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Datos principales
Rango
Primer franquismo
Desarrollo
Con lentitud, Navarro Rubio, Ullastres y López Rodó empezaron a diseñar el esquema de un programa de liberalización y estabilización económicas, mientras que al mismo tiempo una huelga provocada por la elevada inflación en la primavera de 1958 añadió presión al Régimen. Navarro Rubio distribuyó un cuestionario a los directores de las mayores agencias económicas para ver su opinión respecto a la posible liberalización del sistema semiautártico en interés de la cooperación internacional. La mayoría estaba a favor, sobre todo los administradores de la Organización Sindical, que propugnaban la integración económica con Europa, en la esperanza de que un desarrollo económico continuado podría proporcionarles mayor influencia en el Movimiento y en el Régimen. En el Banco de España fueron más cautelosos; su mayor preocupación estaba en la política monetaria y el control de la inflación. Los más intransigentes fueron Suanzes y los directores del INI, que exigían que se mantuviera una política intervencionista y nacionalista. El siguiente cambio se dio con la Ley de Convenios Colectivos promulgada en abril. Introducía un principio nuevo: las negociaciones colectivas entre los empleados y el patrón en el marco de la Organización Sindical se consideraba preferible a las normas que el ministerio de Trabajo aplicaba a la industria. Aunque el ministerio seguía teniendo el poder de dirimir conflictos de difícil solución, la ley permitía una mayor iniciativa individual y local.
También permitía que las firmas más activas y eficientes y las unidades sindicales establecieran sus propias normas. Sin embargo, las negociaciones colectivas empezaron lentamente debido a la situación deflacionista y de recesión económica de los años 1959-60. Sólo se firmó un acuerdo por negociación colectiva en 1958; en 1959 se firmaron 179 y en 1962 el número había subido hasta 412. Como una de las primeras medidas en esta nueva dirección, en 1958 el Gobierno entró en la OCEE -Organización para la Cooperación Económica Europea-, el Banco de importación y Exportación y el Fondo Monetario Internacional. El nuevo presupuesto español daba incentivos especiales para la exportación y por la primera vez se abrió tímidamente la puerta hacia la inversión extranjera. Al final del año los países más importantes de Europa occidental liberalizaron sus monedas, presionando así para que España hiciera lo mismo. La patología de la situación española quedó patente en diciembre de 1958 cuando la policía detuvo a dos agentes suizos por una evasión masiva de pesetas. Se les encontró una lista de 1.363 personas destacadas o con dinero -en la que por supuesto había varios altos mandos del Régimen- para quien llevaban los asuntos de sus cuentas secretas en Suiza. La crisis estalló a mediados de 1959, después de cuatro años de un severo déficit en la balanza de pagos y una inflación galopante. En mayo, la OCEE publicó un informe sobre España, en el que se señalaba el camino a seguir para realizar una reforma.
En julio, el Instituto Español de Moneda Extranjera estuvo muy cerca de tener que declararse en suspensión de pagos, mientras la Bolsa había entrado en un período de baja tras las restricciones del año anterior. Con el Gobierno al borde de la bancarrota, los ministros del sector económico llegaron a la conclusión de que era necesario un cambio profundo sin mayor demora. Al principio, Franco no estuvo de acuerdo. En varios discursos había utilizado el término crisis de crecimiento para explicar las dificultades por las que atravesaba el país. Estaba dispuesto a aceptar la necesidad de tomar medidas para hacer algún cambio y apretarse el cinturón, pero se resistía a abandonar el Estado semiautárquico en el que se enmarcaba el Régimen. Desconfiaba de la economía liberal tanto como de cualquier otro aspecto del liberalismo. En un memorándum que preparó sobre el problema económico declaró que el interés de la nación, el bien común y la voluntad de los españoles exige imperativamente una transformación del sistema capitalista (citado en Suárez Fernández, Francisco Franco y su tiempo, VI, 107-108) bajo el control del Estado para lograr una mayor producción y bienestar. Cuando Navarro Rubio le presentó un nuevo plan de estabilización y liberalización, Franco al principio se mostró completamente desconfiado, y sólo alcanzó a comprender que se abandonaba el programa del Régimen, en favor de intereses sin ningún tipo de regulación.
