El FRAP y el GRAPO en España
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Mundo fin XX
Desarrollo
En España, la violencia terrorista de extrema izquierda presenta la peculiaridad de abordar un combate real contra un régimen dictatorial al que ya se había intentado subvertir por métodos de guerrilla rural (maquis) y urbana (Sabaté, Facerías y otros anarquistas) en las décadas anteriores. En octubre de 1964, el recién constituido PCE (m-1), pionero de los grupos maoístas españoles, proclamó la necesidad de una "guerra popular" antifranquista que debía ser llevada a cabo por unas Fuerzas Armadas Revolucionarias. El Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), constituido oficialmente en París en noviembre de 1973, tenía como objetivo la instauración de una República Popular y Federativa a través de un movimiento insurreccional. Tras la ruptura con el Partido Comunista Chino y su acercamiento al modelo albanés, los activistas del PCE (m-1) intervinieron por primera vez en enfrentamientos callejeros con la Policía Armada los días 1 y 2 de mayo de 1973, causando la muerte de un agente. Las fuerzas de seguridad practicaron detenciones masivas de militantes, pero la acción callejera no resultó un factor desestabilizador determinante, y ante la aceleración del cambio político con la muerte de Carrero Blanco y la primera enfermedad del dictador, el Comité Permanente del FRAP decidió, en abril de 1975, cambiar de estrategia. Se trataba de organizar una campaña armada en Valencia, Barcelona y Madrid con acciones de baja intensidad y carácter limitado: robo de armas, atracos y agresiones a personas y empresas relacionadas con conflictos laborales, contra locales del Estado e intereses norteamericanos.
Sin embargo, los asesinatos de varios policías ese verano condujeron a una nueva oleada de represión: once miembros del FRAP fueron juzgados en un consejo de guerra, y tres fueron condenados a muerte y fusilados junto a dos militantes de ETA el 27 de septiembre de 1975.Por esa época proliferó en Barcelona y su periferia una serie de grupos armados de corta vida y posición ideológica muy heterogénea. El más destacado fue el Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), grupúsculo marxista-anarquista cercano al consejismo y a la tradición violenta de anarquismo catalán, que creó los Grupos Armados de Combate (GAC) dedicados a la agitación armada (robos y atracos) entre febrero de 1972 y marzo de 1973, hasta su autodisolución en agosto de 1973 y la ejecución el 2 de marzo de 1974 de uno de sus miembros, Salvador Puig Antich, al parecer vinculado con la actividad del Groupe d'Action Révolutionnaire Internationaliste (GARI) creado en 1973 en Francia, Bélgica e Italia para derribar al régimen de Franco, y que protagonizó diversos atentados con explosivos en el verano de 1974.Varios núcleos procedentes del área del PCE fundaron en Bruselas en septiembre de 1968 la Organización de Marxistas Leninistas Españoles (OMLE), con vista a la reconstrucción del Partido Comunista Marxista Leninista Español al margen de un PCE oficial considerado revisionista. El éxito de ETA, la enfermedad de Franco en el verano de 1974 y la Revolución de los claveles en Portugal animaron al Partido Comunista de España Reconstituido (nuevo nombre de la OMLE desde junio de 1975) a intensificar una acción armada que, en su opinión, podría desestabilizar a la dictadura.
Sus primeras actuaciones violentas coincidieron en el tiempo y en sus objetivos con las que realizó el FRAP: asesinato de cuatro agentes de policía el 1 de octubre de 1975, tras los fusilamientos de activistas de ETA y FRAP a fines del mes anterior. Dos meses después, ya muerto Franco, el PCE(r) se dispuso a la lucha revolucionaria contra la reforma política, reestructurándose en varias comisiones. La comisión técnica se encargaría de planear una acción armada más amplia dentro de un presunto frente antifascista. Este fue el origen de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO).Tras los sucesos de Vitoria, el 3 de marzo de 1976, en que cinco manifestantes murieron en enfrentamientos con la policía, el PCE(r) llamó a las armas y a la creación de un embrión de Ejército Rojo estructurado en núcleos locales y dirigido por un Comando Central. Fue el momento de la aparición de una segunda generación de militantes del GRAPO partidarios de un activismo de agitación en el umbral del terrorismo, cuya presentación pública fue una serie de explosiones. el 18 de julio de 1976, aniversario del inicio de la Guerra Nacional revolucionaria. Sin embargo, el secuestro el 11 de noviembre de 1976 (pocos días antes del referéndum para la reforma política) del presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo, y del presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, general Villaescusa, el 24 de enero de 1977 (el mismo día que unos pistoleros del entorno del sindicato vertical asesinaron a cinco abogados laboralistas en un despacho de la madrileña calle de Atocha), y la muerte de varios miembros de las fuerzas de seguridad cuatro días después supusieron un salto cualitativo hacia una violencia de carácter provocativo.
