Busqueda de contenidos

Bella y joven mujer hindú experta en el arte de amar.

Sureda fue durante un tiempo el arquitecto oficial del Museo del Prado y entre sus obras más importantes destaca el madrileño Palacio de Villahuerta, actual Museo Cerralbo.

El desarrollo de las economías exportadoras y el crecimiento demográfico revalorizó el papel que tenían las ciudades en América Latina, aunque las funciones de las mismas variaban de país a país. El crecimiento urbano fue muy importante, destacando por el porcentaje de su población urbana Argentina, Chile, Cuba y Venezuela. En Argentina, la población que vivía en ciudades de más de 10.000 habitantes pasó del 17,3 por ciento en 1896 al 38,1 por ciento en 1914, en Chile entre las mismas fechas se pasó del 15,2 al 38 por ciento y en Venezuela del 16,8 al 36,7 por ciento. En el caso opuesto, países donde el predominio de la población rural seguía siendo importante, encontramos a Brasil, Colombia, México y Perú. El crecimiento afectó especialmente a las ciudades más importantes de cada país, que solían ser una o dos. En algunos casos la ciudad más importante, que generalmente solía coincidir con la capital, llegó a contar con la tercera parte o inclusive con la mitad de toda la población nacional, siendo el de Montevideo uno de los casos más espectaculares. Entre 1895 y 1910 la Ciudad de México triplicó su población y alcanzó el millón de habitantes, incluyendo los suburbios. Entre 1898 y 1918 Buenos Aires también multiplicó por tres su población y llegó a contar con 1.600.000 habitantes. Bogotá, La Habana, Lima, Montevideo y Santiago de Chile fueron otras ciudades con un crecimiento considerable. El aumento de la población urbana supuso la demanda de nuevos servicios y un aumento del consumo (en buena parte importado), que sólo pudo ser pagado con mayores exportaciones. A la sombra del crecimiento económico y urbano se fueron desarrollando importantes sectores medios, en gran medida ilustrados, que comenzaron a reclamar una mayor participación en la vida política local y nacional. Las primeras, y más importantes transformaciones, afectaron principalmente a la política nacional, ya que el crecimiento de la población urbana tuvo efectos mínimos en la esfera local. Los gobiernos municipales solían ser débiles y su falta de recursos los hizo sumamente dependientes del poder central. Por eso, una de las reivindicaciones presentes en algunos de los grupos políticos que asumieron la representación de los sectores medios urbanos fue la autonomía municipal, junto con la posibilidad de que los ayuntamientos pudieran recaudar algunos impuestos y el pueblo de las ciudades estuviera en condiciones de elegir a los jueces de paz o a los consejos escolares. La influencia norteamericana fue muy importante y fueron muchos los viajeros latinoamericanos que estaban fascinados por la forma en que se desarrollaba la vida local en los Estados Unidos, especialmente el gobierno de pueblos y ciudades. La integración a la vida política de los grupos medios se realizó de muy distintas maneras, siendo relativamente frecuente el recurso a la violencia, tal como ocurrió en el México revolucionario. Sin llegar a esos extremos, los nuevos movimientos políticos, que contemplaban de forma resignada como los sistemas electorales vigentes les cerraban el camino al poder, ensayaron algunas intentonas revolucionarias, a veces con el apoyo de algún sector del ejército, como ocurrió en Buenos Aires en 1890 y 1905, en Lima, Guayaquil o Quito en 1895 y en Asunción en 1904. Cuando el sufragio universal comenzó a imponerse en Argentina (1912), Uruguay y Chile, algunos partidos comenzaron a apostar por la opción electoral. En las primeras décadas del siglo XX en esos tres países el sistema político se basó en la convocatoria regular de elecciones, mientras había otros países donde los gobiernos dictatoriales se sucedían constantemente. Algunos experimentos autoritarios, como los desarrollados posteriormente en Chile y Perú también sirvieron al objetivo de integrar a los grupos sociales emergentes. La batalla por ampliar la base social del Estado e incorporar a los nuevos actores sociales a la vida política, con