Tribunado de Cayo Graco
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Datos principales
Desarrollo
El hermano de Tiberio, Cayo Sempronio Graco, obtuvo en el 123 a.C. el tribunado de la plebe con el apoyo de numerosos votantes que acudieron de todas las colonias romanas. Cayo, además de excelente orador, era hombre de vasta cultura y políticamente había aprendido la lección que se desprendía de la experiencia de su hermano. Convencido de que éste había fracasado por haberse lanzado precipitadamente a tal aventura sin contar con una base política sólida, Cayo no dio su batalla sino después de una larga preparación. Sus propuestas no se limitaban a una ley, sino que constituyen un sistema coherente de reformas de las cuales, si hubiesen sido aplicadas, la República habría salido profundamente transformada. En definitiva, el objetivo de Cayo Graco era lograr atraer a nuevas fuerzas políticas y crearse una base de apoyos más amplia e interesada en sus propuestas legislativas. Así, puesto que el apoyo de las masas populares ciudadanas (presentes en las asambleas) era fundamental, propuso inicialmente una ley frumentaria que establecía la venta mensual de trigo a la plebe a un precio muy bajo (poco más de 6 ases el modio), con cargo al Estado. La ley se aprobó. A nadie le interesaba enfrentarse con la masa ciudadana.Otra de las primeras leyes rogadas sumamente popular y cuya aprobación obtuvo fue la ley militar, que reducía el tiempo del servicio militar y cargaba el equipo del soldado en los gastos del Tesoro público.
Son especialmente significativas las leyes judicial y de la provincia de Asia, puesto que ambas sirvieron para acentuar la oposición entre senadores y caballeros. Pero con anterioridad a éstas, hay que señalar que en el 123 a.C. Graco presentó una nueva ley (De tribunis reficiendis) autorizando la reelección para el tribunado, a la cual se acogió al año siguiente para poder ser nombrado, sin oposición, tribuno de la plebe nuevamente. La ley judicial que hizo votar Cayo Graco en el 122 a.C. permitió que el orden ecuestre jugase un nuevo papel político. La ley Calpurnia del 149 a.C. había decidido la creación de unos jurados permanentes que vigilaban la conducta de los magistrados provinciales. Estos jurados eran monopolizados por el Senado y frecuentemente, ante denuncias de extorsión y malos tratos de los magistrados hacia los provinciales, los jurados habían actuado con tal benevolencia que casi podría considerarse complicidad. Graco rompía el monopolio del Senado en estos tribunales e introducía, por esta ley, a los caballeros. La larga historia de las decisiones que anularon, restablecieron o corrigieron esta medida, da idea de la importancia que los políticos atribuían a estos jurados. En la misma dirección tendente a anexionarse nuevas fuerzas políticas -en este caso los caballeros- como soporte de su programa político, Cayo Graco logró que se aprobara otra ley reglamentando los arrendamientos y adjudicaciones de los impuestos en la nueva provincia de Asia (el ex-reino de Pérgamo), entonces la más rica de las provincias, y atribuyendo la concesión de éstos a los caballeros.
Incluso su ley teatral venía a consagrar el rango social de los caballeros, al atribuirles unos asientos fijos en los espectáculos públicos. Respecto a la ley agraria, Cayo Graco adoptó una serie de disposiciones que permitieran relanzar la política de distribuciones del ager público: mejoras de las infraestructuras necesarias y, especialmente, de la red viaria itálica. Elevó a 200 yugadas las parcelas de tierras a asignar, en vez de las 30 contempladas en la anterior ley agraria. En la misma ley se contemplaba la deducción de colonias romanas en Tarento, otra al sur de Catanzaro y, tal vez, en Capua, con la intención de revitalizar la economía y la caída demográfica del sur de Italia. El colega de Cayo en el tribunado, Rubrio, propuso la creación de una colonia romana en el emplazamiento de la antigua Cartago. Esta medida habría posibilitado dotar de tierras a miles de romanos e itálicos pero, además de escandalizar al Senado (no hacía mucho, en el 146, Escipión Emiliano había jurado que la ciudad permanecería para siempre arrasada), suponía una novedad difícil de aceptar, puesto que Roma nunca había fundado con anterioridad colonias romanas fuera de la península itálica. No obstante, la ley fue aprobada y Cayo Graco entró a formar parte de la comisión encargada de la deducción de la colonia. Hasta entonces Cayo había obtenido la aprobación de todas sus propuestas. La base social en la que la política se apoyaba era muy amplia y la oposición no estaba en condiciones de debilitar o dividir estos apoyos.
