Las reformas de 1945
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Rango
Primer franquismo
Desarrollo
Francisco Franco era consciente de que se encontraba ante la coyuntura más crítica en la historia del Régimen y de que tendría que llevar a cabo ciertos cambios para sobrevivir en el mundo de la posguerra de la Europa occidental socialdemócrata. No hay pruebas para creer que contemplara la idea de abandonar el poder y si lo hizo, el final de Mussolini y las purgas que se hicieron en Francia y los Países Bajos le harían cambiar de opinión. El caudillaje, una vez que lo había puesto en marcha, era una empresa a seguir hasta la muerte. Como le dijo a uno de sus generales: "Yo no haré la tontería de Primo de Rivera. Yo no dimito; de aquí al cementerio" (citado en Alfredo Kindelán, La verdad de mis relaciones con Franco, Barcelona, 1981, 187). En la primavera de 1945 Franco ya había diseñado con bastante detalle sus futuras acciones. Habría que introducir nuevas leyes fundamentales para dar al Régimen un contenido jurídico más objetivo y proveerlo de algunas garantías civiles básicas. Se haría un esfuerzo importante para atraer a nuevos políticos católicos y para intensificar la imagen católica del Régimen para ganar el apoyo del Vaticano y reducir la hostilidad de las demás democracias. La Falange perdería protagonismo, pero sin desaparecer del todo ya que todavía tenía utilidad. No se permitirían otras organizaciones políticas, aunque se relajaría la censura hasta cierto punto.
Se promulgó una ley de Gobierno municipal y se hizo un plebiscito para legitimar el Régimen como una monarquía bajo la regencia de Franco. La idea era crear una especie de versión española del viejo ideal alemán del Reichstaat, el Estado autoritario administrativo basado en la ley. Este concepto, que había impresionado a los teóricos de derechas de la generación anterior, tenía poco o nada que ver con un gobierno constitucional. Aunós, el Ministro de Justicia, había empezado a hacer un borrador para una nueva superestructura legal en 1943, y le apoyó Lequerica, que había pedido a Franco que tomara medidas. El proyecto para las garantías civiles al principio se le asignó a Arrese, pero después sé pasó al Instituto de Estudios Políticos cuyo Director, Fernando María Castiella, había nombrado el propio Arrese. Castiella era un joven político y teórico de la derecha de preguerra y más tarde neofalangista y coautor de las -hoy día vergonzosas- Reivindicaciones de España. Pero era flexible y tenía una imaginación relativa. Con la ayuda de varios intelectuales del Instituto elaboró un nuevo fuero para los ciudadanos españoles al que se opusieron firmemente Arrese y algunos de los falangistas más duros, pero Franco lo aceptó. El Fuero de los Españoles -en el título se utilizaba el lenguaje tradicional tan querido por el Régimen- se promulgó el 17 de julio de 1945.
Se basaba, en parte, en la Constitución de 1876, pero pretendía resumir los derechos históricos de la ley tradicional española y garantizaba muchas de las libertades civiles comunes en el mundo occidental, como la libertad de residencia y correspondencia y el derecho a no ser detenido durante más de 72 horas sin una vista preliminar ante un juez. Al parecer, Castiella fue quien añadió el artículo 12, en el que se especificaba el derecho de todos los españoles a expresar sus ideas libremente mientras no atacaran los principios fundamentales del Estado y el 16, en el que se declaraba que los españoles eran libres de reunirse y asociarse si sus objetivos eran legales. Esto preocupaba a Arrese, pero la libertad que otorgaban estas secciones se recortaba en el artículo 33, que especificaba que ninguno de los derechos garantizados por el Fuero podía aprovecharse para atacar la unidad espiritual, nacional y social del país, y el artículo 25 permitía que el Gobierno suspendiera temporalmente estas libertades en caso de emergencia. La promulgación del Fuero coincidió con cambios sustanciales en el gabinete al día siguiente -18 de julio-. Las características más destacadas eran la pérdida relativa de importancia de la Falange y el nombramiento de Alberto Martín Artajo, un civil católico y moderado, como Ministro de Asuntos Exteriores. Hasta entonces había sido Presidente de la Junta Nacional de Acción Católica y sería la pieza clave en una maniobra gubernamental para reforzar el catolicismo del Régimen y ofrecer una nueva imagen al mundo.