Violencia que coincidía de forma sospechosa con actos de la ultraderecha que alimentaron la "estrategia de la tensión" en esas semanas cruciales de la transición a la democracia. Aunque en 1979 cuadruplicó el número de atentados con relación a los dos años precedentes, el GRAPO no logró sus objetivos: ni consiguió desestabilizar al régimen naciente ni fortalecer su imagen como grupo revolucionario, sino que más bien la deterioró, al aparecer ante la opinión como un grupúsculo de provocadores manipulados por la ultraderecha o por algún servicio de inteligencia extranjero.La transición democrática permitió una fugaz suavización de la legislación represiva de los delitos políticos, pero el recrudecimiento de las acciones violentas impuso el retorno a una legislación de excepción. El 26 de diciembre de 1984 se promulgó la ley orgánica contra la actuación de las bandas armadas y elementos terroristas, de desarrollo del artículo 55.2 de la Constitución. Esta Ley Antiterrorista, inspirada en el modelo italiano, ampliaba los plazos de detención e incomunicación de los detenidos, restringía los derechos de asistencia letrada, facilitaba los registros policiales, la intercepción de las comunicaciones privadas y la suspensión cautelar de asociaciones y cargos públicos, además de agravar las penas establecidas, equiparando la frustración al delito consumado, fijando penas mínimas para determinados actos delictivos y previendo circunstancias de atenuación en el caso de terroristas arrepentidos.
La amnistía de 1977, la normalización democrática y la creciente eficacia de la represión jurídica y policial dejó al PCE(r) como grupo residual. El GRAPO mantuvo esporádicamente sus acciones armadas a través de comandos móviles como baza para una eventual negociación con el Gobierno respecto a la amnistía, la depuración del aparato del Estado, la garantía de las libertades políticas y la neutralidad exterior. Pero la captura por parte de la policía de la práctica totalidad de sus comandos operativos y servicios técnicos e informativos obligó al GRAPO a simplificar su estructura y a actuar desde 1980-81 de forma más esporádica.Después de una nueva oleada de detenciones de activistas efectuadas tras el 23-F y la muerte de los dirigentes Enrique Cerdán Calixto (5-IX-1981) y Juan Martín Luna (5-XII-1982), sólo un puñado de militantes se mantuvo en la clandestinidad, colocando explosivos en zonas turísticas y realizando atracos a mano armada o extorsiones a empresarios. Tras la llegada al poder del PSOE y el fracaso de los contactos habidos con representantes del Ministerio del Interior en 1983 para el abandono de la violencia, el GRAPO se escindió entre los que consideraban cerrada la crisis revolucionaria y pretendían abandonar las armas, los que deseaban la articulación de un auténtico partido combatiente y los "atentistas" partidarios de reorganizar y fortalecer el PCE(r) a la espera de tiempos mejores. A mediados de enero de 1985, la policía desarticuló de nuevo la estructura del GRAPO, y en noviembre de 1989 el Ministerio de Justicia decidió la dispersión de los presos de la organización. A pesar de los avances en la reinserción individual de sus integrantes y de las detenciones periódicas de sus dirigentes más activos, el GRAPO parece haberse enquistado en un terrorismo de resistencia cuya salida política resulta muy incierta.
Sin embargo, los asesinatos de varios policías ese verano condujeron a una nueva oleada de represión: once miembros del FRAP fueron juzgados en un consejo de guerra, y tres fueron condenados a muerte y fusilados junto a dos militantes de ETA el 27 de septiembre de 1975.Por esa época proliferó en Barcelona y su periferia una serie de grupos armados de corta vida y posición ideológica muy heterogénea. El más destacado fue el Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), grupúsculo marxista-anarquista cercano al consejismo y a la tradición violenta de anarquismo catalán, que creó los Grupos Armados de Combate (GAC) dedicados a la agitación armada (robos y atracos) entre febrero de 1972 y marzo de 1973, hasta su autodisolución en agosto de 1973 y la ejecución el 2 de marzo de 1974 de uno de sus miembros, Salvador Puig Antich, al parecer vinculado con la actividad del Groupe d'Action Révolutionnaire Internationaliste (GARI) creado en 1973 en Francia, Bélgica e Italia para derribar al régimen de Franco, y que protagonizó diversos atentados con explosivos en el verano de 1974.Varios núcleos procedentes del área del PCE fundaron en Bruselas en septiembre de 1968 la Organización de Marxistas Leninistas Españoles (OMLE), con vista a la reconstrucción del Partido Comunista Marxista Leninista Español al margen de un PCE oficial considerado revisionista. El éxito de ETA, la enfermedad de Franco en el verano de 1974 y la Revolución de los claveles en Portugal animaron al Partido Comunista de España Reconstituido (nuevo nombre de la OMLE desde junio de 1975) a intensificar una acción armada que, en su opinión, podría desestabilizar a la dictadura.
