Los años de plomo en Italia
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Mundo fin XX
Desarrollo
En Italia, el terrorismo revolucionario se expandió en la atmósfera de desorden y violencia que acompañó a los ciclos de protesta de masas de 1968-71 (coincidente con la agitación universitaria en toda Europa) y 1977-79, movimiento de autonomía universitaria y obrera específicamente transalpino. Aunque el momento culminante de la violencia política fue 1980-81, el ciclo terrorista mostraba por esas fechas síntomas evidentes de agotamiento. Como en otras latitudes, el caldo de cultivo del terrorismo fueron las propuestas ideológicas de grupos intelectuales de la "nueva izquierda" como Lotta Continua, Potere Operaio y Autonomia Operaia, que dirigieron desde finales de los sesenta la protesta de la juventud universitaria contra un sistema político afectado de parálisis y ausencia de verdaderas alternativas de poder.El primer gran atentado se produjo el 12 de diciembre de 1969 en una oficina bancaria situada en la piazza Fontana de Milán. Un hecho violento aún no dilucidado plenamente, pero que puede interpretarse como la respuesta de los sectores de extrema derecha a las movilizaciones estudiantiles y a las victorias sindicales en el "otoño caliente" de 1969. Las Brigate Rosse (BR) nacieron en octubre del año siguiente y, poco a poco, fueron sumergiéndose en una campaña de violencia que, junto a la grave crisis social de comienzos de los setenta, a las provocaciones neofascistas y a los complots desestabilizadores urdidos en el seno del aparato del Estado, persuadió a algunos observadores políticos de que el régimen democrático italiano caminaba hacia una crisis irreversible y definitiva.
Las BR se establecieron inicialmente en las zonas industriales del norte de Italia, concretamente en Milán y Turín. Sus militantes de primera hora eran obreros, empleados públicos, profesores y estudiantes de clase media (a menudo procedentes de medios católicos), desarraigados del medio urbano y trabajadores precarios, unidos por experiencias comunes en movimientos de protesta vecinal, estudiantil, feminista, etc. Las primeras acciones violentas de las BR se centraron en la explotación de los conflictos laborales: bombas en autos de directivos o camiones y sabotaje industrial. Fue el período de la propaganda armada: una violencia de baja intensidad que no contó con el apoyo mayoritario del movimiento obrero. En 1972, la presión policial obligó a las BR a entrar en la clandestinidad y a ensayar dos años más tarde un verdadero giro organizativo, estratégico y teórico, dejando a un lado su aspiración a ser la expresión armada de las luchas obreras reales y pasando a preconizar la lucha abstracta contra el Estado capitalista de las multinacionales. Su primer gran golpe fue el secuestro y el juicio popular, en abril de 1974, del magistrado Mario Sossi; acción perfectamente organizada que otorgó a las BR notoriedad a escala nacional. La previsión para 1975-76 era incrementar la acción terrorista, pero los principales dirigentes brigadistas fueron arrestados en septiembre de 1974. Fue entonces cuando surgió una nueva generación de dirigentes, menos especulativos pero más eficientes en la gestión de la violencia que sus románticos predecesores.
Las BR pusieron a punto en 1976-78 una nueva estructura militarizada en columnas (Turín, Milán, Génova, Véneto, Roma y Nápoles), brigadas y células de activistas regulares o clandestinos, todo ello bajo el control de un Comité Ejecutivo y de una Dirección Estratégica. A pesar de la pérdida de sus fundadores, las BR lograron recomponer su organización gracias al histórico Mario Moretti, y cambiaron de estrategia, saliendo de las fábricas para golpear al corazón del Estado.Desde 1976, el nuevo ciclo de protesta social y de movilización estudiantil ofreció la cobertura idónea para una nueva ofensiva terrorista. Aparecieron nuevos grupos armados, como Prima Linea (creada en Milán a fines de 1976 por Sergio Segio) y otras organizaciones menores, más receptivas hacia las inquietudes del movimiento de protesta estudiantil autónoma, y que en los dos años siguientes practicaron la táctica del terrorismo difuso y semilegal, con amenazas y agresiones individualizadas. El incremento de la violencia colectiva permitió un nuevo apogeo de las BR, ahora dirigidas bajo estrictas reglas de clandestinidad por una dirección que organizaba con fino detalle burocrático los atentados, los secuestros e incluso los salarios y las vacaciones de sus activistas. El 16 de marzo de 1978, un fuerte contingente de brigadistas y ex militantes de los NAP, dirigidos por Moretti, asestaron el golpe más espectacular de estos años de plomo: el secuestro del presidente de la Democracia Cristiana, Aldo Moro, precisamente en el momento en que estaba negociando un Gobierno de solidaridad nacional con apoyo parlamentario comunista.