Los cambios en el Gobierno fueron precedidos por una nueva Ley de Educación Primaria, que subordinaba oficialmente toda la educación primaria a las normas católicas. Al leal Arrese se le destituyó del cargo, aunque había logrado domesticar a la FET y modificar su fascismo; así que su Secretaría General quedó vacante. Sin embargo, el falangista Girón -cuya demagogia era bastante útil- siguió como Ministro de Trabajo y estaría en este puesto un total de 16 años -hasta 1957- lo que le convertía en el Ministro de Franco que más duró en el cargo después de Carrero Blanco. Al carlista Esteban Bilbao le sustituyó como Ministro de Justicia el antiguo Secretario General de la FET, Fernández Cuesta y a Miguel Primo de Rivera, un falangista del círculo de Arrese, Carlos Rein Segura, en el Ministerio de Agricultura. El Ministro de Gobernación, Blas Pérez, siguió en el cargo, así como el Ministro de Educación, Ibáñez Martín, que era un católico de derechas y muy cercano a Franco. A Juan Antonio Suanzes, amigo de la infancia de Franco y Presidente del INI, ya se le había nombrado Ministro de Comercio e Industria en la reordenación parcial del Gobierno que había tenido lugar en 1944. Aunque algunos ministros se sentían cercanos a la monarquía y dos de ellos se consideraban políticos católicos, éste era un gabinete formado fundamentalmente por leales de Franco, quien tenía todas las razones para pensar que ninguno de ellos le traería problemas.
La excepción a esto podía haber sido Artajo, quien había expresado sus dudas de colaborar con el Régimen a varios católicos destacados desde el Primado para abajo. La mayoría, aunque no todos, le animaron a formar parte del Gobierno para llevar a cabo una reforma institucional. Se dice que él informó a los miembros de Acción Católica de que habría una transformación de envergadura en un periodo de cuatro meses, y parece que el 28 de agosto le dijo al nuevo embajador americano que Franco ya debía haberse dado cuenta que pronto tendría que renunciar. Obviamente, Franco no pensaba en nada semejante y, de hecho, Martín Artajo se estaba imaginando que el sistema de Franco iba a transformarse rápidamente en una monarquía católica y corporativa, semiautoritaria, quizá no muy diferente de las reformas que estaba llevando a cabo Salazar en Portugal. En las reuniones con su gabinete de septiembre y octubre, Franco parecía estar de acuerdo con algunas de las sugerencias de Martín Artajo frente a la resistencia que oponían Girón y Rein Segura. Se discutieron unas reformas limitadas, como una amnistía por los crímenes cometidos durante la Guerra Civil, la reforma electoral de las Cortes, una relajación de la censura y una ley de referéndums. Había momentos en los que Franco parecía creer en un sistema más cercano al sistema constitucional; por ejemplo, cuando comentó que la catástrofe de la Alemania nazi había sido motivado por la decisión de un solo hombre, o cuando aseguró que existía ese mismo peligro para las monarquías que podían sufrir el peligro de desviación del rey por mirarse sólo al espejo (según las notas que tomó Martín Artajo en las reuniones del gabinete citado en J.
Tussell, Franco y los católicos, Madrid, 1984, 103). Sin embargo, los cambios que se realizaron en los meses siguientes se hicieron muy lentamente, fueron mínimos y en algunos aspectos, cosmética pura. El consejero más influyente que insistía en que se hicieran los cambios posibles era Carrero Blanco. En un memorándum decía que por encima de todo el Régimen debía confiar en el orden, la unidad y aguantar, y así se hizo. El 12 de octubre la nueva legislación se mandó a las Cortes, donde se suavizarían algo los términos como reuniones, asociaciones y garantías civiles individuales de acuerdo con el Fuero de los Españoles. Se anunció que se celebrarían elecciones municipales en marzo. Los miembros de los ayuntamientos se elegirían por un procedimiento indirecto -un tercio por los cabeza de familia, otro tercio por los sindicatos, y el tercio restante por aquellos que habían salido elegidos por los dos canales mencionados aunque el Gobierno seguiría nombrando los alcaldes a dedo. El 20 de octubre, se anunció una amnistía para los prisioneros que estuvieran haciendo tiempo por crímenes cometidos en la Guerra Civil y dos días después salió una nueva Ley del Referéndum en la que se dictaba qué cuestiones de trascendencia nacional se someterían a un referéndum popular a la discreción del Gobierno. La Falange no se disolvería, pero se le restaría importancia. Una semana después del cambio en el gabinete, la Vicesecretaría de Educación Popular, que era donde se controlaba la censura, se retiró de la FET y se colocó bajo el ministerio de Educación, que se había convertido en un feudo católico.
