La gestión del Gobierno Calvo Sotelo
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Desarrollo
El nombre de Leopoldo Calvo Sotelo para la Presidencia del Gobierno fue sugerido por el mismo Suárez. Colaborador estrecho de éste, el nuevo presidente nunca se adscribió a una tendencia en el seno de UCD. No obstante, la procedencia y los rasgos personales de ambos eran bien diferentes. Calvo Sotelo ocupó cargos en el régimen de Franco como procurador en Cortes por el tercio sindical, pero procedía del mundo de la empresa y se había educado en un ambiente monárquico, próximo a los medios de la familia católica del Régimen y a los sectores europeístas. Puede afirmarse que estaba un tanto lejano a la Falange y el Movimiento, por donde había transcurrido la vida política de Adolfo Suárez. Inteligente, culto y hábil e incluso mordaz parlamentario, Calvo Sotelo parecía más derechista que Suárez, pero también más sólido que él. Sin duda su mandato partía de una situación mala, agravada por la nueva elevación de los precios del petróleo. Le son achacables varios errores graves en su gestión, pero también tuvo aciertos. Calvo Sotelo por sí solo no podía resolver problemas como la unidad del partido al que él mismo pertenecía, ni tampoco la peculiaridad de una situación política en que había una fuerza política emergente, como era el PSOE, que sólo deseaba llegar al consenso en caso de extrema gravedad y, mientras tanto, optaba por mantener una actitud de acoso que desgastaba al adversario.
Calvo Sotelo logró, en los primeros meses de su presidencia, elevar de manera sustancial la aceptación de su Gobierno, que ascendió hasta el 40%, mientras que en el final de la fase Suárez sólo llegaba al 26%. El derrumbe en el aprecio de la opinión pública se produjo a partir del otoño de 1981 tras las primeras derrotas electorales, ante las que UCD exacerbó su desunión. Tras el verano de 1981 ya se había configurado una imagen de Calvo Sotelo que le situaba bastante más a la derecha que a Suárez. En el verano de 1982 el 44% de los españoles rechazaba a Calvo Sotelo como presidente. Este deterioro se debió mucho más a factores derivados de la desunión del partido que a la propia gestión gubernamental. Sin duda, se podía haber intentado un Gobierno de coalición pero esa colaboración habría agriado todavía más las relaciones en el seno del partido. Además, a comienzos de 1981 no podía ni imaginar la catástrofe electoral de 1982 y por eso Calvo Sotelo no vio tan apremiante la necesidad de un pacto. En las disputas internas del partido procuró evitar la responsabilidad de dirigirlo y no desplazó de sus puestos de responsabilidad a quienes, procedentes del sector socialdemócrata, seguían en él. Sin embargo, varios nombramientos, y sobre todo el de Robles Piquer, que en otoño de 1981 pasó al más alto cargo en RTVE, justificaron la sensación de giro a la derecha.
En cambio la dureza que Calvo Sotelo mostró en las campañas electorales contra el PSOE no puede ser juzgada como un síntoma de derechización, sino de conciencia de que la democracia necesitaba del contraste de opiniones y programas. Además, hay que tener en cuenta que también fue objeto de ataques por parte de la otra ala de su partido, que le acusaba de falta de decisión en el camino hacia la derecha y, sobre todo, por parte de los empresarios. La política de Calvo Sotelo, de cualquier modo, tenía un fundamento sólido: la llamada mayoría natural que se le predicaba desde la derecha no era ni lo uno ni lo otro. No se le puede regatear mérito a Calvo Sotelo en lo que respecta al juicio de los inculpados en el proceso por el 23-F. El intento de golpe de Estado había creado en muchos españoles una sensación de amenaza para la democracia. A la hora de juzgar a los culpables del golpe, la desaparición del procedimiento sumarísimo en tiempo de paz, tomada como medida liberalizadora, evitó que fuera aplicado a este caso. Una Ley de Defensa de la Constitución creó un marco legal adecuado para la represión de cualquier posible nueva intentona, incluso previendo la suspensión de los medios de comunicación que auspiciaran esas posturas. En febrero de 1982, se juzgó a 32 personas por su participación en el golpe. La defensa utilizó los argumentos previsibles acerca de la existencia de un estado de necesidad, defensa del honor militar y obediencia debida al mando.
Cuando las sentencias del tribunal militar fueron conocidas, la opinión pública coincidió con el presidente del Gobierno considerándolas insuficientes, por lo que la causa se trasladó al Tribunal Supremo que aumentó las penas de manera considerable. Otro aspecto de la gestión de Calvo Sotelo a la que cabe atribuir un balance positivo, aunque con matices, fue la aprobación de la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) con el apoyo de los dos partidos mayores, UCD y PSOE. Si fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, al menos estableció una cierta ordenación de la política autonómica que este último llevaría a cabo. Junto con la entrada en la OTAN, de la que se tratará más adelante, esos fueron los aspectos en los que Calvo Sotelo consiguió cumplir su programa. En muchos otros fracasó, bien por la magnitud de la tarea o por la división del partido que le apoyaba. El Gobierno se encontró con una situación muy difícil agravada por la crisis económica y su propia fragilidad parlamentaria. En lo que respecta a la ley del divorcio, la de las televisiones privadas y la de autonomía universitaria, lo más importante fue la propia desunión de UCD. La ley de divorcio, gestada a partir de marzo de 1981, produjo el primer caso de indisciplina parlamentaria centrista. Se había acordado que en el trámite ante el Senado se incorporaría a ella una cláusula de dureza, pero los de tendencia socialdemócrata acabaron votando con la oposición. La Ley de Autonomía Universitaria fue pactada con los socialistas, lo que produjo la irritación del sector derechista del partido y no se llegó a aprobar. Lo lógico hubiera sido que la UCD hubiera introducido la televisión privada, pero ni siquiera pudo intentarlo, ya que era una cuestión que dividía al partido.
