El gobierno de Maura
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Datos principales
Rango
Alfonso XIII
Desarrollo
En enero de 1907 ascendió al poder el partido conservador con Antonio Maura a la cabeza como jefe indisputado después de la muerte de Fernández Villaverde y Romero Robledo. Maura era consciente de que el sistema político de la Restauración carecía de verdadero apoyo popular. La misión del partido conservador había de ser, por tanto, llenar de vida las instituciones existentes apelando a lo que él denominaba, siguiendo la terminología de Costa, la masa neutra que se mostraba indiferente a la participación en la vida pública. Era éste, sin duda, un propósito claramente liberal y aun en ello radicaba una diferencia de matiz con respecto a Silvela. Maura contaba con el apoyo unánime de su partido, a pesar de que le había caracterizado desde el principio un tono exigente y disciplinado con respecto a él. Así, en los treinta y tres meses de su gobierno sólo hubo dos crisis ministeriales, en Hacienda y en Guerra, por motivos de salud. Su equipo tenía un signo derechista dentro del conservadurismo y mantuvo buenas relaciones con el Rey porque Alfonso XIII ahora intervenía menos en la vida política y sus relaciones con el Presidente fueron siempre de respeto. La labor realizada por Maura desde el poder no tiene parangón con nada de lo intentado o realizado hasta entonces por los políticos del régimen: cuando en 1909 dejó el gobierno se habían aprobado 264 disposiciones, de las que la mitad lo habían sido por las dos Cámaras y el resto sólo por el Congreso.
Del conjunto de su actuación sobresalen las medidas de carácter económico-social que tuvieron una inmediata repercusión en el terreno económico, como la ley de protección a la industria nacional o la de fomento de industrias y comunicaciones marítimas, que estimularon la siderurgia vasca. En cuanto a las medidas de carácter social, algunas tuvieron una trascendencia muy importante y otras no pasaron de buenas intenciones. Merece la pena citar la ley de Colonización interior, la creación del Instituto Nacional de Previsión, la ley de emigración, la de los tribunales industriales, la del descanso dominical, la de funcionarios, etc... Desde el Ministerio de Gobernación La Cierva reorganizó la policía y persiguió el bandolerismo. Dispuso Antonio Maura de un amplio programa político basado en el regeneracionismo característico de la época. La reforma de la ley electoral de 1907 introdujo novedades como el voto obligatorio, el nombramiento automático del candidato que no tuviera contendiente, la determinación de la validez de las actas con la intervención del Tribunal Supremo, etc... Todas estas medidas tendían a hacer resplandecer la pureza electoral. Sin embargo, a pesar de su aprobación no evitó que el comportamiento ciudadano en esencia fuera el mismo. Maura intentó sacar adelante una ley de Terrorismo, pero hubo de retirarla ante la oposición de los liberales y las izquierdas. El mayor interés del político conservador se centraba en una ley de Administración Local cuya reforma consideraba un asunto de trascendental importancia y un problema capital de la política.
Su idea era que los abundantes medios de los que gozaba la Administración central para intervenir en la vida local corrompían a ésta y era la causa de que el sistema de la Restauración fuera ficticio. Su reforma consistía en ampliar considerablemente la autonomía municipal introduciendo fórmulas de representación corporativa, entonces bastante frecuentes, y la posibilidad de una cierta descentralización regionalista a través de las mancomunidades provinciales. Como consecuencia de la aprobación de la ley de Jurisdicciones de 1906 se formó el movimiento Solidaritat Catalana, que en las elecciones del año siguiente obtuvo un rotundo triunfo en esta región, a pesar de los iniciales esfuerzos de Maura para evitarlo. El gran animador en las Cortes de Solidaritat fue Francesc Cambó, con el que el político conservador tuvo coincidencias y discrepancias. Mientras que Maura quería revivir la España oficial, Cambó quería hacerla desaparecer ante la nueva que él representaba, lo que no impidió que se diera un acercamiento entre ambos que produjo las suspicacias de los izquierdistas catalanes, que veían con malos ojos el monopolio del catalanismo por Cambó. Pronto la Solidaritat se desgarró por enfrentamientos internos y el proyecto de ley de Administración se eternizó en las Cortes. Los liberales y las izquierdas temían que el proyecto tuviera como consecuencia el predominio nacional de los conservadores.
