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Datos principales
Rango
Guerra civil
Desarrollo
El estallido de la guerra civil no puede ser atribuido a factores de carácter externo por muy cierta que sea la ayuda prestada por Italia a monárquicos, tradicionalistas y falangistas. Ni esa ayuda hubiera bastado para intentar la sublevación contra la República, ni era creciente, sino estable y modesta, en el momento del estallido de la conflagración. Durante la misma guerra se hizo pública por las autoridades republicanas la información relativa a los pactos logrados por los dos sectores monárquicos con Mussolini en 1934, con el propósito de demostrar la supuesta existencia de una temprana conspiración contra el régimen, pero cuando tuvo verdadero carácter decisivo la ayuda italiana contra la República, y a favor de quienes querían derribarla, fue a partir de julio de 1936. Desde luego los tres grupos políticos que habían obtenido en el pasado ayuda fascista, a partir de febrero de 1936 redoblaron sus esfuerzos por organizar una conspiración capaz de liquidar a las instituciones republicanas mediante el recurso a la violencia. Paradójicamente aquella conspiración que conocemos peor en sus detalles precisos es la de los monárquicos, quizá por el simple hecho de que se confundía en realidad con la de los jefes militares; no en vano los monárquicos habían pensado siempre en ese recurso para concluir con el régimen republicano. Como carecían de masas, tenían que limitarse a financiar a otros grupos subversivos (como la Unión Militar Española) o a preparar unos contactos en el exterior que luego tuvieron una importancia decisiva.
De todos modos, no cabe dudar cuál fue la actitud en estos momentos de los dirigentes monárquicos cuando, por ejemplo, Vegas Latapié llegó a pensar en un ataque con gases asfixiantes contra las Cortes y a ellas asistía Sainz Rodríguez con un bastón que camuflaba una pistola. En cualquier momento decisivo de los primeros días de la guerra aparece un dirigente monárquico jugando un papel fundamental en cuestiones como el traslado de Franco a la península o la primera ayuda italiana a los sublevados. Fue el tradicionalismo quien organizó más tempranamente la conspiración con sus propias huestes, sin cejar por un momento hasta el mismo estallido de la guerra. Poco después de las elecciones de febrero Fal Conde había organizado una junta carlista de guerra cuyos primeros propósitos consistieron en tratar de preparar una sublevación limitada y basada en guerrillas, muy parecida a aquellas que habían precedido a las guerras carlistas, teniendo como centro las zonas montañosas junto a Portugal, Navarra y el Maestrazgo. Por supuesto, estos propósitos no hubieran hecho peligrar las instituciones republicanas; además, el tradicionalismo consiguió, en torno a mayo, aumentar sus posibilidades mediante la incorporación a sus filas del general Sanjurjo, cuyo pasado militar y actividad conspiradora previa le daban una preeminencia obvia entre los militares dispuestos a participar en ella.
En realidad, como decía Fal Conde, el general era un tanto "simplote" en sus apreciaciones políticas y probablemente no se adhirió al carlismo más que por ver en él el único grupo político dispuesto a lanzarse con sus propias masas a las calle; había casi 10.000 requetés que se entrenaban sin excesivas dificultades en Navarra. Allí, como veremos, estaba el centro inspirador de la conspiración cuya mente rectora era Mola. Los dirigentes carlistas entraron en contacto con él en fecha temprana, pero las relaciones fueron tormentosas. Lo que Fal Conde quería como programa para la sublevación era una inmediata derogación de la Constitución y de las leyes laicas, la desaparición de todos los partidos, la bandera bicolor y un directorio con un militar y dos civiles tradicionalistas; hacía, además, la previsión de una consulta al país que para él debía dar paso a la vuelta a la Monarquía tradicional. Estos propósitos tenían poco que ver con los de Mola, que para Fal Conde no pretendía sino "disparates republicanos". Al objeto de influir en el citado general, en la segunda semana de julio los carlistas le trajeron una carta de Sanjurjo en que se mostraba partidario de la bandera bicolor como cosa sentimental y simbólica y de desechar el sistema liberal y parlamentario. Mola, tras una seria resistencia, acabó comprometiéndose muy vagamente a aceptar en líneas generales las indicaciones de Sanjurjo, pero de hecho pactó con los carlistas navarros cediendo muy poco, tan sólo lo que Fal Conde, irritado, denominó como "ventajillas locales".
A pesar de que no hubo ningún partido que proporcionara inicialmente tantos hombres armados como el carlismo, la sublevación nunca fue, pues, propiamente tradicionalista. También Falange Española, por su ideario y por su afiliación juvenil y entusiasta, que ahora crecía meteóricamente, estaba en condiciones de conspirar contra el régimen republicano y derribarlo por la violencia. Así lo hizo, pero siempre mantuvo cierta ambigüedad con respecto a los militares. Por un lado, José Antonio Primo de Rivera desde la cárcel de Alicante dirigió escritos a los militares españoles presentando un panorama patético de España y animándolos a la acción. Parece indudable que estos textos tuvieron influencia sobre los acontecimientos, porque gran parte de la oficialidad joven se sintió especialmente atraída por el falangismo; quizá hasta un tercio de los miembros de Falange, según algunos cálculos, eran oficiales del Ejército. Con todo, entre un ideario de indudable significación fascista, aunque con sus peculiaridades, como el de Falange y los militares, necesariamente tenía que haber tensiones y dificultades. La mejor prueba de ello reside en que Garcerán, en nombre de los falangistas, ofreció las milicias del partido a Mola el 1 de junio, revocó esta decisión unas semanas después para reafirmarla cuando acababa el mes. Primo de Rivera dio instrucciones que parecen contradecirse acerca de esta colaboración con los militares, pues si recomendó ponerse a disposición de los mandos naturales al mismo tiempo guardó una indudable reticencia respecto del contenido del movimiento.
