La transición española en el marco de la "tercera ola"
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Datos principales
Rango
Transición
Desarrollo
Sería muy incorrecto presentar como lineal el desarrollo de la democracia en el mundo. Por el contrario, lo característico de la misma ha sido un desarrollo mediante una sucesión de oleadas, la primera de las cuales se inició en el siglo XVII. La segunda fue consecuencia de la victoria de los aliados durante la segunda guerra mundial en 1945 y, en el Mediterráneo, produjo la democratización de Italia y la de Turquía. La tercera ola de democratización se inició en Grecia y Portugal, obtuvo en España el primer éxito importante, cruzó el Océano hasta la América española y logró un triunfo espectacular en los países del Este a partir de 1989. En todos los casos la conquista de la democracia fue un complicado proceso, como una partida de ajedrez jugada a varias bandas, en la que si las circunstancias dadas fueron importantes sucedió lo mismo con las decisiones de los dirigentes políticos. Sin duda, el examen de los casos precedentes muestra estrechas similitudes con el caso español. En él, si realizamos un balance rápido de las condiciones de partida, encontramos un panorama inicial que no induciría en un primer momento al optimismo. En España no se produjo una derrota exterior, como en Grecia y en Portugal; tampoco se dieron las circunstancias del año 1945 en cuanto a victoria general de las democracias. El régimen franquista procedía de una guerra civil sangrienta y de una dura represión, había durado mucho tiempo y en sus comienzos había estado cercano al totalitarismo.
Dentro de la sociedad española existía más conflictividad social y política, incluido el terrorismo, que en cualquiera de las europeas del Sur. No estaba claro que la transición española hubiera de concluir bien, ni, menos aún, que tuviera unos costes sociales inferiores a la de Portugal, en donde estuvo a punto de llegar una dictadura de izquierdas. Sin embargo, hubo un balance muy positivo con algunas salvedades. Ese carácter positivo se explica porque la transición española, aparte de los rasgos generales, que la asimilan a procesos semejantes, tuvo también unas peculiaridades que no se dieron en otras latitudes. En primer lugar, el caso español fue el de un país que había experimentado durante la dictadura una decisiva transformación que no tiene parangón con la producida en Portugal, Grecia, Turquía o Italia durante el fascismo. Nuestro país en los años cincuenta estaba en un nivel de desarrollo inferior a algunos de los países iberoamericanos, y a la altura de 1975 figuraba entre la docena de los más desarrollados. Ese cambio jugó un papel decisivo para ratificar lo escrito por Aristóteles según el cual la democracia es tanto más posible cuanto más igualitaria sea una sociedad. La española lo era mucho más que en cualquier etapa anterior de su Historia, pero, además, no sólo había visto modificarse su estructura de clases sino también sus pautas culturales. El cambio producido en la Iglesia, la mayor tolerancia con respecto a la prensa y la frecuencia de los contactos con el exterior habían hecho quebrar el autoritarismo en la conciencia de los españoles.
Según las encuestas, las actitudes de base autoritarias descendieron del 11 al 8% en el período 1966-1976, mientras que las no autoritarias pasaron del 35 al 56%. En el año 1973 tres de cada cuatro españoles eran partidarios de la libertad de prensa y de cultos (que eran admitidas por el régimen, aunque en forma restringida) pero, además, el 58% era partidario de la libertad de sindicación y el 37% estaba a favor de la libertad de creación de partidos políticos. La sociedad española presenciaba el ejemplo cotidiano de un régimen en el que existían problemas de institucionalización y en que sus mismos protagonistas tenían crecientes dudas acerca de la legitimidad de su propio ejercicio del poder. En la transición española a la democracia jugó un importantísimo papel la institución monárquica. El gran peligro de un proceso de transición democrática es la quiebra de la legitimidad en el momento en que se ha desvanecido la de la dictadura y aún no se ha consolidado la democrática. Pues bien, la Monarquía fue un instrumento fundamental en la transición española para evitar la quiebra de la legitimidad. Por un lado, el régimen monárquico era el sistema elegido por Franco y don Juan Carlos I, su heredero. Pero, sin embargo, por otro, también representaba una legitimidad dinástica y su persona aparecía vinculada inevitablemente a la trayectoria de su padre en oposición al régimen de Franco.
