Crisis del modelo autonómico
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Datos principales
Rango
Segunda República
Desarrollo
La coalición gobernante en el segundo bienio estaba integrada, en gran medida, por fuerzas contrarias al desarrollo del Estado integral o autonómico. Para la derecha nacional, la regionalización política y administrativa suponía un peligro de desintegración de la Patria, si bien las posturas variaban mucho. El ejemplo de Cataluña, donde la izquierda seguía gobernando pese al vuelco de la situación política nacional, aumentaba los recelos de los equipos de gobierno del Partido Radical, ya de por sí reacios a ceder competencias y recursos económicos a las autonomías. En consecuencia, el impulso estatutario fue neutralizado en todas partes por los partidos mayoritarios. Pero el intento de frenar los procesos ya en marcha, sobre todo en Cataluña y el País Vasco, provocó graves tensiones, que cuestionaron el propio desarrollo del sistema constitucional democrático y contribuyeron a la radicalización de los nacionalismos periféricos. A finales de febrero de 1934 se planteó en las Cortes la cuestión del Estatuto vasco, aprobado en referéndum por la población local en noviembre del año anterior. Los nacionalistas pudieron percatarse de la mala voluntad de la nueva mayoría parlamentaria, que utilizaba el voto negativo de Álava en la consulta de noviembre para detener la tramitación del proyecto. Los debates de la primavera ampliaron las diferencias entre la derecha, partidaria en el mejor de los casos de un retorno limitado a la antigua foralidad, y el PNV, que exigía un amplio autogobierno y cuya radicalización antigubernamental le llevó a aproximarse a los socialistas y terminó provocando la retirada de sus diputados de las Cortes.
A ello siguió, en el verano, un conflicto de competencias con la Administración. El trasfondo del asunto era la exigencia de las fuerzas políticas vascas de que se democratizasen las instituciones, convocando elecciones municipales y provinciales, que pusieran fin al régimen provisional de las Gestoras gubernativas. La chispa fue, sin embargo, la pretensión del Ministerio de Hacienda de recaudar directamente los impuestos sobre la renta y el lujo sin la participación de las Diputaciones -lo que, a juicio de los nacionalistas, suponía violar la autonomía fiscal garantizada por el Concierto Económico regional- y de modificar el régimen impositivo del comercio vinícola, adaptándolo al modelo nacional, lo que lesionaría los intereses de los cosecheros de la región. La "guerra del vino" alió a socialistas y nacionalistas en un movimiento de protesta política que tuvo sus momentos de máxima tensión en la convocatoria de elecciones municipales en el País Vasco para el 12 de agosto, que el Gobierno intentó impedir por todos los medios, y en la Asamblea de Ayuntamientos celebrada en Zumárraga el 2 de septiembre, a la que asistió Indalecio Prieto y que selló una colaboración política entre socialistas y nacionalistas que daría fruto dos años más tarde, con la aprobación del Estatuto. El conflicto catalán fue más grave y se vio afectado por el desencadenamiento paralelo de la Revolución de Octubre. La política catalana había experimentado un giro a la izquierda cuando falleció Maciá, en la Navidad de 1933, y fue sucedido al frente de la Generalidad por Companys.
En las elecciones municipales catalanas celebradas a mediados de enero de 1934, ERC demostró que seguía siendo la fuerza mayoritaria, pero ahora el gobierno de la nación estaba en manos de un centro-derecha nada entusiasta del federalismo, y en la propia Cataluña la Lliga pasó a la ofensiva, retirándose del Parlamento autonómico. El 12 de abril de 1934, la Cámara regional aprobó una Ley de Contratos de Cultivo que garantizaba a los arrendatarios de viñedos ("rabassaires") una vigencia mínima de seis años para sus contratos y la posibilidad de comprar la propiedad de las parcelas tras cultivarlas durante dieciocho. Los propietarios protestaron y encomendaron la defensa de sus intereses a la Lliga, cuyos diputados en las Cortes solicitaron al Gobierno que plantease la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Garantías. La sentencia del órgano constitucional, pronunciada el 8 de junio, declaraba incompetente en el tema al Parlamento regional y, por tanto, anulaba la Ley por anticonstitucional. La Esquerra respondió retirando a sus diputados de las Cortes, decisión a la que se sumó el PNV. La cuestión "rabassaire" culminaba una sucesión de roces entre el Gobierno y la Generalidad por la negociación de las transferencias y fue utilizada por el sector más abiertamente separatista de la ERC, dirigido por el consejero de Gobernación, Josep Dencás, para plantear el asunto como una ofensiva anticatalana de la derecha española.