Por eso previno a los dirigentes de su partido acerca de las alianzas políticas. Sus papeles íntimos dan, por un lado, la sensación de que también él pensaba en la viabilidad de una solución semejante a la Dictadura republicana pensada por Maura; hizo sus correspondientes listas de gobierno para formar gabinetes de esta significación que deberían concluir por convertir a España en un país "tranquilo, libre y atareado". Al mismo tiempo, sin embargo, parece haber temido que los militares no supieran hacer otra cosa que una revolución negativa, destinada a convertir meros tópicos en instrumentos vertebradores de un nuevo régimen. Nos queda hacer mención de la última fuerza de derecha durante la etapa republicana, que era también la más importante y nutrida. Es muy posible que la mejor forma de describir su situación a la altura del verano de 1936 sea con el término descomposición. Parece indudable que algunos de sus diputados, como el Conde de Mayalde o Serrano Suñer, colaboraron en la preparación de la sublevación. El primero, por ejemplo, debía haber llevado un mensaje a Franco durante ese verano. No menos evidente es que las JAP se estaban pasando masivamente a Falange y que Gil Robles, como había anunciado en las Cortes que acabaría sucediendo, había perdido e1 control de sus masas. Pero había un sector en el partido que no estaba dispuesto de ninguna manera a romper con la trayectoria posibilista y de colaboración con la legalidad republicana que le había caracterizado hasta aquel momento.
Éste fue el caso de Giménez Fernández, que se opuso a que la CEDA abandonara las Cortes, o el de Luis Lucia, dirigente de la sección valenciana del partido, que una vez estallada la sublevación hizo público un telegrama, en parte para evitar las represalias contra la organización que presidía, asegurando su fidelidad al régimen republicano. En cuanto al propio Gil Robles parece indudable que no participó en la conspiración y que ni siquiera los principales dirigentes de la misma pensaron en consultarle. Sin embargo, en su inquieta actividad de estos días se encuentran ciertas concomitancias con medios dirigentes de la sublevación: no sólo cedió los sobrantes sino que tuvo contactos con Fal Conde (que éste interpretó en el sentido de que quería participar en el reparto de gobiernos civiles después de la victoria de la sublevación) y de forma indirecta con Mola. En alguna ocasión los principales dirigentes militares de la conspiración se reunieron en casa de un miembro de la CEDA. El destino al que, sin embargo, estaba condenada ésta era la marginación. La conspiración contra el Frente Popular (como veremos, inicialmente no era contra la República) no fue primordialmente protagonizada por grupos políticos sino por militares. Aunque no se tratara de una conspiración exclusivamente militar ni de todo el Ejército, sí tuvo mucho más ese carácter que la de agosto de 1932. Fundamentalmente estuvo protagonizada por la generación militar africanista de 1915 y tuvo como rasgo característico la voluntad de utilización de la violencia desde el primer momento, que era producto de las tensiones que vivía el país y que tuvo como resultado que lo sucedido no fuera un pronunciamiento clásico sino una guerra civil.
En realidad, esta conspiración militar fue bastante tardía, lo que de nuevo hace pensar que la guerra civil no era inevitable, y sí un tanto confusa en el doble sentido de que, por un lado, se conspiraba mucho, pero muy desordenadamente, y, por otro, los propósitos de los conspiradores ni estaban tan meridianamente claros, ni se vieron convertidos en realidad en el momento de llevar a la práctica lo originariamente pensado. Lo primero que hay que tener en cuenta es que hubo una organización militar secreta destinada a organizar la conspiración. Existía una Unión Militar Española cuyos orígenes hay que remontar al primer bienio republicano y que tenía unos propósitos corporativistas y al mismo tiempo políticos. Con especial influencia entre los miembros del Estado Mayor, la importancia numérica de la UME, nutrida de comandantes y capitanes, no parece haber sido tan grande, pero en cambio difundió ampliamente la actitud subversiva contra la República en los cuarteles durante las últimas semanas de existencia del régimen. Quizá el mejor ejemplo del éxito de esta labor propagandística es el hecho de que buen número de los dirigentes de la UME desempeñaron un papel importante en la política de la España de Franco. Cuando el general López Ochoa, inequívocamente republicano, nombró un defensor en la causa de que era objeto como consecuencia de la represión de la revuelta de Asturias, no tuvo inconveniente en que fuera un militar perteneciente a la UME.
