que previsiblemente habían de producirse, al seno de las naciones; allí tendrían lugar las verdaderas confrontaciones, no sólo por lo arduo de las cuestiones en sí mismas, sino por la heterogénea composición de las naciones: Italia integraba a Creta y Chipre; Alemania incorporaba a Suiza, Hungría, Polonia y países escandinavos; dentro de Inglaterra se contaba Irlanda y Gales, y en la nación española se incluían Castilla, Aragón, Navarra y Portugal. Para no entrar en infructuosas negociaciones sobre legitimidad, las propuestas del concilio se orientaron a reclamar la abdicación simultanea de los tres Papas, medida excepcional acorde con las especiales circunstancias de la Iglesia. Para los más radicales reformistas sería la ocasión, vacante la sede apostólica, de realizar la reforma y proceder luego a la elección de Pontífice al que se le impondrían las medidas previamente decididas. A mediados de febrero de 1415 se obtuvo de Juan XXIII la promesa de abdicar al tiempo que lo hicieran los otros dos Papas, y una oferta similar por parte de Gregorio XII. No era previsible nada parecido en Benedicto XIII, pero se había concertado una entrevista entre el rey de romanos y Fernando de Antequera, rey de Aragón y regente de Castilla, que hacia concebir grandes esperanzas: si Castilla y Aragón abandonaban a su Papa, éste dejaría de ser un obstáculo importante. El optimismo era prematuro. Juan XXIII no tema intención alguna de dimitir, lo que quedó plenamente patente cuando, en la noche del 20 al 21 de marzo, abandonó secretamente Constanza para ponerse bajo la protección del duque de Austria. Le siguió un importante grupo de prelados cuya partida amenazaba seriamente la celebración del concilio. La grave decisión pudo apoyarse en un incidente entre diplomáticos franceses y alemanes, que pudo interpretarse como un apoyo francés al Pontífice frente a las presiones conciliares, o, acaso, en las perspectivas, que entonces parecían posibles, de un abandono de Benedicto XIII por sus partidarios, lo que significaría para Juan XXIII la obligación de cumplir su promesa de abdicar, promesa realizada, sin duda, por estar convencido de que nunca tendría lugar. A pesar de que Juan XXIII fundamentó su huida en la ausencia de libertad de acción en Constanza, lo que era bastante cierto, y reiteró su intención de proseguir con el concilio, su actitud causó generalizado malestar y no logró obtener los apoyos internacionales esperados. Poco tiempo después de su huida hubo de ponerse nuevamente en manos de Segismundo, es decir, de un concilio profundamente enojado con el Pontífice. Desde este momento nada podía impedir que el conciliarismo fuese expuesto en términos radicales y que la dirección de la asamblea pase de manos de cardenales y prelados a las de los maestros universitarios, franceses y alemanes, principalmente. La doctrina conciliarista, plenamente sistematizada en el decreto "Sacrosancta" aprobado por el concilio, establecía que la asamblea era la máxima autoridad dentro de la Iglesia, incluso en materia de fe y en la extirpación del Cisma; en ella residía la infalibilidad y a ella correspondía la tarea de reforma, con o sin la participación del Pontificado. Durante varias semanas de abril y mayo de 1415, mientras los embajadores conciliares negocian con Juan XXIII su reincorporación a las sesiones, se prepara cuidadosamente una acta de acusación contra él, similar a las instrumentadas por el Concilio de Pisa contra Benedicto XIII y Gregorio XII; se acumulan en ella todo tipo de acusaciones, que componen un modelo de irregularidad. El 29 de mayo se le condenó como indigno, inútil y dañino para la Iglesia y se le redujo a prisión. La línea pontificia abierta en Pisa terminaba de esa forma tan desairada, a la que Juan XXIII se enfrentó con una gran dignidad. Un mes después, el 4 de julio, fueron leídas ante el concilio una bula de Gregorio XII convocando el concilio en el propio lugar de Constanza, lo que ofrecía en el futuro un nuevo argumento de legitimidad, y una acta de abdicación del Pontificado. Se le otorgaba dignidad episcopal y una legación perpetua en las Marcas; así concluía la línea romana, iniciada en 1378 por Urbano VI. Restaba un ultimo escollo para dejar totalmente vacante la sede apostólica; era preciso lograr la abdicación o el aislamiento de Benedicto XIII, objetivo a cuyo servicio se hallaba en marcha una fuerte ofensiva diplomática.

