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Las principales dificultades del Gobierno fueron fruto de las limitaciones de quien lo presidía y de su propia incoherencia, pero también existían otros problemas que acentuaban la sensación de desorientación y repercutían sobre el ambiente de la vida pública. Existieron grave problemas de orden público, en parte derivados de la crisis económica pero también consecuencia de las circunstancias políticas. El terrorismo persistía y ejercía el papel de factor multiplicador de las tensiones políticas. En toda España se produjo una oleada de huelgas, sobre todo en la capital, en los inicios del año 1976. Demostraron que las reivindicaciones puramente políticas eran incapaces de movilizar la protesta de masas, pero en la extensión de la conflictividad también jugaba un papel de gran importancia la sensación de liberación en los trabajadores dotados de mayor conciencia reivindicativa. Prácticamente no existió una política económica: los intentos del ministro Villar Mir de estimular la inversión, realizar un ajuste y poner en marcha la reforma fiscal estaban bien enfocados pero no eran objetivo viable para un Gobierno desunido y débil. Los cauces que hasta entonces se habían empleado para resolver la conflictividad estaban gravemente deteriorados. En las memorias de Martín Villa aparecen los repetidos intentos que realizó para iniciar una reforma sindical paralela a la política. Aunque lo cierto es que una reforma sindical paralela hubiera tenido más inconvenientes que ventajas para un proceso que debía ser fundamentalmente político. Ni siquiera los sindicatos de oposición coincidían en la fórmula final a la que querían llegar: por ejemplo, Comisiones Obreras quería un sindicato único porque confiaba en tener la hegemonía en él, mientras que UGT quería mantener la pluralidad sindical a ultranza. Resulta necesario mencionar también la degeneración de los incidentes de orden público en batallas campales debido a la falta de preparación de las fuerzas de orden público para una situación de libertad o de tolerancia en los momentos en que la protesta se generalizaba. Muchas veces intervenían también en los incidentes algunos elementos incontrolados de la extrema derecha de los que no se conocía con qué apoyos podían contar en los medios oficiales. La oleada de disturbios de orden público y huelgas que tuvieron lugar en el cinturón industrial madrileño en enero del año 1976 afortunadamente se saldó sin víctimas, pero en los meses siguientes hubo dos conflictos que finalizaron con derramamiento de sangre. Ambos son bien expresivos de las circunstancias que se vivían en esos momentos en España y, desde luego, tuvieron repercusión en la situación política. En el mes de marzo se produjo un gravísimo conflicto social en Vitoria, con un saldo total de cinco muertos. Si, por un lado, los huelguistas tenían unas reivindicaciones maximalistas, por otro las autoridades gubernativas merecieron una buena parte de la culpa y no sólo por la forma de actuar de la policía. La huelga venía durando ya dos meses en la capital alavesa, las autoridades habían dimitido y en el momento del estallido el propio ministro de la Gobernación estaba ausente de España. Luego Fraga ha afirmado que su ausencia justifica su falta de responsabilidad en lo acontecido, pero no hay duda de que demuestra los peligros de un candidato al reformismo político cuando tiene que ser a la vez el garante del orden público. Por el contrario la gestión de Suárez, ministro de Gobernación interino, y de Martín Villa, responsable de Relaciones Sindicales, en la reconducción de los acontecimientos fue positiva. En el mes de mayo de ese mismo año se produjeron los sucesos de Montejurra. Consistieron en el enfrentamiento entre la facción integrista y la seudosocialista en que había quedado dividido el movimiento carlista. Los dos muertos fueron provocados por el sector integrista armado, quizá por sus contactos en medios oficiales; pero, de nuevo, la responsabilidad volvía a recaer en quienes se mostraban incapaces de mantener el orden público. Los hechos narrados vienen a testimoniar el vacío de poder existente y en estas circunstancias cabe preguntarse si podía ser cubierto por la oposición. Sin duda la respuesta es negativa pero, para explicarlo, es necesario tratar de forma global a la oposición durante este período. En primer lugar es preciso señalar que la oposición no pudo enlazar en ningún momento con sectores importantes del estamento militar: a este respecto la situación española fue muy distinta a la que se dio en Portugal. La Unión Militar Democrática, cuyos miembros militaban en las filas de izquierda, contribuyó, más bien, a ratificar la conciencia profesional de los militares y los indujo al alejamiento del escenario político. Cualquier intervención que en adelante se produjera en este terreno (también las derechistas) sería considerada por la mayoría de la oficialidad como caso de indisciplina sometido a tratamiento reglamentario. Si la oposición política no consiguió apoyo en ese mundo, en cambio sí se benefició del aumento de la permisividad y del indudable deterioro de un régimen que ante la opinión pública ya estaba condenado aunque no estuviese nada claro, cómo y por qué iba a ser sustituido. La oposición fue un importante motor del cambio y lo podría haber sido más si hubiera continuado en el poder un Gobierno falto de iniciativa y sin propósitos definidos como era el de Carlos Arias. Pero sería exagerado convertirla en la protagonista única de los acontecimientos: el grito de ¡Juan Carlos, escucha! que entonces era el eslogan en todas las manifestaciones, testimonia la propia indigencia en que se hallaba para lograr por sí sola el cambio de sistema político. En sus apariciones públicas mostraba su voluntad de llegar a una senda de transición pacífica pero también su falta de unión y otros defectos, testimoniando que el régimen anterior no sólo había creado un problema por la imposible perduración de sus propias instituciones, sino por la desertización del panorama político. Las manifestaciones públicas de la oposición comenzaron en el mes de enero de 1976. En tal fecha los demócrata-cristianos celebraron unas jornadas y un congreso en abril y, en ese mismo mes, se permitió a la UGT celebrar también una reunión bajo la denominación de jornadas de estudio. En el mes de marzo de 1976, por la confluencia de la Junta y Plataforma ya existentes, se creó una organización unitaria de la oposición que fue denominada por la prensa Platajunta. Su principal inconveniente fue por un lado su excesiva amplitud, producto de la acumulación de siglas. Desde la oposición se había utilizado el término ruptura para expresar la voluntad de modificación fundamental de las instituciones frente a los indefinidos propósitos del Gobierno identificados con una reforma. Sin embargo, muy pronto, desde comienzos de ese mes, comenzó a hablarse de ruptura pactada. Incluso dentro de la misma oposición, sus dirigentes fueron conscientes de que el marco ideal imaginado para la transición -un Gobierno provisional de consenso o un referéndum previo antes de iniciarse todo el proceso de transformación- distaba mucho de ser posible. Las únicas posibilidades radicaban en un intento de reforma sustancial con el que llegar a la democracia, con o sin la colaboración de la oposición, o un retorno a la dictadura. A la altura de la primavera de 1976 Arias Navarro no podía ser el protagonista de ese intento. Con toda razón Tierno Galván había afirmado, sobre su primer discurso, que esperaba que fuera conservador pero no reaccionario. Sin duda existían ya las mejores condiciones para que la oposición pudiera aceptar una reforma realizada desde arriba siempre que ésta fuera de verdad sustancial. No obstante, también la oposición demostró durante meses no pocos inconvenientes que dificultaban un cambio sin traumas. Con razón se llegó a afirmar que con las siglas de los numerosos partidos existentes se podía hacer una auténtica sopa de letras y que eran mucho más frecuentes los partidos de políticos sin militantes, que los partidos políticos verdaderos. Otro defecto habitual fue la irresponsabilidad: durante meses muchos partidos políticos mencionaron el término autogestión de las empresas pero no se tomaron la molestia de explicar mínimamente qué querían decir con él.