El hecho es revelador porque muestra que en la conspiración de 1936 no tomaron parte sólo militares monárquicos y organizaciones financiadas por este partido (como la UME), sino que la actitud protestataria contra la República y dispuesta a establecer un régimen autoritario más o menos temporal estaba extendida entre sectores más amplios. Entre las principales figuras de la conspiración y de la sublevación había personalidades inesperadas. El general Mola, por ejemplo, según uno de sus biógrafos, tenía una "limitadísima" simpatía por la Monarquía; Goded, incluso, había conspirado contra ella en la fase de Berenguer y colaboró con Azaña hasta 1932. Queipo de Llano también conspiró contra Alfonso XIII y estaba emparentado con Alcalá Zamora. Escritores izquierdistas llegaron a asegurar que la presencia de Cabanellas con los sublevados sólo se entendía por haber sido obligado a punta de pistola; no fue así, desde luego, pero en el momento de sublevarse no tuvo inconveniente en recordar sus ideas "democráticas". En cuanto a Franco puede decirse que su trayectoria hasta entonces había sido singularmente poco política: cuando se sublevó, el diario comunista Mundo Obrero lo identificó con Gil Robles, lo que presupone una actitud al menos comparativamente moderada, pero nadie podía definirlo en el terreno político de una manera precisa.
Sanjurjo, que en agosto de 1932 había visto la dificultad de comprometerle en un proyecto conspirativo, tampoco confiaba ahora en que participara en él. Es muy significativo de su carácter y de la situación que vivían España y los altos cargos militares, el hecho de que el 23 de junio dirigiera una carta a Casares Quiroga, que demostraba inquietud pero que podía ser interpretada como una amenaza de sublevación o un testimonio de fidelidad. A mediados de julio, con la diferencia de un solo día, Franco escribió a Mola, primero negándose a intervenir en el complot y luego mostrándose dispuesto a hacerlo. Fue la participación de estos altos cargos militares lo que dio un carácter peculiar a la conspiración de 1936. Otros rasgos característicos de la misma fueron lo tarde que se organizó y el papel que desempeñó Mola. En efecto, hay repetidos indicios de que la conspiración estaba en estado germinal a la altura de marzo o abril de 1936 (en este último mes Orgaz y Varela fueron sancionados y enviados a Canarias y Cádiz, respectivamente), pero el mero hecho de que no fueran juzgados muestra que el Gobierno actuaba por indicios más que con pruebas. El comienzo de la organización de la conspiración tuvo lugar al final del mes de abril, fecha de la que data la primera circular o instrucción de Mola; el conjunto de las que escribió desde entonces hasta julio (que fechaba en "el Peloponeso") dan una idea aproximada de lo que querían los sublevados y de la forma en que pensaban actuar.
Su idea original no difería en exceso de un pronunciamiento, aunque preveía dificultades mucho mayores y el resultado fue muy diferente. El movimiento debía tener un carácter esencialmente militar, de modo que aunque esperaba la colaboración de fuerzas civiles éstas actuarían sólo como acompañantes y complemento. Mola no tuvo inconveniente en informar a sus corresponsales de las dificultades con que se encontraba a la hora de pactar con los partidos políticos, pero, por ejemplo, dijo a uno de los dirigentes carlistas que le vendría bien sumar a sus unidades militares requetés para estimular su entusiasmo por la sublevación. El movimiento consistiría en una serie de sublevaciones que acabarían convergiendo en Madrid. Hasta aquí la conspiración parecía un pronunciamiento de no ser porque Mola recomendaba que el golpe fuera muy violento en sus inicios. Con ello no quería sentar las bases para una guerra civil, sino recalcar el carácter resolutivo que podía tener la actuación inicial, pero ejercida esa misma violencia por sus adversarios, la guerra se hizo inevitable. También difería la conspiración de un pronunciamiento clásico en lo que tenía de modificación de la estructura política de la España de la época. Es cierto que el proyecto inicial de Mola tenía un indudable parentesco con las fórmulas de "dictadura republicana" que personas de muy distinta significación propiciaron en los momentos finales de la República. Había, además, un poso regeneracionista en sus propuestas mezclado con arbitrismo, que le hacían al mismo tiempo proponer la implantación del carnet electoral (lo que indicaba que en el futuro habría comicios aunque con un electorado más restringido) o la desaparición del paro, como si éste pudiera hacerse desaparecer mediante un acto de voluntad.
La suspensión de la Constitución en todo caso sería sólo temporal y se mantendrían las leyes laicas y la separación de Iglesia y Estado, aspecto éste especialmente inaceptable para los tradicionalistas. Sin embargo, aunque vagamente, Mola en sus instrucciones también aludía a un "nuevo sistema orgánico de Estado" que existiría tras el paréntesis de un Gobierno militar. Como sabemos, estas concepciones explican sus diferencias con las fuerzas políticas que participaron en la sublevación. Cuando ésta se produjo y tuvo como consecuencia una guerra civil, naturalmente la tendencia fue a que se diera un deslizamiento hacia esa nueva concepción del poder político. El mismo hecho de que una cuestión tan importante como esa no estuviera perfilada por completo, es un testimonio evidente de hasta qué punto una sublevación de tanta envergadura hubiera sido evitable (y con ella la guerra) de no haberse producido el asesinato de Calvo Sotelo. Después del mismo la guerra desdibujó o transformó, como siempre ha sucedido en la Historia de la Humanidad, los propósitos originarios. Después de la guerra, o incluso durante ella, los republicanos y las izquierdas en general reprocharon al último Gobierno del Frente Popular su incapacidad para estrangular la revuelta en gestación. Indalecio Prieto cuenta, por ejemplo, que al denunciar ante Casares Quiroga la existencia de la conspiración, se encontró con la airada respuesta de éste que le acusó de padecer manías propias de la menopausia.