Las actas del Concilio de Elvira o, más precisamente Iliberris (Granada), ya que Elvira es el nombre árabe de la ciudad, constituyen un documento de excepcional importancia para el conocimiento de la sociedad hispanorromana de comienzos del siglo IV. El problema de la datación aún no ha sido resuelto, si bien prácticamente todos los estudiosos lo sitúan entre los últimos años del siglo III (295) y el 313 como fecha post quem, ya que muchos de los cánones de este Concilio influyeron considerablemente en el Concilio de Arlés del año 314 al que, por otra parte, asistieron algunos de los obispos participantes en el Concilio de Granada. En el Concilio se hallaban presentes 19 obispos y 24 presbíteros, algunos de éstos acompañando a sus obispos y otros en representación de los mismos, si bien en el mismo Concilio se constata la existencia de comunidades regidas sólo por presbíteros e incluso por diáconos. En conjunto, las comunidades cristianas vinculadas al Concilio de Granada son 37. La mayoría de las comunidades pertenecen a la Betica y a la Cartaginense, lo cual se explica en razón de la proximidad y, principalmente, por la mayor cristianización de estas áreas. No obstante, están representadas las cinco provincias peninsulares, lo que en cierto modo le confiere un carácter nacional. El estudio del contenido de sus cánones nos aporta una visión no sólo de la Iglesia, sino de la sociedad de la época en la que ésta se asienta. Hay una serie de aspectos claros que pueden deducirse de los cánones conciliares y que serán tratados a continuación. Aunque la Iglesia en esta época es aún plenamente urbana, se percibe cierta -aunque escasa- penetración en los medios rurales: en las regiones meridionales existen ya pequeños núcleos de población regidos por un presbítero y, en algún caso, por un diácono. No obstante, en el canon 77 se establece que si algún diácono rige una comunidad sin obispo o presbítero y celebra bautizos, un obispo deberá completar la acción con su bendición. Así, algunas de estas pequeñas comunidades aldeanas tendrían en cierto modo el carácter de comunidades filiales de la iglesia episcopal.

La reforma de la Iglesia se inició durante el siglo XV y afectó, en primer lugar, a sus miembros. Era necesario extenderla a todo el cuerpo, incluida la cabeza. La fundación de la Inquisición romana para evitar la difusión por Italia del luteranismo; la reforma de la Curia, con la inclusión en su nómina de cardenales de estricto sentido eclesiástico, aliados con la renovación y enemigos del espíritu mundano que la había caracterizado; y los intentos por imponer la residencia a los obispos, constituyeron los primeros elementos represores y reformadores del programa de Paulo III (1534-1549). Pero, sin duda alguna, su mayor servicio a la Reforma católica fue la convocatoria, también deseada por el emperador Carlos V, del Concilio de Trento. Aunque se suspendieron las dos primeras convocatorias papales que ordenaban celebrarlo en Mantua y en Vicenza, la propuesta que hizo Carlos V de que tuviera lugar en Trento, como territorio del Imperio, fue aprobada por el Papa, quien lo convocó en mayo de 1542. Sin embargo, las guerras entre Carlos V y Francisco I produjeron, de nuevo, la suspensión del Concilio en septiembre de 1543. Únicamente la paz de Crépy (1544), en cuyo protocolo se declaraba que Francia enviaría al Concilio obispos y legados, pudo impulsar una nueva y definitiva convocatoria en noviembre de 1544. La apertura, que sufrió una excesiva y desesperanzadora demora, tuvo lugar en diciembre de 1545. Dos años más tarde el Concilio trasladó su sede a Bolonia, fue suspendido en 1549, reanudado en 1551, suspendido en 1552, abierto en 1562, interrumpido por la firma de la paz de Cateau-Cambrésis, y clausurado en enero de 1564. El Concilio de Trento afrontó problemas dogmáticos como la