El 12 de junio, el Parlamento autonómico, en un gesto expreso de rechazo del ordenamiento constitucional, volvió a votar íntegro el texto de la Ley de Cultivos. Pero el jefe del Gobierno, Samper, intentó evitar la ruptura y, aprovechando las vacaciones parlamentarias de verano, solicitó a Companys la apertura de negociaciones en busca de una solución pactada. La entrada de tres ministros cedistas en el Gobierno formado el 4 de octubre, cayó como una bomba en la Generalidad. Dencás movilizó a los "escamots", la milicia independentista, pero la Esquerra y sus aliados se negaron a sumarse a la convocatoria revolucionaria realizada en toda España por las Alianzas Obreras, y desencadenaron su propia acción secesionista. El día 6, Companys dio el paso decisivo y tras denunciar el secuestro de la República por las fuerzas monarquizantes y fascistas, proclamó el Estado Catalán, en la República Federal Española, lo que, aunque no era una declaración de independencia total suponía colocar a una institución estatal, como era la Generalidad, al margen de la legalidad constitucional. El Gobierno, ocupado en cerrar varios frentes insurreccionales en toda la Península, encomendó la tarea de terminar con la rebelión al general Domingo Batet, catalanista moderado, pero fiel a la República. Reforzada la guarnición local con tropas llegadas de Marruecos, Batet declaró el día 7 el estado de guerra. La Generalidad, que había perdido gran parte de sus primitivos apoyos populares por su política de enfrentamiento con las organizaciones obreras, no fue capaz de ofrecer una mínima resistencia, y las tropas procedieron a desarmar a los Mozos de Escuadra, la única fuerza regular con que contaba Dencás.
Este logró huir a través del alcantarillado, pero Companys y los demás consejeros tuvieron que rendirse. El castigo no se hizo esperar. Todos los órganos de la Administración autonómica fueron suspendidos, y sustituidos temporalmente por un control militar. En las Cortes se abrió un debate sobre el futuro del Estatuto. Los monárquicos presentaron a finales de noviembre un voto particular pidiendo su derogación definitiva, mientras que la Lliga presentó otro solicitando su inmediata puesta en vigor. Ambos fueron rechazados por los grupos gubernamentales que, por Ley de 2 de enero de 1935, acordaron la suspensión del Estatuto de forma indefinida y la recuperación por la Administración central de las competencias transferidas en los dos años anteriores a la Generalidad.
A ello siguió, en el verano, un conflicto de competencias con la Administración. El trasfondo del asunto era la exigencia de las fuerzas políticas vascas de que se democratizasen las instituciones, convocando elecciones municipales y provinciales, que pusieran fin al régimen provisional de las Gestoras gubernativas. La chispa fue, sin embargo, la pretensión del Ministerio de Hacienda de recaudar directamente los impuestos sobre la renta y el lujo sin la participación de las Diputaciones -lo que, a juicio de los nacionalistas, suponía violar la autonomía fiscal garantizada por el Concierto Económico regional- y de modificar el régimen impositivo del comercio vinícola, adaptándolo al modelo nacional, lo que lesionaría los intereses de los cosecheros de la región. La "guerra del vino" alió a socialistas y nacionalistas en un movimiento de protesta política que tuvo sus momentos de máxima tensión en la convocatoria de elecciones municipales en el País Vasco para el 12 de agosto, que el Gobierno intentó impedir por todos los medios, y en la Asamblea de Ayuntamientos celebrada en Zumárraga el 2 de septiembre, a la que asistió Indalecio Prieto y que selló una colaboración política entre socialistas y nacionalistas que daría fruto dos años más tarde, con la aprobación del Estatuto. El conflicto catalán fue más grave y se vio afectado por el desencadenamiento paralelo de la Revolución de Octubre. La política catalana había experimentado un giro a la izquierda cuando falleció Maciá, en la Navidad de 1933, y fue sucedido al frente de la Generalidad por Companys.