El proyecto finalmente no fue aprobado pero es dudoso que, de haberlo sido, hubiera tenido el resultado que se le atribuyó. Hasta junio de 1909 Antonio Maura apenas había tenido que afrontar dificultades importantes en su gestión de gobierno, pero a partir de ese verano la situación cambió rápidamente a causa de los acontecimientos de la Semana Trágica de Barcelona, que en buena medida determinarían el cambio de rumbo de la política española. En esta capital la situación era explosiva desde hacía bastante tiempo por el entrecruzamiento del problema catalanista con el social. Un incidente con los marroquíes cerca de Melilla obligó a enviar tropas desde la Península y Maura, quizá pensando que la mejor forma de que los catalanes se sintieran unidos al resto del país era que entraran en un conflicto bélico en el Norte de África, recurrió a la tercera brigada, que estaba formada por reservistas catalanes casados. En general, la guerra de Marruecos fue siempre impopular entre las clases bajas pero ahora también lo fue en las clases altas y todos los partidos pidieron a Antonio Maura que se retractara de su decisión. Se produjeron penosas escenas y enfrentamientos muy duros en el embarque de las tropas para Marruecos. Como la protesta era general pronto se convirtió en un movimiento urbano que tuvo al frente un comité de huelga integrado por los grupos políticos de izquierda. El 26 de julio estalló la huelga general, que fue pacífica en un principio y aceptada por las clases medias.
El gobernador civil, Ossorio, quiso evitar la entrega del poder a los militares y acabó finalmente dimitiendo. El Ministro de la Gobernación, La Cierva, declaró que el movimiento tenía carácter nacionalista y aisló Cataluña. Pronto surgieron incidentes violentos cuando los huelguistas atacaron los tranvías y los jóvenes radicales incendiaron edificios religiosos. Los sectores políticos más moderados pasaron entonces de la aceptación de la protesta al terror y, por otro lado, los participantes en los sucesos demostraron con su actuación que protagonizaban una revolución que no tenía un objetivo preciso. No sólo no hubo programas sino tampoco proclamas o panfletos que explicaran lo que pretendían los revoltosos. El movimiento se colapsó en sí mismo sin llegar a ser propiamente dominado por las armas. En una semana de disturbios hubo un centenar de muertos y se quemaron 63 edificios. La represión fue de gran dureza: hubo 17 condenas a muerte (sólo se ejecutaron 5) y más de un millar de personas fueron arrestadas. La figura más conocida fue Francisco Ferrer Guardia, cuya ejecución levantó oleadas de indignación no sólo en España sino también en toda Europa. Había tenido en el pasado contactos con anarquistas pero en este caso, bien a su pesar, no llegó a dirigir en absoluto los incidentes. El gobierno Maura cometió graves errores al enfrentarse a los sucesos de Barcelona. No sólo había hecho mal recurriendo a los reservistas sino que había dejado la ciudad baja de moral y con una escasa guarnición.
La ejecución de Ferrer Guardia fue un error no sólo jurídico sino político y le convirtió en el nuevo mártir de la Inquisición. Después de la dura represión, los liberales exigieron su caída del poder. La actitud del rey fue de apoyo a Maura, hasta que pudo apreciar la violencia de la oposición liberal y en consecuencia acabó por aceptar a Maura una dimisión que éste no había presentado. El político conservador dimitió indignado y quizá agravios como éste fueron deteriorando poco a poco la imagen del monarca. La herencia de Maura fue recogida por Segismundo Moret en octubre del año 1909, pero sólo por unos meses, ya que el jefe liberal fue incapaz de enfrentarse a los acontecimientos y a la oposición de la mayoría de los políticos, incluidos los propios liberales. La crisis, por tanto, no tardó en estallar.
Del conjunto de su actuación sobresalen las medidas de carácter económico-social que tuvieron una inmediata repercusión en el terreno económico, como la ley de protección a la industria nacional o la de fomento de industrias y comunicaciones marítimas, que estimularon la siderurgia vasca. En cuanto a las medidas de carácter social, algunas tuvieron una trascendencia muy importante y otras no pasaron de buenas intenciones. Merece la pena citar la ley de Colonización interior, la creación del Instituto Nacional de Previsión, la ley de emigración, la de los tribunales industriales, la del descanso dominical, la de funcionarios, etc... Desde el Ministerio de Gobernación La Cierva reorganizó la policía y persiguió el bandolerismo. Dispuso Antonio Maura de un amplio programa político basado en el regeneracionismo característico de la época. La reforma de la ley electoral de 1907 introdujo novedades como el voto obligatorio, el nombramiento automático del candidato que no tuviera contendiente, la determinación de la validez de las actas con la intervención del Tribunal Supremo, etc... Todas estas medidas tendían a hacer resplandecer la pureza electoral. Sin embargo, a pesar de su aprobación no evitó que el comportamiento ciudadano en esencia fuera el mismo. Maura intentó sacar adelante una ley de Terrorismo, pero hubo de retirarla ante la oposición de los liberales y las izquierdas. El mayor interés del político conservador se centraba en una ley de Administración Local cuya reforma consideraba un asunto de trascendental importancia y un problema capital de la política.
