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Hijo de Leopoldo I, fue designado rey de Hungría en 1687, rey de romanos en 1690 y emperador en 1705. Se enfrentó a la revuelta austriaca para obtener un importante triunfo y también participó en la Guerra de Sucesión española. Sus relaciones con el Papado no fueron muy estrechas ni tampoco con los jesuitas -a los que expulsó-, enturbiándose las relaciones por el tratado firmado con Carlos XII de Suecia por el que se concedía libertad religiosa a los protestantes en el Silesia. Murió sin descendencia.

El tercer hijo de Juan V y María Ana de Austria había nacido en Lisboa en junio de 1714, recibiendo una educación esmerada que combinaba el dominio de varias lenguas -italiano, francés y español-, una sólida formación cultural, el gusto por la música y la lectura y la práctica de la caza. Desde su acceso al trono tuvo muy claro el tipo de colaboradores que habrían de acompañarle: los cargos palatinos para la nobleza antigua y los altos puestos administrativos para funcionarios de reconocida experiencia y probada fidelidad a la Corona. Para las Secretarías prefirió a personajes relativamente oscuros, pero con experiencia gubernamental, y ajenos a los grandes clanes nobiliarios: Diego de Mendoça Corte Real, como secretario de Estado, y Sebastián José Carvalho e Melo, posterior marqués de Pombal, como secretario de Exteriores y Guerra. Las primeras medidas adoptadas en estos años se relacionan con la seguridad y erradicación de la delincuencia y con la operatividad de la Administración de justicia rompiendo la inercia en el funcionamiento de las instituciones, a lo que pronto se añadieron nuevos problemas: el 1 de noviembre de 1755 se desató un enorme terremoto en el país que afectó fundamentalmente a la capital dejándola arruinada, devastada por doquier y arrasada por el fuego o siendo pasto de la delincuencia y el pillaje. En plena reconstrucción de la ciudad, Pombal tuvo que hacer frente a una conjura nobiliaria que pedía su destitución, y que poco después orientaba su trama conspirativa contra el propio rey mediante un atentado en 1758. La supuesta implicación de los jesuitas en la conspiración, a los que también se reprochaba no respetar las cláusulas del Tratado de Límites de 1750 y originar problemas con los indios de Brasil y Paraguay, sirvió de base para su expulsión del país y de las colonias ultramarinas. Ahora su atención se dedicó fundamentalmente a la reorganización de la estructura del Estado para lograr dos fines: centralización del poder y eficiencia en los servicios públicos. En la Administración de Justicia se impone el principio de la ley, quedando los jueces como meros ejecutores de ella; para ello se impone una fuerte disciplina en los tribunales superiores, de hecho se prohibió la interpretación del Derecho a los tribunales ordinarios otorgándose esa atribución al Tribunal de Aplicación, formado por jueces escogidos libremente por el rey; asimismo, en 1769 se promulgó la llamada Ley de la Buena Razón inspirada en el racionalismo moderno, el derecho natural y la razón de Estado, que sustituía a las leyes de la nación, en tanto una comisión constituida al efecto preparaba la redacción de un código legislativo. Por esa misma fecha el país fue dividido en seis corregimientos donde el corregidor, asesorado por oidores y otros jueces, se encargaban de la aplicación de justicia. Ésta se encargó a la Intendencia General de Policía, creada en junio de 1760 para velar por el bien público y vigilar la aplicación de la ley, con un intendente a su frente, para ser competente en crímenes de armas, robos, homicidios y otras perturbaciones del orden, con competencia sobre todos los nacionales y extranjeros y que comenzó su ejercicio con gran severidad. En el aparato de las finanzas se tendió a la formación de un erario público (creación del Tesoro Real en 1761) que descansara en la adecuación y buena