Paralelamente a las operaciones sobre la frontera alemana iba a desarrollarse una operación que luego hará correr ríos de tinta a los historiadores aliados (británicos, en general) que trataron de justificarla: la operación aerotransportada de Arnhem. A mediados de septiembre los Aliados deciden rodear la Línea Sigfrido por el norte, y caer tras las líneas alemanas en Holanda, con una amplia maniobra que requería la toma de puentes y pasos sobre el Rhin y otros ríos holandeses y la ocupación de algunas ciudades, en concreto, cuatro pasos estratégicos: sobre el río Waal, en Nimega, sobre el canal Wilhelmina en Eindhoven, sobre el Lek en Arnhem, y sobre el Mosa en Grave. Esto permitiría despejar el camino al II Ejército británico en el Bajo Rhin, que debería unirse a los aerotransportados y avanzar. Para la operación se emplearían las divisiones aerotransportadas norteamericanas 101.? y 82.? y la británica 1.?, con una brigada paracaidista polaca, protegidas por 1.240 cazas y precedidas por 1.000 bombarderos. La operación era delicada, pues dependía del tiempo atmosférico y de la resistencia y rapidez de los paracaidistas, como el propio Montgomery sabía. El 17 de septiembre los norteamericanos descendían sobre Nimega y Eindhoven, y los británicos sobre Arnhem, con los polacos. La mayor reacción la sufrieron los británico-polacos de la zona de Arnhem: la niebla dificultó enormemente la acción y una unidad acorazada alemana consiguió aislar a las fuerzas enemigas durante 10 días -en vez de los dos días previstos-, pues se habían percatado de cuál era la dirección del ataque, concentrando sus reservas, y semianiquilando a los paracaidistas británicos y polacos antes de que pudieran socorrerlos. El 26 de septiembre los paracaidistas se retiraban sin haber permitido que las tropas de tierra pudiesen lanzar el ataque previsto. Se había ocupado Nimega, pero no Arnhem. La operación había sido un fracaso, y restó mucha rapidez al avance aliado. Sus causas, según Wilmot y otros historiadores, fueron que la división británica descendió demasiado lejos de su objetivo; que su comandante, general Urquhart, perdió tiempo y energías en crearse una base firme demasiado exigua como para desde ella capturar el objetivo; que la reacción alemana fue más fuerte de lo que se esperaba; y el mal tiempo (2). Arnhem convenció aun más, si cabe, a Eisenhower, de que su concepción del avance en todos los sentidos era la más acertada. Los alemanes habían salvado por el momento el Ruhr, pero estaban exhaustos y sus divisiones compuestas con elementos heterogéneos, eran cada vez de peor calidad.

La reacción china al desafío occidental -que había comenzado antes, hacia 1830-40, y por los mismos motivos, apertura de puertos al comercio internacional- fue muy distinta a la japonesa. Fue una reacción vacilante, contradictoria, débil e insuficiente, marcada por la aparición de sentimientos xenofóbicos de rechazo del mundo occidental y afirmaciones del tradicionalismo chino. Ello, por distintas razones. La modernización de China habría sido en cualquier caso muy difícil. Las mismas dimensiones del país la convertían en empresa casi inabordable. El Imperio, pese a la extrema centralización del poder en el Emperador y a la complejidad de su burocracia (del mandarinato), no disponía de los instrumentos esenciales del Estado moderno: gobierno ministerial, presupuestos, cuerpos de seguridad eficaces, sistema nacional de educación, administración local y provincial, academias militares, organización judicial. En claro declive desde finales del siglo XVIII, su fragilidad quedó de manifiesto sobre todo en la rebelión Taiping, una violenta y amplia sublevación campesina, a la vez teocrática, anti-dinástica, milenarista e igualitaria que sumió al país en la guerra civil entre 1850 y 1864. El mismo burocratismo tradicional de la administración imperial, pilar fundamental del Estado y de la sociedad, operaba contra el desarrollo de toda iniciativa social autónoma y privada. Conceptos como individuo, empresa y mercado carecían de sentido en una sociedad patriarcal y jerarquizada, basada en la familia campesina y en la ética confuciana que enfatizaba las virtudes de la cortesía y la etiqueta, de la obediencia y la aceptación pasiva del destino. La elite china, incluidos muchos de sus miembros más reformistas y occidentalizantes como Tsen Kuo-fan y Li Hung-chang, comulgaba en un chinocentrismo que concebía China como un imperio universal, distinto y autosuficiente, estructurado sobre unos sistemas educativos, unas tradiciones, una administración estatal y una cultura que se estimaban decididamente superiores, que en todo caso únicamente podía requerir su "autorreforzamiento" mediante la incorporación de tecnología y armamento occidentales. Dadas las características del Imperio y de la sociedad, la modernización de China sólo podía ser resultado, como la de Japón, de una "revolución desde arriba". Pues bien, en China, a diferencia del caso japonés, el mismo carácter extranjero (manchú) de la dinastía reinante limitaba su autoridad moral para movilizar el cuerpo social del país en el gran empeño nacional que su transformación exigía. Más aún, la personalidad más influyente en el Estado, la emperatriz viuda Cixi (Ts'en-hi), regente desde 1861 a 1908 de los emperadores T'ung chich y Guang-Xü, libró apoyada por los sectores más reaccionarios de la Corte una permanente pugna contra todo intento de occidentalización, reforma y apertura. China, con todo, pudo convivir con las numerosas concesiones que se vio forzada a hacer a las potencias occidentales tras su derrota en las llamadas "guerras del opio" de 1840-42 y 1856-58. En 1842, cedió Hong-Kong a Inglaterra y abrió cinco de sus puertos al tráfico comercial y al establecimiento de agentes europeos, concesiones que en 1858 amplió a otras once localidades. Tuvo que aceptar que se creara un Servicio de Aduanas Marítimas bajo control británico. Rusia se anexionó un territorio al norte de China, al este del río Amur, donde creó Vladivostok en 1860. Francia asumió en 1883 el protectorado del reino de Annam, reino vasallático de China, que enseguida extendió a toda Indochina, región tradicionalmente sometida a la influencia china. Inglaterra, a su vez, se anexionó Birmania en 1885-86. La humillación que ello supuso -por más que las concesiones se legitimaran como una forma de "usar a los bárbaros para contener a los bárbaros"- precipitó una primera y cautelosa política de reformas, asociada a las iniciativas que, entre 1863 y 1893, impulsó Li Hung-chang (1823-1901), un miembro de la alta burocracia imperial, enérgico, realista e inteligente, "el Bismarck del Este", a quien el Emperador encargó la dirección de las relaciones exteriores y la adquisición de tecnología extranjera. En efecto, a lo largo de esos treinta años, se establecieron escuelas de lenguas extranjeras, fábricas de armas, algún astillero, se empezó la explotación de minas de carbón y hierro (1876), se enviaron estudiantes a Estados Unidos, se crearon academias militares, se introdujo el telégrafo (1879), se inició la construcción del ferrocarril (1881), se reorganizaron el Ejército y la marina, y se construyeron algunas fábricas de tejidos y de papel. Pero todo ello era muy poco y llegaba demasiado tarde. El Imperio chino perdía además su hipotética hegemonía entre los propios pueblos asiáticos. La derrota en la guerra de 1894-95 ante Japón, país que debía a China su escritura, muchas de sus costumbres, la religión budista y sus técnicas y formas artísticas, abrió una gravísima crisis nacional que conllevaría, entre otras cosas, la caída del propio Imperio en 1911. La derrota del 95 supuso, en efecto, una humillación nacional probablemente menos admisible para la conciencia china que las sufridas ante los occidentales. Japón se apoderó de Formosa y desplazó a China de Corea. Pero, además, las presiones occidentales se redoblaron. En 1898, China hubo de ceder Dairen-Port Arthur a Rusia, que logró además que se le reconociera el derecho a construir ferrocarriles en Manchuria, para terminar el Transiberiano; y ceder Qingdao a Alemania, Weihaiwai a Inglaterra y Guangzhouwan a Francia. Políticamente, el resultado fue un grave descrédito para la dinastía, por lo que pareció como una evidente incapacidad para defender la integridad territorial del Imperio. Entre 1895 y 1911, se registraron hasta diez intentos revolucionarios, protagonizados por sociedades secretas y nacionalistas como el