El número de testimonios que podrían darse a este respecto es elevadísimo y todos coinciden en presentar al Gobierno como ilusamente satisfecho de su capacidad de derrotar al adversario. Sin embargo, estos juicios probablemente no son acertados. Si Casares Quiroga reaccionaba con dureza ante ese género de denuncias no era porque ignorara la existencia de una conspiración: era imposible pensar que no existiera cuando hasta la prensa hacía mención a ella y España entera era un rumor al respecto. Al margen de su peculiar carácter, lo que hacía Casares Quiroga era irritarse ante la intromisión en su tarea de políticos que, por otro lado, le ayudaban muy poco en sus propósitos. Como sabemos, quienes asesinaron a Calvo Sotelo no hicieron sino dar amplitud a la conspiración y algo parecido cabe decir de los que, con sus propagandas revolucionarias, aterrorizaban a una derecha a la que sólo le faltaba eso para apoyar una sublevación. La mejor prueba de que Casares era consciente del peligro existente es que, como ha advertido Palacio Atard, sí tomó disposiciones para evitar el estallido de la conspiración. De los cinco ayudantes militares de Casares dos, que eran comunistas, se dedicaron de modo especial a la persecución de las maniobras conspirativas en el Ejército. Los mandos superiores del mismo estaban ocupados por personas de las que no era previsible que se sumaran a la sublevación y de esta manera, gracias a la disciplina militar, podía pensarse que la totalidad de las unidades militares fueran fieles.
Sólo unos pocos de los militares sublevados ocupaban cargos decisivos: tan sólo uno de los ocho comandantes de las regiones militares se sublevó y ninguno de los titulares de las tres inspecciones generales lo hizo. Fueron fieles al Gobierno el Inspector de la Guardia Civil y sus seis generales; resultó totalmente inesperado que no lo fuera el Inspector del Cuerpo de Carabineros, Queipo de Llano. Muchos militares sospechosos fueron trasladados a puestos en los que parecían menos peligrosos: así sucedió con Franco en Canarias o Goded en Baleares, de modo que lo sorprendente no es que tuvieran ese mando sino el hecho de que éste fuera inferior a su graduación. Mola fue mantenido en Pamplona, quizá porque se confiaba en que no llegaría a ponerse de acuerdo con los carlistas, pero tenía como superior a Batet, el general que había suprimido la revuelta de octubre de 1934 en Barcelona, quien además le estaba empujando a que pidiera el traslado. A Yagüe, uno de los principales autores de la sublevación en África, se le ofreció una Agregaduría militar en el extranjero. Allí, en cualquier caso, también los principales mandos eran partidarios del Frente Popular. Hubo, en fin, casos de destitución o sanción: aparte de los ya mencionados, García Escámez o González de Lara también lo fueron. En cada uno de los cuerpos armados o de seguridad se tomaron disposiciones preventivas.
En Aviación el general Núñez de Prado llevó a cabo una depuración, aunque sus superiores no le dejaron que fuera tan completa como quería. Las plantillas del Cuerpo de Asalto en Barcelona, Madrid y Oviedo fueron modificadas para garantizar la lealtad al régimen; además sus efectivos fueron concentrados en previsión de lo que pudiera suceder. Hay, por tanto, numerosas pruebas de que no es verdad la supuesta pasividad de Casares Quiroga. La decisiva, sin embargo, la proporciona el general republicano Herrera, cuando afirma, en un escrito posterior a la finalización del conflicto, que "jamás en ninguna guerra ni por ninguna causa se vertió tanta sangre de jefes militares como en defensa de la II República". De los 21 generales de división 17 fueron fieles al Gobierno; de los 59 de brigada lo fueron 42. El bando franquista, en definitiva, eliminó físicamente a 16 generales. Resulta, por tanto, evidente que el Gobierno del Frente Popular tomó medidas para evitar la sublevación a la que debía temer, por mínima conciencia de la realidad que tuviera. Su error no fue pecar de pasividad sino de exceso de confianza. Todo hace pensar que esperaba que podía repetirse lo sucedido en agosto de 1932, pero ahora la situación era muy diferente. Azaña consideraba que las conspiraciones militares solían acabar en "charlas de café", y a Zugazagoitia, figura importante del socialismo, le dijo: "si usted conociese como yo a los militares sabría el caso que debe hacerse de sus quejas y disgustos".