gestión de los ingresos y gastos del Estado, para ello se reorganizó a fondo la recaudación de las rentas estatales y servicios aduaneros y se reformaron las alhóndigas y puertos secos del reino. En 1752 se creó la Tesorería General de Sisas a la que debían de dar parte de su gestión todos los almojarifes y ejecutores de las comarcas y villas del reino así como otros perceptores de rentas e impuestos; a su frente se puso un tesorero general. Se extinguió el cargo de contador mayor y en su lugar se puso un tesorero mayor, que vigilaría todos los libros de cuentas existentes en las reparticiones, y un inspector general del Tesoro. Como complemento, Pombal desarrolló una política económica tendente al desarrollo productivo, para lo cual favoreció la formación de una estructura empresarial y capitalista; nacen así compañías comerciales en régimen de monopolio como la Compañía de Asia (1753), la del Pará y Marañón (1755), la de Pernambuco y Paraiba (1759) y la de Agricultura de Vinos del Alto Duero (1757) en un intento de fundir la economía colonial con la metropolitana. Las transacciones comerciales siempre fueron el objeto de su atención, y para favorecerlo realizó dos medidas importantes: una de carácter legal, declarando al comercio actividad noble al tiempo que autorizaba a los comerciantes la posibilidad de fundar mayorazgos, y otra de carácter político, revitalizando la extinta Junta de Comercio para impulsar el comercio y evitar el contrabando, que desde los años setenta acabó convirtiéndose en el órgano administrativo básico del fomento industrial pombalino, de la cual dependía la apertura de lonjas en Lisboa, la autorización para abrir centros manufactureros, la partida de flotas de Brasil y la instalación en ultramar de hombres de negocios. A su lado, el Aula de Comercio proporcionaba formación a los cuadros del sector, enseñándoles matemáticas, contabilidad y cambios. ,Junto al comercio encontramos igualmente una atención preferente por la manufactura; en este sentido la política pombalina es claramente mercantilista y así comenzaría una política de atracción de técnicos extranjeros, de protección a las industrias ya existentes, de concesión de franquicias para importar lanas y exportar tejidos, e impulsará la creación de nuevas manufacturas que hicieran a Portugal más independiente de Inglaterra. Asimismo, se crea una Superintendencia de fábricas de lana y aunque la política de creación se centró en la región de Beiras, pronto se potenciaron otras regiones y aparecerían manufacturas de pieles, estaño, artes metálicas, refinería de azúcar, jabones, papel..., llegando a contabilizarse 425 establecimientos industriales en todo el país en 1788. El sector textil gozó de la preferencia pombalina y se creó una Real Fábrica de Sedas en Rato, en la periferia de Lisboa, que poco a poco se iría transformando en el barrio de los tejedores y fabricantes de seda. Las telas que fabricaba gozaban de todos los privilegios para la venta, y estuvo estrechamente conectada con la Compañía General del Marañón, para su distribución en aquella zona. La expulsión de los jesuitas planteó de manera urgente la reforma de la enseñanza, puesto que todas las escuelas que ellos regentaban desaparecieron. En este sentido hay que citar el pensamiento ilustrado de Pombal y su interés por la renovación pedagógica así como por la difusión de la educación a todos los grupos sociales. En 1759 el mismo decreto que abolla los colegios jesuíticos preveía la creación de escuelas de Gramática Latina y Retórica en las villas que son cabeza de comarca, así como la necesidad de autorización oficial para impartir todo tipo de enseñanzas. Dos años más tarde fue creado en la capital el Colegio de Nobles, donde se impartían disciplinas modernas, casi todas de carácter científico (Aritmética, Cálculo, Trigonometría y Geometría, Geografía, Náutica, etc.). En 1772 se dictó una ley regulando la enseñanza