Guomindang, creado en 1891, o la Liga para Salvar China, organizada en 1894 por el doctor Sun Yat-sen (1866-1925), un intelectual cantonés occidentalizado y cristiano, educado en escuelas anglosajonas de Hanoi y Hong-Kong, de ideas republicanas y nacionalistas (en su exilio en Japón en 1895, por ejemplo, había frecuentado a Toyama Mitsuru). Pero, además, la crisis del 95 provocó una ruptura insalvable en el seno del poder imperial entre dos concepciones distintas sobre la modernización y el destino de China: entre una concepción tradicionalista que veía en el repliegue hacia las ideas confucianas y hacia los valores de la tradición china la vía hacia la salvación del país; y una concepción reformista y progresiva, que enfatizaba el ejemplo japonés como el camino a seguir para impulsar la regeneración nacional. A corto plazo, pareció que la vía hacia las reformas podría imponerse. El Emperador Guang-Xü, asesorado por un grupo de intelectuales reformistas (Kang You-wei, Liang Quichao, Tan Ssu-Tung), promulgó entre el 11 de junio y 21 de septiembre de 1898 ("los Cien Días") un total de cuarenta decretos que, de haberse llevado a la práctica, habrían cambiado China, pues incluían la abolición del sistema tradicional de exámenes para funcionarios imperiales, la adopción de instituciones y métodos occidentales de educación, la creación de una Hacienda moderna, la autorización para la fundación de periódicos y asociaciones culturales y políticas, la formación de un ejército nacional e incluso la concesión al pueblo del derecho de petición ante el gobierno (que algunos de los reformistas esperaban transformar en un gobierno constitucional). Pero el plan reformista fue abortado por un golpe de Estado palaciego de los elementos conservadores de la Corte liderados por la Emperatriz viuda (que confinó al Emperador hasta su muerte en el interior del recinto imperial). La reacción conservadora estimuló la xenofobia popular, como forma de canalizar la crisis interna del Imperio contra las potencias extranjeras, so pretexto de las nuevas concesiones arrancadas en 1898. La reacción popular estalló en junio de 1900, luego que la Corte rechazara una nueva petición occidental, esta vez italiana. Tomó la forma de un levantamiento de masas -en parte espontáneo, en parte inducido por elementos de la Corte-, coordinado por sociedades secretas de inspiración religiosa, como la Sociedad de los puños de la justicia y la concordia o boxers (boxeadores), que se extendió por las provincias de Shandong, Shaanxi, el sur de Manchuria y Jilin. Varios centenares de misioneros, símbolo de la influencia occidental, y de chinos cristianos fueron asesinados, numerosas iglesias quemadas, y líneas de ferrocarril y teléfono destruidos. Cuando el 20 de junio la Corte declaró la guerra a las potencias extranjeras -que habían exigido protección para sus súbditos, la disolución de los boxers y castigos ejemplares para los rebeldes, y que habían amenazado con intervenir militarmente-, los boxers pusieron sitio a las legaciones extranjeras (un total de 458: el embajador alemán fue asesinado) y a la catedral católica de Pekín, cortaron las comunicaciones entre esta ciudad y Tianjin (Tientsin, puerto clave para un posible ataque extranjero)e hicieron retroceder a la pequeña columna naval de unos 2.000 hombres que Inglaterra había desembarcado. Una fuerza militar internacional con tropas de varios países (Alemania, Rusia, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Japón, Italia), mandada por el mariscal alemán Waldersee, puso fin al conflicto. El 14 de agosto fueron liberadas las embajadas y Pekín fue ocupada militarmente y saqueada por las tropas expedicionarias: alemanes y rusos desencadenaron una durísima represión. El 7 de diciembre de 1901, China tuvo que aceptar el Protocolo de Pekín, por el que debía pagar indemnizaciones por valor de unos 800 millones de dólares y aceptar revisiones arancelarias y distintas exigencias de carácter militar, como el establecimiento de tropas extranjeras en su territorio. La "rebelión de los boxers", que venía a ser la culminación de la paulatina desintegración del Imperio y de la penetración occidental, fue ya el acto final de la gran crisis china. Reafirmó los sentimientos antioccidentales de la población y desacreditó definitivamente a la dinastía Qing. Ello supuso un considerable reforzamiento del movimiento nacional y republicano de Sun Yat-sen (que encontró a partir de entonces considerables apoyos y simpatías entre estudiantes y militares jóvenes), que pronto además iba a recibir dos nuevos impulsos: la victoria japonesa sobre Rusia en 1905 galvanizó al nacionalismo revolucionario chino; la muerte del Emperador y de la Emperatriz viuda en 1908 -y el nombramiento como Emperador de un niño de 2 años, Pu-Yi- crearon un verdadero vacío de poder en la cúpula imperial. Todavía entre 1901 y 1910, los elementos moderados de la Corte, que pudieron desplazar a los consejeros más reaccionarios tras el desastroso episodio de los boxers, intentaron una tercera vía hacia la reforma, una reforma controlada y conservadora que incluyó un programa de industrialización con créditos y capitales extranjeros, la construcción de unos 9.000 kilómetros de ferrocarril, la creación de ministerios modernos, la abolición del sistema tradicional de exámenes, la aprobación de códigos legales occidentales, la reforma del Ejército (emprendida por Yuan Shikai), el desarrollo de minas, bancos y distintas industrias que se establecieron en Shanghai y en los grandes puertos, importantes reformas educativas e incluso el estudio de un posible sistema constitucional. Pero todo resultaría ya inútil: el fracaso secular de la modernización desembocó en la revolución. Al hilo de la gran victoria japonesa de 1905, Sun Yat-sen creó en 1905 la liga Unida (Tangmeng Hui), basada en los principios del nacionalismo, la democracia y el socialismo. El programa de la Liga de 1905 apelaba a la expulsión de los manchúes, a la restauración de China a los chinos, al establecimiento de la república y al reparto igualitario de la tierra. Sun Yat-sen preveía una revolución tutelada desde arriba y estructurada en tres etapas de forma que, tras un período de gobierno militar, se instauraría un segundo período de gobierno provisional constitucional para desembocar, tras algunos años, en un gobierno del pueblo bajo una Constitución democrática. La Liga Unida se infiltró con notable éxito en medios militares, intelectuales, universitarios y aun en la propia administración. La reforma conservadora, por otra parte, tropezó con numerosas dificultades y abrió un proceso de agitación política, social y cultural que el poder no pudo ya controlar. Las Asambleas provinciales y una Asamblea nacional que se reunieron en 1910 para preparar la reforma constitucional del país se convirtieron en plataformas de acusación contra el régimen. La revolución fue un hecho poco espectacular y escasamente dramático. Cuando la policía quiso arrestar a un grupo de oficiales de Wuchang (en la provincia de Hubei), supuesto núcleo central de la conspiración, los oficiales se sublevaron (10 de octubre de 1911): en menos de dos meses, casi todos los regimientos de las provincias del centro y sur del país se pronunciaron contra el gobierno sin apenas lucha. El 8 de noviembre, la Asamblea Nacional designó primer ministro al general Yuan Shikai que inició negociaciones con los sublevados que controlaban la mitad sur del país, donde el 30 de diciembre, en Nankín, una asamblea revolucionaria proclamó a Sun Yat-sen, recién llegado del exilio, presidente de las Provincias Unidas de China. El 12 de febrero de 1912, abdicó el jovencísimo Emperador. Tres días después, tras la renuncia de Sun Yat-sen, que quiso facilitar la unificación del país, Yuan Shikai fue elegido presidente provisional de la República de China. En marzo de 1912, se aprobó una Constitución Provisional, que preveía la convocatoria de una asamblea democrática constituyente. Pero tras sofocar una segunda revolución protagonizada por el Guomindang, el partido nacionalista reorganizado en 1912 por Sun Yat-sen, Yuan Shikai fue elegido Presidente efectivo de la República; detuvo, luego, el proceso constitucional y finalmente, ya en mayo de 1914, se autoconcedió un mandato presidencial de diez años, con plenos poderes. Era de hecho una dictadura militar y contrarrevolucionaria. Pero la nueva República china era cuando menos el embrión de un régimen verdaderamente nacional.

