Compartir
Datos principales
Rango
Primer franquismo
Desarrollo
Las consecuencias económicas de la Guerra Civil fueron muy graves. Hubo un descenso progresivo de la renta per capita de al menos un seis por ciento anual, de modo que hacia el final de 1939 apenas llegaba al 73 por ciento del nivel de principios de 1936. Se había destruido casi el 30 por ciento del tonelaje marítimo y la mitad de las locomotoras ferroviarias. El ocho por ciento de las viviendas del país quedó arrasado y se acabó con más de un tercio de la ganadería. En 1939 la producción industrial era un 31 por ciento inferior a lo que había sido cuatro años antes y la producción agrícola había descendido en un 21 por ciento. Tanto en economía como en otros sectores, el nuevo sistema combinaba el conservadurismo a ultranza con ambiciosas estrategias renovadoras. Casi todas las propiedades confiscadas o colectivizadas se devolvieron a los antiguos propietarios o a sus herederos, con el fin de deshacer lo más rápidamente posible la revolución colectivista que se había llevado a cabo en algunas partes de la zona republicana. Franco y sus ministros tenían su programa particular para llevar a cabo una política nacionalista y estatal, que fomentara un rápido desarrollo dentro de una estructura de propiedad privada, pero bajo un fuerte control del Estado y hasta cierto punto, de propiedad pública. Con este fin, el 5 de junio de 1939 Franco anunció que España debía llevar a cabo su reconstrucción sobre la base de la autosuficiencia económica o autarquía, lo que suponía un paralelismo con las políticas del momento en Italia y Alemania.
Declaró: "Nuestra victoria constituye, por otra parte, el triunfo de unos principios económicos en pugna con las viejas teorías liberales, al amparo de cuyos mitos se estableció el coloniaje sobre muchos Estados soberanos". Francose quitó de encima las restricciones de las plutocracias liberales e inauguró una era de autarquía que duraría 20 años. Sus ideas principales se exponían en un documento firmado el 8 de octubre que se llamó Fundamentos y directrices de un plan de saneamiento de nuestra economía armónico con nuestra reconstrucción nacional. Se sentaban vagamente las bases de un plan decenal para alcanzar la modernización económica y la autosuficiencia, a la vez que se pretendía aumentar las exportaciones y reducir las importaciones sin contar con la inversión extranjera. Demostraba que tenía mucha fe en el potencial económico de España y en la eficacia del control y la regulación gubernamental. El objetivo era cubrir las necesidades económicas y de defensa del país con los recursos propios en tan sólo cuatro años; los seis restantes se dedicarían a la reconstrucción total y el desarrollo. Sin embargo, el Gobierno siempre reconoció que España no podría llegar a ser totalmente autosuficiente. Sería necesario importar una cantidad importante de comida, petróleo, materias primas y maquinaria industrial. La autarquía tenía como meta mejorar la situación del comercio exterior y aumentar la producción industrial. Los proyectos siempre se calculaban en términos del coste que tendrían en divisas.
La carrera autarquista hacia la industrialización comenzó por un decreto de octubre de 1939 por el que se promulgó la Ley de Protección y Fomento de la Industria Nacional. Esta otorgaba una amplia gama de incentivos, deducciones de impuestos y licencias especiales. La subsiguiente Ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional del 24 de noviembre que especificaba qué industrias eran merecedoras de ayudas especiales, estuvo vigente durante 20 años. La culminación de esta política fue la creación, en 1941, del Instituto Nacional de Industria (INI), un holding estatal para estimular la industrialización, cuyo modelo era el Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) italiano. En su fase inicial el INI prestó especial atención a los astilleros, a la producción de acero y de productos químicos, y a la fabricación de coches, camiones y aviones. Su primer presidente fue el oficial de la marina Juan Antonio Suanzes, amigo de la infancia de Franco e hijo de uno de sus jefes de estudio en El Ferrol. Suanzes estaría al mando del INI durante más de veinte años. La política autarquista fue poco consistente y tuvo muchas lagunas desde el primer momento, lo que originó graves distorsiones. Además de los objetivos primordiales del INI, éste se concentró en la industria de guerra, la construcción y reparación de las vías férreas, la producción de maquinaria y herramientas, los hidrocarburos domésticos, el nitrógeno y el algodón.