precisión de la fe católica contra los errores del protestantismo, aunque las cuestiones de la primacía papal y del concepto eclesial no se modificaron. Reafirmando la doctrina tradicional, el Concilio fijó el contenido de la fe católica. En primer lugar, se estableció que Dios ha creado al hombre bueno y éste, a pesar del pecado original que corrompió su naturaleza, conserva su libre albedrío y su aspiración al bien. En segundo lugar, la fe se funda sobre la Sagrada Escritura, explicada y completada por los padres de la Iglesia, los cánones de los concilios y el magisterio de la Iglesia. Con relación a la cuestión de la justificación por la fe, la doctrina que establece el Concilio de Trento difiere notablemente de la mantenida por Lutero. Según éste, Dios nos justifica atribuyéndonos los méritos de su Hijo. Para la Iglesia reunida en Trento, Dios nos hace justos transformándonos por la acción de la gracia. Por otra parte, el Concilio estableció que la misa es un sacrificio que renueva el de la cruz, y afirmó, con relación a la Eucaristía, la presencia real, la conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo de Cristo, y de toda la sustancia del vino en la sangre, no permaneciendo más que las apariencias del pan y del vino. Sobre el concepto de Iglesia, el Concilio mantuvo que Dios quiere la Iglesia y que ésta es una, santa, universal y apostólica, está inspirada por el Espíritu Santo y es infalible en materia de fe. Por otra parte, el Concilio abordó plenamente la reforma del clero al desterrar los abusos denunciados desde la Baja Edad Media. Por lo que se refiere a la obra pastoral y disciplinaria de Trento, sus decisiones fueron, con el tiempo, trascendentales. La reforma del episcopado fue objeto de abundantes discusiones y decretos: se reguló el deber de residencia, de visita pastoral diocesana, de predicación y de convocatoria frecuente de sínodos. Parecidas recomendaciones de residencia, predicación, cura de almas, vida austera, uso del traje talar, etc., se hicieron a los párrocos. La novedad que el Concilio presentó en esta materia se refería al celo que en adelante habría de ponerse en la selección, formación moral, teológica y doctrinal de los curas, para lo cual se pedía a los obispos que se establecieran seminarios diocesanos, de tal manera que se evitaran los abusos denunciados y se llevase a cabo la reforma real de los ministros seculares de la iglesia. Las decisiones del Concilio no agotaron la crisis de la Iglesia. Territorialmente, el catolicismo era monolítico en España, Portugal e Italia y presentaba dificultades en Polonia, pero estaban perdidas distintas regiones de Francia y el norte de Alemania, se había consumado el cisma inglés, aunque Irlanda permanecía católica, estaba en peligro el corazón del Imperio, Austria, Bohemia y Hungría, se presentaba dividida Suiza y los Países Bajos y estaba escasamente fortalecido en el sur y en el oeste alemán, mientras que en los países escandinavos el avance del protestantismo era definitivo. Sin embargo, antes de que finalizara el siglo XVI, la vida de la Iglesia se renovó gracias a la ejecución de los decretos y del espíritu reformador conciliar, cuya responsabilidad correspondió a los Pontífices que ocuparon la sede romana desde 1565 hasta 1585 (Pío V, Gregorio XIII y Sixto V). A sus nombres van unidos obras trascendentales, como la conclusión del Catecismo cuya elaboración comenzó durante el Concilio de Trento (Pío V), la restauración del culto, la reforma de la administración eclesiástica, la fundación y organización de colegios romanos para sacerdotes (Gregorio XIII), la reorganización profunda de la Curia y de la distribución de los asuntos de gobierno, la implantación de las visitas obligatorias de los obispos a Roma para informar del estado de sus diócesis, la revisión de la "Vulgata", etc. (Sixto V).