La postura mantenida por don Juan durante todo el franquismo explica el hecho excepcional de que una Monarquía, que tenía un pasado discutido, fuera restaurada después de más de cuarenta años, en un momento en que el régimen monárquico estaba en retroceso en toda Europa. Don Juan Carlos representó, además, lo que podría denominarse como una legitimidad democrática en expectativa. Este solapamiento de legitimidades contribuyó, como resultado final, a hacer posible un proceso de transición pausado y profundo al mismo tiempo. Sin aludir a quién personificaba a la institución, con la mención de la Monarquía hemos entrado en el protagonismo de esta operación histórica. Con el fin de completarlo es necesario hacer mención de otras fuerzas que desempeñaron un papel fundamental. El protagonismo principal en la transición democrática española, como suele ser habitual, correspondió a los elementos del Gobierno, que fue quien dirigió la operación, estableció el calendario y tomó las iniciativas principales. Sin embargo, también es necesario tener en cuenta a otros sectores. Hablando en términos generacionales, Rodolfo Martín Villa ha atribuido la principal responsabilidad de la transición a los más jóvenes y reformistas del régimen anterior y a los más viejos de la oposición. Esta afirmación es bastante exacta y sólo requiere ser matizada, pues las posibilidades de actuación de los elementos jóvenes procedentes del régimen franquista sólo fueron posibles cuando los mayores se habían descartado a sí mismos durante la época de Carlos Arias Navarro.
También tiene razón Rodolfo Martín Villa cuando atribuye al PSOE una carga utópica... que contrastaba con el realismo pactista y pragmático de Santiago Carrillo. Ciertamente el papel del partido socialista en la transición democrática fue relativamente pequeño, aunque contribuyó a dinamizar todo el proceso y ampliar lo que podría haberse quedado en tan sólo una democracia otorgada. El papel simbólico del comunismo resultó especialmente importante, como se revela imaginando qué podría haber sucedido si la posición del partido dirigido por Santiago Carrillo hubiera sido otra. Los comunistas, por ejemplo, podrían no haber prescindido de las liturgias republicanas. Al hacerlo, posiblemente, hubieran aumentado sus votos, incluso de modo sensible, pero entonces sin ninguna duda la transición misma habría resultado mucho más difícil de lo que fue. Característica peculiar de la transición española a la democracia fue la de haberse realizado desde dentro mismo del régimen dictatorial. Esta afirmación merece alguna precisión más debido a su mismo carácter excepcional. Existen dificultades para determinar si los reformistas del régimen, por sí mismos, hubieran podido realizar una transformación tan profunda como la que, en efecto, se llevó a cabo. Con toda probabilidad, por ejemplo, si el partido del Gobierno hubiera conseguido una situación parlamentaria más cómoda en las elecciones de junio del año 1977, hubiera resultado mucho más complicada la elaboración de una Constitución basada en el consenso.
Todo indica que el programa de los reformistas no estaba definido desde un primer momento y que la tendencia del Gobierno a ir elaborando su programa de acuerdo con la evolución misma de los acontecimientos permitió que periódicamente la oposición le espoleara. Pero no hay duda de que las iniciativas siempre fueron gubernamentales y la oposición nunca estuvo en condiciones de derribar al Gobierno o de sustituirle por la sola fuerza de sus manifestaciones. Toda esta combinación de factores diversos hace imposible determinar si lo que sucedió fue una reforma o una ruptura e incluso quita cualquier sentido a interrogarse sobre el particular. Se realizó una ruptura por procedimientos reformistas o una reforma tan profunda que logró hacer desaparecer de manera radical a lo reformado. Por otro lado, entre nosotros la construcción de un acuerdo nacional en torno al sistema democrático nació del mismo peso de la Historia y de la voluntad de conjurarla. En España desempeñó un papel decisivo el recuerdo de un pasado y, en especial, de una guerra civil. La experiencia vivida en los años treinta, con su exacerbada movilización partidista que acabó en un enfrentamiento fratricida, sirvió para que la clase dirigente intentara por todos los medios desactivar cualquier posibilidad de que la situación se reprodujera. Los parlamentarios constituyentes de 1978 citaron profusamente a sus puntos de referencia ideológica de esos años. Esas citas no solamente eran referencias eruditas sino que venían a resultar como una especie de exorcismo a fin de evitar que la experiencia democrática incipiente concluyera como había sucedido en el año 1936 y también servían de testimonio de hasta qué punto la clase política dirigente tenía presente los riesgos de la transición.