plenos derechos, fue dura. A fines de siglo se formaron los primeros movimientos políticos impulsados desde los sectores medios y que estaban decididos a disputar el poder a las oligarquías nacionales: el radicalismo argentino, el partido demócrata peruano y el partido colorado de Uruguay, en el último caso gracias al impulso de José Batlle y Ordóñez. Los partidos emergentes se formaban gracias a la convergencia de grupos de muy distinto signo, lo que les restaba coherencia, ya que, entre otros, nutrían sus filas de un buen número de aristócratas y terratenientes. Los valores asumidos solían ser los mismos que defendían los partidos oligárquicos. La constitución de una alternativa de gobierno no era suficiente para presentar posturas más progresistas o modernizantes que las mantenidas tradicionalmente por las oligarquías gobernantes. Las elites, con sus posturas liberales, solían impulsar la modernización del país, ante la oposición de la Iglesia y de algunos sectores medios, más apegados a la tradición. Así, el radicalismo argentino o el partido demócrata peruano se aliaron con ciertos grupos de la reacción católica, molestos por el anticlericalismo de las elites liberales. Tampoco los nuevos partidos solían tener alternativas viables frente a las políticas económicas y sociales imperantes en los regímenes oligárquicos. En el caso peruano se ve perfectamente la incapacidad de los seguidores de Nicolás de Piérola de presentar una alternativa al régimen oligárquico. En 1895, Piérola se alió con sus enemigos civilistas y lideró el bando que lo llevaría al poder. Su gobierno, que generó un insólito consenso en torno a la economía, se planteó como uno de sus principales objetivos la recuperación del prestigio del gobierno civil y para ello promovió algunas transformaciones en el ejército, como su subordinación al poder civil, el recorte presupuestario y la disminución de los efectivos armados. También importó instructores militares franceses e instauró el servicio militar obligatorio. La política económica desarrollada por su gobierno condujo a la adopción del patrón oro, que benefició a los exportadores y a los ingresos estatales provenientes del comercio exterior. También se reformó la estructura tributaria y la recaudación fiscal se encargó a una sociedad mixta. Se acabó con el tributo indígena y se instauró un arancel para proteger a las industrias en expansión, como el textil. Dichas reformas dotaron al Perú de una estructura administrativa capaz de ampliar el poder del Estado. Los recursos necesarios para financiar estas actividades provinieron de la agricultura costeña, la minería del cobre, las nuevas explotaciones petrolíferas y la ganadería de la sierra. La llegada del ferrocarril a Puno en 1908 expandió las exportaciones de lana y el "boom" del caucho en el Amazonas jugó un papel importante, entre 1892 y 1910. El crecimiento industrial, y el proceso de urbanización que afectaba a Lima y en menor medida a otras ciudades de la costa y del interior, dio lugar a la organización del movimiento obrero y a las primeras manifestaciones proletarias de signo socialista y anarquista, a tal punto que en 1911 se produjo en Lima la primera huelga general. El período cerrado al finalizar la Primera Guerra Mundial, fue denominado por el historiador peruano Jorge Basadre como la República Aristocrática. El proceso expansivo, surgido de la revolución de 1895, fue incapaz de integrar en el Estado y en la vida política a las masas indígenas serranas, un proceso todavía inacabado. Tampoco lo logró Leguía, pese a haber atravesado de caminos las serranías, para lo cual contó con la colaboración (obligada) de la mano de obra indígena gracias a la sanción de la ley de Conscripción Vial. Los gobiernos posteriores continuaron el camino modernizador, aunque en lo político se caminaba hacia formas, autoritarias. La nominación de Manuel Pardo, presidente entre 1904 y 1908, provocó disensiones en el partido Civilista, intensificadas durante su mandato por la discusión sobre la cuestión social. La unidad del partido se resquebrajó durante el mandato de Augusto Leguía (1908-1912), que rompió con Pardo, su predecesor y protector.

