Economía: autarquía, estancamiento, desarrollo
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Primer franquismo
Desarrollo
El Régimen de Franco empezó aplicando una política económica que se puede llamar fascista; es decir, fuerte control del Gobierno, regulación y estimulación de una economía basada en la propiedad privada. La economía estatal definía perfectamente el temperamento y las ideas de Franco. Era un ignorante del funcionamiento de la economía -como casi todos los dictadores- y creía que se podía lidiar con ella como lo hacía un general con su ejército: dando órdenes y directrices desde arriba sobre cómo debía comportarse. Al mismo tiempo, Franco aborrecía cualquier forma de socialismo, que él identificaba con el ateísmo, el mundo soviético y un estilo de vida asiático. Había que respetar la propiedad privada, mantener bajos los impuestos -igual que durante la época de la monarquía y la República-, lo que dejaba al Estado falto de dinero con el que alcanzar sus metas económicas. Las diferencias entre la economía subdesarrollada de España y los objetivos de un país moderno y poderoso que se había marcado el Régimen desaparecerían gracias a la estimulación y regulación del Gobierno y a las inversiones estatales que se harían a través del Instituto Nacional de Industria (INI). En 1939 España se enfrentaba a la gigantesca tarea de lograr la recuperación del país tras la Guerra Civil. El conflicto no había sido tan destructivo en términos económicos como otras guerras del siglo XX. Se había acabado con una parte relativamente pequeña de la capacidad productiva de España.
Los problemas más graves procedían del caos general y la desorganización que había dejado la guerra. En aquel momento la autarquía -una política basada en el nacionalismo y la autosuficiencia, bastante cerrada al mundo exterior- era el sistema que mantenían las otras tres dictaduras destacadas de Europa: Alemania, la Unión Soviética e Italia. Se pensaba que, por extensión, tenía que ser el mejor sistema para España también. Pero España no tenía los recursos de Alemania o de la Unión Soviética, necesitaba ayuda y comercio exterior mucho más que estos dos países. Su programa autárquico era arbitrario e improvisado y cambiaba enormemente de un sector a otro. Desaconsejaba la existencia de un mercado internacional y la exportación, mientras que fomentaba la importación de industrias de sustitución. El control y las regulaciones estatales fijaban precios y salarios en casi todos los ámbitos y reforzaban la estructura económica basada en pequeñas empresas a base de otorgar créditos, sin importar lo ruinoso que fuera el negocio. Era imposible instaurar las economías de escala necesarias para un funcionamiento óptimo y cuando se construían nuevas plantas en zonas no industriales -loable desde el punto de vista de la lucha contra los desequilibrios regionales- se disparaban los costes. Para un desarrollo rápido y eficaz era necesaria la inversión de capital y nuevas tecnologías, dos cosas muy escasas en España. En general, los años de la Segunda Guerra Mundial fueron desastrosos para España, hasta el punto de que en algunos aspectos había más miseria social que durante la propia guerra civil.
Esto no era por los efectos directos de la guerra, ya que durante el primer conflicto europeo y como país neutral, la economía española había avanzado rápidamente y a otros países neutrales como Portugal, Turquía, Suecia y Suiza les fue bastante mejor que a España. El motivo de la pobreza económica fue la política económica y diplomática del Régimen, empeñado en mantener una rígida autarquía y prestar más atención a las economías en decadencia de Alemania e Italia, en vez de dirigir sus intereses hacia el creciente poder económico de los Aliados occidentales. En 1945 estaba claro para los líderes del Régimen que la autarquía tendría que modificarse. Entre 1945 y 1946 se hicieron algunos cambios para asociarse con el mercado internacional, aunque se seguiría practicando una política nacionalista y restrictiva durante otros 14 años, hasta 1959. La rigidez de la autarquía se aplicaba sobre todo al comercio exterior. España no recuperó su nivel de exportaciones de antes de la Guerra Civil hasta 1950. El rigor financiero y una balanza de pagos negativa mantuvieron las importaciones por debajo de los niveles de 1936. La política estatal se concentró en la producción de carbón y acero, y más adelante en el desarrollo hidroeléctrico, que era donde se habían obtenido mayores beneficios a finales de los años 40. El INI jugó un papel destacado en los sectores del carbón, el combustible y la electricidad. Entre 1942 y 1948 puso en marcha nuevas empresas de gran relevancia como Iberia -1943- y ENASA en 1946, que fue la impulsora de Pegaso -principal productor de camiones y autobuses del país- y participó en la reestructuración y ampliación de muchas más.
