El amigo americano
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Datos principales
Rango
Final franquismo
Desarrollo
Además de los sueños de una homologación europea, la otra gran apuesta de la gestión de Castiella para la normalización de España en Occidente fue la obtención de una relación más equilibrada con Estados Unidos que cubriese las necesidades defensivas españolas. A pesar de los pactos, el Ejército español seguía teniendo un armamento anticuado y el material más moderno no podía utilizarlo, ante la creciente amenaza marroquí. Sin duda, otros países europeos con bases americanas habían recibido mucha más ayuda. Las bases norteamericanas tenían armamento atómico, por lo que la amenaza de una conflagración nuclear afectaba claramente a España. Además, la independencia de los países norteafricanos era percibida por Franco o Carrero con el peligro añadido de una probable expansión del bloque comunista. Aunque Washington había respaldado, a través de los organismos económicos internacionales, la nueva política de liberalización económica del régimen de Franco no estaba dispuesto a aumentar la ayuda económica directa y la cesión de material militar ni a prescindir de bases cercanas a grandes núcleos urbanos, como la de Torrejón. En este contexto la visita de Eisenhower a Madrid en diciembre de 1959 fue, además de propaganda e imagen para el Régimen, el colofón de la firma de los pactos bilaterales pero no trajo consigo una mejora del nivel de ayuda como esperaban el Gobierno de Franco y los militares.
La llegada al poder de la administración demócrata de Kennedy no ayudó, desde luego, a mejorar las expectativas franquistas. Además de la falta de apoyo en Marruecos, el Gobierno norteamericano pareció en un primer momento dar alas a la oposición antifranquista, presionando para que España se desmarcara de posiciones colonialistas como las que mantenía Portugal. Para colmo, Kennedy recibió con gran indignación la posición independiente de Franco respecto al régimen revolucionario cubano. Al mismo tiempo que se pedía la apertura de negociaciones con el Mercado Común, el Gobierno decidió el envío del abogado liberal Antonio Garrigues a la embajada en Washington, dadas sus relaciones personales con la familia Kennedy, con el objeto de mejorar el nivel económico de contrapartidas por las bases militares. Aunque enseguida quedó claro que las dificultades presupuestarias norteamericanas limitaban la posibilidad de una mejora de la ayuda económica y militar, Garrigues recomendó la negociación de una contrapartida política. Se pretendía sustituir los pactos bilaterales por un tratado de cooperación o seguridad, que implicaba un difícil refrendo por las cámaras legislativas norteamericanas, así como de conseguir un apoyo decidido en los organismos internacionales y en las candidaturas españolas hacia la OTAN y la CEE. En septiembre de 1962, una vez que las expectativas europeas habían recibido un jarro de agua fría, por lo que el apoyo estadounidense cobraba mayor relieve, se iniciaron las conversaciones para la renegociación de los pactos.
Además de las contrapartidas políticas, los militares españoles realizaron unas peticiones exorbitantes de suministros. La administración Kennedy rechazó ambas peticiones, por lo que al régimen de Franco sólo le quedaba la posibilidad de la denuncia de los pactos para posteriormente negociar una prórroga de los mismos. Esfumada la posibilidad de sumarse a un eje militar entre Francia y Alemania, el Gobierno de Franco tuvo que contentarse con la renovación de los convenios con Estados Unidos como fuera. Finalmente, el 26 de septiembre de 1963 los pactos recibían una prórroga por otros cinco años sin apenas cambios. Desde una perspectiva simbólica el texto reconocía la importancia de España en Occidente, obligándose los americanos a negociar cualquier ampliación de la utilización de las bases y a apoyar a España en los organismos internacionales. Los 1.000 millones de dólares que habían esperado inicialmente los militares españoles se quedaron en la modesta cifra de 150 millones. La cláusula secreta de activación automática de las bases permanecía como en 1953. Los norteamericanos podían utilizar Rota para los submarinos nucleares sin contrapartida alguna y ni siquiera la declaración conjunta establecía un compromiso claro con la defensa de España.
La llegada al poder de la administración demócrata de Kennedy no ayudó, desde luego, a mejorar las expectativas franquistas. Además de la falta de apoyo en Marruecos, el Gobierno norteamericano pareció en un primer momento dar alas a la oposición antifranquista, presionando para que España se desmarcara de posiciones colonialistas como las que mantenía Portugal. Para colmo, Kennedy recibió con gran indignación la posición independiente de Franco respecto al régimen revolucionario cubano. Al mismo tiempo que se pedía la apertura de negociaciones con el Mercado Común, el Gobierno decidió el envío del abogado liberal Antonio Garrigues a la embajada en Washington, dadas sus relaciones personales con la familia Kennedy, con el objeto de mejorar el nivel económico de contrapartidas por las bases militares. Aunque enseguida quedó claro que las dificultades presupuestarias norteamericanas limitaban la posibilidad de una mejora de la ayuda económica y militar, Garrigues recomendó la negociación de una contrapartida política. Se pretendía sustituir los pactos bilaterales por un tratado de cooperación o seguridad, que implicaba un difícil refrendo por las cámaras legislativas norteamericanas, así como de conseguir un apoyo decidido en los organismos internacionales y en las candidaturas españolas hacia la OTAN y la CEE. En septiembre de 1962, una vez que las expectativas europeas habían recibido un jarro de agua fría, por lo que el apoyo estadounidense cobraba mayor relieve, se iniciaron las conversaciones para la renegociación de los pactos.
Además de las contrapartidas políticas, los militares españoles realizaron unas peticiones exorbitantes de suministros. La administración Kennedy rechazó ambas peticiones, por lo que al régimen de Franco sólo le quedaba la posibilidad de la denuncia de los pactos para posteriormente negociar una prórroga de los mismos. Esfumada la posibilidad de sumarse a un eje militar entre Francia y Alemania, el Gobierno de Franco tuvo que contentarse con la renovación de los convenios con Estados Unidos como fuera. Finalmente, el 26 de septiembre de 1963 los pactos recibían una prórroga por otros cinco años sin apenas cambios. Desde una perspectiva simbólica el texto reconocía la importancia de España en Occidente, obligándose los americanos a negociar cualquier ampliación de la utilización de las bases y a apoyar a España en los organismos internacionales. Los 1.000 millones de dólares que habían esperado inicialmente los militares españoles se quedaron en la modesta cifra de 150 millones. La cláusula secreta de activación automática de las bases permanecía como en 1953. Los norteamericanos podían utilizar Rota para los submarinos nucleares sin contrapartida alguna y ni siquiera la declaración conjunta establecía un compromiso claro con la defensa de España.