Se establecieron rígidos controles para el cambio de divisas, la importación y determinados productos nacionales, pero esto significaba que había que establecer unas condiciones artificiales de distribución de costos para el desarrollo industrial, que se basaron en principio en los niveles del año 1935. La falta de mercado y otros ajustes tuvo como consecuencia que los precios se fijaran de manera arbitraria y poco realista, lo que disparó la inflación e impidió el crecimiento. A medida que crecía la escasez provocada por la Segunda Guerra Mundial, aumentaban los esfuerzos, a menudo vanos y muy costosos, por encontrar sustitutos al petróleo importado. Por ejemplo, se hicieron extracciones de petróleo de esquisto y del carbón bituminoso en un alarde oficial de apoyar a un inventor austriaco de dudosa reputación que pretendía crear una gasolina sintética. Además, disuadía al Gobierno de intentar maximizar préstamos, créditos e inversiones extranjeras por las regulaciones que había contra el capital extranjero y por la política exterior a favor del Eje. Incluso en las circunstancias de los años 1939-40 hubiera sido posible obtener más crédito extranjero e inversiones, pero la corta vista del Régimen dejó a esta economía sin el soporte vital para su crecimiento. La política española también reflejaba la excesiva concentración en la industria típica de los países agrícolas del siglo XX que ansían crecer rápidamente. Se marginó la agricultura, que era la base de la economía.
El instrumento fundamental de la política agrícola durante la guerra civil había sido el Servicio Nacional de Trigo, creado para canalizar el mercado y estabilizar los precios. Se mantuvo durante los años de la posguerra con subsidios del Estado, pero se paralizó la inversión y la producción. La agricultura española no pudo recuperar sus niveles productivos de antes de 1936 durante la Segunda Guerra Mundial, por los efectos que tuvo la guerra civil, por mal tiempo y por las regulaciones restrictivas del Estado. En términos generales, se mantuvo un 25 por ciento por debajo de los niveles de 1934-35, aunque nadie negaba que éstos habían sido excepcionalmente altos. La zona republicana sufrió enormemente la escasez de alimentos en el último año de la guerra civil y a lo largo de 1939 empezó a afectar a todo el país de forma masiva. El 14 de mayo se impuso el racionamiento general de productos de primera necesidad que se mantendría, con diferente intensidad, durante más de una década. Se anunció que la austeridad y el sacrificio personal eran las claves de la nueva política económica. Las materias primas se racionaron de forma similar en la industria. La combinación de control gubernamental y escasez pronto trajo consigo y extendió el estraperlo -el origen de la palabra está en un escándalo financiero de 1935- o mercado negro. Las adjudicaciones estatales y los bienes racionados terminaron siendo objeto de manipulaciones y chantajes.
Hubo algunas detenciones e incluso alguna ejecución, pero la corrupción terminó por convertirse en un sistema con vida propia. Durante los primeros cinco años después de la guerra civil hubo al menos 200.000 muertes más por desnutrición o enfermedad que en los años anteriores a la guerra. La tuberculosis se llevaba a unas 25.000 personas al año y en 1941 se registraron 53.307 muertes por diarrea y enteritis, 4.168 por fiebres tifoideas y 1.644 por tifus. El nuevo Estado no generaba los recursos necesarios para poder jugar un papel social y económico más dinámico. La política fiscal excesivamente conservadora redujo la recaudación de impuestos de un 17,83 por ciento bajo la República a un 15,07 en los cinco primeros años después de la Guerra. Los gastos militares cada vez más altos y la escasez dejaban muy poco presupuesto para obras públicas; de un 14,04 por ciento en tiempos de la República pasó a un 7,74 en los primeros años de la posguerra. El paro oficial, en cambio, sí disminuyó, pasando de unos 750.000 desempleados antes de la Guerra Civil a unos 500.000 a finales de 1940 y, finalmente, a 153.122 en 1944; pero estas estadísticas ocultaban el desempleo rural masivo que existía en algunas zonas del país. Además, los salarios se mantuvieron muy bajos e incluso disminuyeron, especialmente en las zonas rurales. Esto, unido a una menor producción industrial y a la escasez de alimentos que había en las ciudades, trajo como consecuencia la desurbanización de la mano de obra, a medida que crecía el sector agrícola en la siguiente década.