La guerra civil acabó por jugar un papel positivo tras el transcurso de décadas. Existieron algunas cuestiones como, por ejemplo, la religiosa, que precisamente por el papel negativo que habían desempeñado en el pasado fueron puestas en sordina por todos los dirigentes de los partidos. El papel jugado por el Ejército en la transición española a la democracia constituye también un rasgo peculiar de este proceso. El papel de los militares en la transición española resultó poco relevante, lo cual no deja de ser paradójico si tenemos en cuenta que el punto de partida era precisamente una dictadura militar. No existió una mayoritaria voluntad de protagonismo político; aunque los elementos contrarios a la democracia tuvieron como única esperanza una intervención militar del Ejército, en realidad, éste mantuvo de manera mayoritaria su unidad y la fidelidad a un sistema institucional que evolucionaba desde una legalidad a la otra. La situación española resulta muy paradójica, ya que precisamente durante la dictadura de Franco el Ejército había ido adquiriendo una voluntad de no intervenir en la política. Nunca fueron mayoritarias las actitudes golpistas, como se demostraría en el año 1981, aunque es muy posible que estuvieran mucho más generalizadas de lo que se admitió en esta fecha.
Dentro de la sociedad española existía más conflictividad social y política, incluido el terrorismo, que en cualquiera de las europeas del Sur. No estaba claro que la transición española hubiera de concluir bien, ni, menos aún, que tuviera unos costes sociales inferiores a la de Portugal, en donde estuvo a punto de llegar una dictadura de izquierdas. Sin embargo, hubo un balance muy positivo con algunas salvedades. Ese carácter positivo se explica porque la transición española, aparte de los rasgos generales, que la asimilan a procesos semejantes, tuvo también unas peculiaridades que no se dieron en otras latitudes. En primer lugar, el caso español fue el de un país que había experimentado durante la dictadura una decisiva transformación que no tiene parangón con la producida en Portugal, Grecia, Turquía o Italia durante el fascismo. Nuestro país en los años cincuenta estaba en un nivel de desarrollo inferior a algunos de los países iberoamericanos, y a la altura de 1975 figuraba entre la docena de los más desarrollados. Ese cambio jugó un papel decisivo para ratificar lo escrito por Aristóteles según el cual la democracia es tanto más posible cuanto más igualitaria sea una sociedad. La española lo era mucho más que en cualquier etapa anterior de su Historia, pero, además, no sólo había visto modificarse su estructura de clases sino también sus pautas culturales. El cambio producido en la Iglesia, la mayor tolerancia con respecto a la prensa y la frecuencia de los contactos con el exterior habían hecho quebrar el autoritarismo en la conciencia de los españoles.
Según las encuestas, las actitudes de base autoritarias descendieron del 11 al 8% en el período 1966-1976, mientras que las no autoritarias pasaron del 35 al 56%. En el año 1973 tres de cada cuatro españoles eran partidarios de la libertad de prensa y de cultos (que eran admitidas por el régimen, aunque en forma restringida) pero, además, el 58% era partidario de la libertad de sindicación y el 37% estaba a favor de la libertad de creación de partidos políticos. La sociedad española presenciaba el ejemplo cotidiano de un régimen en el que existían problemas de institucionalización y en que sus mismos protagonistas tenían crecientes dudas acerca de la legitimidad de su propio ejercicio del poder. En la transición española a la democracia jugó un importantísimo papel la institución monárquica. El gran peligro de un proceso de transición democrática es la quiebra de la legitimidad en el momento en que se ha desvanecido la de la dictadura y aún no se ha consolidado la democrática. Pues bien, la Monarquía fue un instrumento fundamental en la transición española para evitar la quiebra de la legitimidad. Por un lado, el régimen monárquico era el sistema elegido por Franco y don Juan Carlos I, su heredero. Pero, sin embargo, por otro, también representaba una legitimidad dinástica y su persona aparecía vinculada inevitablemente a la trayectoria de su padre en oposición al régimen de Franco.
La postura mantenida por don Juan durante todo el franquismo explica el hecho excepcional de que una Monarquía, que tenía un pasado discutido, fuera restaurada después de más de cuarenta años, en un momento en que el régimen monárquico estaba en retroceso en toda Europa. Don Juan Carlos representó, además, lo que podría denominarse como una legitimidad democrática en expectativa. Este solapamiento de legitimidades contribuyó, como resultado final, a hacer posible un proceso de transición pausado y profundo al mismo tiempo. Sin aludir a quién personificaba a la institución, con la mención de la Monarquía hemos entrado en el protagonismo de esta operación histórica. Con el fin de completarlo es necesario hacer mención de otras fuerzas que desempeñaron un papel fundamental. El protagonismo principal en la transición democrática española, como suele ser habitual, correspondió a los elementos del Gobierno, que fue quien dirigió la operación, estableció el calendario y tomó las iniciativas principales. Sin embargo, también es necesario tener en cuenta a otros sectores. Hablando en términos generacionales, Rodolfo Martín Villa ha atribuido la principal responsabilidad de la transición a los más jóvenes y reformistas del régimen anterior y a los más viejos de la oposición. Esta afirmación es bastante exacta y sólo requiere ser matizada, pues las posibilidades de actuación de los elementos jóvenes procedentes del régimen franquista sólo fueron posibles cuando los mayores se habían descartado a sí mismos durante la época de Carlos Arias Navarro.