primaria y la figura del maestro, en ella se mostraban las líneas maestras de la política pombalina, "la cultura debe ser administrada de acuerdo con la función social que cada cual haya de ejercer". Fueron así creadas 479 escuelas primarias donde se proporcionaban unos conocimientos elementales. La educación secundaria quedaba como escalón intermedio, preparatorio para la enseñanza superior y ésta quedaba reorganizada con la promulgación de nuevos estatutos universitarios; a la anticuada y ya obsoleta enseñanza tradicional, se proponía una educación basada en las ciencias experimentales (creación de las Facultades de Matemáticas y Filosofía), se renovaban los planes de estudio de Derecho y Medicina creándose un hospital público anejo a la facultad, y se impulsó el desarrollo de los estudios históricos. Intelectuales como L. Vernei (muy influenciado por Muratori), Ribeiro Sanches o J. Magalhaes colaboraron con Pombal en esta tarea. Se culmina el proceso con la formación de dos grandes bibliotecas, la del Palacio Real y la de la Universidad de Coimbra, y con la creación en 1768 de la Imprenta Real. Con la Iglesia, Pombal adoptó una actitud típicamente regalista, mostrándose ferviente partidario de llevar a cabo una política tendente a la disminución de su poder y al recorte de sus privilegios. En todo momento pretendió reafirmar la primacía del poder temporal sobre el espiritual, sometiendo a los prelados al poder del Estado y propiciando la reforma interna de la Iglesia, sobre todo de las órdenes religiosas cuya decadencia y corrupción eran manifiestas. Ante ello se favoreció la introducción de órdenes nuevas que pudieran servir de ejemplo a las antiguas, o ligadas a la renovación pedagógica del momento, en cuyas manos se puso la educación de los hijos de la nobleza. También fueron corrientes las críticas al número de eclesiásticos por lo que se impediría nuevas fundaciones y se haría una redistribución de las casas conventuales ya existentes. Respecto a la Inquisición, Pombal nunca fue partidario de atacarla frontalmente sino de convertirla en un aparato afecto al Gobierno, poniendo a su frente hombres leales al monarca y restringiendo su ámbito de acción; así, pues, los autos de fe van disminuyendo así como su censura sobre los libros; en adelante, este tema sería controlado por la junta de la Dirección General de Estudios y Escuelas; en 1768 se le asestó un golpe fundamental cuando una ley venia a acabar con la diferencia existente entre cristianos viejos y nuevos, desapareciendo cualquier discriminación en ese sentido. Frente a Roma mantuvo la misma postura, como quedó de manifiesto en 1760 cuando expulsó a los jesuitas y, ante la airada protesta papal, se rompieron las relaciones con la Santa Sede y se expulsó al nuncio. En cuanto a la política con la nobleza hemos indicado cómo a comienzos de su reinado José I había acudido a miembros del grupo para proveer los altos cargos, pero la creciente indisposición entre este estamento y Pombal y el intento de regicidio protagonizado por ellos modificó la postura real, que poco a poco se irá volviendo hacia los estratos de la baja nobleza, al tiempo que recortaba los privilegios de aquéllos. En otros aspectos de su política social hemos destacado ya la protección estatal a la burguesía, tanto de negocios como a la comerciante y manufacturera; el campesinado siguió desatendido, arrastrando una vida miserable y las consecuencias de un subdesarrollo endémico en el sector primario. Sin embargo, en otros aspectos, totalmente imbuidos del humanitarismo ilustrado, veremos que se intenta acabar con ciertas prácticas discriminatorias, y así se suprimen los Estatutos de Limpieza de Sangre, y en 1762 se promulgó la Declaración de Libertad de los Indios. Asimismo, en el tema de la esclavitud encontramos que la legislación pombalina aparece como la más avanzada de su tiempo: primero intentó acabar con los abusos existentes en