El brazo en alto o saludo romano, declarado saludo nacional en abril de 1937, se abolió oficialmente el 11 de septiembre de 1945, sin tener en cuenta las objeciones de los ministros falangistas que quedaban. La burocracia de la FET se dejó bajo la administración del Vicesecretario, Rodrigo Vivar Téllez, un ex juez de reconocida honestidad. Vivar Téllez no era un fascista y no entendía por qué se quería mantener la organización del Movimiento. Franco, sin embargo, tenía muy claro el valor que tenía. En una conversación anterior con Martín Artajo, había observado que la Falange era importante para mantener el espíritu y los ideales del Movimiento de 1936 y en la creación de opinión pública. Como organización de masas, tenía potencial para atraer a toda clase de gente y era la que preparaba el apoyo popular del Régimen, que Franco aseguraba ver en sus viajes. También proporcionó el contenido y los cuadros administrativos de la política social del Régimen y sirvió como baluarte contra la subversión, ya que después de 1945 los falangistas no tuvieron otra alternativa que volver al Régimen. Por fin, el Caudillo observó con cierto cinismo, que funcionaba como una especie de varilla de castigo y se les inculpa de los errores del gobierno, quitándole la presión a éste, según Javier Tusell. Franco declaró que era una especie de instrumento de unificación nacional, más que un partido. No había que prestar mucha atención a las actividades clandestinas de un puñado de activistas resentidos por la pérdida de protagonismo.
Mientras tanto el camisa vieja, Luis González Vicen -jefe del grupo de jóvenes Guardias de Franco- estaba maquinando una maniobra muy diferente para la que había iniciado negociaciones ese verano en Madrid con el nuevo Secretario General clandestino de la CNT, José Leiva. Su objetivo era conseguir el apoyo de la oposición anarcosindicalista para crear un sindicalismo más fuerte, más numeroso y más popular, y rescatar así la Falange. Franco terminó rechazando las exigencias de la CNT y las negociaciones se rompieron al año siguiente. Se reanudó la persecución de la organización anarquista y de sus líderes. La construcción de lo que se ha llamado un constitucionalismo cosmético se completó por el momento, mediante la publicación de una nueva ley electoral el 12 de marzo de 1946. No incluía grandes cambios. Se mantenía el principio de las elecciones corporativas indirectas y controladas, pero admitía representación en los ayuntamientos y una participación sindical más activa. Ninguna de estas reformas suponía un cambio fundamental en el Régimen, pero sí significaba la creación de una fachada de nuevas leyes y garantías de las que se podía echar mano en términos de representación política y derechos civiles, aunque la realidad fuera otra muy diferente. Es decir, que la nueva meta era presentar el Régimen como un sistema de gobierno cuyo poder ejecutivo estaba limitado por el legislativo, lo que era cierto en la forma, pero engañoso en cuanto a la estructura política.