Pero las dos últimas propuestas de Cayo Graco crearon las condiciones necesarias para que la oposición senatorial comenzara a recuperar el terreno perdido. Una de ellas, propuesta en el 122, siendo también tribuno su aliado M. Fulvio Flaco y siendo cónsul el graquiano G. Fannio, contemplaba la concesión de la ciudadanía romana a los propietarios itálicos más ricos y la ciudadanía latina a todos los demás. La segunda fue el intento de democratizar la asamblea centuriada, de tal modo que se alterase el sistema de votación, que consistía en que primero era llamada a votar la primera clase censitaria más las 18 centurias de caballeros, posteriormente la segunda, etc. Su propuesta era que el orden de votación se decidiese por sorteo entre todas las clases indistintamente. Pero esta medida suponía poner en un serio compromiso el predominio político de las clases más ricas, entre las que se encontraba la de los caballeros, ahora mucho más ricos gracias a las concesiones de impuestos, que Graco les había otorgado, en la provincia de Asia. Por otra parte, los caballeros no aspiraban, en su conjunto, a una democratización de las instituciones sino a consolidar y ampliar su esfera de poder. Además, la masa de los ciudadanos romanos, celosa de sus privilegios y temerosa de perderlos si la concesión de la ciudadanía romana se ampliaba, comenzó a retirar su apoyo a Gayo Graco. El propio cónsul Fannio se situó ahora al lado de la oposición senatorial, separándose del grupo de los graquianos.
Además de ordenar la expulsión de Roma de los innumerables itálicos que, animados por la posibilidad de obtener la ciudadanía, se habían concentrado en la ciudad, alentó la animosidad de la plebe urbana contra la propuesta de Cayo Graco. La mezquindad de sus argumentaciones incluía la de que si los itálicos se convertían en ciudadanos ocuparían muchísimos puestos en los espectáculos públicos, quitándoselos a ellos. Minado el poder de Cayo Graco, la oposición senatorial pasó a la ofensiva y se valió de otro tribuno de la plebe, M. Livio Druso, convertido en su adalid y dispuesto a valerse de la demagogia necesaria para aumentar la confusión y capitalizar ésta en contra de Cayo Graco. Fue él quien puso el veto a estas dos últimas propuestas de Cayo Graco y, paralelamente, propuso la deducción de doce colonias en Italia y Sicilia de tres mil colonos cada una y, para granjearse el favor de la plebe rural, pidió la abolición de algunas tasas a las que los beneficiarios de las asignaciones estaban sujetos. Los éxitos de esta política demagógica, junto con el malestar que entre la plebe urbana y los caballeros habían creado las dos últimas propuestas de Cayo Graco, hicieron que éste no triunfara en la tercera reelección como tribuno de la plebe, en el 121.Cayo se retiró a África y junto con Fulvio Flaco comenzó a organizar las parcelaciones de la colonia de Cartago. En pocos meses, se habían delimitado seis mil parcelas y habían logrado atraer a colonos de toda Italia.
Pero el Senado no iba a permitir más éxitos a Cayo Graco. En el 121 la ley Rubria -nombre del tribuno que logró que se aprobara la creación de la colonia cartaginesa- fue abolida. Los colonos se encontraron en África en una situación jurídica sumamente incierta. Años después, Julio César reemprendería la colonización de Cartago. La vuelta a Roma de Cayo Graco fue acompañada de numerosos desórdenes y enfrentamientos entre sus partidarios y detractores. Cayo y sus seguidores se hicieron fuertes en el Aventino y durante tres días se libraron encuentros entre unos y otros. El Senado aprobó entonces el senado-consulto último (medida que tomaba el Senado en situaciones de gravedad y por el cual se autorizaba a los cónsules a servirse de medios extraordinarios para restaurar la normalidad), a propuesta del cónsul L. Opimio. En el encuentro final murieron muchos de los seguidores de Cayo Graco y éste se hizo matar por un esclavo. El programa legislativo de Cayo Graco no se limitaba a una simple reforma agraria que solucionase la critica situación de una serie de campesinos romanos empobrecidos -muy numerosa por otra parte-, sino que contemplaba un horizonte político mucho más amplio: se trataba de reformar algunas de las estructuras básicas del Estado romano. Si tales reformas se hubiesen llevado a cabo tal vez el curso de la historia romana de los años sucesivos hubiese cambiado, pero su fracaso contribuyó sin duda a precipitar los acontecimientos que desembocaron en la lucha social.