Tras 55 días de agonía colectiva, en que las BR emitieron varios comunicados sobre el transcurso del juicio popular, y diversos mensajes del secuestrado sembraron la discordia entre los partidarios de la negociación (PSI) y de la firmeza (PCI y Gobierno democristiano), el cadáver de Moro fue descubierto el 9 de mayo. Sin embargo, este innegable éxito político y militar marcó el comienzo del declive de las BR, trufadas ahora de activistas autónomos menos formados ideológicamente e incapaces de someterse a las estrictas reglas de actuación de la banda. Las acciones violentas comenzaron a saldarse con repetidos fracasos, debidos al caos interno, pero también a la reacción del Estado. La denominada Ley Reale de 22 de mayo de 1975 permitió los registros personales sin mandato judicial, amplió las facultades de las fuerzas de seguridad, estableció medidas cautelares como los confinamientos y amplió los plazos de la prisión preventiva.Una nueva ley, promulgada el 18 de mayo de 1978 bajo el impacto de la muerte de Moro, estableció la militarización de las cárceles, la potestad de clausura gubernativa de las sedes políticas sospechosas, los interrogatorios policiales sin presencia del abogado defensor, los registros y la intervención de las líneas telefónicas. La vertiente estrictamente policial del problema fue objeto de atención preferente. En 1973 se había constituido la primera unidad especial antiterrorista bajo el mando del general Carlo Alberto Dalla Chiesa; en 1974, un Inspettorato Centrale y, en enero de 1978, se estableció una nueva central de operaciones antiterroristas: el Ufficio Centrale per le Investigazioni e le Operazioni Speciali.
Sin embargo, los años 1978-80 fueron los de terrorismo más intenso. El 6 de febrero de 1980 se promulgó una ley sobre Medidas urgentes para la tutela del orden democrático y de la seguridad pública, pero el 12 de diciembre las BR raptaron a Giovanni D'Urso, juez penitenciario que fue liberado el 15 de enero de 1981 después que el Gobierno hiciera alarde de una flexibilidad que no había mostrado en el caso Moro. En otoño de ese año, las BR disponían aún de cuatro columnas activas con medio millar de activistas. Una fuerza aún temible, pero que carecía de una verdadera dirección central, ahora minada por las disensiones entre el ala "histórica" (Renato Curcio) en prisión desde mediados de los setenta, la "movimientista" liderada por Moretti (que fue arrestado en abril de 1981), la "autónoma" (representada por el ex profesor de criminología Giovanni Senzani) en ascenso desde 1977 y la "obrerista", partidaria del retorno al sindicalismo armado de fábrica. El resultado fue la anarquía, la descomposición interna y la huida hacia adelante de algunos grupos que, a imagen de las bandas terroristas alemanas o belgas, desviaron su atención en los primeros años ochenta hacia objetivos de la defensa militar occidental. El secuestro por la columna brigadista de Venecia del general norteamericano James Lee Dozier, jefe de Estado Mayor logístico de la OTAN en el sur de Europa (17 de diciembre de 1981), y su liberación por una escuadra especial de "carabinieri" el 28 de enero de 1982, marcó el definitivo declive de las BR; en paralelo con la recuperación económica, la más certera acción policial y la proliferación de la figura del "pentito" (arrepentido).
Las BR se establecieron inicialmente en las zonas industriales del norte de Italia, concretamente en Milán y Turín. Sus militantes de primera hora eran obreros, empleados públicos, profesores y estudiantes de clase media (a menudo procedentes de medios católicos), desarraigados del medio urbano y trabajadores precarios, unidos por experiencias comunes en movimientos de protesta vecinal, estudiantil, feminista, etc. Las primeras acciones violentas de las BR se centraron en la explotación de los conflictos laborales: bombas en autos de directivos o camiones y sabotaje industrial. Fue el período de la propaganda armada: una violencia de baja intensidad que no contó con el apoyo mayoritario del movimiento obrero. En 1972, la presión policial obligó a las BR a entrar en la clandestinidad y a ensayar dos años más tarde un verdadero giro organizativo, estratégico y teórico, dejando a un lado su aspiración a ser la expresión armada de las luchas obreras reales y pasando a preconizar la lucha abstracta contra el Estado capitalista de las multinacionales. Su primer gran golpe fue el secuestro y el juicio popular, en abril de 1974, del magistrado Mario Sossi; acción perfectamente organizada que otorgó a las BR notoriedad a escala nacional. La previsión para 1975-76 era incrementar la acción terrorista, pero los principales dirigentes brigadistas fueron arrestados en septiembre de 1974. Fue entonces cuando surgió una nueva generación de dirigentes, menos especulativos pero más eficientes en la gestión de la violencia que sus románticos predecesores.
