De las familias a las asociaciones del Movimiento
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Datos principales
Rango
Final franquismo
Desarrollo
Con el transcurso de los años sesenta, se produjo la marginación o el pase a la oposición de fracciones de las familias franquistas tradicionales. Esto ocurrió sobre todo en el caso de los monárquicos y los carlistas pero incluso entre los falangistas y los católicos hubo una división respecto a su posición en el seno del régimen franquista. Mientras que algunos monárquicos constituían la opositora y juanista Unión Española, parte de los nacional-católicos se sumaba a las nuevas formaciones democristianas y los tradicionalistas constituían un renovado partido carlista, e incluso los falangistas radicales creaban grupos antirrégimen como Falange auténtica o un Frente Sindicalista. La división de las familias franquistas y los nuevos alineamientos tuvieron que ver con la existencia de diversas tentativas de institucionalización del régimen de Franco. Se trataba de organizar una especie de pluralismo limitado en el seno del régimen. Esta prospectiva política, unida a las perspectivas de la sucesión en la jefatura del Estado, llevó a un juego aperturista de intentar definir una izquierda y una derecha del Movimiento. Por un lado, un sector de los falangistas, vinculado sobre todo a Sindicatos, se autodefinía como la izquierda nacional con evidentes modulaciones populistas mientras que el sector tecnócrata, de los que muchos de sus miembros pertenecían al Opus Dei, tenía un proyecto de desarrollo económico y de configuración de un Estado social de Derecho sin democracia.
Antes de la crisis de gobierno de 1965, por ejemplo, Navarro Rubio pensó presidir una asociación del Movimiento de derecha católica frente a otra dirigida en la izquierda por el falangista José Girón. En definitiva, los diversos aperturismos de los años sesenta pretendían organizar un juego político de pluralismo limitado en el seno del régimen. En cualquier caso, estos aperturismos estaban lejanos de un planteamiento democrático, ni siquiera de democracia limitada, pues todavía pretendían cubrir todo el espacio político en el seno de los principios del Movimiento. No obstante, políticos del Régimen como Manuel Fraga o José María de Areilza, todavía en su etapa ministerial en Información y Turismo o en el servicio diplomático, iban a ir perfilando una peculiar teoría del centrismo que permitiría la conversión de sectores del enemigo, de la oposición democrática como los socialistas, en meros adversarios. Además de estos aperturismos se fue definiendo un sector ultra o inmovilista, reacio a cualquier cambio de los fundamentos del régimen franquista. Un representante cualificado de estos sectores ultras fue el grupo de Fuerza Nueva, aglutinado por el notario Blas Piñar. En todo caso, los deseos de apertura del Movimiento respondían a una realidad de anquilosamiento de su base y de incertidumbre ante la sucesión. Hacia 1965 el cincuenta por ciento de sus miembros pertenecía al mismo desde la inmediata posguerra, acercándose a una media de edad de los cincuenta años.
La pertenencia a organizaciones del Movimiento más activas como Sindicatos o el Frente de Juventudes no se traducía necesariamente en militancia en el partido único. La gestión del nuevo ministro-secretario general del Movimiento, José Solís Ruiz, no ayudó precisamente a la politización del mismo sino a su burocratización. Tras la derrota de la tentativa de falangistización de Arrese, el eje de la iniciativa política pasó al almirante Carrero y a su estrecho colaborador Laureano López Rodó. Catedrático de Derecho Administrativo y miembro del Opus Dei, había sido también falangista. Aunque había entrado en la política de la mano del tradicionalista Iturmendi, su promoción la debió al almirante Carrero. Desde Presidencia ascendió en 1962 a la Comisaría de los Planes de Desarrollo, integrándose en el Gobierno tras la crisis de 1965. Según Tusell, su proyecto venía a representar una evolución hacia una dictadura burocrática de contenido clerical. La nueva Ley de Principios del Movimiento de mayo de 1958 tenía un contenido político bajo pues, aunque ratificaba la condición de reino de España, se limitaba a enunciar una docena de bases que permitía el acuerdo entre las familias arbitradas por Franco. Otros proyectos de ley orgánica terminaron arrinconados aprobándose, en cambio, unas medidas de reforma de la Administración. Esta reforma permitió, además de la racionalización burocrática, una progresiva separación entre Estado y Gobierno que, a medio plazo, habría de jugar un papel clave en la configuración de un Estado de Derecho y, por tanto, en la transición a la democracia.
