La decadencia de la ofensiva de la oposición
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Datos principales
Rango
Primer franquismo
Desarrollo
La ofensiva que lanzó la oposición inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial tenía tres aspectos fundamentales: la organización de un maquis armado o guerrillas para atacar puestos de la policía en zonas rurales y robar bancos en las ciudades, la reanudación de la actividad huelguística en las zonas industriales y la reanudación de actividades organizadas por los grupos políticos clandestinos. Los tres tipos de actividad tuvieron su punto culminante en los años 1946-47. Los comunistas habían tomado la iniciativa en el aspecto guerrillero y la CNT no llegó a su fuerza operativa máxima hasta 1947, cuando llevaron a cabo sus actividades más importantes en Cataluña. Después de 1949 las actividades de ambos grupos se redujeron rápidamente. Los comunistas abandonaron la guerrilla por completo en 1952 y los anarquistas siguieron llevando a cabo acciones esporádicas y de escasa relevancia hasta 1963. El éxito del Régimen para acabar con estas acciones tiene varias explicaciones. La mayoría de las funciones policiales las realizaba la Guardia Civil -una organización paramilitar- pero también se utilizó a los efectos a un número considerable de las fuerzas del Ejército. El enorme despliegue que se hizo de estas fuerzas para combatir contra los insurgentes hizo que fuera posible tener controladas prácticamente todas las zonas rurales sin apenas perturbar la vida de los civiles. Además, muchas de las zonas montañosas y de bosque, tan propicias para la guerrilla, estaban habitadas por granjeros conservadores y católicos que no estaban dispuestos a dar cobijo ni apoyo a los rebeldes.
Existían algunos santuarios para éstos en el sur de Francia, pero las autoridades francesas terminaron por reducirlos considerablemente. La actividad huelguística de 1946-47 tuvo lugar sobre todo en las provincias vascas y en Cataluña, y llegó a su punto máximo con un paro industrial que empezó en Vizcaya el 1 de mayo de 1947. El sistema sindical del Estado se colapsó en esta provincia y, durante al menos tres días, 60.000 trabajadores dejaron su trabajo. La policía y los patronos tomaron medidas represivas para poner fin a la huelga. Había informes de que se detuvo a unos 7.000 trabajadores y que se echó a otros 14.000 de sus puestos de trabajo, aunque quizá estas cifras sean algo exageradas. La dureza de las medidas logró su objetivo. Sin apoyo político efectivo en el resto del país, ni un atisbo de ruptura en la unidad interna del Régimen y sus mecanismos de represión, la disidencia empezó a decaer después de 1947. La represión armada era fundamentalmente función de la Guardia Civil y de la policía, pero la persecución jurídica de los disidentes políticos era cosa de los tribunales militares de cada provincia. Toda la legislación referente a esto, se recapituló en la nueva Ley de Represión del Bandidaje y Terrorismo anunciada el 17 de abril de 1947. Varios miles de prisioneros de izquierdas siguieron detenidos y hubo alguna ejecución más, aunque por lo general, sólo de convictos por delitos de sangre. De vez en cuando moría un militante de izquierdas por las palizas de la policía.
Los activistas monárquicos recibían un tratamiento mucho más cuidadoso, como si se les considerara una especie de oposición semilegal, aunque se detuvo incluso a Generales de División y se les envió a un exilio interior. Una de las opositoras más enérgicas, la joven Luisa María Narváez, duquesa de Valencia, fue condenada varias veces, por lo que estuvo un total de 22 meses en la cárcel. El éxito de Franco en el referéndum de 1947, que convertía el Estado en una monarquía, aceleró la división entre los grupos de la oposición. En julio, el Partido Socialista abandonó el Gobierno republicano en el exilio e intentaron establecer algún tipo de acuerdo con los monárquicos. La retirada de otros partidos dejó al Gobierno republicano en una situación precaria. Pero la entente socialista-monárquica fue ineficaz y se hundió al poco tiempo. El Régimen se sentía lo suficientemente seguro para llevar a cabo los primeros juicios públicos de personas de la oposición -14 estudiantes- en Madrid ese verano. La oposición armada todavía tenía capacidad de acción y en varias ocasiones en 1948-49 hubo tiroteos en las calles de Barcelona por los guerrilleros anarquistas, pero estos brotes rebeldes eran cada vez más débiles. Un decreto del 7 de abril de 1948 puso fin al estado de guerra que había existido desde principios de la Guerra Civil 12 años antes. Pero toda ofensa política, de la magnitud que fuera, siguió juzgándose en los tribunales militares. En noviembre el Gobierno decidió llevar a cabo una reforma que había anunciado tres años antes; celebró las primeras elecciones municipales corporativas indirectas. Un proceso tan controlado no acarreaba ningún riesgo, sin embargo en un comunicado a Franco el Ministro de Exteriores se lamentaba de la chapuza del primer anuncio que, según dijo, pone al descubierto el carácter limitado de la notación.