Su idea era que los abundantes medios de los que gozaba la Administración central para intervenir en la vida local corrompían a ésta y era la causa de que el sistema de la Restauración fuera ficticio. Su reforma consistía en ampliar considerablemente la autonomía municipal introduciendo fórmulas de representación corporativa, entonces bastante frecuentes, y la posibilidad de una cierta descentralización regionalista a través de las mancomunidades provinciales. Como consecuencia de la aprobación de la ley de Jurisdicciones de 1906 se formó el movimiento Solidaritat Catalana, que en las elecciones del año siguiente obtuvo un rotundo triunfo en esta región, a pesar de los iniciales esfuerzos de Maura para evitarlo. El gran animador en las Cortes de Solidaritat fue Francesc Cambó, con el que el político conservador tuvo coincidencias y discrepancias. Mientras que Maura quería revivir la España oficial, Cambó quería hacerla desaparecer ante la nueva que él representaba, lo que no impidió que se diera un acercamiento entre ambos que produjo las suspicacias de los izquierdistas catalanes, que veían con malos ojos el monopolio del catalanismo por Cambó. Pronto la Solidaritat se desgarró por enfrentamientos internos y el proyecto de ley de Administración se eternizó en las Cortes. Los liberales y las izquierdas temían que el proyecto tuviera como consecuencia el predominio nacional de los conservadores.
El proyecto finalmente no fue aprobado pero es dudoso que, de haberlo sido, hubiera tenido el resultado que se le atribuyó. Hasta junio de 1909 Antonio Maura apenas había tenido que afrontar dificultades importantes en su gestión de gobierno, pero a partir de ese verano la situación cambió rápidamente a causa de los acontecimientos de la Semana Trágica de Barcelona, que en buena medida determinarían el cambio de rumbo de la política española. En esta capital la situación era explosiva desde hacía bastante tiempo por el entrecruzamiento del problema catalanista con el social. Un incidente con los marroquíes cerca de Melilla obligó a enviar tropas desde la Península y Maura, quizá pensando que la mejor forma de que los catalanes se sintieran unidos al resto del país era que entraran en un conflicto bélico en el Norte de África, recurrió a la tercera brigada, que estaba formada por reservistas catalanes casados. En general, la guerra de Marruecos fue siempre impopular entre las clases bajas pero ahora también lo fue en las clases altas y todos los partidos pidieron a Antonio Maura que se retractara de su decisión. Se produjeron penosas escenas y enfrentamientos muy duros en el embarque de las tropas para Marruecos. Como la protesta era general pronto se convirtió en un movimiento urbano que tuvo al frente un comité de huelga integrado por los grupos políticos de izquierda. El 26 de julio estalló la huelga general, que fue pacífica en un principio y aceptada por las clases medias.
El gobernador civil, Ossorio, quiso evitar la entrega del poder a los militares y acabó finalmente dimitiendo. El Ministro de la Gobernación, La Cierva, declaró que el movimiento tenía carácter nacionalista y aisló Cataluña. Pronto surgieron incidentes violentos cuando los huelguistas atacaron los tranvías y los jóvenes radicales incendiaron edificios religiosos. Los sectores políticos más moderados pasaron entonces de la aceptación de la protesta al terror y, por otro lado, los participantes en los sucesos demostraron con su actuación que protagonizaban una revolución que no tenía un objetivo preciso. No sólo no hubo programas sino tampoco proclamas o panfletos que explicaran lo que pretendían los revoltosos. El movimiento se colapsó en sí mismo sin llegar a ser propiamente dominado por las armas. En una semana de disturbios hubo un centenar de muertos y se quemaron 63 edificios. La represión fue de gran dureza: hubo 17 condenas a muerte (sólo se ejecutaron 5) y más de un millar de personas fueron arrestadas. La figura más conocida fue Francisco Ferrer Guardia, cuya ejecución levantó oleadas de indignación no sólo en España sino también en toda Europa. Había tenido en el pasado contactos con anarquistas pero en este caso, bien a su pesar, no llegó a dirigir en absoluto los incidentes. El gobierno Maura cometió graves errores al enfrentarse a los sucesos de Barcelona. No sólo había hecho mal recurriendo a los reservistas sino que había dejado la ciudad baja de moral y con una escasa guarnición.
La ejecución de Ferrer Guardia fue un error no sólo jurídico sino político y le convirtió en el nuevo mártir de la Inquisición. Después de la dura represión, los liberales exigieron su caída del poder. La actitud del rey fue de apoyo a Maura, hasta que pudo apreciar la violencia de la oposición liberal y en consecuencia acabó por aceptar a Maura una dimisión que éste no había presentado. El político conservador dimitió indignado y quizá agravios como éste fueron deteriorando poco a poco la imagen del monarca. La herencia de Maura fue recogida por Segismundo Moret en octubre del año 1909, pero sólo por unos meses, ya que el jefe liberal fue incapaz de enfrentarse a los acontecimientos y a la oposición de la mayoría de los políticos, incluidos los propios liberales. La crisis, por tanto, no tardó en estallar.