El ferrocarril y el teléfono también se nacionalizaron y en 1946 se empezó a prestar atención a las líneas férreas y a las autopistas, que se habían deteriorado enormemente. En 1946 la producción industrial, en general, sobrepasó los niveles de 1935 en un 2 por ciento. Sin embargo, la agricultura se dejó de lado, lo que trajo como consecuencia la mala alimentación de parte de la población. El sector más favorecido probablemente fue la metalurgia vasca, que se fomentó enormemente, ya que era una pieza clave para el Ejército. La industria textil decayó tanto que sólo logró alcanzar un 60 por ciento de la producción de preguerra; el sector químico no volvió a sus niveles de 1935 hasta 1950; sin embargo, el carbón sobrepasó las cifras de la época de preguerra en un 30 por ciento y en 1945 hasta en un 60 por ciento. El crecimiento más espectacular se dio en la producción eléctrica, que en 1948 era casi el doble de lo que había sido una década antes, aunque la sequía todavía producía cortes intermitentes. En 1948 se empezaron a acelerar las inversiones y a partir de entonces la expansión industrial se generalizó. En 1949 se construyó el primer avión de transporte completamente español. La agricultura y el sector textil siguieron siendo los más deprimidos de la economía; sus niveles se mantuvieron muy por debajo de los que se habían alcanzado en los años anteriores a la guerra. En 1940 se promulgó la Ley de Intensificación de Cultivos para obligar a los terratenientes a que pusieran más tierras en cultivo, pero el Estado no siempre hacía cumplir la ley y no tuvo tanto éxito como la Unión Soviética.
En 1939 sólo el 77 por ciento de las áreas dedicadas al trigo antes de la guerra eran productivas. Este porcentaje aumentó de forma muy lenta, llegando a un 90 por ciento 10 años después. La cosecha de trigo de 1941 fue oficialmente de 2,4 millones de toneladas, cuando lo que se necesitaba eran 4 millones. Las condiciones climáticas a menudo fueron muy malas durante la década. La sequía de 1944-45 provocó la cosecha de trigo más pobre de todo el siglo, peor todavía que el calamitoso 1904. Esta producción de trigo en 1945 sólo llegaba al 53 por ciento de la media de la preguerra, y en 1946 la producción de alimentos se había elevado sólo hasta el 79 por ciento del nivel de 1929 y volvió a caer a 64 por ciento en 1948. A los efectos de la sequía prolongada había que sumar la falta de gestión, de inversiones y de mejoras tecnológicas, de todo lo cual era en parte responsable el Estado con su política y sus regulaciones. Apenas prestaba atención a la base agrícola de su economía a la hora de distribuir recursos. Las inversiones en agricultura apenas llegaban a un 4 por ciento del total de la inversión pública y privada anual durante los años 40. Por tanto, durante una década de racionamiento y condiciones muy duras, fue necesario que este país esencialmente agrícola utilizara sus escasas divisas para importar alimentos de primera necesidad. No es sorprendente que los alimentos fueran el producto de mayor importancia en el mercado negro de los años 40.
Debido a los bajos precios que se fijaban y a otros rigores, el Servicio Nacional del Trigo no podía controlar toda la producción de grano, de modo que casi un tercio de todo el grano que se produjo durante la década de los 40 terminó en el mercado negro. Como se vendía a precios mucho más altos que los que fijaba el Gobierno, los productores de grano obtenían un 60 por ciento de sus ingresos del estraperlo. Una ley del 30 de septiembre de 1940 fijaba multas muy altas y sentencias de prisión para los vendedores y compradores del mercado negro, y al poco tiempo se instituyó la pena de muerte para crímenes especialmente graves. Durante el primer año en que las nuevas sanciones estuvieron en vigor, se detuvo a unos 5.000 traficantes y se pusieron multas por valor de más de 100 millones de pesetas, pero tuvo poco efecto, debido a la escasez, la mala administración y la corrupción desmedida del sistema. A pesar de la reducción del área dedicada al cultivo, la población agrícola siguió creciendo, en parte por las restricciones que había en la industria urbana y en parte por el crecimiento demográfico natural. La mano de obra agrícola pasó de 4,1 millones en 1932 a 4,8 millones en 1940, y a 5,3 millones en 1950, antes de que empezara a decrecer. El Gobierno había anulado casi por completo el programa radical de colectivización y redistribución de la tierra de la Zona Republicana, pero reconoció que era necesaria una política de reforma agraria, que sustituyera a su propio programa de reformas técnicas dirigidas a obtener mayores ingresos y mayor producción.