Las BR pusieron a punto en 1976-78 una nueva estructura militarizada en columnas (Turín, Milán, Génova, Véneto, Roma y Nápoles), brigadas y células de activistas regulares o clandestinos, todo ello bajo el control de un Comité Ejecutivo y de una Dirección Estratégica. A pesar de la pérdida de sus fundadores, las BR lograron recomponer su organización gracias al histórico Mario Moretti, y cambiaron de estrategia, saliendo de las fábricas para golpear al corazón del Estado.Desde 1976, el nuevo ciclo de protesta social y de movilización estudiantil ofreció la cobertura idónea para una nueva ofensiva terrorista. Aparecieron nuevos grupos armados, como Prima Linea (creada en Milán a fines de 1976 por Sergio Segio) y otras organizaciones menores, más receptivas hacia las inquietudes del movimiento de protesta estudiantil autónoma, y que en los dos años siguientes practicaron la táctica del terrorismo difuso y semilegal, con amenazas y agresiones individualizadas. El incremento de la violencia colectiva permitió un nuevo apogeo de las BR, ahora dirigidas bajo estrictas reglas de clandestinidad por una dirección que organizaba con fino detalle burocrático los atentados, los secuestros e incluso los salarios y las vacaciones de sus activistas. El 16 de marzo de 1978, un fuerte contingente de brigadistas y ex militantes de los NAP, dirigidos por Moretti, asestaron el golpe más espectacular de estos años de plomo: el secuestro del presidente de la Democracia Cristiana, Aldo Moro, precisamente en el momento en que estaba negociando un Gobierno de solidaridad nacional con apoyo parlamentario comunista.
Tras 55 días de agonía colectiva, en que las BR emitieron varios comunicados sobre el transcurso del juicio popular, y diversos mensajes del secuestrado sembraron la discordia entre los partidarios de la negociación (PSI) y de la firmeza (PCI y Gobierno democristiano), el cadáver de Moro fue descubierto el 9 de mayo. Sin embargo, este innegable éxito político y militar marcó el comienzo del declive de las BR, trufadas ahora de activistas autónomos menos formados ideológicamente e incapaces de someterse a las estrictas reglas de actuación de la banda. Las acciones violentas comenzaron a saldarse con repetidos fracasos, debidos al caos interno, pero también a la reacción del Estado. La denominada Ley Reale de 22 de mayo de 1975 permitió los registros personales sin mandato judicial, amplió las facultades de las fuerzas de seguridad, estableció medidas cautelares como los confinamientos y amplió los plazos de la prisión preventiva.Una nueva ley, promulgada el 18 de mayo de 1978 bajo el impacto de la muerte de Moro, estableció la militarización de las cárceles, la potestad de clausura gubernativa de las sedes políticas sospechosas, los interrogatorios policiales sin presencia del abogado defensor, los registros y la intervención de las líneas telefónicas. La vertiente estrictamente policial del problema fue objeto de atención preferente. En 1973 se había constituido la primera unidad especial antiterrorista bajo el mando del general Carlo Alberto Dalla Chiesa; en 1974, un Inspettorato Centrale y, en enero de 1978, se estableció una nueva central de operaciones antiterroristas: el Ufficio Centrale per le Investigazioni e le Operazioni Speciali.
Sin embargo, los años 1978-80 fueron los de terrorismo más intenso. El 6 de febrero de 1980 se promulgó una ley sobre Medidas urgentes para la tutela del orden democrático y de la seguridad pública, pero el 12 de diciembre las BR raptaron a Giovanni D'Urso, juez penitenciario que fue liberado el 15 de enero de 1981 después que el Gobierno hiciera alarde de una flexibilidad que no había mostrado en el caso Moro. En otoño de ese año, las BR disponían aún de cuatro columnas activas con medio millar de activistas. Una fuerza aún temible, pero que carecía de una verdadera dirección central, ahora minada por las disensiones entre el ala "histórica" (Renato Curcio) en prisión desde mediados de los setenta, la "movimientista" liderada por Moretti (que fue arrestado en abril de 1981), la "autónoma" (representada por el ex profesor de criminología Giovanni Senzani) en ascenso desde 1977 y la "obrerista", partidaria del retorno al sindicalismo armado de fábrica. El resultado fue la anarquía, la descomposición interna y la huida hacia adelante de algunos grupos que, a imagen de las bandas terroristas alemanas o belgas, desviaron su atención en los primeros años ochenta hacia objetivos de la defensa militar occidental. El secuestro por la columna brigadista de Venecia del general norteamericano James Lee Dozier, jefe de Estado Mayor logístico de la OTAN en el sur de Europa (17 de diciembre de 1981), y su liberación por una escuadra especial de "carabinieri" el 28 de enero de 1982, marcó el definitivo declive de las BR; en paralelo con la recuperación económica, la más certera acción policial y la proliferación de la figura del "pentito" (arrepentido).