El ataque sobre Kursk se planificó con el empleo del 9° Ejército bajo las órdenes de Model, procedente del grupo de Ejércitos Centro (von Kluge), que atacaría por el norte mientras el 4.° Ejército blindado, a las órdenes de Hoth, era cedido por el grupo de Ejércitos Sur (von Manstein). Las fuerzas de esas dos grandes agrupaciones blindadas, más las que debían servirles de cobertura y para explorar el éxito sumaban 41 divisiones, 18 de ellas blindadas. Esta vez sus medios acorazados eran importantes: unos 1.800 carros (entre ellos 324 Panther) y no menos de 500 cañones de asalto. El aire también sería alemán -al menos así lo planificaba Berlín- con dos centenares de bombarderos en picado y medio millar de cazas para ahuyentar a los aviones soviéticos. Pero si poderosos eran los alemanes, más lo eran aún las fuerzas soviéticas dispuesta para frenarles. Los 540 kilómetros que el saliente tenía de perímetro estarían defendidos por 400.000 minas, dispuestas en campos que enfilaban hábilmente a las columnas blindadas atacantes hacia los emplazamientos de 6.000 cañones anticarro. Las fuerzas acorazadas de la URSS metieron allí 2.800 tanques, dispuestos en poderosas agrupaciones móviles o enterrados en formaciones defensivas. Y luego, la artillería: no menos de 8.000 cañones y obuses de campaña y unos 6.000 morteros de todos los calibres, y un millar de lanzacohetes. La infantería, excluyendo las reservas, sobrepasaba los 600.000 hombres. Tras las continuas demoras, Citadelle fue fijada finalmente para las 5,30 del 5 de julio. En esa madrugada, cuando los tanquistas alemanes daban el último repaso a sus máquinas y cuando los oficiales estudiaban una vez más los detalles de la operación, rompió el silencio nocturno un feroz fuego de más de un millar de cañones pesados. Durante veinte minutos cayó sobre las concentraciones alemanas una lluvia de metralla que obstaculizó los últimos preparativos, desmoralizó a muchos y fue para los jefes alemanes una premonición de lo que fatalmente ocurriría. El ataque de Model progresó con mayor lentitud de lo esperado. Tras vencer una resistencia formidable, el 7 de julio sus vanguardias llegaron al río Svapa a 20 kilómetros de su punto de partida, y de allí ya no pudieron pasar. Por el sur, aunque con comienzos más prometedores, la ofensiva también se embotó prematuramente: el 11 de julio, en la cabeza de puente del Psel, con un avance de 30 kilómetros. Ambas cuñas alemanas estaban a casi 150 kilómetros de distancia. La tenaza alemana apenas había mordido el acero soviético de Kursk. De poco serviría que los alemanes contabilizasen más de un millar de carros soviéticos destruidos o capturados, medio millar de cañones o 35.000 prisioneros... para lograr eso habían hecho un dispendio que no podían permitirse, tanto que el día 12 de julio, cuando aún los alemanes pensaban en avanzar, los mariscales Vatutin y Rokossovsky pasaban al contraataque. Así concluía la Operación Citadelle, la mayor batalla de blindados de la historia, en la que los alemanes emplearon cerca de 2.500 máquinas y los soviéticos más de 4.000. Tácticamente podría hablarse de un pequeño éxito alemán, pero sin el factor sorpresa y sin grandes reservas para continuar la operación, fue estratégicamente un gran fracaso.

El 13 de septiembre, al fin se ponía en marcha el ejército italiano destacado en Libia. Mas la operación comenzaba con negros presagios: en los tres meses de inactividad, en escaramuzas en la frontera libio-egipcia, Italia había perdido 3.500 hombres y Londres sólo 150. Italia contaba con cerca de 300.000 soldados y Gran Bretaña con 36.000, entre tropas metropolitanas o del imperio. Pero aquél era un ejército de opereta mandado por un tipo inepto y vacilante: Rodolfo Graziani. Tenía unas líneas de abastecimiento larguísimas, sobre una sola carretera paralela al mar cuyos pequeños puertos, no preparados para la guerra, eran incapaces de satisfacer las necesidades logísticas de tamaño despliegue militar. Los italianos avanzaron un centenar de kilómetros y se fortificaron en un lugar perdido de la costa egipcia: Sidi Barrani. Habían tenido 91 muertos y 270 heridos. Esperaban en Roma que, una vez recuperado el resuello, se continuara la ofensiva. Pero aquel ejército no podía ya dar un paso al frente. En octubre, pensando todavía en la victoria, telegrafió Mussolini al timorato Graziani: "Debemos traer a la conferencia de paz nuestras conquistas militares. No vale la pena pasar 16 meses preparando y equipando 15 divisiones para traernos simplemente Sidi Barrani." (2). Pero Graziani no se movió. Construía carreteras, acueductos, fortines y hospitales. Mientras, Londres, reforzaba su ejército en el Oriente Próximo. En noviembre se supo que Alemania no ganaría la batalla aérea contra Inglaterra. Igualmente se demoraba el temido desembarco. Era, pues, el momento de defender el imperio Áfricano. Wavell, general en jefe de las tropas británicas en el Oriente Medio, inició el contraataque el 7 de diciembre. Con 30.000 hombres y 120 carros medios, dio un largo rodeo por el desierto sorprendiendo a 80.000 italianos y 275 carros ligeros (latas de sardinas). Desmoronado el tinglado de Graziani, el ejército italiano se retiraba hacia el oeste. Pero los británicos copaban sus columnas y se atiborraban de prisioneros. Aisladas por el rápido avance inglés, una tras otra se rendían las posiciones. Duró la carrera nueve semanas. Concluyó en El Agheila el 9 de febrero de 1941. Las fuerzas británicas, después de recorrer 800.000 kilómetros, estaban exhaustas y sus líneas de aprovisionamiento no daban más de sí. Wavell había cosechado 130.000 prisioneros, 1.290 cañones y cerca de 400 blindados ligeros. También perdieron los italianos más de 200 aviones y cerca de 20.000 hombres entre muertos, heridos o desaparecidos. Los ingleses, en cambio, habían perdido 3.000 hombres (438 muertos), un centenar de aviones y unos cincuenta carros.