Sin embargo, este tipo de planteamiento que suponía dejar que la sublevación estallara para, una vez derrotada, proseguir la obra gubernamental ahora era impracticable. La situación de 1936 no era prerrevolucionaria porque no había, en realidad, nadie capacitado para producir una revolución, pero todavía tenía menos que ver con la del año 1932. Sólo una vigorosa reacción gubernamental destinada a controlar las propias masas del Frente Popular que no eran controladas por sus dirigentes, habría sido capaz de disminuir el vigor y la amplitud de la conspiración. Si hubiera hecho eso, además, el Gobierno republicano no hubiera pasado por la situación que se produjo inmediatamente después de la sublevación. En vez de imponerse con sus propios medios a los sublevados y controlar a continuación a sus masas, se encontró obligado a armar a éstas con lo que su poder, ya mermado por la sublevación, todavía se redujo más, mientras que la República veía deteriorados sus rasgos básicos como régimen político. Claro está que, al no imaginar la posibilidad de una guerra civil, el Gobierno del Frente Popular no hacía otra cosa que repetir lo que había sido la actitud de los conspiradores.
De todos modos, no cabe dudar cuál fue la actitud en estos momentos de los dirigentes monárquicos cuando, por ejemplo, Vegas Latapié llegó a pensar en un ataque con gases asfixiantes contra las Cortes y a ellas asistía Sainz Rodríguez con un bastón que camuflaba una pistola. En cualquier momento decisivo de los primeros días de la guerra aparece un dirigente monárquico jugando un papel fundamental en cuestiones como el traslado de Franco a la península o la primera ayuda italiana a los sublevados. Fue el tradicionalismo quien organizó más tempranamente la conspiración con sus propias huestes, sin cejar por un momento hasta el mismo estallido de la guerra. Poco después de las elecciones de febrero Fal Conde había organizado una junta carlista de guerra cuyos primeros propósitos consistieron en tratar de preparar una sublevación limitada y basada en guerrillas, muy parecida a aquellas que habían precedido a las guerras carlistas, teniendo como centro las zonas montañosas junto a Portugal, Navarra y el Maestrazgo. Por supuesto, estos propósitos no hubieran hecho peligrar las instituciones republicanas; además, el tradicionalismo consiguió, en torno a mayo, aumentar sus posibilidades mediante la incorporación a sus filas del general Sanjurjo, cuyo pasado militar y actividad conspiradora previa le daban una preeminencia obvia entre los militares dispuestos a participar en ella.
En realidad, como decía Fal Conde, el general era un tanto "simplote" en sus apreciaciones políticas y probablemente no se adhirió al carlismo más que por ver en él el único grupo político dispuesto a lanzarse con sus propias masas a las calle; había casi 10.000 requetés que se entrenaban sin excesivas dificultades en Navarra. Allí, como veremos, estaba el centro inspirador de la conspiración cuya mente rectora era Mola. Los dirigentes carlistas entraron en contacto con él en fecha temprana, pero las relaciones fueron tormentosas. Lo que Fal Conde quería como programa para la sublevación era una inmediata derogación de la Constitución y de las leyes laicas, la desaparición de todos los partidos, la bandera bicolor y un directorio con un militar y dos civiles tradicionalistas; hacía, además, la previsión de una consulta al país que para él debía dar paso a la vuelta a la Monarquía tradicional. Estos propósitos tenían poco que ver con los de Mola, que para Fal Conde no pretendía sino "disparates republicanos". Al objeto de influir en el citado general, en la segunda semana de julio los carlistas le trajeron una carta de Sanjurjo en que se mostraba partidario de la bandera bicolor como cosa sentimental y simbólica y de desechar el sistema liberal y parlamentario. Mola, tras una seria resistencia, acabó comprometiéndose muy vagamente a aceptar en líneas generales las indicaciones de Sanjurjo, pero de hecho pactó con los carlistas navarros cediendo muy poco, tan sólo lo que Fal Conde, irritado, denominó como "ventajillas locales".
A pesar de que no hubo ningún partido que proporcionara inicialmente tantos hombres armados como el carlismo, la sublevación nunca fue, pues, propiamente tradicionalista. También Falange Española, por su ideario y por su afiliación juvenil y entusiasta, que ahora crecía meteóricamente, estaba en condiciones de conspirar contra el régimen republicano y derribarlo por la violencia. Así lo hizo, pero siempre mantuvo cierta ambigüedad con respecto a los militares. Por un lado, José Antonio Primo de Rivera desde la cárcel de Alicante dirigió escritos a los militares españoles presentando un panorama patético de España y animándolos a la acción. Parece indudable que estos textos tuvieron influencia sobre los acontecimientos, porque gran parte de la oficialidad joven se sintió especialmente atraída por el falangismo; quizá hasta un tercio de los miembros de Falange, según algunos cálculos, eran oficiales del Ejército. Con todo, entre un ideario de indudable significación fascista, aunque con sus peculiaridades, como el de Falange y los militares, necesariamente tenía que haber tensiones y dificultades. La mejor prueba de ello reside en que Garcerán, en nombre de los falangistas, ofreció las milicias del partido a Mola el 1 de junio, revocó esta decisión unas semanas después para reafirmarla cuando acababa el mes. Primo de Rivera dio instrucciones que parecen contradecirse acerca de esta colaboración con los militares, pues si recomendó ponerse a disposición de los mandos naturales al mismo tiempo guardó una indudable reticencia respecto del contenido del movimiento.