su tráfico, luego reguló su comercio y por último prohibió el traslado de esclavos negros de ambos sexos a la metrópoli. Para terminar con la obra reformadora de Pombal hemos de referirnos a un último aspecto: el aparato militar. Éste intentó ser reorganizado según dictaban las ordenanzas del ejército prusiano pero no llegó a experimentar grandes cambios: reforzamiento de sus efectivos y construcción de fortalezas cuando lo demandaba la ocasión; reforzamiento de la marina y política de construcciones defensivas en las costas, para facilitar los intercambios con América; nuevas ordenanzas en el reclutamiento (1764), que preveía la leva forzosa de individuos desempleados y pobres, y ampliación de la caballería con cuatro regimientos adicionales. En estos años la política exterior portuguesa permaneció un tanto aislada de los conflictos internacionales, aunque las directrices diplomáticas continúan en la línea del anterior reinado. No obstante, hemos de añadir las malas relaciones con el papa Clemente XIII, ya analizadas, y su participación en la Guerra de los Siete Años (1756-1763), que convirtió en escenario del conflicto las líneas de Tras-Os-Montes y el Tajo. A principios de los setenta, Pombal, logrado ya su ennoblecimiento mediante un marquesado, se encontraba en el cenit de su carrera, pero en 1771 sufrió un atentado que estuvo a punto de costarle la vida y hacia 1775 comenzó a tener problemas de salud, no pudiendo despachar los asuntos de gobierno como hasta ahora. El nombramiento del hispanófilo Aires de Sa Melo como secretario adjunto, la regencia de María Ana y la muerte del monarca contribuyen a su desaparición de la escena política.

Tercer hijo de Juan V y María Ana de Austria, recibió una educación esmerada. Desde su acceso al trono tuvo muy claro el tipo de colaboradores que habrían de acompañarle: los cargos palatinos para la nobleza antigua y los altos puestos administrativos para funcionarios de reconocida experiencia y probada fidelidad a la Corona como Diego de Mendoça Corte Real, como secretario de Estado, y Sebastián José Carvalho e Melo, posterior marqués de Pombal, como secretario de Exteriores y Guerra. Las primeras medidas adoptadas en estos años se relacionan con la seguridad y erradicación de la delincuencia y con la operatividad de la Administración de justicia. El 1 de noviembre de 1755 se desató un enorme terremoto en el país que afectó fundamentalmente a la capital. En plena reconstrucción de la ciudad, el rey sufrió un atentado en 1758 en el que se implicó a los jesuitas y a los que también se reprochaba no respetar las cláusulas del Tratado de Límites de 1750 y originar problemas con los indios de Brasil y Paraguay. Estas implicaciones sirvieron de base para su expulsión del país y de las colonias ultramarinas. La atención de José I se dedicó fundamentalmente a la reorganización de la estructura del Estado para lograr dos fines: centralización del poder y eficiencia en los servicios públicos. Como complemento, Pombal desarrolló una política económica tendente al desarrollo productivo, para lo cual favoreció la formación de una estructura empresarial y capitalista. La expulsión de los jesuitas planteó de manera urgente la reforma de la enseñanza, puesto que todas las escuelas que ellos regentaban desaparecieron. En este sentido hay que citar el pensamiento ilustrado de Pombal y su interés por la renovación pedagógica así como por la difusión de la educación a todos los grupos sociales. Con la Iglesia, en todo momento se pretendió reafirmar la primacía del poder temporal sobre el espiritual, sometiendo a los prelados al poder del Estado y propiciando la reforma interna de la Iglesia, sobre todo de las órdenes religiosas cuya decadencia y corrupción eran manifiestas. En cuanto a la política exterior, Portugal permaneció un tanto aislada de los conflictos internacionales aunque participó en la Guerra de los Siete Años (1756-1763).