Incluso antes de la muerte de Hitler, un ensayista de Arriba declaró el 12 de abril de 1945, "España tiene un modelo de democracia susceptible de desenvolvimientos amplios, sin desnaturalizarse. Un modo original. Uno más entre la veintena de tipos de democracia que ha registrado la Historia y han elucubrado los proyectistas políticos hasta nuestros azarosos días". El 14 de mayo de 1946 Franco insistiría sobre este aspecto: "El primer error que se comete consiste en querer presentar a nuestro Régimen como un régimen de dictadura, pretendiendo con ello asignar a la magistratura que ejerce facultades extraordinarias y despóticas, cuando... el poder judicial es desempeñado por unos magistrados y jueces de carrera... Jamás, en la vida de la nación, se ha movido la justicia en un área de mayor independencia" (citado en A. de Miguel, La herencia del franquismo, Madrid, 1976, 29). Diez meses después informó a un corresponsal, "Yo no soy, como fuera se cree, dueño de lo que quiero; necesito, como todos los Gobiernos del mundo, la asistencia y acuerdo de mi Gobierno"; y una vez más, definió el Régimen como una democracia popular orgánica (Arriba, 6 marzo 1947), y repitió el eslogan acuñado en 1944 que se seguiría empleando con muchas variaciones durante las tres décadas siguientes.
Se promulgó una ley de Gobierno municipal y se hizo un plebiscito para legitimar el Régimen como una monarquía bajo la regencia de Franco. La idea era crear una especie de versión española del viejo ideal alemán del Reichstaat, el Estado autoritario administrativo basado en la ley. Este concepto, que había impresionado a los teóricos de derechas de la generación anterior, tenía poco o nada que ver con un gobierno constitucional. Aunós, el Ministro de Justicia, había empezado a hacer un borrador para una nueva superestructura legal en 1943, y le apoyó Lequerica, que había pedido a Franco que tomara medidas. El proyecto para las garantías civiles al principio se le asignó a Arrese, pero después sé pasó al Instituto de Estudios Políticos cuyo Director, Fernando María Castiella, había nombrado el propio Arrese. Castiella era un joven político y teórico de la derecha de preguerra y más tarde neofalangista y coautor de las -hoy día vergonzosas- Reivindicaciones de España. Pero era flexible y tenía una imaginación relativa. Con la ayuda de varios intelectuales del Instituto elaboró un nuevo fuero para los ciudadanos españoles al que se opusieron firmemente Arrese y algunos de los falangistas más duros, pero Franco lo aceptó. El Fuero de los Españoles -en el título se utilizaba el lenguaje tradicional tan querido por el Régimen- se promulgó el 17 de julio de 1945.
Se basaba, en parte, en la Constitución de 1876, pero pretendía resumir los derechos históricos de la ley tradicional española y garantizaba muchas de las libertades civiles comunes en el mundo occidental, como la libertad de residencia y correspondencia y el derecho a no ser detenido durante más de 72 horas sin una vista preliminar ante un juez. Al parecer, Castiella fue quien añadió el artículo 12, en el que se especificaba el derecho de todos los españoles a expresar sus ideas libremente mientras no atacaran los principios fundamentales del Estado y el 16, en el que se declaraba que los españoles eran libres de reunirse y asociarse si sus objetivos eran legales. Esto preocupaba a Arrese, pero la libertad que otorgaban estas secciones se recortaba en el artículo 33, que especificaba que ninguno de los derechos garantizados por el Fuero podía aprovecharse para atacar la unidad espiritual, nacional y social del país, y el artículo 25 permitía que el Gobierno suspendiera temporalmente estas libertades en caso de emergencia. La promulgación del Fuero coincidió con cambios sustanciales en el gabinete al día siguiente -18 de julio-. Las características más destacadas eran la pérdida relativa de importancia de la Falange y el nombramiento de Alberto Martín Artajo, un civil católico y moderado, como Ministro de Asuntos Exteriores. Hasta entonces había sido Presidente de la Junta Nacional de Acción Católica y sería la pieza clave en una maniobra gubernamental para reforzar el catolicismo del Régimen y ofrecer una nueva imagen al mundo.