La nueva política económica no logró crear un sistema de solidaridad nacional como habían previsto los primeros falangistas y como predicaba la propaganda del propio Régimen. Su objetivo era aumentar la producción nacional, pero sus regulaciones favorecían los intereses industriales y financieros establecidos, en detrimento del bando perdedor en la guerra y de gran parte de la población rural, que en su mayoría había luchado en el bando nacional. Aquellos con capacidad económica podían comprar prácticamente cualquier cosa que necesitaran a un precio más alto en empresas legalizadas o en el mercado negro. Es posible que la depresión y la escasez en algunos sectores fuera consecuencia de los rigores impuestos en el ámbito internacional por la Segunda Guerra Mundial, pero la política del Régimen en muchos aspectos no tuvo acierto para superarlos. Para Franco el sufrimiento que había de soportar España era, en gran medida, un juicio provocado por la apostasía política y espiritual de la mitad de la nación. Como dijo en un discurso en Jaén el 18 de marzo de 1940: "No es un capricho el sufrimiento de una nación en un punto de su historia; es el castigo espiritual, castigo que Dios impone a una vida torcida, a una historia no limpia".
Declaró: "Nuestra victoria constituye, por otra parte, el triunfo de unos principios económicos en pugna con las viejas teorías liberales, al amparo de cuyos mitos se estableció el coloniaje sobre muchos Estados soberanos". Francose quitó de encima las restricciones de las plutocracias liberales e inauguró una era de autarquía que duraría 20 años. Sus ideas principales se exponían en un documento firmado el 8 de octubre que se llamó Fundamentos y directrices de un plan de saneamiento de nuestra economía armónico con nuestra reconstrucción nacional. Se sentaban vagamente las bases de un plan decenal para alcanzar la modernización económica y la autosuficiencia, a la vez que se pretendía aumentar las exportaciones y reducir las importaciones sin contar con la inversión extranjera. Demostraba que tenía mucha fe en el potencial económico de España y en la eficacia del control y la regulación gubernamental. El objetivo era cubrir las necesidades económicas y de defensa del país con los recursos propios en tan sólo cuatro años; los seis restantes se dedicarían a la reconstrucción total y el desarrollo. Sin embargo, el Gobierno siempre reconoció que España no podría llegar a ser totalmente autosuficiente. Sería necesario importar una cantidad importante de comida, petróleo, materias primas y maquinaria industrial. La autarquía tenía como meta mejorar la situación del comercio exterior y aumentar la producción industrial. Los proyectos siempre se calculaban en términos del coste que tendrían en divisas.
La carrera autarquista hacia la industrialización comenzó por un decreto de octubre de 1939 por el que se promulgó la Ley de Protección y Fomento de la Industria Nacional. Esta otorgaba una amplia gama de incentivos, deducciones de impuestos y licencias especiales. La subsiguiente Ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional del 24 de noviembre que especificaba qué industrias eran merecedoras de ayudas especiales, estuvo vigente durante 20 años. La culminación de esta política fue la creación, en 1941, del Instituto Nacional de Industria (INI), un holding estatal para estimular la industrialización, cuyo modelo era el Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) italiano. En su fase inicial el INI prestó especial atención a los astilleros, a la producción de acero y de productos químicos, y a la fabricación de coches, camiones y aviones. Su primer presidente fue el oficial de la marina Juan Antonio Suanzes, amigo de la infancia de Franco e hijo de uno de sus jefes de estudio en El Ferrol. Suanzes estaría al mando del INI durante más de veinte años. La política autarquista fue poco consistente y tuvo muchas lagunas desde el primer momento, lo que originó graves distorsiones. Además de los objetivos primordiales del INI, éste se concentró en la industria de guerra, la construcción y reparación de las vías férreas, la producción de maquinaria y herramientas, los hidrocarburos domésticos, el nitrógeno y el algodón.
Se establecieron rígidos controles para el cambio de divisas, la importación y determinados productos nacionales, pero esto significaba que había que establecer unas condiciones artificiales de distribución de costos para el desarrollo industrial, que se basaron en principio en los niveles del año 1935. La falta de mercado y otros ajustes tuvo como consecuencia que los precios se fijaran de manera arbitraria y poco realista, lo que disparó la inflación e impidió el crecimiento. A medida que crecía la escasez provocada por la Segunda Guerra Mundial, aumentaban los esfuerzos, a menudo vanos y muy costosos, por encontrar sustitutos al petróleo importado. Por ejemplo, se hicieron extracciones de petróleo de esquisto y del carbón bituminoso en un alarde oficial de apoyar a un inventor austriaco de dudosa reputación que pretendía crear una gasolina sintética. Además, disuadía al Gobierno de intentar maximizar préstamos, créditos e inversiones extranjeras por las regulaciones que había contra el capital extranjero y por la política exterior a favor del Eje. Incluso en las circunstancias de los años 1939-40 hubiera sido posible obtener más crédito extranjero e inversiones, pero la corta vista del Régimen dejó a esta economía sin el soporte vital para su crecimiento. La política española también reflejaba la excesiva concentración en la industria típica de los países agrícolas del siglo XX que ansían crecer rápidamente. Se marginó la agricultura, que era la base de la economía.