La ley de régimen jurídico de la Administración de julio de 1957 regulaba los procedimientos y la organización del Estado, estableciendo una jerarquía normativa y la responsabilidad de los funcionarios. Esta Ley no contemplaba para nada el tema de la jefatura del Estado ni aludía al Movimiento Nacional, lo que provocó el descontento de los falangistas. Además de la reforma de la Administración, la medida de más alcance del Gobierno de Franco de 1957 fue el giro de la política económica. La ley de Liberalización y Estabilización Económica de julio de 1959 supuso un verdadero punto de inflexión no sólo del régimen de Franco sino de la totalidad de la Historia reciente de España.
Antes de la crisis de gobierno de 1965, por ejemplo, Navarro Rubio pensó presidir una asociación del Movimiento de derecha católica frente a otra dirigida en la izquierda por el falangista José Girón. En definitiva, los diversos aperturismos de los años sesenta pretendían organizar un juego político de pluralismo limitado en el seno del régimen. En cualquier caso, estos aperturismos estaban lejanos de un planteamiento democrático, ni siquiera de democracia limitada, pues todavía pretendían cubrir todo el espacio político en el seno de los principios del Movimiento. No obstante, políticos del Régimen como Manuel Fraga o José María de Areilza, todavía en su etapa ministerial en Información y Turismo o en el servicio diplomático, iban a ir perfilando una peculiar teoría del centrismo que permitiría la conversión de sectores del enemigo, de la oposición democrática como los socialistas, en meros adversarios. Además de estos aperturismos se fue definiendo un sector ultra o inmovilista, reacio a cualquier cambio de los fundamentos del régimen franquista. Un representante cualificado de estos sectores ultras fue el grupo de Fuerza Nueva, aglutinado por el notario Blas Piñar. En todo caso, los deseos de apertura del Movimiento respondían a una realidad de anquilosamiento de su base y de incertidumbre ante la sucesión. Hacia 1965 el cincuenta por ciento de sus miembros pertenecía al mismo desde la inmediata posguerra, acercándose a una media de edad de los cincuenta años.
La pertenencia a organizaciones del Movimiento más activas como Sindicatos o el Frente de Juventudes no se traducía necesariamente en militancia en el partido único. La gestión del nuevo ministro-secretario general del Movimiento, José Solís Ruiz, no ayudó precisamente a la politización del mismo sino a su burocratización. Tras la derrota de la tentativa de falangistización de Arrese, el eje de la iniciativa política pasó al almirante Carrero y a su estrecho colaborador Laureano López Rodó. Catedrático de Derecho Administrativo y miembro del Opus Dei, había sido también falangista. Aunque había entrado en la política de la mano del tradicionalista Iturmendi, su promoción la debió al almirante Carrero. Desde Presidencia ascendió en 1962 a la Comisaría de los Planes de Desarrollo, integrándose en el Gobierno tras la crisis de 1965. Según Tusell, su proyecto venía a representar una evolución hacia una dictadura burocrática de contenido clerical. La nueva Ley de Principios del Movimiento de mayo de 1958 tenía un contenido político bajo pues, aunque ratificaba la condición de reino de España, se limitaba a enunciar una docena de bases que permitía el acuerdo entre las familias arbitradas por Franco. Otros proyectos de ley orgánica terminaron arrinconados aprobándose, en cambio, unas medidas de reforma de la Administración. Esta reforma permitió, además de la racionalización burocrática, una progresiva separación entre Estado y Gobierno que, a medio plazo, habría de jugar un papel clave en la configuración de un Estado de Derecho y, por tanto, en la transición a la democracia.
La ley de régimen jurídico de la Administración de julio de 1957 regulaba los procedimientos y la organización del Estado, estableciendo una jerarquía normativa y la responsabilidad de los funcionarios. Esta Ley no contemplaba para nada el tema de la jefatura del Estado ni aludía al Movimiento Nacional, lo que provocó el descontento de los falangistas. Además de la reforma de la Administración, la medida de más alcance del Gobierno de Franco de 1957 fue el giro de la política económica. La ley de Liberalización y Estabilización Económica de julio de 1959 supuso un verdadero punto de inflexión no sólo del régimen de Franco sino de la totalidad de la Historia reciente de España.