Como consecuencia de las guerras de independencia, la sociedad que emergía del mundo colonial sufrió, según señala correctamente Halperín, un proceso de ruralización y militarización que favorecería el surgimiento del caudillismo. En realidad, la figura del caudillo (cacique, en términos políticos) ya existía en la sociedad colonial y descansaba fundamentalmente en la existencia de relaciones patrón-cliente y en el establecimiento de lazos de fidelidad y lealtades personales a cambio de seguridad y determinadas prebendas. En algunos casos, como en México, asistimos a la formación de sistemas verticales de tipo piramidal, que trasladan las relaciones clientelistas de una pirámide a otra, a lo largo de toda la escala social, de modo que ciertos caudillos dependerían a su vez de otros caudillos. La principal diferencia con el pasado radicaba en que los caudillos coloniales se desarrollaron en una sociedad escasamente militarizada, lo contrario de lo ocurrido tras el estallido de las guerras de independencia y de las guerras civiles. La militarización se había hecho necesaria en la búsqueda de un sistema democrático, pero una vez consolidado, la misma militarización puso en peligro el proceso democratizador.Los procesos de ruralización y militarización constituyeron al caudillo en una de las figuras típicas de América Latina en el siglo XIX. Al mismo tiempo, la inestabilidad política y el debilitamiento del poder central revalorizaron la figura de los caudillos, convertidos por las circunstancias en los principales garantes del orden y de la cohesión social a escala local o regional, orden y cohesión que en numerosas ocasiones debían defenderse con las armas. La figura del caudillo se manifestaba al margen de las opciones políticas o ideológicas de la época, los había federalistas o centralistas, y liberales o conservadores, pero también había quienes cambiaban de bando a medida que cambiaban sus lealtades personales o que las circunstancias concretas lo aconsejaban. Dada la debilidad del poder central, los jefes armados se volvieron autónomos de las autoridades que habían organizado los ejércitos, siendo la figura de Facundo Quiroga arquetípica del caudillo rural decimonónico.La emancipación prácticamente no había provocado transformaciones sociales en el mundo rural, aunque sí revalorizó el papel de los propietarios rurales en comparación con la posición más subordinada que solían tener en la colonia. Esto respondía, en parte, al mayor empobrecimiento de las élites urbanas, mucho más afectadas por la política de los gobiernos que buscaban fondos (confiscaciones) con los que financiar las guerras. En el medio rural seguían siendo los propietarios quienes mandaban y eran ellos, o sus representantes, los encargados de mantener el orden y quienes estaban al frente de las milicias. La figura de Juan Manuel de Rosas, dominante en la Argentina entre 1829 y 1852 es fiel reflejo de lo que aquí se dice. La entrega de tierras a los oficiales que pelearon en las guerras de independencia, notable en el caso venezolano, provocó una cierta renovación entre los terratenientes.A consecuencia de las guerras, la violencia se convirtió en algo cotidiano y la movilización bélica tuvo su parte de movilización política. La larga duración de los enfrentamientos llevó a los dos bandos en pugna a sumar al es fuerzo bélico a amplios grupos sociales, no pertenecientes exclusivamente a las oligarquías y para ello fue necesario otorgar contrapartidas. En el Río de la Plata, en México y en Venezuela, y de un modo más limitado en Chile o Colombia, la rapidez de la movilización militar no permitió disciplinar a aquellos sectores convocados a las armas, como los indios o los esclavos.Los ejércitos que sobrevivieron a las guerras de independencia eran muy nutridos y las autoridades no siempre quisieron, o pudieron, desmovilizarlos, ya que su favor podía ser vital para la estabilidad del propio gobierno. Por ello era necesario dedicar a los gastos militares las mejores y más saneadas partidas presupuestarias, que por lo general superaban el 50 por ciento de los gastos del Estado. El presupuesto de defensa se dedicaba a pagar los salarios a la tropa y a la oficialidad y también a la adquisición de armas y municiones, de modo de evitar cualquier conflicto de tipo gremial o reivindicativo por parte de los militares y que pudiera terminar en una asonada. A veces los recursos sólo se conseguían mediante el saqueo, es decir, recurriendo