Calvo Sotelo logró, en los primeros meses de su presidencia, elevar de manera sustancial la aceptación de su Gobierno, que ascendió hasta el 40%, mientras que en el final de la fase Suárez sólo llegaba al 26%. El derrumbe en el aprecio de la opinión pública se produjo a partir del otoño de 1981 tras las primeras derrotas electorales, ante las que UCD exacerbó su desunión. Tras el verano de 1981 ya se había configurado una imagen de Calvo Sotelo que le situaba bastante más a la derecha que a Suárez. En el verano de 1982 el 44% de los españoles rechazaba a Calvo Sotelo como presidente. Este deterioro se debió mucho más a factores derivados de la desunión del partido que a la propia gestión gubernamental. Sin duda, se podía haber intentado un Gobierno de coalición pero esa colaboración habría agriado todavía más las relaciones en el seno del partido. Además, a comienzos de 1981 no podía ni imaginar la catástrofe electoral de 1982 y por eso Calvo Sotelo no vio tan apremiante la necesidad de un pacto. En las disputas internas del partido procuró evitar la responsabilidad de dirigirlo y no desplazó de sus puestos de responsabilidad a quienes, procedentes del sector socialdemócrata, seguían en él. Sin embargo, varios nombramientos, y sobre todo el de Robles Piquer, que en otoño de 1981 pasó al más alto cargo en RTVE, justificaron la sensación de giro a la derecha.
En cambio la dureza que Calvo Sotelo mostró en las campañas electorales contra el PSOE no puede ser juzgada como un síntoma de derechización, sino de conciencia de que la democracia necesitaba del contraste de opiniones y programas. Además, hay que tener en cuenta que también fue objeto de ataques por parte de la otra ala de su partido, que le acusaba de falta de decisión en el camino hacia la derecha y, sobre todo, por parte de los empresarios. La política de Calvo Sotelo, de cualquier modo, tenía un fundamento sólido: la llamada mayoría natural que se le predicaba desde la derecha no era ni lo uno ni lo otro. No se le puede regatear mérito a Calvo Sotelo en lo que respecta al juicio de los inculpados en el proceso por el 23-F. El intento de golpe de Estado había creado en muchos españoles una sensación de amenaza para la democracia. A la hora de juzgar a los culpables del golpe, la desaparición del procedimiento sumarísimo en tiempo de paz, tomada como medida liberalizadora, evitó que fuera aplicado a este caso. Una Ley de Defensa de la Constitución creó un marco legal adecuado para la represión de cualquier posible nueva intentona, incluso previendo la suspensión de los medios de comunicación que auspiciaran esas posturas. En febrero de 1982, se juzgó a 32 personas por su participación en el golpe. La defensa utilizó los argumentos previsibles acerca de la existencia de un estado de necesidad, defensa del honor militar y obediencia debida al mando.
Cuando las sentencias del tribunal militar fueron conocidas, la opinión pública coincidió con el presidente del Gobierno considerándolas insuficientes, por lo que la causa se trasladó al Tribunal Supremo que aumentó las penas de manera considerable. Otro aspecto de la gestión de Calvo Sotelo a la que cabe atribuir un balance positivo, aunque con matices, fue la aprobación de la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) con el apoyo de los dos partidos mayores, UCD y PSOE. Si fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, al menos estableció una cierta ordenación de la política autonómica que este último llevaría a cabo. Junto con la entrada en la OTAN, de la que se tratará más adelante, esos fueron los aspectos en los que Calvo Sotelo consiguió cumplir su programa. En muchos otros fracasó, bien por la magnitud de la tarea o por la división del partido que le apoyaba. El Gobierno se encontró con una situación muy difícil agravada por la crisis económica y su propia fragilidad parlamentaria. En lo que respecta a la ley del divorcio, la de las televisiones privadas y la de autonomía universitaria, lo más importante fue la propia desunión de UCD. La ley de divorcio, gestada a partir de marzo de 1981, produjo el primer caso de indisciplina parlamentaria centrista. Se había acordado que en el trámite ante el Senado se incorporaría a ella una cláusula de dureza, pero los de tendencia socialdemócrata acabaron votando con la oposición. La Ley de Autonomía Universitaria fue pactada con los socialistas, lo que produjo la irritación del sector derechista del partido y no se llegó a aprobar. Lo lógico hubiera sido que la UCD hubiera introducido la televisión privada, pero ni siquiera pudo intentarlo, ya que era una cuestión que dividía al partido.