Siempre había considerado que el liberalismo económico estaba intrínsecamente ligado al liberalismo político y cultural, y que el comercio internacional inevitablemente abría las puertas a influencias políticas y religiosas subversivas. Si rechazaba esta propuesta quizá tendría que realizar un nuevo cambio de gabinete, dos años y medio después del último. Además, Franco tenía muy buena opinión de sus nuevos ministros, especialmente de Navarro Rubio a quien habían herido tres veces en la Guerra Civil -en la que luchó como voluntario- y más tarde entró a formar parte del Cuerpo Jurídico Militar. El Ministro de Finanzas le ofreció una cantidad desorbitada de argumentos y datos técnicos, y al mismo tiempo muy astutamente apeló a su patriotismo y orgullo nacional, insistiendo en que no había otra alternativa para salvar al Gobierno de la quiebra. Franco nunca fue un simple fanático y después de unos días se dejó convencer por esta combinación de razonamientos técnicos y llamadas a la responsabilidad patriótica. Se abría así una nueva etapa en el desarrollo del Régimen. El 22 de julio de 1959 se emitió un nuevo decreto ley para un Plan de Estabilización interna y externa de la economía. Sus objetivos eran el ahorro, la deflación y sobre todo, la liberalización, que abriría la economía al mercado internacional. Se devaluó la moneda de 42 a 60 pesetas el dólar y a finales de año se habían cerrado 18 agencias de control gubernamental y se habían abolido las regulaciones en muchos bienes tanto de producción doméstica como extranjera.
Se restringió el crédito y se subieron de nuevo las tasas de redescuento del Banco de España. Se suprimieron las licencias de importación para 180 artículos que se consideraban importaciones de primera necesidad, y que representaban alrededor de un 50 por ciento de todas las importaciones; sin embargo, se mantuvieron los controles sobre artículos menos importantes para proteger el cambio extranjero. La inversión interna se liberalizó de las restricciones del Gobierno, se establecieron las pautas para la inversión estatal y las nuevas regulaciones permitían la inversión extranjera hasta un 50 por ciento del capital en cualquier empresa individual. El límite anterior era de un 25 por ciento con grandes restricciones y limitado sólo a un tipo determinado de empresa. Las nuevas regulaciones, que simplificaban y aceleraban todos los procesos, eran aplicables a cualquier tipo de firma o empresa y permitían que los inversores extranjeros repatriaran dividendos anuales de hasta un 6 por ciento. Esto, obviamente, no era una economía de libre mercado, porque seguían existiendo muchas limitaciones, pero supuso un paso significativo hacia las leyes del mercado. De un plumazo se había acabado con gran parte, aunque no con todo, del sistema falangista de nacionalismo económico y semiautárquico. El Plan de Estabilización produjo una fase breve de reajustes durante la cual aumentó la tasa de empleo y se redujo un poco la renta real, pero se alcanzaron los objetivos principales con bastante rapidez.
El peligro de la suspensión de pagos había pasado, y en cinco meses, a finales de 1959, la cuenta de moneda extranjera española tenía un superávit de 100 millones de dólares. La inversión extranjera pasó de 12 millones de dólares bajo las viejas restricciones del 58 a 82,6 millones en 1960. Entre estos dos años el número anual de turistas se multiplicó por dos, alcanzando los seis millones en 1960 y de ahí en adelante siguió creciendo. Este giro se consideró un gran éxito de los nuevos ministros de economía que se ganaron el sobrenombre de tecnócratas. Después de sus dudas, Franco dio todo su apoyo a esta nueva política. Durante la década que siguió a estos cambios, la economía española disfrutó de la mayor prosperidad de toda su historia, con una tasa de crecimiento sólo superada por la de Japón.
También permitía que las firmas más activas y eficientes y las unidades sindicales establecieran sus propias normas. Sin embargo, las negociaciones colectivas empezaron lentamente debido a la situación deflacionista y de recesión económica de los años 1959-60. Sólo se firmó un acuerdo por negociación colectiva en 1958; en 1959 se firmaron 179 y en 1962 el número había subido hasta 412. Como una de las primeras medidas en esta nueva dirección, en 1958 el Gobierno entró en la OCEE -Organización para la Cooperación Económica Europea-, el Banco de importación y Exportación y el Fondo Monetario Internacional. El nuevo presupuesto español daba incentivos especiales para la exportación y por la primera vez se abrió tímidamente la puerta hacia la inversión extranjera. Al final del año los países más importantes de Europa occidental liberalizaron sus monedas, presionando así para que España hiciera lo mismo. La patología de la situación española quedó patente en diciembre de 1958 cuando la policía detuvo a dos agentes suizos por una evasión masiva de pesetas. Se les encontró una lista de 1.363 personas destacadas o con dinero -en la que por supuesto había varios altos mandos del Régimen- para quien llevaban los asuntos de sus cuentas secretas en Suiza. La crisis estalló a mediados de 1959, después de cuatro años de un severo déficit en la balanza de pagos y una inflación galopante. En mayo, la OCEE publicó un informe sobre España, en el que se señalaba el camino a seguir para realizar una reforma.