Las revueltas no ponían en entredicho la islamización ni la arabización del país. En muchos casos, la violencia que se había desatado tuvo como resultado la reducción de elementos indígenas, por masacre o emigración. En otros lugares, los conflictos no impidieron en absoluto la prosecución de la estructuración de la sociedad según los esquemas arabo-islámicos. La revuelta de Ibn Hafsun tomó un rumbo diferente. No tenía carácter urbano, mientras que otros jefes muladíes establecían su poder sobre una o varias ciudades, a veces recientemente construidas como Badajoz. Era una revuelta que rompía con el Islam como religión, aunque Ibn Hafsun no pudo salir del marco político del mundo islámico. La iglesia rupestre conservada en Bobastro es una prueba clara de esta voluntad de ruptura. Los otros rebeldes muladíes valoraban a los poetas o secretarios árabes, lo que no era el caso de Ibn Hafsun sobre el que, sin embargo, hay más información. El propio Ibn Hafsun, la aristocracia de su movimiento -compañeros ligados a él por lazos de tipo feudal según Acién- y obispos -los campesinos mozárabes y muladíes que defendían sus husuns - evocan las realidades más próximas del mundo visigodo, y un movimiento reaccionario -en el mismo rumbo que el de los mártires de Córdoba- del cual no podemos excluir un cierto nacionalismo autóctono, pero espontáneo y de enfrentamiento a la evolución del país, sin programa discernible. De ahí, probablemente, los límites del movimiento. Como observó Levi-Provençal, tras el cambio de siglo, debilitado Ibn Hafsun por su retorno al cristianismo, el emir Abd Allah pudo mantenerse en las posiciones que había ocupado. El final de su reinado estuvo marcado por un lento restablecimiento de la situación del poder cordobés que recuperó algo de terreno en al-Andalus. Podemos admitir que la duración de los disturbios que surgieron por todo el territorio, en particular entre las clases urbanas más sensibles al ideal de la unidad de la Umma difundido por la islamización, provocó un debilitamiento creciente de las poblaciones. Pero no podemos, me parece, descartar la idea de que, en los casos más conocidos, la estabilización se realizó a través de la eliminación o debilitamiento de elementos autóctonos, incluso de los eventualmente favorables al poder central como en el caso de Sevilla. El acceso del nieto y sucesor de Abd Allah en el año 912 creó una nueva situación, psicológicamente favorable, explotada con habilidad por un nuevo príncipe enérgico y dotado de una gran inteligencia política. Con método y determinación, enderezó la situación sometiendo uno tras otro a los jefes rebeldes y los castillos de las zonas disidentes, primero en la periferia de la región cordobesa y luego cada vez más lejos. También le fueron favorables los acontecimientos, como en Sevilla, donde las disensiones entre los herederos de Ibrahim b. Hayyay le facilitaron la recuperación de la ciudad desde el año siguiente a su acceso al poder. La dificultad de someter la revuelta de las montañas andalusíes, incluso después de la muerte de Ibn Hafsun en el 917, se debió también a las propias características de la disidencia del jefe cristiano. Fueron necesarios diez años más para reducir completamente la revuelta, en el 928. El acontecimiento fue simbólicamente tan importante que el emir adoptó inmediatamente después los títulos de Emir de los creyentes y de califa en su protocolo y tomó como laqab o apodo honorífico el de al-Nasir li-Din Allah. Como ya dijimos, el mismo año se reanudó la acuñación de monedas en Córdoba y en particular en oro, cosa que nunca se había hecho antes durante el emirato. Paralelamente se ampliaron las zonas sometidas. En el 317/929, una lista de nombramientos de gobernadores muestra que toda la fachada mediterránea y la mayor parte de las regiones del centro y del oeste estaban de nuevo administradas directamente por Córdoba. Quedaban por someter Badajoz y Toledo, hecho que tuvo lugar a raíz de las campañas militares de 930 y 932. Ya se ha dicho que el régimen omeya se basaba en una especie de núcleo duro de familias aristocráticas vinculadas por lazos de clientela a una dinastía que tenía ella misma el aspecto de clan numeroso, comparable en parte a las dinastías reinantes actualmente en Arabia Saudí y en los Estados del Golfo. El debilitamiento del aparato administrativo y fiscal sobre el que se apoyaban los primeros emires no parece haber comprometido directamente la cohesión de este eje del poder que seguía disponible para la restauración de la autoridad del sultan que Abd al-Rahman III emprendió con ahínco y tenacidad. Aparte de su propio linaje y estas grandes familias de clientes orientales (los Banu Abi Abda, los Banu Basil, los Banu Yahwar, los Banu Futays, etcétera) Abd al-Rahman III supo utilizar los servicios de familias beréberes que accedieron por primera vez a estos puestos de responsabilidad. Así, los Banu Wanus, los Banu Jarrubi, los Banu Ilyas y probablemente los Banu Ya'la, de los cuales salieron jefes de los ejércitos encargados de reducir poco a poco las disidencias en las diversas regiones. Los beréberes no sólo ocupaban puestos militares. Un poco más tarde, pertenecen a familias beréberes el gran cadí de Córdoba Mundhir b. Sald y el preceptor del príncipe heredero al-Hakam, Uthman al-Mushafi. Si recorremos las pocas listas anuales de nombramientos y destituciones de gobernadores de kuras que proporciona el Muqtabis para los años 915-942, encontraremos que los más numerosos son, en primer lugar, miembros de los linajes de origen oriental y luego beréberes. Es difícil encontrar muladíes, ya que al no llevar nisbas ni gentilicios conocidos, es complicado distinguirlos por el nombre. Sin embargo, se tiene la impresión de que durante los primeros decenios del reinado de Abd al-Rahman III y contrariamente a lo que se dice a veces, el armazón del régimen, tanto en lo que se refiere al gobierno central como a la administración de provincias, no dejaba a los elementos autóctonos más espacio que en el siglo IX. El Estado omeya seguía siendo, a mi parecer, un Estado tan árabe como antes en un país más fuertemente arabizado, lingüística e incluso étnicamente, que un siglo antes.

La confianza de Aranda en que la coalición austro-prusiana al mando del duque Fernando de Brunswick acabara con la revolución antes de la intervención española, desapareció con la llegada a Madrid de la inesperada noticia de la derrota prusiana en Valmy el 21 de septiembre por las tropas al mando de Dumouriez. La posibilidad de que España ejerciera una labor mediadora en el caso de que las monarquías centroeuropeas, Prusia y Austria, lograran ocupar territorio francés, se difuminó con el éxito militar de los revolucionarios que habían pasado a la ofensiva ocupando Worms y Maguncia a los austriacos, y Saboya y Niza al rey de Cerdeña. El retroceso de Aranda hacia posiciones neutralistas, convencido de que una participación española sería en ese momento contraria a los intereses nacionales y de todo punto inviable, dada la falta de preparación del ejército español, decidió al rey en noviembre a buscar una nueva y sorprendente alternativa, Manuel Godoy, decisión que dejó estupefacto al propio embajador francés Bourgoing, que la juzgó resultado de una extraña ceguera del despotismo. Si bien era Carlos IV el responsable último de la decisión de prescindir de Aranda, fueron varias las fuerzas y grupos que pugnaron por desbancar de la Secretaría de Estado al político aragonés: los emigrados franceses residentes en la Corte, encabezados por el conde de La Vauguyon, último embajador en Madrid de Luis XVI, que eran, lógicamente, partidarios de una acción española más contundente hacia los revolucionarios franceses que la preconizada por Aranda, y que se consideraban menospreciados en sus aspiraciones; el nuncio monseñor Vincenti, declarado antiarandista, que reconoció haber solicitado al propio Carlos IV en sus audiencias la sustitución del Secretario de Estado movido por el bien de la Religión y del Estado; el Inquisidor General Agustín Rubín de Ceballos; y, sobre todo, la propia reina, que había desairado a Aranda y a su esposa públicamente en algunas ceremonias cortesanas, indicando, de manera harto explícita, que el conde había dejado de contar con el favor real.