Esto se inspiró en la política hidráulica y cuyos antecedentes estaban en los primeros años de Franco, Joaquín Costa y otros regeneracionistas, y que habían iniciado parcialmente Primo de Rivera y la República. También se pretendía poner en marcha un modesto programa para que un número mayor de campesinos pudiera ser dueño de sus tierras, una especie de "colonización interna limitada" -como en 1907-, no como en tiempos de la República. Para ello el Servicio Nacional de Reforma Económico-Social de la Tierra, creado con el primer Gobierno de Franco en 1938, se sustituyó en octubre de 1939 por el Instituto Nacional de Colonización. Como éste no tenía fondos, se promulgó una nueva ley en diciembre de 1939 para fomentar que el capital privado ayudara a los campesinos que tuvieran tierras sin cultivar, pero con pocos resultados. Una ley de abril de 1946 para la colonización de interés local otorgó tierras a aquellos que no tenían, pero los logros de semejantes programas eran poco significativos. A finales de los 40 en algunas zonas hubo verdaderas mejoras en cuanto a la expansión de la irrigación y otras instalaciones. De pronto las inversiones en agricultura se multiplicaron por dos, hasta alcanzar un 9,33 por ciento del total nacional en 1953 y crecieron más al final de la década de los 50, pero casi la mitad procedía de los fondos públicos. En los últimos años de la década los cambios empezaron a afectar realmente a la agricultura española.
Estaba comenzando la transformación que tendría lugar a lo largo de los 25 años finales del Régimen. Una de las limitaciones que tenía el Estado para llevar a cabo un desarrollo más rápido era su política fiscal. No había ningún interés en redistribuir la renta mediante los impuestos. En 1948 el Estado sólo recaudaba un 14,76 por ciento de la renta nacional contabilizada, en comparación con casi un 21 por ciento que se recaudaba en Francia y un 33 por ciento en Gran Bretaña. Los grandes ganadores de estas condiciones restrictivas fueron los grandes bancos. Los cinco más importantes (Central, Español de Crédito, Hispano Americano, Bilbao y Vizcaya) crecieron a un ritmo sin precedentes y sus beneficios anuales aumentaron en un 700 por ciento. Según las estimaciones, dominaban casi un 65 por ciento de los recursos financieros movilizados en España en 1950; una ironía si se recuerda el programa falangista original que se oponía al control de los bancos por medio de la nacionalización de los créditos. Para España, los años 40 fueron de una dureza terrible. Las condiciones variaban ligeramente de una región a otra y en algunas, los gobernadores civiles a veces lograban obtener más alimentos. Con el mercado negro, que era realmente necesario para la supervivencia, se creó una nueva clase media; el gobernador civil de Valencia señaló en 1947 que el consumo diario de comida que garantizaba el racionamiento en su provincia era de 953 calorías.
El racionamiento era algo común en casi toda Europa durante esta década y el sufrimiento económico fue más o menos el mismo en todos los países, pero el sistema español no podía garantizar las mismas cantidades mínimas de alimentos que los demás. El crecimiento sostenido no comenzó hasta 1948-49, igual que en el resto del continente. Los niveles de renta per capita de los años anteriores a la Guerra Civil no se recuperaron hasta 1951. Comparada con 1935, la renta per capita ajustada (en dólares) estaba en 79 en 1940, llegó a 87 en 1942 y se hundió hasta 71 en 1945, fecha en que empezó a subir de nuevo. El desempleo descendió rápidamente de 477.808 parados en 1940 a 147.946 en 1945. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que estas cifras escondían el paro masivo que había en la agricultura. La situación era peor de lo que parecía, porque era una población activa relativamente escasa que apenas incluía mujeres. Además, no se podía paliar este desempleo por medio de la emigración o del trabajo en el extranjero. Sólo volvió a haber emigración después de 1945 y fue sobre todo a Venezuela; 135.487 españoles se marcharon entre 1945 y 1950. En los años 40 se dio la mayor inflación de la Historia de España. Esto se había evitado en gran medida en la zona nacional durante la Guerra Civil, pero en el bando republicano se había perdido absolutamente el control y durante la posguerra empezó a afectar a todo el país. A finales de 1940 los precios habían aumentado en un 150 por ciento respecto a los años de preguerra y se estabilizaron parcialmente durante 1942-45.
Pero en 1946 volvieron a subir en casi un tercio y otro tanto al año siguiente. En 1948 empezaron a bajar un poco, pero estaban casi seis veces más altos que en 1936. En los alimentos fue donde más efecto tuvo la inflación, que perjudicaba sobre todo a las clases más bajas. Los salarios no crecían al mismo ritmo que los precios, aunque a menudo la diferencia se paliaba por medio del doble empleo, el mercado negro y el principio del sistema de seguridad social. Hasta 1952 el nivel medio de vida no alcanzó el que había en 1936. Los logros más impresionantes de estos años se dieron en la atención médica y el sistema sanitario. Era imposible que un país con el nivel de desarrollo que tenía España en aquellos años pudiera ofrecer servicios médicos avanzados y de calidad para todos, pero se hicieron grandes avances en aspectos como la maternidad y la infancia. La mortalidad infantil, por ejemplo, disminuyó de un 109 por mil en 1935 a 88 una década después y se redujo a la mitad en 1955. El índice de muertes por parto también sufrió un descenso de 2.196 por cada 100.000 partos en 1935 a 1.183 en 1945 y a menos de la mitad 10 años más tarde. El sistema de bienestar se desarrolló por etapas. Las primeras subvenciones a familias numerosas o necesitadas se anunció el 18 de julio de 1938 y en 1942 alrededor de un 10 por ciento de la población recibía una renta complementaria del Estado. Se puso en marcha un nuevo programa de seguros estatales que empezó el 1 de septiembre de 1939 con el Seguro de vejez, pero éste no se hizo extensivo a los trabajadores agrícolas hasta febrero de 1943, seguido del Seguro Obligatorio de Enfermedad que comenzó el 14 de diciembre de 1942.
