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Claudio había heredado unas finanzas públicas deficitarias como consecuencia de los despilfarros de Calígula y de la gestión administrativa de los senadores. Su objetivo principal fue dotar a la administración de personal especializado y reforzar los mecanismos de control. La caja central del Tesoro dirigido por el Senado, aerarium Saturni, ya se había manifestado deficitaria bajo Augusto. Mientras que éste resolvía estas situaciones con transferencias de fondos de la caja imperial, fiscus, Claudio optó por una política intervencionista. Aceptaba seguir siendo el protector del Erario pero, a la vez, comenzó a interesarse por el nombramiento de los cuestores responsables del mismo. Los ingresos de las provincias imperiales eran mayores y ello justificaba el necesario intervencionismo del emperador en el Erario, al que libró también de compromisos económicos para asignarlos al Fisco, como fue el importante capítulo de gastos necesario para la distribución de alimentos a la plebe de Roma. Claudio llegó a servirse del ejército para mejorar los ingresos del fisco. Así, cerca de la actual Wiesbaden, para explotar una mina de plata, "las legiones tuvieron que sufrir fatigas y pérdidas, cavar canales y hacer trabajos bajo tierra que incluso a cielo abierto serían duros" (Tac., Ann., XI,19) Para agilizar los trámites administrativos, Claudio reorganizó todos los servicios centrales, ampliando el número de secciones con funciones específicas; así, a la oficina central ab epistulis, encargada de la correspondencia oficial y dirigida por el liberto Narciso, se añadieron las siguientes: a libellis, regentada por Calixto y encargada de atender peticiones; a studiis, responsable de proyectos administrativos; a cognitionibus, oficina que preparaba los documentos sobre procesos judiciales en los que intervenía el emperador; a rationibus, oficina central de finanzas bajo la dirección del liberto Palante. De la oficina central de finanzas dependían otras situadas en cada capital de provincia imperial, las que a su vez controlaban la actividad de otras oficinas menores encargadas del cobro de impuestos indirectos. En la administración financiera de Claudio, se distinguían las finanzas de carácter público dependientes del Fisco de la administración del patrimonio particular del emperador, patrimonium. Al ser ambos gestionados por esclavos y libertos imperiales y ante la gran libertad del emperador en todas las cuestiones relacionadas con el Fisco, siempre fue tentador el confundir los fondos del fiscus con los del patrimonium. Y tal tipo de confusiones comenzó a ser frecuente en épocas posteriores. Siguiendo el modelo de Augusto, también Claudio intervino activamente en la administración de la justicia. Hay dos rasgos característicos de su comportamiento en este campo: por una parte, el propio emperador actuaba de juez en procesos extraordinarios; en segundo lugar, sin suprimir los jurados de Roma ni los existentes en las ciudades del Imperio, consiguió que se concediera capacidad jurídica a los procuradores para resolver pleitos menores relacionados con la esfera de su competencia. Ambas medidas limitaban los campos de actuación de los senadores, aunque sirvieron para hacer una administración de justicia mas ágil y, al parecer, más exenta de viejas corruptelas.