El telón de fondo sobre el que discurre toda la política europea analizada en el Concilio de Basilea es el debate acerca de la configuración de la Iglesia; si ésta es una organización monárquica, cuya cabeza es el Pontífice, sucesor de san Pedro, o se trata de una comunidad de fieles, representada en el concilio, cuya presidencia ostenta el Papa. El debate, bastante anterior, ira creciendo en intensidad durante la celebración del concilio hasta derivar en un insalvable enfrentamiento y en la rebelión conciliar. Aparentemente, superadas las desconfianzas iniciales, se reproducirán las tensiones en razón de los más diversos episodios de la vida del Concilio. La fuerza de las doctrinas conciliaristas alcanzaba un triunfo aparentemente completo en diciembre de 1433; durante año y medio se vive una tensa calma en la que se trata sobre la unión con los griegos y parece estudiarse seriamente la reforma. Ambas se abordan, en realidad, como un aspecto más de la rebeldía conciliar. Entre las medidas de reforma, en junio de 1435, el Concilio acordaba la supresión de "annatas", es decir, la cantidad que debían pagar a la Cámara apostólica quienes ocupaban un cargo de designación pontificia, equivalente a la renta anual en que dicho cargo estaba tasado. Se trataba de eliminar ciertos abusos; en realidad se pretendía asfixiar económicamente al Papado. Aunque sobre Papa y Concilio se hicieron presiones para ablandar las respectivas posturas, y se trató de mantener abierto el dialogo, el ambiente era tenso, muy poco adecuado para abordar las graves tareas que se acometen en ese tiempo. Otras decisiones conciliares, adoptadas en marzo de 1436, significaban una inaceptable intromisión conciliar en la esfera de la autoridad pontificia y venían a tensar todavía más las ya difíciles relaciones. La negociación con los griegos se convierte en otra nueva fisura entre Papa y Concilio, que culmina en la propia división del concilio, en mayo de 1437, con ocasión de la aprobación de los contradictorios decretos señalando sede para el concilio ecuménico. Este hecho se convirtió en el argumento que decidió al sector conciliarista de la asamblea a la acción definitiva contra Eugenio IV; por eso se aprueba, en julio de este año, la citación del Papa ante la asamblea, mantenida a pesar de los esfuerzos desplegados para lograr su anulación. Siendo imposible el dialogo, Eugenio IV, en septiembre, declaraba clausurado el Concilio de Basilea y convocaba un nuevo sínodo en Ferrara, de acuerdo con el concilio, entiéndase aquella parte del Concilio que había tomado esta decisión. Por parte conciliar la respuesta fue contundente también: se declaró contumaz al Papa y se anunció que el Concilio procedería en consecuencia. No puede caber duda de los proyectos del Concilio de no mediar una rendición incondicional del Papado. Ninguna de las naciones representadas en concilio dudó de la gravedad de la situación: algunas embajadas protestaron formalmente de las medidas contra el Papa; los más partidarios del concilio reclamaron cautela. Todo en vano. En octubre, un decreto conciliar exponía ampliamente las acciones de Eugenio IV como orientadas a dificultar la labor del concilio, y justificaba la labor de la asamblea con argumentos evangélicos, escriturísticos y de los decretos del Concilio de Constanza. Se otorgaba a Eugenio IV un plazo de cuatro meses para rectificar, anunciándose que, en caso contrario, se le declararía temporalmente en suspenso en sus funciones; al cabo de dos meses de suspensión temporal, ésta se convertiría en definitiva y el concilio decidiría las medidas a adoptar. Papa y Concilio se lanzan a una intense ofensiva diplomática tratando de justificar su actuación y de lograr apoyos internacionales. Algunas potencias afirman desde el primer momento su voluntad de mantenerse junto al Papa; otras alaban la actividad conciliar, incluso se detecta una profunda simpatía hacia la asamblea, pero el temor a un nuevo Cisma les hace tomar distancias. Sólo Alfonso V de Aragón y su aliado, el duque de Milán, apoyan, al parecer sin reservas, al Concilio, dispuestos a obtener las máximas ventajas políticas. Hubo intentos de