El Régimen anuló prácticamente todas las transferencias de propiedad que se habían llevado a cabo durante la República y la revolución, pero su política social no podía decirse que fuera reaccionaria sin más, ya que mantuvo o adaptó parte de la legislación precedente y en algunos aspectos la amplió. Una innovación fue el Ministerio de la Vivienda, instaurado como tal en 1957 para financiar la construcción de nuevas residencias a escala nacional para grupos sin recursos. En 1950 había 42.000 nuevas unidades subvencionadas. En los escasos discursos que hizo Franco ante grupos de trabajadores, como el que dio en la inauguración de la nueva fábrica de SEAT en Barcelona en junio de 1949, le gustaba dar seguridad afirmando que el Régimen estaba en contra del capitalismo tanto como del marxismo. Lo que quería decir con su rechazo del capitalismo, sin embargo, era que no quería una economía liberal sino una regulación estatal y el arbitrio de la Organización Sindical. La estructura sindical del país se terminó de planificar durante los años 40 aunque quedaron fuera muchos trabajadores, especialmente en pueblos pequeños y en el campo. En 1945 se habían creado 16 sindicatos nacionales para cada una de las ramas básicas de la economía, pero los que se encargaban del sector agrícola no estaban organizados del todo. Intentaron proteger ciertos intereses de los trabajadores, pero en general no fueron más que instrumentos de control del Gobierno.
Los únicos elementos representativos eran los enlaces sindicales, que eran los delegados de los grupos locales más pequeños. Las primeras elecciones en las que los trabajadores eligieron a un total de 210.000 enlaces tuvieron lugar el 22 de octubre de 1944. El proceso, como era obvio, no se realizó libremente y muchos trabajadores ni siquiera tomaron parte o votaron en blanco, pero el fraude no era completo; no importaban los resultados, ya que los enlaces sindicales podían hacer muy poco, estaban en el último escalafón del sistema. Tres años más tarde, en agosto de 1947, se anunció la formación de nuevos consejos jurados de empresa. Se permitió una mayor libertad en las elecciones que se celebraron en 1950 para enlaces sindicales y la izquierda aprovechó para elegir a personas de la oposición. En general, los sindicatos pudieron dominar a los trabajadores pero no pudieron dar verdadero apoyo. La influencia del sistema sindical fue especialmente débil en zonas como Barcelona, Vizcaya y Asturias, donde el trabajo organizado tenía una larga tradición histórica. El gobernador civil de Barcelona entre 1945 y 1947 escribió una carta un año después, en la que con absoluta franqueza diría: "Que las masas obreras no siempre se encuentran representadas en sus sindicatos es cosa evidente. Muchas veces los obreros no reconocen autoridad moral a sus propios delegados, diciendo que son servidores del patrono tal o cual. Otras llegan a afirmar que los mandos están previstos, al amparo de influencias de orden político, en personas que los ocupan no en beneficio de los productores, sino en pro de sus iniciativas personales o de partido y para hacer posibles particulares apetencias" (citado por B.
Barba Hernández). El primo de Franco, el General Franco Salgado-Araújo, en privado, escribiría años después: "Lo que es triste es que la masa obrera vive de espaldas a la organización sindical; pues los mandamás no son líderes populares que están en contacto con los obreros, son señores que explotan su enchufe" (Franco Salgado-Araújo, Conversaciones privadas, 142). La atmósfera gris y deprimente de la vida española de los años 40 cambió un poco en la década siguiente. El contacto económico con el mercado internacional se había expandido un poco en 1945 y después de 1951 algunas de las restricciones internas más extremas se redujeron. El objetivo del Régimen de dar un impulso a la economía con inversiones anuales de un 15 por ciento o más se logró en gran medida en los 50. La inversión había crecido en 1948; dio cada vez más apoyo al desarrollo eléctrico y a ciertas industrias clave en 1950, para la estructura comercial en 1951 y para obras públicas en 1953. Se seguían ofreciendo ventajas impositivas e incluso se garantizaban beneficios a algunas empresas que gozaban del favor del Estado con una sola exigencia: que consumieran productos nacionales en la medida de lo posible sin tener en cuenta el precio. Se mantuvieron las restricciones sobre la importación, continuó el control sobre el cambio de divisas, el comercio exterior siguió sometido a regulación y se practicaba la intervención directa otorgando incentivos para licencias tanto de exportación como de importación, junto con inversiones cada vez mayores del INI. Mientras que en los 40 el INI había prestado mayor atención al combustible, la energía hidroeléctrica y los fertilizantes, en los 50 se concentró en la metalurgia y en el sector del automóvil a través de nuevas empresas como ENSIDESA en Asturias y SEAT en Barcelona.