Por eso previno a los dirigentes de su partido acerca de las alianzas políticas. Sus papeles íntimos dan, por un lado, la sensación de que también él pensaba en la viabilidad de una solución semejante a la Dictadura republicana pensada por Maura; hizo sus correspondientes listas de gobierno para formar gabinetes de esta significación que deberían concluir por convertir a España en un país "tranquilo, libre y atareado". Al mismo tiempo, sin embargo, parece haber temido que los militares no supieran hacer otra cosa que una revolución negativa, destinada a convertir meros tópicos en instrumentos vertebradores de un nuevo régimen. Nos queda hacer mención de la última fuerza de derecha durante la etapa republicana, que era también la más importante y nutrida. Es muy posible que la mejor forma de describir su situación a la altura del verano de 1936 sea con el término descomposición. Parece indudable que algunos de sus diputados, como el Conde de Mayalde o Serrano Suñer, colaboraron en la preparación de la sublevación. El primero, por ejemplo, debía haber llevado un mensaje a Franco durante ese verano. No menos evidente es que las JAP se estaban pasando masivamente a Falange y que Gil Robles, como había anunciado en las Cortes que acabaría sucediendo, había perdido e1 control de sus masas. Pero había un sector en el partido que no estaba dispuesto de ninguna manera a romper con la trayectoria posibilista y de colaboración con la legalidad republicana que le había caracterizado hasta aquel momento.
Éste fue el caso de Giménez Fernández, que se opuso a que la CEDA abandonara las Cortes, o el de Luis Lucia, dirigente de la sección valenciana del partido, que una vez estallada la sublevación hizo público un telegrama, en parte para evitar las represalias contra la organización que presidía, asegurando su fidelidad al régimen republicano. En cuanto al propio Gil Robles parece indudable que no participó en la conspiración y que ni siquiera los principales dirigentes de la misma pensaron en consultarle. Sin embargo, en su inquieta actividad de estos días se encuentran ciertas concomitancias con medios dirigentes de la sublevación: no sólo cedió los sobrantes sino que tuvo contactos con Fal Conde (que éste interpretó en el sentido de que quería participar en el reparto de gobiernos civiles después de la victoria de la sublevación) y de forma indirecta con Mola. En alguna ocasión los principales dirigentes militares de la conspiración se reunieron en casa de un miembro de la CEDA. El destino al que, sin embargo, estaba condenada ésta era la marginación. La conspiración contra el Frente Popular (como veremos, inicialmente no era contra la República) no fue primordialmente protagonizada por grupos políticos sino por militares. Aunque no se tratara de una conspiración exclusivamente militar ni de todo el Ejército, sí tuvo mucho más ese carácter que la de agosto de 1932. Fundamentalmente estuvo protagonizada por la generación militar africanista de 1915 y tuvo como rasgo característico la voluntad de utilización de la violencia desde el primer momento, que era producto de las tensiones que vivía el país y que tuvo como resultado que lo sucedido no fuera un pronunciamiento clásico sino una guerra civil.
En realidad, esta conspiración militar fue bastante tardía, lo que de nuevo hace pensar que la guerra civil no era inevitable, y sí un tanto confusa en el doble sentido de que, por un lado, se conspiraba mucho, pero muy desordenadamente, y, por otro, los propósitos de los conspiradores ni estaban tan meridianamente claros, ni se vieron convertidos en realidad en el momento de llevar a la práctica lo originariamente pensado. Lo primero que hay que tener en cuenta es que hubo una organización militar secreta destinada a organizar la conspiración. Existía una Unión Militar Española cuyos orígenes hay que remontar al primer bienio republicano y que tenía unos propósitos corporativistas y al mismo tiempo políticos. Con especial influencia entre los miembros del Estado Mayor, la importancia numérica de la UME, nutrida de comandantes y capitanes, no parece haber sido tan grande, pero en cambio difundió ampliamente la actitud subversiva contra la República en los cuarteles durante las últimas semanas de existencia del régimen. Quizá el mejor ejemplo del éxito de esta labor propagandística es el hecho de que buen número de los dirigentes de la UME desempeñaron un papel importante en la política de la España de Franco. Cuando el general López Ochoa, inequívocamente republicano, nombró un defensor en la causa de que era objeto como consecuencia de la represión de la revuelta de Asturias, no tuvo inconveniente en que fuera un militar perteneciente a la UME.
El hecho es revelador porque muestra que en la conspiración de 1936 no tomaron parte sólo militares monárquicos y organizaciones financiadas por este partido (como la UME), sino que la actitud protestataria contra la República y dispuesta a establecer un régimen autoritario más o menos temporal estaba extendida entre sectores más amplios. Entre las principales figuras de la conspiración y de la sublevación había personalidades inesperadas. El general Mola, por ejemplo, según uno de sus biógrafos, tenía una "limitadísima" simpatía por la Monarquía; Goded, incluso, había conspirado contra ella en la fase de Berenguer y colaboró con Azaña hasta 1932. Queipo de Llano también conspiró contra Alfonso XIII y estaba emparentado con Alcalá Zamora. Escritores izquierdistas llegaron a asegurar que la presencia de Cabanellas con los sublevados sólo se entendía por haber sido obligado a punta de pistola; no fue así, desde luego, pero en el momento de sublevarse no tuvo inconveniente en recordar sus ideas "democráticas". En cuanto a Franco puede decirse que su trayectoria hasta entonces había sido singularmente poco política: cuando se sublevó, el diario comunista Mundo Obrero lo identificó con Gil Robles, lo que presupone una actitud al menos comparativamente moderada, pero nadie podía definirlo en el terreno político de una manera precisa.