En la década de los 60, con la referencia permanente del peligro de la Revolución Cubana, la política norteamericana asignó a los ejércitos latinoamericanos un papel eminentemente estabilizador, destinado a evitar el estallido de nuevos brotes revolucionarios. Entre las misiones inicialmente previstas, coincidiendo con la Alianza para el Progreso, figuraba el impulso de programas de acción cívica dirigidos a lograr el desarrollo económico y social y también el contacto de los militares con las masas rurales. Para reforzar la posición de los militares se invirtieron millones de dólares en los ejércitos latinoamericanos, especialmente con préstamos norteamericanos, que permitieron renovar el vetusto armamento disponible. Un efecto no deseado del rearme fue la carrera armamentística desatada en el continente, vinculada a los numerosos conflictos limítrofes y a la desconfianza entre los vecinos. Para todos los ejércitos uno de sus principales supuestos de intervención era la guerra en sus fronteras, de modo que se dedicaron importantes partidas presupuestarias a la adquisición de armamentos y los programas asistenciales y de desarrollo comenzaron a postergarse. El gobierno norteamericano quería establecer una fuerza militar panamericana permanente y esa propuesta fue recibida con entusiasmo entre los altos jefes latinoamericanos, que de ese modo esperaban aumentar su influencia en la vida política nacional. El proyecto se presentó en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1965, pero la oposición de los gobernantes civiles impidió que la propuesta reuniera los dos tercios de los votos necesarios para ser aprobada. Los Estados Unidos abandonaron la idea y cada vez más apostaron por tratados bilaterales en materia de defensa. La cuestión militar se fue perfilando como una de las claves para explicar estas décadas turbulentas de la historia latinoamericana. Inicialmente el problema de la defensa se planteó en los términos de seguridad y desarrollo, aunque lo prioritario para los militares era la seguridad antes que el desarrollo y la ecuación terminó definiéndose en torno a la doctrina de la Seguridad Nacional, elaborada por los estrategas e ideólogos de los ejércitos latinoamericanos, más que por el Pentágono, como popularmente se ha asumido. La doctrina surgía de la guerra fría y de la Revolución Cubana y tenía como una de sus premisas el enfrentamiento total entre Oriente y Occidente, entre el ateísmo del marxismo leninismo y los valores de la cristiandad. Los problemas militares se resolvieron fundamentalmente en las cuestiones internas más que en el intervencionismo directo de los Estados Unidos en el área, que únicamente se concretaba en el Caribe y América Central. El modelo cubano y la posibilidad del avance comunista eran contemplados con preocupación por los sectores conservadores y con el paso del tiempo por grupos más numerosos de las clases medias. El cada vez más extendido temor a la revolución restó unanimidad a las condenas a las intervenciones militares norteamericanas. La primera intervención del período estuvo ligada a Cuba, aunque en la frustrada invasión de Playa Girón, de abril de 1961, no participaron directamente fuerzas regulares norteamericanas. Los enfrentamientos de Bahía de Cochinos mostraron que la posición de Fidel Castro era más sólida de lo que se esperaba y que no bastaba con desembarcar algunos cientos de hombres para provocar la insurrección y la caída de su régimen. El siguiente episodio se produjo en la República Dominicana. Las elecciones de fines de 1962 fueron ganadas por Juan Bosch, el candidato del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), acusado de izquierdista y que sólo pudo gobernar siete meses antes de ser desplazado del gobierno. Los sucesos se fueron haciendo cada vez más confusos y en abril de 1965 un grupo de coroneles, encabezados por Francisco Caamaño, y de seguidores del PRD, proclamó la vuelta de Bosch a la presidencia. Se desató una guerra civil que pocos días después provocó el desembarco de 23.000 marines. Teóricamente era una actuación panamericana, dependiente de la OEA y con las fuerzas de ocupación al mando de un general brasileño, pero en realidad el grueso de las tropas eran norteamericanas. Después del cambio que supuso la administración Carter y su política de respeto de los derechos humanos exigida a las dictaduras latinoamericanas, Ronald Reagan volvió a adoptar una postura beligerante contra el comunismo. Por un lado decidió invadir la isla de Granada, en octubre de 1983. Se trataba de una pequeña isla del Caribe que se había independizado en 1974, gobernada por el socialista Maurice Bishop y donde algunos técnicos cubanos colaboraban en la construcción de un aeropuerto, considerado una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Al margen de esta intervención directa, la administración Reagan armó a la contra nicaragüense y se implicó de una forma más o menos abierta en el conflicto salvadoreño, concluido con un acuerdo de paz firmado en México el 17 de enero de 1992. La última intervención militar directa de los Estados Unidos se produjo en diciembre de 1989, cuando 24.000 soldados norteamericanos invadieron Panamá, con el objetivo de capturar al general Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotráfico por el presidente George Bush. Por su parte, la tarea defensiva de los ejércitos latinoamericanos no se limitó a proteger las fronteras, de modo que comenzaron a involucrarse de forma creciente en los conflictos internos, comenzando por la lucha contrainsurgente. La doctrina del ejército francés durante las guerras coloniales de Argelia e Indochina fue de gran utilidad para los militares latinoamericanos, que cada vez más recurrieron sistemáticamente a la tortura, a otras formas de represión paralegal y al terrorismo de Estado. Después del triunfo castrista, se multiplicaron los intentos de crear focos guerrilleros rurales desde donde expandir la revolución socialista. Esto ocurrió en América Central (Guatemala y Honduras), en el Caribe (la República Dominicana), en los países andinos (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú o Bolivia) y en Brasil. En algunos países se crearon partidos castristas, producto de la confluencia de sectores de la izquierda revolucionaria y del nacionalismo antiimperialista y que eran partidarios de la lucha armada. Estos grupos comenzaron a tener problemas serios con los partidos comunistas tradicionales, que en su mayor parte no favorecían el empleo de la violencia guerrillera. A fines de 1964 se celebró en La Habana una conferencia secreta de todos los partidos comunistas del continente, destinada a discutir sobre los métodos revolucionarios, que terminó en un profundo desacuerdo. En enero de 1966 se celebró la Primera Conferencia Tricontinental de Solidaridad Revolucionaria, que reunió a más de quinientos delegados de gobiernos y movimientos revolucionarios de Asia, Africa y América Latina. Al año siguiente se celebró la primera reunión de la OLAS (Organización Latinoamericana de Solidaridad), que marcó la ruptura entre los movimientos castristas, revolucionarios, y el reformismo de los partidos comunistas. El intento de secuestro y el asesinato del embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Gordon Mein, en 1967, fue el preanuncio de un cambio de táctica y del estallido de la violencia urbana, una violencia que adoptó múltiples formas: asesinatos políticos, secuestros, raptos de aviones, etc. El hecho de que buena parte de las víctimas fueran diplomáticos y ejecutivos de empresas transnacionales no era nada casual, ya que se trataba de golpear al imperialismo, de acuerdo con la terminología utilizada.