A pesar de la espectacularidad de los atentados anarquistas de las décadas de 1880 y 1890, a pesar de que teóricos anarquistas como Kropotkin, Elisée Reclus, Charles Malato, Jean Grave, Errico Malatesta, Emma Goldman, o John Most elaborarían una abundante y polémica producción teórica y panfletaria (de la que lo más interesante sería la redefinición del anarquismo por Kropotkin como "comunismo libertario"), el anarquismo era una fuerza declinante, salvo en España, Italia y Rusia. Por dos razones: porque la violencia terrorista aisló a los anarquistas (y así, en 1896 fueron expulsados de la II Internacional, la organización creada en 1889 por iniciativa de los sindicatos británicos y de los socialistas franceses para integrar al movimiento obrero de toda Europa); y porque los anarquistas -que hacían de la abolición de todo poder instituido uno de los puntos centrales de su doctrina- no entendieron el papel del Estado en la sociedad moderna. Fue precisamente para contrarrestar ese aislamiento por lo que Pelloutier -secretario de la Federación Nacional de Cámaras de Trabajo desde 1895 evolucionó del anarquismo hacia el "sindicalismo revolucionario", como concretó en los artículos que en aquel mismo año escribió en la revista Les Temps Nouveaux. Pelloutier instaba en ellos a los anarquistas a penetrar en los sindicatos, a convertir éstos en laboratorio de las luchas económicas, y a impulsar desde ellos la acción revolucionaria de las masas al margen de la acción política de los partidos. Un grupo de dirigentes eficaces y activos -Emile Pouget, Victor Griffuelhes, G. Yvetot, A. Merrheim, Paul Delesalle, Pierre Monatte- hicieron de la CGT francesa, fusionada en 1902 con la Federación de Cámaras, el bastión del sindicalismo revolucionario, que tuvo su mejor formulación en la llamada Carta de Amiens, el documento programático que el secretario de la sindical, Griffuelhes, presentó e hizo aprobar en el congreso de octubre de 1906. La Carta era un llamamiento a la revuelta de los trabajadores contra todas las formas de opresión y explotación a través de los sindicatos, y perfilaba la doble función que, en esa concepción, correspondía al sindicalismo: la "obra reivindicativa cotidiana" para la realización de mejoras inmediatas para los trabajadores, y la preparación de la emancipación integral de la clase trabajadora, a través de la huelga general, para forzar la reorganización social en el marco de una sociedad igualitaria estructurada y dirigida por los sindicatos. El sindicalismo revolucionario apareció, por tanto, como una verdadera alternativa revolucionaria al reformismo gradualista y parlamentario de los partidos socialistas. La propia CGT desencadenó en los años 1907 y 1908 una verdadera ofensiva revolucionaria de huelgas. En España, el ejemplo francés llevaría a la creación en 1911 de la sindical anarco-sindicalista Confederación Nacional del Trabajo (CNT), fuerte en Cataluña y con influencia en Aragón, Valencia y Andalucía. En Italia, fue configurándose en el interior del propio partido socialista (PSI) un ala sindicalista cuyos principales líderes eran Arturo Labriola y Enrico Leone, que rechazaba el reformismo del partido, quería opciones más radicales y enérgicas en cuestiones como el Mezzogiorno, la Monarquía y el Ejército, sostenía que el parlamentarismo acabaría por llevar al PSI a compromisos oportunistas, y hacía del sindicato, y no del partido, el auténtico organismo de la clase obrera. Los sindicalistas salieron del PSI en julio de 1907, y en 1912 crearon su propia sindical, la Unión Sindical Italiana, como alternativa a la reformista CGIL. El sindicalismo revolucionario tuvo también impacto no desdeñable en algunos países anglosajones. En Estados Unidos, se creó en 1905 la organización Trabajadores Industriales del Mundo, conocida por sus siglas inglesas IWW (Industrial Workers of the World, popularmente los Wobblies), que aglutinó a 43 organizaciones sindicales opuestas a la línea pragmática y negociadora de la American Federation of Labour (AFL, la Federación Americana del Trabajo), la poderosa sindical creada en 1886 y dirigida hasta 1924 por Samuel Gompers. Sobre todo, el ala radical de los IWW dirigida por Big Bill Haywood, se orientó desde 1908 hacia el sabotaje industrial y la huelga revolucionaria como formas extremas de la lucha de clases, y logró, además del éxito en una serie de huelgas resonantes, indudable ascendencia entre los trabajadores (aunque nunca pudo desbordar a la AFL: ésta tenía en 1914 unos 2 millones de afiliados; los IWW, unos 100.000). El ejemplo norteamericano, mucho más que el francés, influyó en Gran Bretaña. La radicalización obrera de los años 1910-14, protagonizada por mineros, estibadores y ferroviarios, fue en parte debida a la evidente impregnación sindicalista de un sector del movimiento obrero, que tuvo un líder de extraordinaria capacidad en Tom Mann, y su traducción ideológica en el folleto El próximo paso de los mineros, aparecido en 1912, que llamaba a una acción extremadamente drástica y militante y a la huelga general, como formas de presión para la transformación de la economía y de la sociedad. El radicalismo obrerista del sindicalismo abrió ciertamente expectativas revolucionarias: años después, John Dos Passos (1896-1970), el escritor norteamericano, escribiría una romántica evocación de los wobblies y de Big Bill Haywood en Paralelo 42 (1930), la primera de las tres novelas de su trilogía U.S.A. Mucho antes, en 1908, el ensayista francés Georges Sorel (1842-1922), un ingeniero de caminos que, al jubilarse con 50 años, se hizo socialista y se interesó por el marxismo, escribió Reflexiones sobre la violencia, un largo ensayo sobre la lucha de clases cuyo espíritu y tesis coincidían con los planteamientos del sindicalismo revolucionario (aunque Griffuelhes, en concreto, no debió leerlo, pues dijo que sólo leía novelas de Dumas). El libro de Sorel era una verdadera diatriba contra el gradualismo del socialismo parlamentario, encarnado por Jaurès, el líder de la SFIO, contra el reformismo, contra el humanitarismo ilustrado y contra el positivismo. Y a la inversa, Sorel exaltaba la fuerza de los mitos y de las ideas, el heroísmo y la acción, la violencia proletaria (en la que veía una nueva moral de libertad). Esbozaba, pues, una teoría de la revolución en la que los sindicalistas adquirían el papel de héroes homéricos, el sindicalismo revolucionario se revelaba como la nueva virtud o religión que sostendría a la humanidad, y la huelga general, como el mito del proletariado y manifestación de la fuerza de las masas. Y sin embargo, el sindicalismo revolucionario fue -tal vez salvo en España- un hecho efímero y contradictorio. Su éxito inicial se debió sin duda a la insatisfacción de muchos trabajadores con el gradualismo socialista, y a su énfasis en la acción directa de los obreros en las fábricas, porque ello suponía una forma radical de defensa de sus intereses inmediatos. Pero esa era la raíz de su debilidad, como vieron desde el primer momento algunos de los dirigentes anarquistas, como Malatesta, que habían seguido con gran atención la aproximación anarquismo-sindicalismo desde que la planteara Pelloutier: pues el sindicalismo, pese a su retórica revolucionaria, no era en la práctica sino un movimiento sin otra finalidad que el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores. Además, la CGT se recuperó mal de la derrota que Briand infligió a los ferroviarios franceses en octubre de 1910. La aprobación de nuevas leyes sociales -como el descanso semanal en 1906 y la ley de retiros obreros en 1910- disminuyó el malestar social. El mismo Sorel se decepcionó pronto y en los años 1911-14 se aproximó al nacionalismo de Acción Francesa. Bajo la dirección de Léon Jouhaux, nuevo secretario general desde 1910, la CGT optó por una línea más pragmática y prudente e inició una aproximación política a los socialistas: incluso apoyaría el esfuerzo de Francia en la guerra durante la I Guerra Mundial. En Italia, la Unión Sindical Italiana, aunque tuvo parte activa en los conflictos de los años 1911-14, nació aislada y nunca amenazó realmente la hegemonía de la reformista Confederación General Italiana del Trabajo. Algunos dirigentes sindicalistas -como Labriola y Pannunzio- hicieron suyos los argumentos nacionalistas que definían a Italia como nación proletaria y defendieron la guerra de Libia. Se abrió, así, la posibilidad de una hipotética confluencia entre nacionalismo populista y sindicalismo, que volvió a dibujarse en 1914 ante la guerra mundial, al extremo que el sector intervencionista de la USI, dirigido por De Ambris y Corridoni, terminó por escindirse y crear una nueva sindical, la Unión Italiana del Trabajo (Unione Italiana del Laboro, U.I.L.). Que hacia esa confluencia nacional-sindicalista basculara por las mismas fechas alguien como Benito Mussolini, hasta entonces uno de los líderes de la izquierda socialista, no era sorprendente. Desde 1911-12, Mussolini, sobre quien Sorel tuvo reconocida influencia, se había situado, aun dentro del PSI, en posiciones muy próximas a las del sindicalismo revolucionario, condenando el reformismo de PSI y CGIL, y defendiendo el espontaneísmo revolucionario de las masas, la autonomía sindical y la huelga general revolucionaria. En Gran Bretaña, el sindicalismo no llegó a constituirse ni siquiera como corriente organizada dentro de los sindicatos. En Estados Unidos, finalmente, la influencia y prestigio de los IWW disminuyó sensiblemente durante la I Guerra Mundial, y la organización no sobrevivió a las polémicas y crisis internas que surgieron en la postguerra en torno al problema de su afiliación o no al movimiento comunista.