Hermano mayor de Napoleón, inició estudios universitarios en Pisa donde alcanzó el título de abogado. En su juventud compartió plenamente el ideario de la Revolución Francesa y colaboró estrechamente con su hermano, siendo nombrado embajador en Parma y Roma durante los años del Consulado. Su labor diplomática se manifestó con éxito en la firma de las paces de Luneville (1801) y Amiens (1802). Durante la era imperial sería ampliamente favorecido por su hermano, primero con el nombramiento de rey de Nápoles (1806) y más tarde con la corona de España gracias a las famosas abdicaciones de Bayona, protagonizadas por Carlos IV y su hijo Fernando VII. El 6 de julio de 1808 José era nombrado rey de España y de las Indias, en pleno estallido de la Guerra de la Independencia. Para ganarse el apoyo de los ilustrados españoles -llamados desde ese momento "afrancesados" por su colaboración con el monarca francés- promulgó la Constitución de Bayona, primer texto constitucional español en el que se "concilie la santa y saludable autoridad del soberano con las libertades y privilegios del pueblo" en palabras del propio Napoleón, verdadero artífice de la constitución. El apoyo de los "afrancesados" al nuevo monarca será incondicional ya que éstos veían una inmejorable oportunidad para continuar con la política reformista puesta en marcha con Carlos III y que la actitud de Godoy había dejado en papel mojado. José I nunca contó con el beneplácito popular que pronto buscó un apodo para el monarca extranjero: "Pepe Botella". No se sabe con certeza cuál es el origen de tal apodo. El rey nunca fue aficionado a la bebida. Parece ser que el origen del mote estaría en un acontecimiento ocurrido a su llegada a España. El vino para el abastecimiento del convoy que le acompañaba fue robado en las cercanías de Calahorra por lo que el Bonaparte ordenó que se requisase en dicha población una importante partida de vino. Este podría ser el germen de la leyenda. En Madrid será también conocido por "Pepe Plazuelas" debido a su política constructiva, encaminada a hacer de la capital una ciudad de perfecto diseño urbanístico. La labor reformista diseñada por el nuevo monarca y su corte se estrelló con la incapacidad militar de neutralizar a la guerrilla y con la imposibilidad de imponer su autoridad en todo el territorio nacional, enfrentándose con la labor de las Juntas y de las Cortes de Cádiz. A estas cuestiones debemos añadir las dificultades financieras ya que los ingresos eran desviados a la financiación de la maquinaria militar francesa. El poco crédito político del monarca se resquebrajó en 1810 cuando no pudo hacer frente a los decretos de febrero, por los que las provincias del norte del Ebro se convertían en administraciones militares independientes de Madrid. Se puso al frente de las tropas francesas ese mismo año y dirigió con éxito la ocupación de Andalucía pero el posterior desarrollo de la guerra le llevaron a abandonar Madrid, tras la derrota en la batalla de Arapiles, el 22 de julio de 1812. La retirada de Wellington a Portugal permitió a José regresar de manera efímera a la capital, abandonándola definitivamente el 23 de marzo de 1813. La derrota en la batalla de Vitoria (13 de junio de 1813) le obligó a abandonar su rico equipaje -el llamado "equipaje del rey José"- compuesto por un buen número de joyas y obras de arte. Se refugió en Francia hasta la caída del Imperio, cuando pasó a Estados Unidos. Allí residió largo tiempo, beneficiándose del título de conde Surville, recibiendo autorización en 1841 para residir en Florencia donde fallecerá en 1844.

Departamento de Prehistoria.</br> Facultad de Geografía e Historia.</br> Universidad Complutense de Madrid.</br> Ciudad Universitaria.</br> 28040 Madrid

Hijo de Francisco I de Lorena-Toscana y de la emperatriz María Teresa, fue nombrado rey de Romanos en 1764, pasando a ocupar tareas gubernamentales junto a su madre al año siguiente. En 1772 consigue anexionar la Galitzia a Austria, con la ayuda de Kaunitz, gracias al primer reparto de Polonia. Tres años después anexiona la Bukovina pero sus intentos de unir la región de Baviera fueron infructuosos. Desde 1780 es emperador e inicia un programa de reorganización y unificación legislativa de sus dominios, estableciendo un Estado absolutista y centralizado en el que el ejército y la burocracia gozaran de eficacia. Abolió la servidumbre del campesinado, obligó a los nobles y eclesiásticos a pagar impuestos, reestructuró la educación e impuso el alemán como idioma oficial en el Imperio (1784). Estas medidas no fueron muy populares en los territorios de Hungría y Bélgica. Sus relaciones con la Iglesia fueron muy tensas ya que intentó someter a la institución eclesiástica al Estado por lo que abolió las órdenes religiosas, a excepción de las que tenían contenido social. El Papado intentó conseguir una rectificación del emperador y el propio Pío VI viajó a Viena para llegar a un acuerdo que no se alcanzó. Otra de las medidas que causaron estupor en la Iglesia fue la promulgación del edicto de tolerancia del año 1781, por el que se decretaba la libertad de culto para protestantes y ortodoxos griegos.