También tiene razón Rodolfo Martín Villa cuando atribuye al PSOE una carga utópica... que contrastaba con el realismo pactista y pragmático de Santiago Carrillo. Ciertamente el papel del partido socialista en la transición democrática fue relativamente pequeño, aunque contribuyó a dinamizar todo el proceso y ampliar lo que podría haberse quedado en tan sólo una democracia otorgada. El papel simbólico del comunismo resultó especialmente importante, como se revela imaginando qué podría haber sucedido si la posición del partido dirigido por Santiago Carrillo hubiera sido otra. Los comunistas, por ejemplo, podrían no haber prescindido de las liturgias republicanas. Al hacerlo, posiblemente, hubieran aumentado sus votos, incluso de modo sensible, pero entonces sin ninguna duda la transición misma habría resultado mucho más difícil de lo que fue. Característica peculiar de la transición española a la democracia fue la de haberse realizado desde dentro mismo del régimen dictatorial. Esta afirmación merece alguna precisión más debido a su mismo carácter excepcional. Existen dificultades para determinar si los reformistas del régimen, por sí mismos, hubieran podido realizar una transformación tan profunda como la que, en efecto, se llevó a cabo. Con toda probabilidad, por ejemplo, si el partido del Gobierno hubiera conseguido una situación parlamentaria más cómoda en las elecciones de junio del año 1977, hubiera resultado mucho más complicada la elaboración de una Constitución basada en el consenso.
Todo indica que el programa de los reformistas no estaba definido desde un primer momento y que la tendencia del Gobierno a ir elaborando su programa de acuerdo con la evolución misma de los acontecimientos permitió que periódicamente la oposición le espoleara. Pero no hay duda de que las iniciativas siempre fueron gubernamentales y la oposición nunca estuvo en condiciones de derribar al Gobierno o de sustituirle por la sola fuerza de sus manifestaciones. Toda esta combinación de factores diversos hace imposible determinar si lo que sucedió fue una reforma o una ruptura e incluso quita cualquier sentido a interrogarse sobre el particular. Se realizó una ruptura por procedimientos reformistas o una reforma tan profunda que logró hacer desaparecer de manera radical a lo reformado. Por otro lado, entre nosotros la construcción de un acuerdo nacional en torno al sistema democrático nació del mismo peso de la Historia y de la voluntad de conjurarla. En España desempeñó un papel decisivo el recuerdo de un pasado y, en especial, de una guerra civil. La experiencia vivida en los años treinta, con su exacerbada movilización partidista que acabó en un enfrentamiento fratricida, sirvió para que la clase dirigente intentara por todos los medios desactivar cualquier posibilidad de que la situación se reprodujera. Los parlamentarios constituyentes de 1978 citaron profusamente a sus puntos de referencia ideológica de esos años. Esas citas no solamente eran referencias eruditas sino que venían a resultar como una especie de exorcismo a fin de evitar que la experiencia democrática incipiente concluyera como había sucedido en el año 1936 y también servían de testimonio de hasta qué punto la clase política dirigente tenía presente los riesgos de la transición.
La guerra civil acabó por jugar un papel positivo tras el transcurso de décadas. Existieron algunas cuestiones como, por ejemplo, la religiosa, que precisamente por el papel negativo que habían desempeñado en el pasado fueron puestas en sordina por todos los dirigentes de los partidos. El papel jugado por el Ejército en la transición española a la democracia constituye también un rasgo peculiar de este proceso. El papel de los militares en la transición española resultó poco relevante, lo cual no deja de ser paradójico si tenemos en cuenta que el punto de partida era precisamente una dictadura militar. No existió una mayoritaria voluntad de protagonismo político; aunque los elementos contrarios a la democracia tuvieron como única esperanza una intervención militar del Ejército, en realidad, éste mantuvo de manera mayoritaria su unidad y la fidelidad a un sistema institucional que evolucionaba desde una legalidad a la otra. La situación española resulta muy paradójica, ya que precisamente durante la dictadura de Franco el Ejército había ido adquiriendo una voluntad de no intervenir en la política. Nunca fueron mayoritarias las actitudes golpistas, como se demostraría en el año 1981, aunque es muy posible que estuvieran mucho más generalizadas de lo que se admitió en esta fecha.