Sus primeras actuaciones violentas coincidieron en el tiempo y en sus objetivos con las que realizó el FRAP: asesinato de cuatro agentes de policía el 1 de octubre de 1975, tras los fusilamientos de activistas de ETA y FRAP a fines del mes anterior. Dos meses después, ya muerto Franco, el PCE(r) se dispuso a la lucha revolucionaria contra la reforma política, reestructurándose en varias comisiones. La comisión técnica se encargaría de planear una acción armada más amplia dentro de un presunto frente antifascista. Este fue el origen de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO).Tras los sucesos de Vitoria, el 3 de marzo de 1976, en que cinco manifestantes murieron en enfrentamientos con la policía, el PCE(r) llamó a las armas y a la creación de un embrión de Ejército Rojo estructurado en núcleos locales y dirigido por un Comando Central. Fue el momento de la aparición de una segunda generación de militantes del GRAPO partidarios de un activismo de agitación en el umbral del terrorismo, cuya presentación pública fue una serie de explosiones. el 18 de julio de 1976, aniversario del inicio de la Guerra Nacional revolucionaria. Sin embargo, el secuestro el 11 de noviembre de 1976 (pocos días antes del referéndum para la reforma política) del presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo, y del presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, general Villaescusa, el 24 de enero de 1977 (el mismo día que unos pistoleros del entorno del sindicato vertical asesinaron a cinco abogados laboralistas en un despacho de la madrileña calle de Atocha), y la muerte de varios miembros de las fuerzas de seguridad cuatro días después supusieron un salto cualitativo hacia una violencia de carácter provocativo.
Violencia que coincidía de forma sospechosa con actos de la ultraderecha que alimentaron la "estrategia de la tensión" en esas semanas cruciales de la transición a la democracia. Aunque en 1979 cuadruplicó el número de atentados con relación a los dos años precedentes, el GRAPO no logró sus objetivos: ni consiguió desestabilizar al régimen naciente ni fortalecer su imagen como grupo revolucionario, sino que más bien la deterioró, al aparecer ante la opinión como un grupúsculo de provocadores manipulados por la ultraderecha o por algún servicio de inteligencia extranjero.La transición democrática permitió una fugaz suavización de la legislación represiva de los delitos políticos, pero el recrudecimiento de las acciones violentas impuso el retorno a una legislación de excepción. El 26 de diciembre de 1984 se promulgó la ley orgánica contra la actuación de las bandas armadas y elementos terroristas, de desarrollo del artículo 55.2 de la Constitución. Esta Ley Antiterrorista, inspirada en el modelo italiano, ampliaba los plazos de detención e incomunicación de los detenidos, restringía los derechos de asistencia letrada, facilitaba los registros policiales, la intercepción de las comunicaciones privadas y la suspensión cautelar de asociaciones y cargos públicos, además de agravar las penas establecidas, equiparando la frustración al delito consumado, fijando penas mínimas para determinados actos delictivos y previendo circunstancias de atenuación en el caso de terroristas arrepentidos.
La amnistía de 1977, la normalización democrática y la creciente eficacia de la represión jurídica y policial dejó al PCE(r) como grupo residual. El GRAPO mantuvo esporádicamente sus acciones armadas a través de comandos móviles como baza para una eventual negociación con el Gobierno respecto a la amnistía, la depuración del aparato del Estado, la garantía de las libertades políticas y la neutralidad exterior. Pero la captura por parte de la policía de la práctica totalidad de sus comandos operativos y servicios técnicos e informativos obligó al GRAPO a simplificar su estructura y a actuar desde 1980-81 de forma más esporádica.Después de una nueva oleada de detenciones de activistas efectuadas tras el 23-F y la muerte de los dirigentes Enrique Cerdán Calixto (5-IX-1981) y Juan Martín Luna (5-XII-1982), sólo un puñado de militantes se mantuvo en la clandestinidad, colocando explosivos en zonas turísticas y realizando atracos a mano armada o extorsiones a empresarios. Tras la llegada al poder del PSOE y el fracaso de los contactos habidos con representantes del Ministerio del Interior en 1983 para el abandono de la violencia, el GRAPO se escindió entre los que consideraban cerrada la crisis revolucionaria y pretendían abandonar las armas, los que deseaban la articulación de un auténtico partido combatiente y los "atentistas" partidarios de reorganizar y fortalecer el PCE(r) a la espera de tiempos mejores. A mediados de enero de 1985, la policía desarticuló de nuevo la estructura del GRAPO, y en noviembre de 1989 el Ministerio de Justicia decidió la dispersión de los presos de la organización. A pesar de los avances en la reinserción individual de sus integrantes y de las detenciones periódicas de sus dirigentes más activos, el GRAPO parece haberse enquistado en un terrorismo de resistencia cuya salida política resulta muy incierta.