El rey José II accedió al trono a la muerte de su madre, tras haber practicado una co-regencia desde 1760; como ella, estaba firmemente convencido del papel que debía jugar el monarca, como primer servidor del Estado, imponiendo unas directrices gubernamentales que posibilitarán la modernización de las estructuras de la sociedad, sin que ningún obstáculo -tradición, nacionalismo, privilegios...- se interpusiera en su camino. Tratar de conseguir un Estado fuerte y poderoso sólo era posible consiguiendo una centralización institucional y un reforzamiento de su poder personal. De ahí que las primeras medidas adoptadas tendieran a la reforma de la Administración en una doble vía: orgánica y burocrática. La tarea fue confiada a su colaborador Kolowrat y se abandonó la idea de órganos colegiados donde se trataban los asuntos del gobierno, creándose una única cancillería, controlada por el rey, con competencias sobre todas las materias, especialmente económicas. Para superar los problemas derivados de los Estados, se procedió a una distribución del territorio en seis gobiernos -Gratz, Trieste, Brno, Viena, Insbruck y Praga- que sustituían a las antiguas administraciones particulares y que permitían una pequeña participación a la nobleza local, aunque, en el fondo, estaban controlados por agentes reales. El otro objetivo tendía a crear un personal administrativo muy adicto al rey, sumamente profesionalizado que no sólo hiciera operativo al Estado sino que fueran agentes activos de la unificación (germanización) y de la política real. La propia elección de una única lengua, el alemán, en 1784 venía a respaldar tales medidas. De esos primeros años data la legislación más novedosa y que marcó un giro radical hacia la verdadera transformación del antiguo régimen, pero que supuso, también, el comienzo del deterioro entre las relaciones del monarca con su pueblo. En efecto, en 1781 inicia una política religiosa que no sólo supeditaría la institución eclesiástica al Estado sino que transformaría a los clérigos en burócratas al servicio del rey. Esa política josefinista fue abordada con un decreto sobre tolerancia religiosa; con ella los protestantes y ortodoxos tendrían los mismos derechos que los católicos y podrían practicar libremente sus cultos; en la misma línea se permitió a los judíos practicar sus oficios, crear empresas industriales y acceder a las universidades, aboliéndose también sus vestimentas discriminatorias. Al mismo tiempo se afirmaba el catolicismo como religión oficial del Estado. Tras la libertad confesional, José II pretendió hacer una reforma interna de la Iglesia, en materia tocante a disciplina y liturgia. Esto le causó tensiones con el Papado pero el rey se amparó en sus regalías -Regium Exequátur- y a cambio de la adopción oficial del catolicismo y el mantenimiento de la bula Unigenitus (que condenaba el jansenismo) en Austria, Pío VI no se opondría a la reforma. Se procede a una reorganización de las diócesis existentes y a su frente se coloca a unos prelados bastante independientes de Roma pero al servicio del Estado. Se suprimieron muchas órdenes religiosas, los seminarios diocesanos y los colegios conventuales; ahora se crean unos seminarios generales, fuera de la competencia episcopal, con un cuerpo docente proabsolutista; el estudio de nuevas materias junto con la teología y una disciplina casi militar redundó en una burocratización de los miembros del clero. Para acabar de una vez con los postulados contrarreformistas se suprimieron las cofradías, procesiones y peregrinaciones, y se emitieron cédulas reales para asuntos de liturgia, ornamentos y predicación; de hecho, en los oficios litúrgicos cotidianos estaba prevista la asistencia de funcionarios para fiscalizar ideológicamente la acción