En julio, el Instituto Español de Moneda Extranjera estuvo muy cerca de tener que declararse en suspensión de pagos, mientras la Bolsa había entrado en un período de baja tras las restricciones del año anterior. Con el Gobierno al borde de la bancarrota, los ministros del sector económico llegaron a la conclusión de que era necesario un cambio profundo sin mayor demora. Al principio, Franco no estuvo de acuerdo. En varios discursos había utilizado el término crisis de crecimiento para explicar las dificultades por las que atravesaba el país. Estaba dispuesto a aceptar la necesidad de tomar medidas para hacer algún cambio y apretarse el cinturón, pero se resistía a abandonar el Estado semiautárquico en el que se enmarcaba el Régimen. Desconfiaba de la economía liberal tanto como de cualquier otro aspecto del liberalismo. En un memorándum que preparó sobre el problema económico declaró que el interés de la nación, el bien común y la voluntad de los españoles exige imperativamente una transformación del sistema capitalista (citado en Suárez Fernández, Francisco Franco y su tiempo, VI, 107-108) bajo el control del Estado para lograr una mayor producción y bienestar. Cuando Navarro Rubio le presentó un nuevo plan de estabilización y liberalización, Franco al principio se mostró completamente desconfiado, y sólo alcanzó a comprender que se abandonaba el programa del Régimen, en favor de intereses sin ningún tipo de regulación.
Siempre había considerado que el liberalismo económico estaba intrínsecamente ligado al liberalismo político y cultural, y que el comercio internacional inevitablemente abría las puertas a influencias políticas y religiosas subversivas. Si rechazaba esta propuesta quizá tendría que realizar un nuevo cambio de gabinete, dos años y medio después del último. Además, Franco tenía muy buena opinión de sus nuevos ministros, especialmente de Navarro Rubio a quien habían herido tres veces en la Guerra Civil -en la que luchó como voluntario- y más tarde entró a formar parte del Cuerpo Jurídico Militar. El Ministro de Finanzas le ofreció una cantidad desorbitada de argumentos y datos técnicos, y al mismo tiempo muy astutamente apeló a su patriotismo y orgullo nacional, insistiendo en que no había otra alternativa para salvar al Gobierno de la quiebra. Franco nunca fue un simple fanático y después de unos días se dejó convencer por esta combinación de razonamientos técnicos y llamadas a la responsabilidad patriótica. Se abría así una nueva etapa en el desarrollo del Régimen. El 22 de julio de 1959 se emitió un nuevo decreto ley para un Plan de Estabilización interna y externa de la economía. Sus objetivos eran el ahorro, la deflación y sobre todo, la liberalización, que abriría la economía al mercado internacional. Se devaluó la moneda de 42 a 60 pesetas el dólar y a finales de año se habían cerrado 18 agencias de control gubernamental y se habían abolido las regulaciones en muchos bienes tanto de producción doméstica como extranjera.
Se restringió el crédito y se subieron de nuevo las tasas de redescuento del Banco de España. Se suprimieron las licencias de importación para 180 artículos que se consideraban importaciones de primera necesidad, y que representaban alrededor de un 50 por ciento de todas las importaciones; sin embargo, se mantuvieron los controles sobre artículos menos importantes para proteger el cambio extranjero. La inversión interna se liberalizó de las restricciones del Gobierno, se establecieron las pautas para la inversión estatal y las nuevas regulaciones permitían la inversión extranjera hasta un 50 por ciento del capital en cualquier empresa individual. El límite anterior era de un 25 por ciento con grandes restricciones y limitado sólo a un tipo determinado de empresa. Las nuevas regulaciones, que simplificaban y aceleraban todos los procesos, eran aplicables a cualquier tipo de firma o empresa y permitían que los inversores extranjeros repatriaran dividendos anuales de hasta un 6 por ciento. Esto, obviamente, no era una economía de libre mercado, porque seguían existiendo muchas limitaciones, pero supuso un paso significativo hacia las leyes del mercado. De un plumazo se había acabado con gran parte, aunque no con todo, del sistema falangista de nacionalismo económico y semiautárquico. El Plan de Estabilización produjo una fase breve de reajustes durante la cual aumentó la tasa de empleo y se redujo un poco la renta real, pero se alcanzaron los objetivos principales con bastante rapidez.
El peligro de la suspensión de pagos había pasado, y en cinco meses, a finales de 1959, la cuenta de moneda extranjera española tenía un superávit de 100 millones de dólares. La inversión extranjera pasó de 12 millones de dólares bajo las viejas restricciones del 58 a 82,6 millones en 1960. Entre estos dos años el número anual de turistas se multiplicó por dos, alcanzando los seis millones en 1960 y de ahí en adelante siguió creciendo. Este giro se consideró un gran éxito de los nuevos ministros de economía que se ganaron el sobrenombre de tecnócratas. Después de sus dudas, Franco dio todo su apoyo a esta nueva política. Durante la década que siguió a estos cambios, la economía española disfrutó de la mayor prosperidad de toda su historia, con una tasa de crecimiento sólo superada por la de Japón.