Los problemas más graves procedían del caos general y la desorganización que había dejado la guerra. En aquel momento la autarquía -una política basada en el nacionalismo y la autosuficiencia, bastante cerrada al mundo exterior- era el sistema que mantenían las otras tres dictaduras destacadas de Europa: Alemania, la Unión Soviética e Italia. Se pensaba que, por extensión, tenía que ser el mejor sistema para España también. Pero España no tenía los recursos de Alemania o de la Unión Soviética, necesitaba ayuda y comercio exterior mucho más que estos dos países. Su programa autárquico era arbitrario e improvisado y cambiaba enormemente de un sector a otro. Desaconsejaba la existencia de un mercado internacional y la exportación, mientras que fomentaba la importación de industrias de sustitución. El control y las regulaciones estatales fijaban precios y salarios en casi todos los ámbitos y reforzaban la estructura económica basada en pequeñas empresas a base de otorgar créditos, sin importar lo ruinoso que fuera el negocio. Era imposible instaurar las economías de escala necesarias para un funcionamiento óptimo y cuando se construían nuevas plantas en zonas no industriales -loable desde el punto de vista de la lucha contra los desequilibrios regionales- se disparaban los costes. Para un desarrollo rápido y eficaz era necesaria la inversión de capital y nuevas tecnologías, dos cosas muy escasas en España. En general, los años de la Segunda Guerra Mundial fueron desastrosos para España, hasta el punto de que en algunos aspectos había más miseria social que durante la propia guerra civil.
Esto no era por los efectos directos de la guerra, ya que durante el primer conflicto europeo y como país neutral, la economía española había avanzado rápidamente y a otros países neutrales como Portugal, Turquía, Suecia y Suiza les fue bastante mejor que a España. El motivo de la pobreza económica fue la política económica y diplomática del Régimen, empeñado en mantener una rígida autarquía y prestar más atención a las economías en decadencia de Alemania e Italia, en vez de dirigir sus intereses hacia el creciente poder económico de los Aliados occidentales. En 1945 estaba claro para los líderes del Régimen que la autarquía tendría que modificarse. Entre 1945 y 1946 se hicieron algunos cambios para asociarse con el mercado internacional, aunque se seguiría practicando una política nacionalista y restrictiva durante otros 14 años, hasta 1959. La rigidez de la autarquía se aplicaba sobre todo al comercio exterior. España no recuperó su nivel de exportaciones de antes de la Guerra Civil hasta 1950. El rigor financiero y una balanza de pagos negativa mantuvieron las importaciones por debajo de los niveles de 1936. La política estatal se concentró en la producción de carbón y acero, y más adelante en el desarrollo hidroeléctrico, que era donde se habían obtenido mayores beneficios a finales de los años 40. El INI jugó un papel destacado en los sectores del carbón, el combustible y la electricidad. Entre 1942 y 1948 puso en marcha nuevas empresas de gran relevancia como Iberia -1943- y ENASA en 1946, que fue la impulsora de Pegaso -principal productor de camiones y autobuses del país- y participó en la reestructuración y ampliación de muchas más.
El ferrocarril y el teléfono también se nacionalizaron y en 1946 se empezó a prestar atención a las líneas férreas y a las autopistas, que se habían deteriorado enormemente. En 1946 la producción industrial, en general, sobrepasó los niveles de 1935 en un 2 por ciento. Sin embargo, la agricultura se dejó de lado, lo que trajo como consecuencia la mala alimentación de parte de la población. El sector más favorecido probablemente fue la metalurgia vasca, que se fomentó enormemente, ya que era una pieza clave para el Ejército. La industria textil decayó tanto que sólo logró alcanzar un 60 por ciento de la producción de preguerra; el sector químico no volvió a sus niveles de 1935 hasta 1950; sin embargo, el carbón sobrepasó las cifras de la época de preguerra en un 30 por ciento y en 1945 hasta en un 60 por ciento. El crecimiento más espectacular se dio en la producción eléctrica, que en 1948 era casi el doble de lo que había sido una década antes, aunque la sequía todavía producía cortes intermitentes. En 1948 se empezaron a acelerar las inversiones y a partir de entonces la expansión industrial se generalizó. En 1949 se construyó el primer avión de transporte completamente español. La agricultura y el sector textil siguieron siendo los más deprimidos de la economía; sus niveles se mantuvieron muy por debajo de los que se habían alcanzado en los años anteriores a la guerra. En 1940 se promulgó la Ley de Intensificación de Cultivos para obligar a los terratenientes a que pusieran más tierras en cultivo, pero el Estado no siempre hacía cumplir la ley y no tuvo tanto éxito como la Unión Soviética.