Dios del Sol Inca. Esta cultura acabó imponiendo su culto a todos los pueblos conquistados.

La palabra árabe Intifada significa agitación, levantamiento y es utilizada para definir las dos campañas de los palestinos contra Israel. Una de dichas campañas todavía hoy continúa vigente. Ambas intifadas comenzaron como campañas de desobediencia civil palestina contra Israel. La primera estalló en 1987 cuando un camión de colonos israelíes embistió un coche cargado de trabajadores palestinos en Gaza, matando a cuatro de ellos. Esta fue la chispa necesaria para hacer estallar la primera Intifada, que comenzó a decaer a partir de 1991 y se extinguió tras los acuerdos de paz de Oslo (1993). La segunda Intifada estalló en el año 2000, cuando Ariel Sharon visitó la explanada de las Mezquitas; esta segunda es conocida como la de al-Aqsa y a día de hoy continua vigente.

Superficie inferior de un arco o bóveda.

El desarrollo que conoció España en la década de los sesenta empujaba a la mujer a incorporarse al mundo laboral y así comenzaba a tener una mayor visibilidad en la sociedad. A partir de la aprobación de la Ley de Asociaciones en 1963, su presencia en la vida pública comenzó a tener cierta entidad, a través de las múltiples asociaciones que fue poniendo en pie: amas de casa, vecinos, feministas, algunas profesionales, etc. Desde noviembre de 1975, empujada por las nuevas circunstancias del país, su incorporación política correrá en paralelo a la de todos los ciudadanos. Se hacía posible la democracia, pero ella debía superar la distancia de siglos que la separaba con el hombre en la participación en el espacio público. El contexto internacional le ayudará en este empeño pues la ONU declaró a 1975 como el Año Internacional de la Mujer. Se iniciaron las celebraciones de Conferencias Mundiales sobre la Mujer: México (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985), Beijing (1995). Uno de los asuntos tratados desde la primera reunión fue la necesidad de que la mujer participara en la toma de decisiones en la vida social, económica y democrática. El clima jurídico era adecuado, la preparación universitaria también, pero existía todavía poca preparación para la vida política, ninguna experiencia y dificultad para compaginar el trabajo político con la atención a la familia. Por ello, durante la Transición, tampoco hubo muchas mujeres políticas. Entre ellas, sólo cinco llegaron a desempeñar cargos importantes: María Victoria Eiroa, como directora general de Promoción Familiar y de la Mujer; Teresa Estevan, como directora general de Medio Ambiente; Carmela García-Moreno, directora general de Juventud y Promoción Sociocultural; Teresa Mendizábal, directora general de Acción Social; Margarita España, directora general de Desarrollo Comunitario; Rosa Posada, secretario de Estado para la Información y Soledad Becerril, primera ministra de la democracia. Gráfico En 1992 la Unión Europea firmó la Declaración de Atenas, en la que se establecía el compromiso de salvar la diferencia e instaurar un sistema compensatorio para lograr la igualdad en los cargos de representación y de tomas de decisiones, la denominada discriminación positiva: 50% de mujeres y 50% hombres en todas los puestos de responsabilidad. En 1995, la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing proclamó con pretensiones internacionales que, sin la participación plena de las mujeres, no podía alcanzarse un pleno desarrollo económico y social.

Nunca ha sido fácil hacer un diagnóstico psiquiátrico, y mucho menos, si uno no ha conocido personalmente al paciente. Es necesario entonces confiar en aquellos datos que podemos analizar, pero que han sido recogidos por otros. Aún es más ardua la tarea, si los datos que nos llegan no sólo han sido recogidos sino también interpretados por otros. Y además, en este caso se trata de un personaje del que nos separan por lo menos 500 años. Sin embargo, es justamente esa distancia la que hace fascinante la tarea. Ya que además de basarnos en los datos que han llegado de una manera escrita, también tenemos necesariamente que confiar en la tradición. En primer lugar, el propio apodo de la reina es por sí mismo elocuente. No es gratuito el mote de "loca". Y todo parece indicar que es justamente a través de Juana de Castilla como se introduce la locura en la dinastía de los Habsburgo españoles. Gráfico El objetivo de este estudio es llevar a cabo un análisis psicopatológico de la locura de la reina Juana, cuya vida puede ser dividida en tres partes: la primera desde su nacimiento hasta 1496, año de su matrimonio y su marcha a Flandes; la segunda, desde 1496 a 1509, que abarca los años de su matrimonio y su procesión tras el féretro de su marido; y la tercera, de 1509, año en que es recluida en Tordesillas, hasta su muerte en 1555. En este trabajo se estudian sus reacciones ante las circunstancias, sus relaciones y conflictos interpersonales y los rasgos de personalidad más prominentes utilizando para ello las biografías escritas por historiadores especialistas en el tema y documentos que han llegado hasta nosotros. También se enumeran los diagnósticos que se le han dado previamente y se discuten utilizando categorías diagnósticas actuales.