pastoral de los sacerdotes. En noviembre de 1781 se dictó otra ley fundamental que abolirla la servidumbre personal en Bohemia; en adelante el siervo no necesitaría permiso del señor para ciertas actividades privadas (como contraer matrimonio, cambiar de domicilio, escolarizar a los niños) y tendrían capacidad legal para arrendar, vender e hipotecar sus predios. Ocho años más tarde se acordó la supresión de la corvea, y a cambio se instituye un contrato entre el señor y el vasallo de duración temporal y renovable (esto sería abolido más tarde, y la corvea no sería suprimida definitivamente hasta 1848). José II siempre mantuvo una cierta hostilidad hacia la sociedad de órdenes; con la nobleza nunca mantuvo buenas relaciones pues le criticaba sus formas de vida poco útiles al Estado y les fue minando poco a poco los pilares de su poderío, tanto políticos como socio-económicos. En el plano económico de nuevo se impone un fuerte proteccionismo que redundó positivamente en el aumento de la producción agrícola (beneficiada por la aligeración de las cargas de los campesinos) y sobre todo industrial; también creció mucho la exportación nacional, haciendo que productos austriacos fueran competitivos en los mercados extranjeros y abriéndose una vía a la acumulación de capital y posterior revolución industrial. En 1783 la Comisión de Educación vio ampliar sus competencias, al pasar la enseñanza, en sus distintos grados, a ser tarea exclusiva del Estado. A pesar de ampliarse la red de escuelas primarias, en el nivel universitario y secundario no se obtuvieron mejoras sustanciales, al contrario, las universidades perdieron autonomía y se desatendieron las disciplinas científicas; sólo interesaba mejorar los estudios jurídicos y la economía política para poder formar funcionarios altamente cualificados. José II al comienzo de su reinado se había esforzado por respetar la autonomía húngara y para ello la cancillería Real de Preburgo había obtenido plena autonomía en materia fiscal y financiera, así como en cuestiones gubernamentales y judiciales. Sin embargo, la política radical y enérgica del monarca había deteriorado las relaciones con Hungría y su clase dirigente al atacar frontalmente los privilegios de la nobleza (realización de un catastro de la propiedad agraria para distribuir un nuevo impuesto, extensible al estamento y liberación de los siervos) y del clero (edicto de tolerancia religiosa en 1781 y supresión de muchas órdenes religiosas cuyas propiedades se incautó el Estado) y no respetar la tradición nacional, imponiéndoles un idioma extranjero; el descontento fue in crescendo, agudizado por los negativos resultados de la guerra contra Turquía (1788-1789), por lo que se alzaron voces contra el despotismo real y por su actuación a espaldas de la Dieta. Con los flamencos, María Teresa siempre había mantenido unas relaciones de estrecha cordialidad, pero su hijo exasperó a esa sociedad al acometer profundas reformas, sobre todo en materia religiosa y burocrática. El clero se negó a permitir la creación de los seminarios generales y supeditarse al control del Estado; las elites dirigentes se sintieron decepcionadas porque el rey no reconoció las instituciones particulares de cada Estado; y las masas populares tampoco fueron atraídas por su política reformadora. Todo el malestar acumulado llegó a su paroxismo en 1787, produciéndose una revuelta en los Estados que hizo meditar al rey sobre la viabilidad de su política. Poco después, el 20 de febrero de 1790, moría un monarca que quiso transformar tan radicalmente a su pueblo que se ganó la antipatía, la incomprensión y el rechazo, aunque, gracias a esa decidida voluntad de reforma, sentó las bases del verdadero Imperio austro-húngaro que llegaría hasta el siglo XX.