En 1939 sólo el 77 por ciento de las áreas dedicadas al trigo antes de la guerra eran productivas. Este porcentaje aumentó de forma muy lenta, llegando a un 90 por ciento 10 años después. La cosecha de trigo de 1941 fue oficialmente de 2,4 millones de toneladas, cuando lo que se necesitaba eran 4 millones. Las condiciones climáticas a menudo fueron muy malas durante la década. La sequía de 1944-45 provocó la cosecha de trigo más pobre de todo el siglo, peor todavía que el calamitoso 1904. Esta producción de trigo en 1945 sólo llegaba al 53 por ciento de la media de la preguerra, y en 1946 la producción de alimentos se había elevado sólo hasta el 79 por ciento del nivel de 1929 y volvió a caer a 64 por ciento en 1948. A los efectos de la sequía prolongada había que sumar la falta de gestión, de inversiones y de mejoras tecnológicas, de todo lo cual era en parte responsable el Estado con su política y sus regulaciones. Apenas prestaba atención a la base agrícola de su economía a la hora de distribuir recursos. Las inversiones en agricultura apenas llegaban a un 4 por ciento del total de la inversión pública y privada anual durante los años 40. Por tanto, durante una década de racionamiento y condiciones muy duras, fue necesario que este país esencialmente agrícola utilizara sus escasas divisas para importar alimentos de primera necesidad. No es sorprendente que los alimentos fueran el producto de mayor importancia en el mercado negro de los años 40.
Debido a los bajos precios que se fijaban y a otros rigores, el Servicio Nacional del Trigo no podía controlar toda la producción de grano, de modo que casi un tercio de todo el grano que se produjo durante la década de los 40 terminó en el mercado negro. Como se vendía a precios mucho más altos que los que fijaba el Gobierno, los productores de grano obtenían un 60 por ciento de sus ingresos del estraperlo. Una ley del 30 de septiembre de 1940 fijaba multas muy altas y sentencias de prisión para los vendedores y compradores del mercado negro, y al poco tiempo se instituyó la pena de muerte para crímenes especialmente graves. Durante el primer año en que las nuevas sanciones estuvieron en vigor, se detuvo a unos 5.000 traficantes y se pusieron multas por valor de más de 100 millones de pesetas, pero tuvo poco efecto, debido a la escasez, la mala administración y la corrupción desmedida del sistema. A pesar de la reducción del área dedicada al cultivo, la población agrícola siguió creciendo, en parte por las restricciones que había en la industria urbana y en parte por el crecimiento demográfico natural. La mano de obra agrícola pasó de 4,1 millones en 1932 a 4,8 millones en 1940, y a 5,3 millones en 1950, antes de que empezara a decrecer. El Gobierno había anulado casi por completo el programa radical de colectivización y redistribución de la tierra de la Zona Republicana, pero reconoció que era necesaria una política de reforma agraria, que sustituyera a su propio programa de reformas técnicas dirigidas a obtener mayores ingresos y mayor producción.
Esto se inspiró en la política hidráulica y cuyos antecedentes estaban en los primeros años de Franco, Joaquín Costa y otros regeneracionistas, y que habían iniciado parcialmente Primo de Rivera y la República. También se pretendía poner en marcha un modesto programa para que un número mayor de campesinos pudiera ser dueño de sus tierras, una especie de "colonización interna limitada" -como en 1907-, no como en tiempos de la República. Para ello el Servicio Nacional de Reforma Económico-Social de la Tierra, creado con el primer Gobierno de Franco en 1938, se sustituyó en octubre de 1939 por el Instituto Nacional de Colonización. Como éste no tenía fondos, se promulgó una nueva ley en diciembre de 1939 para fomentar que el capital privado ayudara a los campesinos que tuvieran tierras sin cultivar, pero con pocos resultados. Una ley de abril de 1946 para la colonización de interés local otorgó tierras a aquellos que no tenían, pero los logros de semejantes programas eran poco significativos. A finales de los 40 en algunas zonas hubo verdaderas mejoras en cuanto a la expansión de la irrigación y otras instalaciones. De pronto las inversiones en agricultura se multiplicaron por dos, hasta alcanzar un 9,33 por ciento del total nacional en 1953 y crecieron más al final de la década de los 50, pero casi la mitad procedía de los fondos públicos. En los últimos años de la década los cambios empezaron a afectar realmente a la agricultura española.