El fracaso de Cayo Graco se debió en gran parte a la dificultad -más bien imposibilidad- de elaborar un programa de reformas que aglutinase en torno a él a clases e intereses tan diversos. La plebe urbana -más ligada a los grupos oligárquicos- se contraponía en gran medida a la plebe rural y ambas eran difícilmente conciliables con los publicanos o caballeros quienes, a su vez, no tenían intereses tan contrapuestos, como Cayo Graco pudo creer, a los de la oligarquía senatorial. Tras la muerte de Cayo Graco, la reforma agraria se vino abajo: por una parte, se paralizaron las asignaciones (en virtud de la ley Thoria y, en segundo lugar, se abolió el carácter de inalienabilidad de las parcelas que habían sido asignadas, con lo que éstas pudieron ser vendidas y, en el curso de pocos años, pasaron a encontrarse en una situación muy parecida a la de los años anteriores a los Gracos, si bien en algunas zonas de Italia estas pequeñas haciendas agrícolas de asignaciones graquianas, pervivieron durante bastante tiempo. Obviamente, la comisión triunviral creada por Tiberio Graco, ahora innecesaria, fue disuelta.
Son especialmente significativas las leyes judicial y de la provincia de Asia, puesto que ambas sirvieron para acentuar la oposición entre senadores y caballeros. Pero con anterioridad a éstas, hay que señalar que en el 123 a.C. Graco presentó una nueva ley (De tribunis reficiendis) autorizando la reelección para el tribunado, a la cual se acogió al año siguiente para poder ser nombrado, sin oposición, tribuno de la plebe nuevamente. La ley judicial que hizo votar Cayo Graco en el 122 a.C. permitió que el orden ecuestre jugase un nuevo papel político. La ley Calpurnia del 149 a.C. había decidido la creación de unos jurados permanentes que vigilaban la conducta de los magistrados provinciales. Estos jurados eran monopolizados por el Senado y frecuentemente, ante denuncias de extorsión y malos tratos de los magistrados hacia los provinciales, los jurados habían actuado con tal benevolencia que casi podría considerarse complicidad. Graco rompía el monopolio del Senado en estos tribunales e introducía, por esta ley, a los caballeros. La larga historia de las decisiones que anularon, restablecieron o corrigieron esta medida, da idea de la importancia que los políticos atribuían a estos jurados. En la misma dirección tendente a anexionarse nuevas fuerzas políticas -en este caso los caballeros- como soporte de su programa político, Cayo Graco logró que se aprobara otra ley reglamentando los arrendamientos y adjudicaciones de los impuestos en la nueva provincia de Asia (el ex-reino de Pérgamo), entonces la más rica de las provincias, y atribuyendo la concesión de éstos a los caballeros.
Incluso su ley teatral venía a consagrar el rango social de los caballeros, al atribuirles unos asientos fijos en los espectáculos públicos. Respecto a la ley agraria, Cayo Graco adoptó una serie de disposiciones que permitieran relanzar la política de distribuciones del ager público: mejoras de las infraestructuras necesarias y, especialmente, de la red viaria itálica. Elevó a 200 yugadas las parcelas de tierras a asignar, en vez de las 30 contempladas en la anterior ley agraria. En la misma ley se contemplaba la deducción de colonias romanas en Tarento, otra al sur de Catanzaro y, tal vez, en Capua, con la intención de revitalizar la economía y la caída demográfica del sur de Italia. El colega de Cayo en el tribunado, Rubrio, propuso la creación de una colonia romana en el emplazamiento de la antigua Cartago. Esta medida habría posibilitado dotar de tierras a miles de romanos e itálicos pero, además de escandalizar al Senado (no hacía mucho, en el 146, Escipión Emiliano había jurado que la ciudad permanecería para siempre arrasada), suponía una novedad difícil de aceptar, puesto que Roma nunca había fundado con anterioridad colonias romanas fuera de la península itálica. No obstante, la ley fue aprobada y Cayo Graco entró a formar parte de la comisión encargada de la deducción de la colonia. Hasta entonces Cayo había obtenido la aprobación de todas sus propuestas. La base social en la que la política se apoyaba era muy amplia y la oposición no estaba en condiciones de debilitar o dividir estos apoyos.
Pero las dos últimas propuestas de Cayo Graco crearon las condiciones necesarias para que la oposición senatorial comenzara a recuperar el terreno perdido. Una de ellas, propuesta en el 122, siendo también tribuno su aliado M. Fulvio Flaco y siendo cónsul el graquiano G. Fannio, contemplaba la concesión de la ciudadanía romana a los propietarios itálicos más ricos y la ciudadanía latina a todos los demás. La segunda fue el intento de democratizar la asamblea centuriada, de tal modo que se alterase el sistema de votación, que consistía en que primero era llamada a votar la primera clase censitaria más las 18 centurias de caballeros, posteriormente la segunda, etc. Su propuesta era que el orden de votación se decidiese por sorteo entre todas las clases indistintamente. Pero esta medida suponía poner en un serio compromiso el predominio político de las clases más ricas, entre las que se encontraba la de los caballeros, ahora mucho más ricos gracias a las concesiones de impuestos, que Graco les había otorgado, en la provincia de Asia. Por otra parte, los caballeros no aspiraban, en su conjunto, a una democratización de las instituciones sino a consolidar y ampliar su esfera de poder. Además, la masa de los ciudadanos romanos, celosa de sus privilegios y temerosa de perderlos si la concesión de la ciudadanía romana se ampliaba, comenzó a retirar su apoyo a Gayo Graco. El propio cónsul Fannio se situó ahora al lado de la oposición senatorial, separándose del grupo de los graquianos.