Los cambios en el Gobierno fueron precedidos por una nueva Ley de Educación Primaria, que subordinaba oficialmente toda la educación primaria a las normas católicas. Al leal Arrese se le destituyó del cargo, aunque había logrado domesticar a la FET y modificar su fascismo; así que su Secretaría General quedó vacante. Sin embargo, el falangista Girón -cuya demagogia era bastante útil- siguió como Ministro de Trabajo y estaría en este puesto un total de 16 años -hasta 1957- lo que le convertía en el Ministro de Franco que más duró en el cargo después de Carrero Blanco. Al carlista Esteban Bilbao le sustituyó como Ministro de Justicia el antiguo Secretario General de la FET, Fernández Cuesta y a Miguel Primo de Rivera, un falangista del círculo de Arrese, Carlos Rein Segura, en el Ministerio de Agricultura. El Ministro de Gobernación, Blas Pérez, siguió en el cargo, así como el Ministro de Educación, Ibáñez Martín, que era un católico de derechas y muy cercano a Franco. A Juan Antonio Suanzes, amigo de la infancia de Franco y Presidente del INI, ya se le había nombrado Ministro de Comercio e Industria en la reordenación parcial del Gobierno que había tenido lugar en 1944. Aunque algunos ministros se sentían cercanos a la monarquía y dos de ellos se consideraban políticos católicos, éste era un gabinete formado fundamentalmente por leales de Franco, quien tenía todas las razones para pensar que ninguno de ellos le traería problemas.
La excepción a esto podía haber sido Artajo, quien había expresado sus dudas de colaborar con el Régimen a varios católicos destacados desde el Primado para abajo. La mayoría, aunque no todos, le animaron a formar parte del Gobierno para llevar a cabo una reforma institucional. Se dice que él informó a los miembros de Acción Católica de que habría una transformación de envergadura en un periodo de cuatro meses, y parece que el 28 de agosto le dijo al nuevo embajador americano que Franco ya debía haberse dado cuenta que pronto tendría que renunciar. Obviamente, Franco no pensaba en nada semejante y, de hecho, Martín Artajo se estaba imaginando que el sistema de Franco iba a transformarse rápidamente en una monarquía católica y corporativa, semiautoritaria, quizá no muy diferente de las reformas que estaba llevando a cabo Salazar en Portugal. En las reuniones con su gabinete de septiembre y octubre, Franco parecía estar de acuerdo con algunas de las sugerencias de Martín Artajo frente a la resistencia que oponían Girón y Rein Segura. Se discutieron unas reformas limitadas, como una amnistía por los crímenes cometidos durante la Guerra Civil, la reforma electoral de las Cortes, una relajación de la censura y una ley de referéndums. Había momentos en los que Franco parecía creer en un sistema más cercano al sistema constitucional; por ejemplo, cuando comentó que la catástrofe de la Alemania nazi había sido motivado por la decisión de un solo hombre, o cuando aseguró que existía ese mismo peligro para las monarquías que podían sufrir el peligro de desviación del rey por mirarse sólo al espejo (según las notas que tomó Martín Artajo en las reuniones del gabinete citado en J.
Tussell, Franco y los católicos, Madrid, 1984, 103). Sin embargo, los cambios que se realizaron en los meses siguientes se hicieron muy lentamente, fueron mínimos y en algunos aspectos, cosmética pura. El consejero más influyente que insistía en que se hicieran los cambios posibles era Carrero Blanco. En un memorándum decía que por encima de todo el Régimen debía confiar en el orden, la unidad y aguantar, y así se hizo. El 12 de octubre la nueva legislación se mandó a las Cortes, donde se suavizarían algo los términos como reuniones, asociaciones y garantías civiles individuales de acuerdo con el Fuero de los Españoles. Se anunció que se celebrarían elecciones municipales en marzo. Los miembros de los ayuntamientos se elegirían por un procedimiento indirecto -un tercio por los cabeza de familia, otro tercio por los sindicatos, y el tercio restante por aquellos que habían salido elegidos por los dos canales mencionados aunque el Gobierno seguiría nombrando los alcaldes a dedo. El 20 de octubre, se anunció una amnistía para los prisioneros que estuvieran haciendo tiempo por crímenes cometidos en la Guerra Civil y dos días después salió una nueva Ley del Referéndum en la que se dictaba qué cuestiones de trascendencia nacional se someterían a un referéndum popular a la discreción del Gobierno. La Falange no se disolvería, pero se le restaría importancia. Una semana después del cambio en el gabinete, la Vicesecretaría de Educación Popular, que era donde se controlaba la censura, se retiró de la FET y se colocó bajo el ministerio de Educación, que se había convertido en un feudo católico.