Estaba comenzando la transformación que tendría lugar a lo largo de los 25 años finales del Régimen. Una de las limitaciones que tenía el Estado para llevar a cabo un desarrollo más rápido era su política fiscal. No había ningún interés en redistribuir la renta mediante los impuestos. En 1948 el Estado sólo recaudaba un 14,76 por ciento de la renta nacional contabilizada, en comparación con casi un 21 por ciento que se recaudaba en Francia y un 33 por ciento en Gran Bretaña. Los grandes ganadores de estas condiciones restrictivas fueron los grandes bancos. Los cinco más importantes (Central, Español de Crédito, Hispano Americano, Bilbao y Vizcaya) crecieron a un ritmo sin precedentes y sus beneficios anuales aumentaron en un 700 por ciento. Según las estimaciones, dominaban casi un 65 por ciento de los recursos financieros movilizados en España en 1950; una ironía si se recuerda el programa falangista original que se oponía al control de los bancos por medio de la nacionalización de los créditos. Para España, los años 40 fueron de una dureza terrible. Las condiciones variaban ligeramente de una región a otra y en algunas, los gobernadores civiles a veces lograban obtener más alimentos. Con el mercado negro, que era realmente necesario para la supervivencia, se creó una nueva clase media; el gobernador civil de Valencia señaló en 1947 que el consumo diario de comida que garantizaba el racionamiento en su provincia era de 953 calorías.
El racionamiento era algo común en casi toda Europa durante esta década y el sufrimiento económico fue más o menos el mismo en todos los países, pero el sistema español no podía garantizar las mismas cantidades mínimas de alimentos que los demás. El crecimiento sostenido no comenzó hasta 1948-49, igual que en el resto del continente. Los niveles de renta per capita de los años anteriores a la Guerra Civil no se recuperaron hasta 1951. Comparada con 1935, la renta per capita ajustada (en dólares) estaba en 79 en 1940, llegó a 87 en 1942 y se hundió hasta 71 en 1945, fecha en que empezó a subir de nuevo. El desempleo descendió rápidamente de 477.808 parados en 1940 a 147.946 en 1945. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que estas cifras escondían el paro masivo que había en la agricultura. La situación era peor de lo que parecía, porque era una población activa relativamente escasa que apenas incluía mujeres. Además, no se podía paliar este desempleo por medio de la emigración o del trabajo en el extranjero. Sólo volvió a haber emigración después de 1945 y fue sobre todo a Venezuela; 135.487 españoles se marcharon entre 1945 y 1950. En los años 40 se dio la mayor inflación de la Historia de España. Esto se había evitado en gran medida en la zona nacional durante la Guerra Civil, pero en el bando republicano se había perdido absolutamente el control y durante la posguerra empezó a afectar a todo el país. A finales de 1940 los precios habían aumentado en un 150 por ciento respecto a los años de preguerra y se estabilizaron parcialmente durante 1942-45.
Pero en 1946 volvieron a subir en casi un tercio y otro tanto al año siguiente. En 1948 empezaron a bajar un poco, pero estaban casi seis veces más altos que en 1936. En los alimentos fue donde más efecto tuvo la inflación, que perjudicaba sobre todo a las clases más bajas. Los salarios no crecían al mismo ritmo que los precios, aunque a menudo la diferencia se paliaba por medio del doble empleo, el mercado negro y el principio del sistema de seguridad social. Hasta 1952 el nivel medio de vida no alcanzó el que había en 1936. Los logros más impresionantes de estos años se dieron en la atención médica y el sistema sanitario. Era imposible que un país con el nivel de desarrollo que tenía España en aquellos años pudiera ofrecer servicios médicos avanzados y de calidad para todos, pero se hicieron grandes avances en aspectos como la maternidad y la infancia. La mortalidad infantil, por ejemplo, disminuyó de un 109 por mil en 1935 a 88 una década después y se redujo a la mitad en 1955. El índice de muertes por parto también sufrió un descenso de 2.196 por cada 100.000 partos en 1935 a 1.183 en 1945 y a menos de la mitad 10 años más tarde. El sistema de bienestar se desarrolló por etapas. Las primeras subvenciones a familias numerosas o necesitadas se anunció el 18 de julio de 1938 y en 1942 alrededor de un 10 por ciento de la población recibía una renta complementaria del Estado. Se puso en marcha un nuevo programa de seguros estatales que empezó el 1 de septiembre de 1939 con el Seguro de vejez, pero éste no se hizo extensivo a los trabajadores agrícolas hasta febrero de 1943, seguido del Seguro Obligatorio de Enfermedad que comenzó el 14 de diciembre de 1942.