a una mayor cuota de violencia.En México y Perú, buena parte de la oficialidad provenía de los ejércitos realistas, lo que otorgó a los militares profesionales un peso mayor que en otros países del continente. En aquellos países cuyos ejércitos habían estado peleando fuera de sus fronteras (argentinos, chilenos, venezolanos o colombianos), las milicias locales, más vinculadas a las estructuras locales de poder que las fuerzas regulares, fueron claves para garantizar el orden. El costo de mantenimiento de las milicias era menor que el de los ejércitos, y muchas veces sirvieron como correa de transmisión para expresar el agobio de las poblaciones frente a las exacciones gubernamentales. Pero a medida que las milicias extendieron su actuación, requirieron una mayor cantidad de dinero, única manera de competir eficazmente con los ejércitos regulares.Esto explica la recurrencia de las guerras civiles durante gran parte de la centuria, pero el recurso sistemático a la guerra no se debe sólo al peso de lo militar, sino también a la falta de una política o de un sector social que fueran hegemónicos y pudieran imponerse claramente sobre el resto de la sociedad. La naturaleza y el alcance de los enfrentamientos fueron exagerados por los viajeros extranjeros y por algunos testigos locales, que centraban sus descripciones en la ferocidad de los contendientes y en la destrucción generalizada. La abundancia de las guerras influyó negativamente en las economías, especialmente en los gastos militares o en la pérdida de vidas humanas, más cuantiosas en los conflictos prolongados, como la Guerra Federal venezolana o la que enfrentó a los colombianos Joaquín Mosquera y Mariano Ospina Rodríguez. Las batallas destruían buena parte del aparato productivo, de ganados, cultivos y campos de labor. El reclutamiento, muchas veces mediante procedimientos violentos, de campesinos y otros trabajadores, era causa de continuas deserciones, que se hacían más numerosas en las épocas de la siembra y la cosecha. En la segunda mitad del siglo, México y Venezuela fueron afectadas por las peores guerras civiles desde la independencia, que en el caso de México se vio agravado por la invasión francesa.

Durante casi un cuarto de siglo Vargas dominó la escena política: ocupó la presidencia entre 1930 y 1945 y luego entre 1951 y 1954, cuando se suicidó. Ya en el gobierno, con poderes dictatoriales, abandonó las propuestas que lo condujeron al poder y cuyo principal objetivo era la eliminación de los mecanismos de perpetuación de la república oligárquica. Inicialmente la dictadura suprema de Vargas fue un régimen de bastante indefinición formal y la intensidad del reformismo que lo caracterizó varió de un estado a otro, dependiendo de la autoridad, civil o militar, a cargo de la administración regional. En su primer período de gobierno, Vargas se enfrentó con serias dificultades económicas, originadas en la crisis del 30 y en la contracción del comercio internacional. Su gobierno apostó por subsidiar la producción cafetera, tratando de que los efectos de la crisis se transmitieran lo menos posible al interior del país y de reducir al máximo el descenso en los ingresos de divisas a consecuencia de la disminución de las exportaciones. El sistema instaurado por Vargas hizo crisis en Sáo Paulo en julio de 1932, donde su autoritarismo chocó con los intereses paulistas. Los sectores más inmovilizas terciaron en la contienda intentando sacar alguna ventaja y se llegó a la Revolución Constitucionalista. A diferencia de otras situaciones anteriores, se produjo un cruento enfrentamiento armado de tres meses de duración, saldado con el triunfo del ejército federal sobre la milicia del estado de Sáo Paulo. En cada bando había entre 50 y 60.000 hombres fuertemente armados y se calcula que los muertos llegaron a 15.000. Sin embargo, los sublevados obtuvieron su principal objetivo, ya que en 1933 se reunió una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. En 1934 Brasil tuvo su segunda constitución republicana, más centralista que la anterior. El nuevo texto recortaba el poder de los estados y reforzaba a la administración central. El mandato presidencial aumentó de cuatro a seis años y no se prohibía la reelección. Concedía el voto a las mujeres, pero no a los analfabetos e introducía la representación corporativa (sindicatos) en la Cámara de Diputados, afectando a la sexta parte de los escaños. También incluía un título dedicado al orden económico