Ante la imposibilidad de comprometer a los reinos periféricos en la salvaguardia del prestigio internacional de la monarquía, cada vez más contestado por las potencias europeas, con los ingresos ordinarios de la hacienda real hipotecados a causa de los juros y las sumas que restan libres consignadas por adelantado, con préstamos de los asentistas genoveses por valor de 6.612.000 ducados de plata y con una tasa de inflación en Castilla superior al 13 por ciento a consecuencia de la acuñación de veinte millones de ducados entre 1621 y 1626, lo que además ha supuesto una desvalorización de la moneda de cobre respecto de la de plata del 34 por ciento, a Olivares sólo le queda el recurso de promulgar una nueva suspensión de pagos (31 de enero de 1627), de la que se exime a los Fugger viejos y a Octavio Centurione. Pero en tanto que se arbitra la solución definitiva de la quiebra, el monarca promulga el 27 de marzo de 1627 un decreto reduciendo el valor facial de la moneda de vellón a su valor intrínseco, encargando a los genoveses la operación de recibir de los particulares dicha moneda al 5 por ciento de interés y de entregarles a cambio moneda de plata, pero sólo por el 80 por ciento de su importe y al cabo de cuatro años. Esta medida tropezará, sin embargo, con el rechazo de las oligarquías urbanas y del Consejo de Castilla, haciendo muy difícil su ejecución en un momento en que, por otra parte, la Corona mantiene negociaciones con los asentistas afectados por la suspensión de pagos para acordar las compensaciones que deben recibir. Tras arduas polémicas, y no sin reticencias, los hombres de negocios han de conformarse, según lo establecido en el Medio General, sancionado el 17 de septiembre de 1627, con que el importe de sus créditos (6.612.000 ducados de plata) sea cancelado con juros situados en los servicios de millones, después de ser transformado en vellón con el 34 por ciento de premio, lo que les suponía perder entre 1.500.000 ó 2.000.000 de ducados. Esto explica las dificultades que encontró Olivares para conseguir nuevos préstamos, aunque obtenga su propósito a comienzos de 1628, fecha a partir de la cual los asentistas portugueses empiezan a sustituir a las firmas genovesas. Con todo, es preciso también que las Cortes se avengan a conceder un nuevo servicio de dieciocho millones de ducados en seis años, aun a costa de sacrificar el programa reformista, como así sucede, pues Felipe IV se ve obligado a suspender la retirada o consumo de la moneda de vellón, a levantar la prohibición decretada en 1623 contra las importaciones de manufacturas extranjeras con la finalidad de abaratar los precios y a abandonar el proyecto de los Erarios y Montes de Piedad. Entre 1629 y 1631 las urgencias financieras se hacen cada vez más imperiosas, mientras Castilla se hunde en una profunda crisis económica que afecta por igual a la agricultura -malas cosechas y reconversión del cultivo de cereales por la vida-, la ganadería, la industria y el comercio, sin que los planes diseñados por el valido en orden al fomento de la economía y al crecimiento demográfico obtuvieran éxitos duraderos. Ante la imposibilidad de cargar con nuevas contribuciones a los castellanos el monarca remite a los consejos el 2 de noviembre de 1629 una orden para que estudien la manera de aumentar las rentas y reducir los gastos. El resultado será la ejecución de varias propuestas para obtener el dinero con que costear las campañas militares en Europa, y que van desde el secuestro de las remesas de plata con destino a los particulares en calidad de préstamo forzoso y la creación de nuevos impuestos (papel sellado, estanco de la sal y del tabaco), hasta la rebaja al 4 por ciento del interés devengado por los juros, la retención de un 5 por ciento de todos los ingresos procedentes de mercedes y encomiendas, o el cobro de la media anata de los sueldos del primer año a todas las personas que tomasen posesión de un cargo. Tales expedientes suscitaron vivas protestas, en especial la implantación del estanco de la sal creado en 3 de enero de 1631, previa abolición del servicio de millones. Para el Conde-Duque era evidente que el cambio beneficiaría a las grandes regiones cerealistas y viticultoras de Castilla y Andalucía, las más afectadas hasta entonces por la presión fiscal, pero en el norte de España, donde la demanda de sal para la alimentación del ganado y la salazón de pescado era considerable, este tributo resultaba muy gravoso. Con todo, las primeras manifestaciones en contra del impuesto procedieron del clero, que veía en peligro su inmunidad fiscal al tener que pagar la sal al mismo precio que lo hacían los seglares. Esta actitud, que provocó serios enfrentamientos entre Madrid y la Santa Sede, cuando además se solicitaba del Pontífice la concesión de un servicio extraordinario de la Iglesia española, se extenderá al País Vasco, donde el 24 de septiembre de 1631 se producen altercados violentos contra la oligarquía gobernante por no defender con firmeza los fueros. La protesta popular estallará abiertamente en el mes de octubre de 1632, alcanzando una beligerancia alarmante en Madrid al dirigirse también contra los recaudadores de las rentas, en su mayoría portugueses, que tuvieron que ser cesados y sustituidos por tres ministros. Para frenar los desórdenes, el Conde-Duque amenaza con aplicar al comercio las reglamentaciones del Almirantazgo que venían siendo infringidas con el pretexto de que atentaban contra las libertades del pueblo vasco. La elite mercantil, que no está dispuesta a perder sus negocios, se asocia con la Corona para abortar la revuelta, que es sofocada poco tiempo después, si bien en contrapartida, y ante el temor de una confrontación con Francia, el monarca otorga un perdón general y autoriza que el abastecimiento y distribución de la sal se practique como antes del decreto de 3 de enero de 1631. Tampoco la aristocracia estaba satisfecha, porque a la media anata y el recorte en las mercedes se añadía el tener que satisfacer un donativo para reclutar soldados -al duque de Béjar se le solicitan 100.000 ducados y más al de Medina Sidonia-. Por su parte, las Cortes, convocadas el 7 de febrero de 1632 para jurar al príncipe heredero, pusieron de manifiesto que la concesión de nuevos servicios dependía de la reducción del precio de la sal, pero el monarca no pensaba claudicar en este asunto y menos todavía aceptar que el voto de los procuradores quedara supeditado a la decisión de las ciudades, según venía siendo habitual, por lo que obtuvo del Consejo de Castilla una sentencia que confirmaba la autoridad del rey para exigirles plenos poderes, asestando así un duro y decisivo golpe a las ciudades castellanas. Estas finalmente se avinieron a votar un servicio de dos millones y medio de ducados anuales por un trienio, pero lograron a cambio que el impuesto de la sal desapareciera como tal tributo, aunque aceptaron el repartimiento y el precio que la Corona había establecido para la venta de dicho producto, cuya recaudación contribuiría a financiar parte del servicio de millones. Era el fin para una medida fiscal que sólo había reportado a Olivares quebraderos de cabeza.