El instrumento fundamental de la política agrícola durante la guerra civil había sido el Servicio Nacional de Trigo, creado para canalizar el mercado y estabilizar los precios. Se mantuvo durante los años de la posguerra con subsidios del Estado, pero se paralizó la inversión y la producción. La agricultura española no pudo recuperar sus niveles productivos de antes de 1936 durante la Segunda Guerra Mundial, por los efectos que tuvo la guerra civil, por mal tiempo y por las regulaciones restrictivas del Estado. En términos generales, se mantuvo un 25 por ciento por debajo de los niveles de 1934-35, aunque nadie negaba que éstos habían sido excepcionalmente altos. La zona republicana sufrió enormemente la escasez de alimentos en el último año de la guerra civil y a lo largo de 1939 empezó a afectar a todo el país de forma masiva. El 14 de mayo se impuso el racionamiento general de productos de primera necesidad que se mantendría, con diferente intensidad, durante más de una década. Se anunció que la austeridad y el sacrificio personal eran las claves de la nueva política económica. Las materias primas se racionaron de forma similar en la industria. La combinación de control gubernamental y escasez pronto trajo consigo y extendió el estraperlo -el origen de la palabra está en un escándalo financiero de 1935- o mercado negro. Las adjudicaciones estatales y los bienes racionados terminaron siendo objeto de manipulaciones y chantajes.
Hubo algunas detenciones e incluso alguna ejecución, pero la corrupción terminó por convertirse en un sistema con vida propia. Durante los primeros cinco años después de la guerra civil hubo al menos 200.000 muertes más por desnutrición o enfermedad que en los años anteriores a la guerra. La tuberculosis se llevaba a unas 25.000 personas al año y en 1941 se registraron 53.307 muertes por diarrea y enteritis, 4.168 por fiebres tifoideas y 1.644 por tifus. El nuevo Estado no generaba los recursos necesarios para poder jugar un papel social y económico más dinámico. La política fiscal excesivamente conservadora redujo la recaudación de impuestos de un 17,83 por ciento bajo la República a un 15,07 en los cinco primeros años después de la Guerra. Los gastos militares cada vez más altos y la escasez dejaban muy poco presupuesto para obras públicas; de un 14,04 por ciento en tiempos de la República pasó a un 7,74 en los primeros años de la posguerra. El paro oficial, en cambio, sí disminuyó, pasando de unos 750.000 desempleados antes de la Guerra Civil a unos 500.000 a finales de 1940 y, finalmente, a 153.122 en 1944; pero estas estadísticas ocultaban el desempleo rural masivo que existía en algunas zonas del país. Además, los salarios se mantuvieron muy bajos e incluso disminuyeron, especialmente en las zonas rurales. Esto, unido a una menor producción industrial y a la escasez de alimentos que había en las ciudades, trajo como consecuencia la desurbanización de la mano de obra, a medida que crecía el sector agrícola en la siguiente década.
La nueva política económica no logró crear un sistema de solidaridad nacional como habían previsto los primeros falangistas y como predicaba la propaganda del propio Régimen. Su objetivo era aumentar la producción nacional, pero sus regulaciones favorecían los intereses industriales y financieros establecidos, en detrimento del bando perdedor en la guerra y de gran parte de la población rural, que en su mayoría había luchado en el bando nacional. Aquellos con capacidad económica podían comprar prácticamente cualquier cosa que necesitaran a un precio más alto en empresas legalizadas o en el mercado negro. Es posible que la depresión y la escasez en algunos sectores fuera consecuencia de los rigores impuestos en el ámbito internacional por la Segunda Guerra Mundial, pero la política del Régimen en muchos aspectos no tuvo acierto para superarlos. Para Franco el sufrimiento que había de soportar España era, en gran medida, un juicio provocado por la apostasía política y espiritual de la mitad de la nación. Como dijo en un discurso en Jaén el 18 de marzo de 1940: "No es un capricho el sufrimiento de una nación en un punto de su historia; es el castigo espiritual, castigo que Dios impone a una vida torcida, a una historia no limpia".