y social y otro a la familia, la educación y la cultura. La vuelta al sistema representativo con circunscripciones estaduales devolvía al Brasil rural, el gran dominador del país, el protagonismo que le había quitado la revolución de 1930. El Partido Comunista Brasileño (PCB) destacó bajo el liderazgo de Luis Carlos Prestes y trató de aplicar una modificación de la política frentepopulista de la Tercera Internacional, con la Alianza Renovadora Nacional. En 1935 la Alianza lanzó una insurrección popular que estalló en Río de Janeiro y en varias capitales estaduales, pero fue duramente reprimida. De acuerdo con la nueva legislación debían convocarse elecciones generales (incluida la presidencial) en 1937, pero la división del oficialismo amenazaba la gobernabilidad del país. Los pronósticos electorales anunciaban un giro a la izquierda y para evitarlo, Vargas dio un autogolpe en noviembre de 1937, que originó el Estado Novo. El nuevo régimen se definió como una "democracia autoritaria" o de "suprema autoridad". Vargas disolvió el Congreso federal y las legislaturas de los estados y gobernó con plenos poderes, marginando en numerosas ocasiones la Constitución que el mismo había promulgado. Los gobernadores fueron reemplazados por interventores de plena confianza del presidente. El mandato presidencial se amplió de forma indefinida, hasta la convocatoria de un plebiscito. También se creó un Consejo Económico Nacional para ejercer, junto con el presidente, las funciones legislativas en reemplazo del Parlamento. El Poder judicial también vio disminuidas sus atribuciones. Tras suspender la vigencia de la Constitución, Vargas sancionó un nuevo texto, centralista y autoritario, inspirado en el fascismo europeo. La Constitución debía aprobarse en un referéndum, pero éste nunca se celebró. Uno de los principales objetivos de la nueva Carta Magna era la estructuración de un país de corte corporativo, que en muchos aspectos recordaba a la Italia de Mussolini. Pese a sus excesos, ni Vargas era Mussolini ni Brasil era Italia, de modo que el Estado Novo no debe verse tanto como el intento de llevar el fascismo al Brasil, sino como el de crear un Estado centralizado. Su gestión de gobierno trataba de favorecer a los trabajadores con políticas sociales y laborales adecuadas, aunque su principal objetivo era restar argumentos a los sindicatos y a los partidos obreros a fin de permitir un descenso de la conflictividad social, pero la oposición de las organizaciones patronales no lo hizo del todo posible. Para reemplazar el papel de los sindicatos y de los partidos obreros desarrolló una estructura sindical con claras reminiscencias fascistas. Al mismo tiempo reprimió sistemáticamente a los partidos de izquierda, especialmente al PCB y a su líder, Luis Carlos Prestes. La política de Vargas se centró en el reforzamiento del poder central a costa del estadual y municipal y la utilización con fines partidarios del nacionalismo popular. Los estados debían subordinarse al poder central, no sólo políticamente, sino también social y económicamente. El criterio de "unidad en la. Diversidad" se impuso a las tendencias federalistas. Su gestión no fue muy contestada por la oligarquía debido a que la buena política económica propició una rápida recuperación tras la crisis. Al igual que en otros países del continente la apuesta industrializadora fue fuerte, de modo que se desmanteló la ruinosa política cafetera de los últimos años, transfiriendo recursos del sector primario exportador al sector industrial y apoyando, en menor medida, la diversificación de la producción agraria. El integralismo intentó oponerse al varguismo en 1938, pero una rápida represión puso las cosas en su sitio. La izquierda había sido duramente golpeada y desarticulada antes del golpe de 1937, por lo que no fue necesario ensañarse en la represión. Al tiempo que reprimía la organización de la izquierda, buscó una cierta movilización de masas que garantizara mayores apoyos a su movimiento, adoptando un tono populista y nacionalista con tintes fascistas. Así desarrolló una moderna legislación laboral que tenía como principal objetivo contar con el apoyo de los trabajadores. En 1938 Brasil se alineó con los Estados Unidos en política exterior. Iniciada la Segunda Guerra Mundial, Vargas fue un decidido partidario del panamericanismo, es decir, de las tesis de Washington. A principios de 1942, tras la centrada en la guerra de los Estados Unidos, se convocó