Sanjurjo, que en agosto de 1932 había visto la dificultad de comprometerle en un proyecto conspirativo, tampoco confiaba ahora en que participara en él. Es muy significativo de su carácter y de la situación que vivían España y los altos cargos militares, el hecho de que el 23 de junio dirigiera una carta a Casares Quiroga, que demostraba inquietud pero que podía ser interpretada como una amenaza de sublevación o un testimonio de fidelidad. A mediados de julio, con la diferencia de un solo día, Franco escribió a Mola, primero negándose a intervenir en el complot y luego mostrándose dispuesto a hacerlo. Fue la participación de estos altos cargos militares lo que dio un carácter peculiar a la conspiración de 1936. Otros rasgos característicos de la misma fueron lo tarde que se organizó y el papel que desempeñó Mola. En efecto, hay repetidos indicios de que la conspiración estaba en estado germinal a la altura de marzo o abril de 1936 (en este último mes Orgaz y Varela fueron sancionados y enviados a Canarias y Cádiz, respectivamente), pero el mero hecho de que no fueran juzgados muestra que el Gobierno actuaba por indicios más que con pruebas. El comienzo de la organización de la conspiración tuvo lugar al final del mes de abril, fecha de la que data la primera circular o instrucción de Mola; el conjunto de las que escribió desde entonces hasta julio (que fechaba en "el Peloponeso") dan una idea aproximada de lo que querían los sublevados y de la forma en que pensaban actuar.
Su idea original no difería en exceso de un pronunciamiento, aunque preveía dificultades mucho mayores y el resultado fue muy diferente. El movimiento debía tener un carácter esencialmente militar, de modo que aunque esperaba la colaboración de fuerzas civiles éstas actuarían sólo como acompañantes y complemento. Mola no tuvo inconveniente en informar a sus corresponsales de las dificultades con que se encontraba a la hora de pactar con los partidos políticos, pero, por ejemplo, dijo a uno de los dirigentes carlistas que le vendría bien sumar a sus unidades militares requetés para estimular su entusiasmo por la sublevación. El movimiento consistiría en una serie de sublevaciones que acabarían convergiendo en Madrid. Hasta aquí la conspiración parecía un pronunciamiento de no ser porque Mola recomendaba que el golpe fuera muy violento en sus inicios. Con ello no quería sentar las bases para una guerra civil, sino recalcar el carácter resolutivo que podía tener la actuación inicial, pero ejercida esa misma violencia por sus adversarios, la guerra se hizo inevitable. También difería la conspiración de un pronunciamiento clásico en lo que tenía de modificación de la estructura política de la España de la época. Es cierto que el proyecto inicial de Mola tenía un indudable parentesco con las fórmulas de "dictadura republicana" que personas de muy distinta significación propiciaron en los momentos finales de la República. Había, además, un poso regeneracionista en sus propuestas mezclado con arbitrismo, que le hacían al mismo tiempo proponer la implantación del carnet electoral (lo que indicaba que en el futuro habría comicios aunque con un electorado más restringido) o la desaparición del paro, como si éste pudiera hacerse desaparecer mediante un acto de voluntad.
La suspensión de la Constitución en todo caso sería sólo temporal y se mantendrían las leyes laicas y la separación de Iglesia y Estado, aspecto éste especialmente inaceptable para los tradicionalistas. Sin embargo, aunque vagamente, Mola en sus instrucciones también aludía a un "nuevo sistema orgánico de Estado" que existiría tras el paréntesis de un Gobierno militar. Como sabemos, estas concepciones explican sus diferencias con las fuerzas políticas que participaron en la sublevación. Cuando ésta se produjo y tuvo como consecuencia una guerra civil, naturalmente la tendencia fue a que se diera un deslizamiento hacia esa nueva concepción del poder político. El mismo hecho de que una cuestión tan importante como esa no estuviera perfilada por completo, es un testimonio evidente de hasta qué punto una sublevación de tanta envergadura hubiera sido evitable (y con ella la guerra) de no haberse producido el asesinato de Calvo Sotelo. Después del mismo la guerra desdibujó o transformó, como siempre ha sucedido en la Historia de la Humanidad, los propósitos originarios. Después de la guerra, o incluso durante ella, los republicanos y las izquierdas en general reprocharon al último Gobierno del Frente Popular su incapacidad para estrangular la revuelta en gestación. Indalecio Prieto cuenta, por ejemplo, que al denunciar ante Casares Quiroga la existencia de la conspiración, se encontró con la airada respuesta de éste que le acusó de padecer manías propias de la menopausia.