Además de ordenar la expulsión de Roma de los innumerables itálicos que, animados por la posibilidad de obtener la ciudadanía, se habían concentrado en la ciudad, alentó la animosidad de la plebe urbana contra la propuesta de Cayo Graco. La mezquindad de sus argumentaciones incluía la de que si los itálicos se convertían en ciudadanos ocuparían muchísimos puestos en los espectáculos públicos, quitándoselos a ellos. Minado el poder de Cayo Graco, la oposición senatorial pasó a la ofensiva y se valió de otro tribuno de la plebe, M. Livio Druso, convertido en su adalid y dispuesto a valerse de la demagogia necesaria para aumentar la confusión y capitalizar ésta en contra de Cayo Graco. Fue él quien puso el veto a estas dos últimas propuestas de Cayo Graco y, paralelamente, propuso la deducción de doce colonias en Italia y Sicilia de tres mil colonos cada una y, para granjearse el favor de la plebe rural, pidió la abolición de algunas tasas a las que los beneficiarios de las asignaciones estaban sujetos. Los éxitos de esta política demagógica, junto con el malestar que entre la plebe urbana y los caballeros habían creado las dos últimas propuestas de Cayo Graco, hicieron que éste no triunfara en la tercera reelección como tribuno de la plebe, en el 121.Cayo se retiró a África y junto con Fulvio Flaco comenzó a organizar las parcelaciones de la colonia de Cartago. En pocos meses, se habían delimitado seis mil parcelas y habían logrado atraer a colonos de toda Italia.
Pero el Senado no iba a permitir más éxitos a Cayo Graco. En el 121 la ley Rubria -nombre del tribuno que logró que se aprobara la creación de la colonia cartaginesa- fue abolida. Los colonos se encontraron en África en una situación jurídica sumamente incierta. Años después, Julio César reemprendería la colonización de Cartago. La vuelta a Roma de Cayo Graco fue acompañada de numerosos desórdenes y enfrentamientos entre sus partidarios y detractores. Cayo y sus seguidores se hicieron fuertes en el Aventino y durante tres días se libraron encuentros entre unos y otros. El Senado aprobó entonces el senado-consulto último (medida que tomaba el Senado en situaciones de gravedad y por el cual se autorizaba a los cónsules a servirse de medios extraordinarios para restaurar la normalidad), a propuesta del cónsul L. Opimio. En el encuentro final murieron muchos de los seguidores de Cayo Graco y éste se hizo matar por un esclavo. El programa legislativo de Cayo Graco no se limitaba a una simple reforma agraria que solucionase la critica situación de una serie de campesinos romanos empobrecidos -muy numerosa por otra parte-, sino que contemplaba un horizonte político mucho más amplio: se trataba de reformar algunas de las estructuras básicas del Estado romano. Si tales reformas se hubiesen llevado a cabo tal vez el curso de la historia romana de los años sucesivos hubiese cambiado, pero su fracaso contribuyó sin duda a precipitar los acontecimientos que desembocaron en la lucha social.
El fracaso de Cayo Graco se debió en gran parte a la dificultad -más bien imposibilidad- de elaborar un programa de reformas que aglutinase en torno a él a clases e intereses tan diversos. La plebe urbana -más ligada a los grupos oligárquicos- se contraponía en gran medida a la plebe rural y ambas eran difícilmente conciliables con los publicanos o caballeros quienes, a su vez, no tenían intereses tan contrapuestos, como Cayo Graco pudo creer, a los de la oligarquía senatorial. Tras la muerte de Cayo Graco, la reforma agraria se vino abajo: por una parte, se paralizaron las asignaciones (en virtud de la ley Thoria y, en segundo lugar, se abolió el carácter de inalienabilidad de las parcelas que habían sido asignadas, con lo que éstas pudieron ser vendidas y, en el curso de pocos años, pasaron a encontrarse en una situación muy parecida a la de los años anteriores a los Gracos, si bien en algunas zonas de Italia estas pequeñas haciendas agrícolas de asignaciones graquianas, pervivieron durante bastante tiempo. Obviamente, la comisión triunviral creada por Tiberio Graco, ahora innecesaria, fue disuelta.