Existían algunos santuarios para éstos en el sur de Francia, pero las autoridades francesas terminaron por reducirlos considerablemente. La actividad huelguística de 1946-47 tuvo lugar sobre todo en las provincias vascas y en Cataluña, y llegó a su punto máximo con un paro industrial que empezó en Vizcaya el 1 de mayo de 1947. El sistema sindical del Estado se colapsó en esta provincia y, durante al menos tres días, 60.000 trabajadores dejaron su trabajo. La policía y los patronos tomaron medidas represivas para poner fin a la huelga. Había informes de que se detuvo a unos 7.000 trabajadores y que se echó a otros 14.000 de sus puestos de trabajo, aunque quizá estas cifras sean algo exageradas. La dureza de las medidas logró su objetivo. Sin apoyo político efectivo en el resto del país, ni un atisbo de ruptura en la unidad interna del Régimen y sus mecanismos de represión, la disidencia empezó a decaer después de 1947. La represión armada era fundamentalmente función de la Guardia Civil y de la policía, pero la persecución jurídica de los disidentes políticos era cosa de los tribunales militares de cada provincia. Toda la legislación referente a esto, se recapituló en la nueva Ley de Represión del Bandidaje y Terrorismo anunciada el 17 de abril de 1947. Varios miles de prisioneros de izquierdas siguieron detenidos y hubo alguna ejecución más, aunque por lo general, sólo de convictos por delitos de sangre. De vez en cuando moría un militante de izquierdas por las palizas de la policía.
Los activistas monárquicos recibían un tratamiento mucho más cuidadoso, como si se les considerara una especie de oposición semilegal, aunque se detuvo incluso a Generales de División y se les envió a un exilio interior. Una de las opositoras más enérgicas, la joven Luisa María Narváez, duquesa de Valencia, fue condenada varias veces, por lo que estuvo un total de 22 meses en la cárcel. El éxito de Franco en el referéndum de 1947, que convertía el Estado en una monarquía, aceleró la división entre los grupos de la oposición. En julio, el Partido Socialista abandonó el Gobierno republicano en el exilio e intentaron establecer algún tipo de acuerdo con los monárquicos. La retirada de otros partidos dejó al Gobierno republicano en una situación precaria. Pero la entente socialista-monárquica fue ineficaz y se hundió al poco tiempo. El Régimen se sentía lo suficientemente seguro para llevar a cabo los primeros juicios públicos de personas de la oposición -14 estudiantes- en Madrid ese verano. La oposición armada todavía tenía capacidad de acción y en varias ocasiones en 1948-49 hubo tiroteos en las calles de Barcelona por los guerrilleros anarquistas, pero estos brotes rebeldes eran cada vez más débiles. Un decreto del 7 de abril de 1948 puso fin al estado de guerra que había existido desde principios de la Guerra Civil 12 años antes. Pero toda ofensa política, de la magnitud que fuera, siguió juzgándose en los tribunales militares. En noviembre el Gobierno decidió llevar a cabo una reforma que había anunciado tres años antes; celebró las primeras elecciones municipales corporativas indirectas. Un proceso tan controlado no acarreaba ningún riesgo, sin embargo en un comunicado a Franco el Ministro de Exteriores se lamentaba de la chapuza del primer anuncio que, según dijo, pone al descubierto el carácter limitado de la notación.