en Río de Janeiro una conferencia panamericana de ministros de asuntos exteriores y como consecuencia de la misma Brasil y México rompieron relaciones diplomáticas y económicas con las potencias del Eje, a las que declararían la guerra. Vargas envió un contingente armado a Europa a luchar con las tropas norteamericanas. Contra esta medida se pronunciaron Argentina y Chile, partidarias de mantener su neutralidad, pero Vargas no se limitó a enviar tropas a Europa y puso a disposición de los Estados Unidos bases marítimas y aéreas de un gran valor estratégico. La apuesta por la alianza con los Estados Unidos favoreció la recuperación económica del país, especialmente su desarrollo industrial. Esto fue evidente en la siderurgia, con la fundación de los altos hornos de Volta Redonda, a 145 kilómetros de Río de Janeiro, construidos entre 1941 y 1945. Finalizada la guerra, la industria creció más de prisa que en el pasado, ya que la reactivación del comercio internacional facilitó el abastecimiento de insumos y bienes de equipo y entre 1947 y 1961 el empleo industrial creció un 25 por ciento. El mayor intervencionismo estatal se observa en la nacionalización de la electricidad o de la marina mercante o en la aplicación de un programa basado en el New Deal de Roosevelt en la cuenca del río Sáo Francisco. A partir de 1942, desde el Ministerio de Trabajo, Vargas trató de favorecer las reivindicaciones obreras e impulsó la agremiación. Surgió el "queremismo" (Queremos Getúlio), un movimiento de obreros alimentado desde 1945 por el crecimiento fabril, que sostuvo a Vargas en el gobierno y encontró apoyos en la izquierda comunista. El PCB, favorable a la entrada del Brasil en la guerra, se reconcilió con su antiguo represor y se justificó señalando que hasta que no se reformara el sistema electoral, Vargas era preferible a cualquier político con ambiciones de poder. El fin de la guerra demostró la caducidad del modelo del Estado Novo y Vargas anunció el retorno al sistema representativo e intentó dar un giro a su gobierno. La oposición arreció y se proclamó el Manifiesto del Pueblo Mineiro, encabezado por el ex presidente Arthur da Silva Bernardes. En la oposición también estaba el general Gomes, un viejo militar tenentista, apoyado por la Unión Democrática Republicana, una coalición de viejos políticos, y el general Euricio Gaspar Dutra, ex ministro de Guerra y amigo personal de Vargas, apoyado por los sectores más derechistas. La búsqueda de Vargas del apoyo del PCB atemorizó al ejército y tras un golpe de estado incruento, en octubre de 1945, se puso al frente del Ejecutivo al presidente de la Corte Suprema, José Linhares. El mariscal Dutra, con el respaldo del ejército; del Partido Social Demócrata, que alineaba a los sectores tradicionalmente favorables al varguismo; del Partido Laborista, la base obrera y popular del régimen y especialmente con el apoyo de Vargas, desde su destierro, ganó unas elecciones sin proscripciones. Entre los logros de su gobierno destacó la construcción de la presa de Paulo Afonso, en el río Sáo Francisco, que abastecía de energía eléctrica a todo el Nordeste y la ampliación de la red caminera que mejoró las comunicaciones con el interior. El intervencionismo estatal alcanzó una de sus cumbres en 1950 con el plan SALTE (Sanidad, Alimentos, Transportes y Energía), un completo programa de desarrollo. La democracia electiva permitió la sanción de una nueva Constitución (1946), que garantizaba la separación de poderes y la vigencia de los derechos civiles e individuales e instauraba un sistema pluralista, pero seguía negando el voto a los analfabetos. La elección del presidente y del vicepresidente, que podían ser de fórmulas distintas, era directa y su período se redujo a cinco años. También se mantuvo el papel protagónico de las Fuerzas Armadas y su carácter de garante constitucional. Vargas, al frente del Partido Laborista, fue elegido senador por Río Grande do Sul. Dada la mediocre labor de Dutra y el giro conservador de su mandato, Vargas rompió su alianza con el Partido Social Demócrata y proclamó su candidatura para las presidenciales de 1950, a las que concurrió junto a los comunistas y con un vasto respaldo social. En 1948 se ilegalizó al PCB, que había logrado una destacada representación parlamentaria, pese a lo cual Vargas ganó ampliamente las elecciones. Esta medida se complementó con la ruptura de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Al concluir el