El número de testimonios que podrían darse a este respecto es elevadísimo y todos coinciden en presentar al Gobierno como ilusamente satisfecho de su capacidad de derrotar al adversario. Sin embargo, estos juicios probablemente no son acertados. Si Casares Quiroga reaccionaba con dureza ante ese género de denuncias no era porque ignorara la existencia de una conspiración: era imposible pensar que no existiera cuando hasta la prensa hacía mención a ella y España entera era un rumor al respecto. Al margen de su peculiar carácter, lo que hacía Casares Quiroga era irritarse ante la intromisión en su tarea de políticos que, por otro lado, le ayudaban muy poco en sus propósitos. Como sabemos, quienes asesinaron a Calvo Sotelo no hicieron sino dar amplitud a la conspiración y algo parecido cabe decir de los que, con sus propagandas revolucionarias, aterrorizaban a una derecha a la que sólo le faltaba eso para apoyar una sublevación. La mejor prueba de que Casares era consciente del peligro existente es que, como ha advertido Palacio Atard, sí tomó disposiciones para evitar el estallido de la conspiración. De los cinco ayudantes militares de Casares dos, que eran comunistas, se dedicaron de modo especial a la persecución de las maniobras conspirativas en el Ejército. Los mandos superiores del mismo estaban ocupados por personas de las que no era previsible que se sumaran a la sublevación y de esta manera, gracias a la disciplina militar, podía pensarse que la totalidad de las unidades militares fueran fieles.
Sólo unos pocos de los militares sublevados ocupaban cargos decisivos: tan sólo uno de los ocho comandantes de las regiones militares se sublevó y ninguno de los titulares de las tres inspecciones generales lo hizo. Fueron fieles al Gobierno el Inspector de la Guardia Civil y sus seis generales; resultó totalmente inesperado que no lo fuera el Inspector del Cuerpo de Carabineros, Queipo de Llano. Muchos militares sospechosos fueron trasladados a puestos en los que parecían menos peligrosos: así sucedió con Franco en Canarias o Goded en Baleares, de modo que lo sorprendente no es que tuvieran ese mando sino el hecho de que éste fuera inferior a su graduación. Mola fue mantenido en Pamplona, quizá porque se confiaba en que no llegaría a ponerse de acuerdo con los carlistas, pero tenía como superior a Batet, el general que había suprimido la revuelta de octubre de 1934 en Barcelona, quien además le estaba empujando a que pidiera el traslado. A Yagüe, uno de los principales autores de la sublevación en África, se le ofreció una Agregaduría militar en el extranjero. Allí, en cualquier caso, también los principales mandos eran partidarios del Frente Popular. Hubo, en fin, casos de destitución o sanción: aparte de los ya mencionados, García Escámez o González de Lara también lo fueron. En cada uno de los cuerpos armados o de seguridad se tomaron disposiciones preventivas.
En Aviación el general Núñez de Prado llevó a cabo una depuración, aunque sus superiores no le dejaron que fuera tan completa como quería. Las plantillas del Cuerpo de Asalto en Barcelona, Madrid y Oviedo fueron modificadas para garantizar la lealtad al régimen; además sus efectivos fueron concentrados en previsión de lo que pudiera suceder. Hay, por tanto, numerosas pruebas de que no es verdad la supuesta pasividad de Casares Quiroga. La decisiva, sin embargo, la proporciona el general republicano Herrera, cuando afirma, en un escrito posterior a la finalización del conflicto, que "jamás en ninguna guerra ni por ninguna causa se vertió tanta sangre de jefes militares como en defensa de la II República". De los 21 generales de división 17 fueron fieles al Gobierno; de los 59 de brigada lo fueron 42. El bando franquista, en definitiva, eliminó físicamente a 16 generales. Resulta, por tanto, evidente que el Gobierno del Frente Popular tomó medidas para evitar la sublevación a la que debía temer, por mínima conciencia de la realidad que tuviera. Su error no fue pecar de pasividad sino de exceso de confianza. Todo hace pensar que esperaba que podía repetirse lo sucedido en agosto de 1932, pero ahora la situación era muy diferente. Azaña consideraba que las conspiraciones militares solían acabar en "charlas de café", y a Zugazagoitia, figura importante del socialismo, le dijo: "si usted conociese como yo a los militares sabría el caso que debe hacerse de sus quejas y disgustos".
Sin embargo, este tipo de planteamiento que suponía dejar que la sublevación estallara para, una vez derrotada, proseguir la obra gubernamental ahora era impracticable. La situación de 1936 no era prerrevolucionaria porque no había, en realidad, nadie capacitado para producir una revolución, pero todavía tenía menos que ver con la del año 1932. Sólo una vigorosa reacción gubernamental destinada a controlar las propias masas del Frente Popular que no eran controladas por sus dirigentes, habría sido capaz de disminuir el vigor y la amplitud de la conspiración. Si hubiera hecho eso, además, el Gobierno republicano no hubiera pasado por la situación que se produjo inmediatamente después de la sublevación. En vez de imponerse con sus propios medios a los sublevados y controlar a continuación a sus masas, se encontró obligado a armar a éstas con lo que su poder, ya mermado por la sublevación, todavía se redujo más, mientras que la República veía deteriorados sus rasgos básicos como régimen político. Claro está que, al no imaginar la posibilidad de una guerra civil, el Gobierno del Frente Popular no hacía otra cosa que repetir lo que había sido la actitud de los conspiradores.