El brazo en alto o saludo romano, declarado saludo nacional en abril de 1937, se abolió oficialmente el 11 de septiembre de 1945, sin tener en cuenta las objeciones de los ministros falangistas que quedaban. La burocracia de la FET se dejó bajo la administración del Vicesecretario, Rodrigo Vivar Téllez, un ex juez de reconocida honestidad. Vivar Téllez no era un fascista y no entendía por qué se quería mantener la organización del Movimiento. Franco, sin embargo, tenía muy claro el valor que tenía. En una conversación anterior con Martín Artajo, había observado que la Falange era importante para mantener el espíritu y los ideales del Movimiento de 1936 y en la creación de opinión pública. Como organización de masas, tenía potencial para atraer a toda clase de gente y era la que preparaba el apoyo popular del Régimen, que Franco aseguraba ver en sus viajes. También proporcionó el contenido y los cuadros administrativos de la política social del Régimen y sirvió como baluarte contra la subversión, ya que después de 1945 los falangistas no tuvieron otra alternativa que volver al Régimen. Por fin, el Caudillo observó con cierto cinismo, que funcionaba como una especie de varilla de castigo y se les inculpa de los errores del gobierno, quitándole la presión a éste, según Javier Tusell. Franco declaró que era una especie de instrumento de unificación nacional, más que un partido. No había que prestar mucha atención a las actividades clandestinas de un puñado de activistas resentidos por la pérdida de protagonismo.
Mientras tanto el camisa vieja, Luis González Vicen -jefe del grupo de jóvenes Guardias de Franco- estaba maquinando una maniobra muy diferente para la que había iniciado negociaciones ese verano en Madrid con el nuevo Secretario General clandestino de la CNT, José Leiva. Su objetivo era conseguir el apoyo de la oposición anarcosindicalista para crear un sindicalismo más fuerte, más numeroso y más popular, y rescatar así la Falange. Franco terminó rechazando las exigencias de la CNT y las negociaciones se rompieron al año siguiente. Se reanudó la persecución de la organización anarquista y de sus líderes. La construcción de lo que se ha llamado un constitucionalismo cosmético se completó por el momento, mediante la publicación de una nueva ley electoral el 12 de marzo de 1946. No incluía grandes cambios. Se mantenía el principio de las elecciones corporativas indirectas y controladas, pero admitía representación en los ayuntamientos y una participación sindical más activa. Ninguna de estas reformas suponía un cambio fundamental en el Régimen, pero sí significaba la creación de una fachada de nuevas leyes y garantías de las que se podía echar mano en términos de representación política y derechos civiles, aunque la realidad fuera otra muy diferente. Es decir, que la nueva meta era presentar el Régimen como un sistema de gobierno cuyo poder ejecutivo estaba limitado por el legislativo, lo que era cierto en la forma, pero engañoso en cuanto a la estructura política.
Incluso antes de la muerte de Hitler, un ensayista de Arriba declaró el 12 de abril de 1945, "España tiene un modelo de democracia susceptible de desenvolvimientos amplios, sin desnaturalizarse. Un modo original. Uno más entre la veintena de tipos de democracia que ha registrado la Historia y han elucubrado los proyectistas políticos hasta nuestros azarosos días". El 14 de mayo de 1946 Franco insistiría sobre este aspecto: "El primer error que se comete consiste en querer presentar a nuestro Régimen como un régimen de dictadura, pretendiendo con ello asignar a la magistratura que ejerce facultades extraordinarias y despóticas, cuando... el poder judicial es desempeñado por unos magistrados y jueces de carrera... Jamás, en la vida de la nación, se ha movido la justicia en un área de mayor independencia" (citado en A. de Miguel, La herencia del franquismo, Madrid, 1976, 29). Diez meses después informó a un corresponsal, "Yo no soy, como fuera se cree, dueño de lo que quiero; necesito, como todos los Gobiernos del mundo, la asistencia y acuerdo de mi Gobierno"; y una vez más, definió el Régimen como una democracia popular orgánica (Arriba, 6 marzo 1947), y repitió el eslogan acuñado en 1944 que se seguiría empleando con muchas variaciones durante las tres décadas siguientes.