mandato de Dutra, Vargas, conocido como el "padre de los pobres", se presentó a las elecciones respaldado por una parte considerable del movimiento obrero que seguía fascinado por sus promesas populistas. Su triunfo fue arrollador y formó un gobierno de coalición integrado por laboristas, social-demócratas, socialistas y la Unión Democrática. Pese al respaldo popular, no supo responder a los retos de la coyuntura económica: industrialización y lucha contra la inflación, ya que carecía de una política económica clara y se limitó a mantener el equilibrio entre las principales tendencias de su gobierno. Mientras unos apostaban por una mayor intervención del Estado en la economía (influidos por la CEPAL), los otros eran partidarios de políticas liberales o desarrollistas, que veían en las inversiones privadas, especialmente las extranjeras, la vía para salir del subdesarrollo. Triunfaron los estructuralistas de corte cepalino y comenzó una campaña dirigida a nacionalizar las principales fuentes productivas, especialmente las que estaban en manos del capital extranjero. Uno de los momentos cumbres de esta política fue la creación de Petrobrás, la compañía petrolera nacional. El descontento de importantes grupos urbanos aumentó, pero la popularidad del presidente permitió que los ataques se centraran en sus colaboradores más inmediatos. Uno de ellos era Joáo Goulart, vicepresidente del Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), que en 1953 fue nombrado ministro de Trabajo. Luego de intentar aplicar algunas medidas muy contestadas por la oposición, Goulart dimitió, lo que Vargas lamentó mucho, ya que la nueva situación beneficiaba a los conservadores opuestos al presidente. El empeoramiento de la coyuntura económica y el aumento de la inflación favorecieron la campaña del candidato conservador Carlos Lacerda, centrada en la denuncia de la corrupción en las filas gubernamentales. Este movimiento se interrumpió bruscamente el 24 de agosto de 1954 por el suicidio de Vargas, que trastocó la escena política y dio alas a un varguismo que antes del suicidio del líder estaba condenado a desaparecer. El vicepresidente Joáo Cafe fue derrocado por un golpe militar y Juscelino Kubitschek, gobernador de Minas Gerais, ganó las elecciones de 1955 con el apoyo laborista. Kubitschek era partidario del desarrollismo económico y sus principales objetivos fueron la industrialización y el traslado de la capital federal desde Río de Janeiro a un lugar deshabitado de la meseta central, Brasilia. En 1960 ya había avanzado bastante en la conquista de ambos objetivos. Por un lado, la economía brasileña crecía a tasas espectaculares y por el otro ya se distinguía el contorno de Brasilia. La economía brasileña resolvió favorablemente la competencia de los nuevos productores asiáticos y americanos, el impulso industrializador modificó el perfil de algunas zonas y Sáo Paulo se convirtió en un verdadero polo industrial. Jánio Quadros, un singular político paulista que incluía algunas reivindicaciones propias del antivarguismo, ganó las elecciones de 1960. El vicepresidente fue el candidato de la fórmula contraria, Joáo Goulart, durante décadas el principal artífice de la política laboral del varguismo. Quadros pretendía barrer la corrupción y la ineficiencia de la burocracia estatal, pero obtuvo sus mayores éxitos en el campo internacional, con su política neutralista, especialmente su oposición a una acción contra Fidel Castro, que le valió la condena y la interrupción de la ayuda económica de los Estados Unidos. A los siete meses de gobierno renunció de una forma insólita e inesperada, una actitud que todavía no está demasiado clara. Goulart, visto como un peligroso radical izquierdista por los militares y capaz de arrastrar al país hacia el comunismo, se hizo cargo del gobierno con la oposición del Ejército. Pese al fuerte respaldo popular no pudo desarrollar su programa por la oposición del Congreso. En marzo de 1964, Goulart decidió impulsar la reforma agraria sin indemnizaciones, la nacionalización de algunas refinerías de petróleo, la concesión del derecho a voto a los analfabetos y la legalización de todos los partidos políticos, incluido el PCB. Esta situación convenció a los militares y a sus aliados civiles de la derecha conservadora de que Goulart quería instaurar una dictadura de izquierdas. Alarmados por la experiencia cubana, los militares dieron un golpe que derrocó al gobierno y condujo a Goulart al exilio.