Como en otras épocas, pero quizá todavía más en esta, resulta fundamental tener en cuenta el contexto general occidental a la hora de valorar el acontecer español, es decir, las coordenadas en que se desarrolló la vida española durante los años del franquismo, y sobre todo aquellas que incidieron de manera más intensa en la vida de las mujeres españolas. Lo que granjeó a Franco el rechazo europeo no fueron los cruentos episodios de la Guerra Civil, a su vez continuación y radicalización de los tiempos de violencia política vividos en años anteriores. Lo que más desprestigió el Nuevo Estado fue la Ley de Responsabilidades Políticas (9-II-1939), promulgada al término del conflicto, que castigaba a los considerados culpables de la tragedia de la contienda española. En esta medida subyacía la intención de construir una España basada en una única manera de pensar, al menos durante la primera década, como se vio después. Esta ley condujo a percibir el Régimen de Franco como análogo a la Europa de los totalitarismos. La Guerra del 14 había dejado una estela de muerte y desánimo que condujo a la crisis de las democracias y a unos años treinta caracterizado por el auge de las ideologías totalitarias de raza en Alemania y de clase en la Unión Soviética. Gráfico Al final de la década de los treinta termina la Guerra Civil española 1 de abril de 1939), pocos meses antes de empezar la Segunda Guerra Mundial (1 de septiembre de 1939). En este final de los años treinta sólo un tercio de los países europeos no estaban sometidos a un régimen dictatorial, es decir, tan sólo diez estados habían sobrevivido a la hecatombe democrática. Semejante contexto internacional no sólo no ayudó a la recuperación española, sino que contribuyó muy negativamente a ella. Terminado el conflicto mundial en 1945, al tiempo que España quedaba rechazada por el resto de Europa, la segunda posguerra mundial acentuaba en la propia Europa la pérdida de su influencia política y su confusión en los círculos intelectuales de todo el mundo. La Segunda Guerra Mundial acentuó el desprestigio de la idea de superioridad y centralidad de Europa occidental en materia política y cultural. Además, en la posguerra mundial -últimos años cuarenta-, se constató la pervivencia de una profunda crisis de la cultura moderna. Los pensadores analizaban un mundo en proceso de liquidación, caracterizado por la angustia espiritual y la necesidad material. A pesar de eso, el empeño por conseguir la reconstrucción europea terminó por generar en Europa occidental una intensa transformación que fue llevándola poco a poco al comienzo de una auténtica edad de oro económica, lo que los franceses llaman sus "treinta años gloriosos" o los alemanes "el milagro económico". Afortunadamente esta bonanza europea de los años cincuenta se hizo notar en España durante la toda la década, especialmente al final: en 1957, en España llegó el momento de un cambio marcado. Franco, ante el desafío de una Europa unida de la que España podría quedar excluida, decidió una renovación profunda del gobierno entonces vigente y realizó un cambio que trataba de conjurar ese peligro. Nombró ministro de Hacienda a Mariano Rubio, letrado del Consejo de Estado, y ministro de Economía a Alberto Ullastres, catedrático de Economía Política y Hacienda Pública. Ambos propusieron un Plan de Estabilización económica del país según las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La ejecución del plan se llevó a cabo con éxito al conseguir la liberalización de la vida económica. A continuación se pusieron en marcha los Planes de Desarrollo, dirigidos por Laureano López Rodó, catedrático de Derecho Administrativo, que pretendían ordenar y racionalizar el empleo de los recursos económicos. López Rodó tomó como modelo el plan del ministro francés Monet, que adaptó a las circunstancias españolas. El objetivo principal de esas medidas era la homologación de la economía española con las de sus vecinos occidentales. Gracias a los Planes de Desarrollo y a la coyuntura económica internacional, se elevó notablemente el nivel de vida de los españoles. En 1959, por primera vez en la historia, un presidente norteamericano, Dwight Eisenhower, visitó España. Franco convirtió la visita en un símbolo de la nueva situación internacional de su régimen, que habría pasado del aislamiento al reconocimiento. Al año siguiente tuvo lugar el tercer y último encuentro entre Franco y Don Juan de Borbón, el heredero de la corona española, para diseñar los estudios universitarios del príncipe Juan Carlos en España. España regresaba así paulatinamente al concierto internacional. Gracias a la devaluación de la peseta y a la prosperidad de Europa occidental, la costa española empezó a llenarse de turistas. Los ingresos de los emigrantes españoles que trabajaban en Alemania y Suiza, y las inversiones extranjeras contribuyeron a equilibrar la balanza económica exterior. Entre 1960 y 1975 la renta per capita de los españoles se triplicó. En 1962 los conflictos laborales y la creciente audiencia mediática de la oposición franquista en el exterior, empujaron a Franco de nuevo a otro cambio Gobierno. El nuevo ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, trabajó para aprobar una ley que eliminase la censura y garantizase una cierta libertad de información. En 1966 fue aprobada la Ley de Prensa, que sustituyó la censura previa por un sistema de sanciones. El mismo año entró en vigor la Ley Orgánica del Estado, que determinaba los poderes del futuro rey y establecía un sistema de reforma de las Leyes Fundamentales. Gráfico En la década de los sesenta, la crisis de mentalidades que había afectado las élites en el período de entreguerras y había emergido en la segunda posguerra, se contagió a las clases medias (con especial intensidad entre estudiantes y clérigos) suscitando respuestas distintas: desde la opción utópica de la Revolución del 68 a la búsqueda de la espiritualidad cristiana en una época de crisis de la Iglesia Católica, pasando por el nacimiento de movimientos terroristas en diversos países europeos y por la generalización del consumo de drogas en algunos sectores juveniles. La llamada Revolución o revuelta del 68, no fue propiamente una revolución política, ni tampoco social, sino cultural o quizá contracultural, es decir una propuesta juvenil (madurada en los despachos de algunos profesores) contra la cultura moderna. Una nueva concepción de la vida como camino hacia el placer (búsqueda de la felicidad en el sexo, la música rock y las drogas, etc.) y una sonora protesta contra los valores vigentes para generaciones precedentes. Entre los motivos de protesta y esperanza, muchas veces compartidos por sus mayores, estuvieron la liberación de la mujer o la de las minorías raciales. Algunos autores tienden a destacar que, de hecho, la sociedad occidental apenas cambió a consecuencia de las manifestaciones y los movimientos revolucionarios. Otros, al contrario, subrayan cómo nuestras sociedades cambiaron radicalmente con lo que se ha llamado la revolución sexual de los sesenta, una transformación que no afectó a instituciones públicas como los Estados o los Gobiernos, pero sí a las familias. Gráfico En la universidad española había ingresado una generación de jóvenes, fruto de la mejora económica del país y del baby boom de la posguerra, a los que la Guerra Civil y Franco ya no les decían nada. Cambiaron los estilos de vida y los gustos de la generación anterior gracias a la mayor renta, el aumento del tiempo libre y la búsqueda de mayor bienestar. Las protestas que iniciaron estos estudiantes fueron respaldadas por jóvenes profesionales (abogados, profesores, funcionarios de la Administración, etc.) recientemente incorporados al mundo laboral. Este proceso aumentó la fuerza de la oposición al franquismo de las clases medias y altas de la sociedad. Y este descontento se vio reforzado a su vez por la clase obrera y por algunos sacerdotes y militantes en organizaciones cristianas. Uno de los momentos más graves se produjo en enero de 1969: un busto de Franco fue destruido en el rectorado de la Universidad de Barcelona y murió un estudiante detenido en Madrid. La ola de violencia surgida entre policías y estudiantes duró varias semanas y terminó con dos meses de estado de excepción en toda España. Esta coincidencia en el tiempo, de posturas extremas que hicieron tambalear incluso sistemas democráticos, ha condicionado con frecuencia la valoración de la situación española del periodo franquista. La consideración de ese contexto probablemente ayude a comprender mejor la valoración que puede hacerse del acontecer español.