El Régimen anuló prácticamente todas las transferencias de propiedad que se habían llevado a cabo durante la República y la revolución, pero su política social no podía decirse que fuera reaccionaria sin más, ya que mantuvo o adaptó parte de la legislación precedente y en algunos aspectos la amplió. Una innovación fue el Ministerio de la Vivienda, instaurado como tal en 1957 para financiar la construcción de nuevas residencias a escala nacional para grupos sin recursos. En 1950 había 42.000 nuevas unidades subvencionadas. En los escasos discursos que hizo Franco ante grupos de trabajadores, como el que dio en la inauguración de la nueva fábrica de SEAT en Barcelona en junio de 1949, le gustaba dar seguridad afirmando que el Régimen estaba en contra del capitalismo tanto como del marxismo. Lo que quería decir con su rechazo del capitalismo, sin embargo, era que no quería una economía liberal sino una regulación estatal y el arbitrio de la Organización Sindical. La estructura sindical del país se terminó de planificar durante los años 40 aunque quedaron fuera muchos trabajadores, especialmente en pueblos pequeños y en el campo. En 1945 se habían creado 16 sindicatos nacionales para cada una de las ramas básicas de la economía, pero los que se encargaban del sector agrícola no estaban organizados del todo. Intentaron proteger ciertos intereses de los trabajadores, pero en general no fueron más que instrumentos de control del Gobierno.
Los únicos elementos representativos eran los enlaces sindicales, que eran los delegados de los grupos locales más pequeños. Las primeras elecciones en las que los trabajadores eligieron a un total de 210.000 enlaces tuvieron lugar el 22 de octubre de 1944. El proceso, como era obvio, no se realizó libremente y muchos trabajadores ni siquiera tomaron parte o votaron en blanco, pero el fraude no era completo; no importaban los resultados, ya que los enlaces sindicales podían hacer muy poco, estaban en el último escalafón del sistema. Tres años más tarde, en agosto de 1947, se anunció la formación de nuevos consejos jurados de empresa. Se permitió una mayor libertad en las elecciones que se celebraron en 1950 para enlaces sindicales y la izquierda aprovechó para elegir a personas de la oposición. En general, los sindicatos pudieron dominar a los trabajadores pero no pudieron dar verdadero apoyo. La influencia del sistema sindical fue especialmente débil en zonas como Barcelona, Vizcaya y Asturias, donde el trabajo organizado tenía una larga tradición histórica. El gobernador civil de Barcelona entre 1945 y 1947 escribió una carta un año después, en la que con absoluta franqueza diría: "Que las masas obreras no siempre se encuentran representadas en sus sindicatos es cosa evidente. Muchas veces los obreros no reconocen autoridad moral a sus propios delegados, diciendo que son servidores del patrono tal o cual. Otras llegan a afirmar que los mandos están previstos, al amparo de influencias de orden político, en personas que los ocupan no en beneficio de los productores, sino en pro de sus iniciativas personales o de partido y para hacer posibles particulares apetencias" (citado por B.
Barba Hernández). El primo de Franco, el General Franco Salgado-Araújo, en privado, escribiría años después: "Lo que es triste es que la masa obrera vive de espaldas a la organización sindical; pues los mandamás no son líderes populares que están en contacto con los obreros, son señores que explotan su enchufe" (Franco Salgado-Araújo, Conversaciones privadas, 142). La atmósfera gris y deprimente de la vida española de los años 40 cambió un poco en la década siguiente. El contacto económico con el mercado internacional se había expandido un poco en 1945 y después de 1951 algunas de las restricciones internas más extremas se redujeron. El objetivo del Régimen de dar un impulso a la economía con inversiones anuales de un 15 por ciento o más se logró en gran medida en los 50. La inversión había crecido en 1948; dio cada vez más apoyo al desarrollo eléctrico y a ciertas industrias clave en 1950, para la estructura comercial en 1951 y para obras públicas en 1953. Se seguían ofreciendo ventajas impositivas e incluso se garantizaban beneficios a algunas empresas que gozaban del favor del Estado con una sola exigencia: que consumieran productos nacionales en la medida de lo posible sin tener en cuenta el precio. Se mantuvieron las restricciones sobre la importación, continuó el control sobre el cambio de divisas, el comercio exterior siguió sometido a regulación y se practicaba la intervención directa otorgando incentivos para licencias tanto de exportación como de importación, junto con inversiones cada vez mayores del INI. Mientras que en los 40 el INI había prestado mayor atención al combustible, la energía hidroeléctrica y los fertilizantes, en los 50 se concentró en la metalurgia y en el sector del automóvil a través de nuevas empresas como ENSIDESA en Asturias y SEAT en Barcelona.