<p>A partir de un fenómeno artístico cultural como fue Dadá, el surrealismo empieza en 1924 en París. Allí, el escritor francés André Breton publica el Primer Manifiesto del Surrealismo y define el nuevo movimiento como "automatismo psíquico puro a través del cual nos proponemos expresar, ya sea verbalmente o por escrito, o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento". En principio era un movimiento de y para escritores, pero de inmediato se vislumbraron las enormes posibilidades que tenían para la pintura y la escultura. Pronto se distinguieron dos modos de hacer arte surrealista. De una parte, los pintores que seguían defendiendo el automatismo como mecanismo libre de la intervención de la razón; entre los más destacados están Joan Miró y André Masson. De otra, cada vez adquirió más fuerza la opinión de quienes creían que la figuración naturalista podía ser un recurso igual de válido. Sin duda, Salvador Dalí llevaría al límite el poder rupturista de la figuración, pero también cabría mencionar a René Magritte, Paul Delvaux o Yves Tanguy, éste último más interesado en las formas viscosas, líquidas. El arte surrealista investigó nuevas técnicas, como el frottage, la decalcomanía, el grattage, el cadáver exquisito o la pintura automática. También se interesó el surrealismo por la expresión de colectivos a los que apenas se había prestado atención en el pasado. El arte de los pueblos primitivos, el arte infantil, de los dementes o de los aculturizados fue revalorizado desde entonces. Su duración es ciertamente muy extensa, desde 1924 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Además su capacidad de promoción fue excepcional, se celebraron exposiciones en todo el mundo. Como consecuencia del surrealismo y la abstracción, la pintura contemporánea norteamericana lideró a partir de 1945 el arte mundial.</p>

Es absolutamente inexacto y cronológicamente incorrecto -escribía Breton - presentar el surrealismo como un movimiento procedente de dada, o ver en él resurgimiento de Dada (..) Este y el surrealismo... sólo pueden concebirse correlativamente, a la manera de dos olas que se recubren".No es fácil establecer con nitidez los puntos de interferencia de una actitud y otra y tampoco se pone todo el mundo de acuerdo respecto a si uno es hijo dócil del otro o está en fase de matar al padre. En cualquier caso sí podemos ver una serie de contactos y diferencias. Los dos llevan a cabo una crítica de la burguesía en todos sus aspectos: político, artístico y vital. Rechazan el modo en que está configurada la sociedad burguesa y la mentalidad propia de esta clase social -o más bien de esta categoría- con su moral represora. El azar y su consecuencia, el absurdo, son fundamentales para la provocación dada al público, pero también para la aparición de lo oculto que quieren conseguir los surrealistas. Parece claro que no se trata de una continuación ni una oposición a Dada, sino el desarrollo de una de las múltiples posibilidades que abría Dada. Y quizá la diferencia fundamental es el optimismo surrealista -la creencia en la posibilidad de llevar a cabo un cambio- frente al nihilismo dadaísta. Para unos no hay más que la risa, para otros queda la revolución.