reconciliación, en particular a cargo de Segismundo y de los electores alemanes, pero fueron vanos. A comienzos de enero de 1438, la sensación entre las delegaciones de los distintos reinos que estaban presentes en Basilea, era que pronto abandonarían la ciudad conciliar. El Concilio de Ferrara abría sus sesiones el 8 de enero; unos días después, el 24, el de Basilea decretaba la suspensión de Eugenio IV, por considerarle nocivo para la Iglesia, anunciando que proseguiría las actuaciones contra él sin ulteriores plazos. Esta decisión se complementaba con otra serie de medidas para atender al gobierno de la Iglesia durante la vacante y para profundizar en la reforma. El 24 de marzo se citaba a Eugenio IV ante el Concilio para que, el próximo 14 de abril, respondiese a una larga serie de acusaciones; también se acusaba de abierta desobediencia a todos cuantos permanecían junto al Papa, haciéndoles las más severas advertencias. A pesar de la dureza de las amenazas, se hará cada vez más evidente el aislamiento de la asamblea de Basilea y el reforzamiento de Eugenio que, a comienzos de marzo, recibía en Ferrara a los griegos; el número de asistentes a este concilio era ya muy superior al de Basilea. Las naciones van también apartándose, lentamente, del concilio basiliense. En primer lugar Inglaterra, que se sentía maltratada, pero también el resto de naciones que, sin comprometerse en apoyo del Concilio, tratan de salvar los aspectos de la reforma que son de su interés, y procuran evitar a toda costa la apertura de un nuevo Cisma. En octubre de 1438 hace pública su postura el duque de Milán; es muy reveladora, porque no puede ser considerado un amigo del Papa: comunicaba al Concilio que no estaba dispuesto a apoyar una trayectoria que conducía al Cisma; era preciso negociar y designar otra sede, distinta de Basilea y Ferrara, para la prosecución del sínodo. El 12 de diciembre, una embajada alemana proponía ante el Concilio una solución bastante similar a la apuntada por el duque de Milán. Un mes después era presentado un documento, por iniciativa conjunta de las naciones, en que, defendiendo aquellas propuestas, se establecía un calendario muy estricto para la ejecución de un plan para salir de aquella situación. Según este proyecto, en el plazo de cinco meses como máximo, podrán continuarse las sesiones conciliares en una ciudad imperial: Estrasburgo, Constanza o Maguncia. En abril, durante la dieta imperial en Maguncia, con la asistencia de embajadores de Alemania, Francia, Castilla, Portugal y el ducado de Milán, se debatió y aprobó aquel proyecto que fue elevado al Concilio como iniciativa conjunta de esas naciones, a las que se sumó Aragón. La respuesta conciliar consistió en una radical exposición de la doctrina de la superioridad conciliar, una memoria de los acontecimientos sucedidos hasta el momento y, en consecuencia, la negativa a aceptar la propuesta conjunta. Esta decisión conciliar provocó una respuesta conjunta de todos los embajadores rechazando los argumentos conciliares y advirtiendo que se había llegado al punto final y que los reyes a quienes representaban actuarían en conciencia.

Los temas ecuestres serán los favoritos de Toulouse-Lautrec en sus primeros años artísticos, utilizando a su padre como protagonista. La familia del pintor era muy aficionada a la caza, a la hípica y a los disfraces, como se observa en parte de la producción del artista. La figura del padre en continua y frenética actividad contrasta con la imagen de la condesa, siempre en actitudes placenteras. El estilo nervioso empleado por el joven artista - con largas y rápidas pinceladas - indica la influencia de René Princeteau, amigo de la familia y primer maestro de Henri. El colorido claro puede hacer pensar que la imagen hubiera sido captada del natural; aunque realizaría numerosos bocetos y estudios preparatorios, parece probable que Toulouse-Lautrec pintara de memoria mientras estaba convaleciente - en Niza - de las fracturas que le provocaron sus caídas del caballo y de su enfermedad ósea. Quizá la frenética actividad del padre sea un anhelo del joven pintor, muy limitado por sus características físicas.