En las elecciones municipales catalanas celebradas a mediados de enero de 1934, ERC demostró que seguía siendo la fuerza mayoritaria, pero ahora el gobierno de la nación estaba en manos de un centro-derecha nada entusiasta del federalismo, y en la propia Cataluña la Lliga pasó a la ofensiva, retirándose del Parlamento autonómico. El 12 de abril de 1934, la Cámara regional aprobó una Ley de Contratos de Cultivo que garantizaba a los arrendatarios de viñedos ("rabassaires") una vigencia mínima de seis años para sus contratos y la posibilidad de comprar la propiedad de las parcelas tras cultivarlas durante dieciocho. Los propietarios protestaron y encomendaron la defensa de sus intereses a la Lliga, cuyos diputados en las Cortes solicitaron al Gobierno que plantease la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Garantías. La sentencia del órgano constitucional, pronunciada el 8 de junio, declaraba incompetente en el tema al Parlamento regional y, por tanto, anulaba la Ley por anticonstitucional. La Esquerra respondió retirando a sus diputados de las Cortes, decisión a la que se sumó el PNV. La cuestión "rabassaire" culminaba una sucesión de roces entre el Gobierno y la Generalidad por la negociación de las transferencias y fue utilizada por el sector más abiertamente separatista de la ERC, dirigido por el consejero de Gobernación, Josep Dencás, para plantear el asunto como una ofensiva anticatalana de la derecha española.
El 12 de junio, el Parlamento autonómico, en un gesto expreso de rechazo del ordenamiento constitucional, volvió a votar íntegro el texto de la Ley de Cultivos. Pero el jefe del Gobierno, Samper, intentó evitar la ruptura y, aprovechando las vacaciones parlamentarias de verano, solicitó a Companys la apertura de negociaciones en busca de una solución pactada. La entrada de tres ministros cedistas en el Gobierno formado el 4 de octubre, cayó como una bomba en la Generalidad. Dencás movilizó a los "escamots", la milicia independentista, pero la Esquerra y sus aliados se negaron a sumarse a la convocatoria revolucionaria realizada en toda España por las Alianzas Obreras, y desencadenaron su propia acción secesionista. El día 6, Companys dio el paso decisivo y tras denunciar el secuestro de la República por las fuerzas monarquizantes y fascistas, proclamó el Estado Catalán, en la República Federal Española, lo que, aunque no era una declaración de independencia total suponía colocar a una institución estatal, como era la Generalidad, al margen de la legalidad constitucional. El Gobierno, ocupado en cerrar varios frentes insurreccionales en toda la Península, encomendó la tarea de terminar con la rebelión al general Domingo Batet, catalanista moderado, pero fiel a la República. Reforzada la guarnición local con tropas llegadas de Marruecos, Batet declaró el día 7 el estado de guerra. La Generalidad, que había perdido gran parte de sus primitivos apoyos populares por su política de enfrentamiento con las organizaciones obreras, no fue capaz de ofrecer una mínima resistencia, y las tropas procedieron a desarmar a los Mozos de Escuadra, la única fuerza regular con que contaba Dencás.
Este logró huir a través del alcantarillado, pero Companys y los demás consejeros tuvieron que rendirse. El castigo no se hizo esperar. Todos los órganos de la Administración autonómica fueron suspendidos, y sustituidos temporalmente por un control militar. En las Cortes se abrió un debate sobre el futuro del Estatuto. Los monárquicos presentaron a finales de noviembre un voto particular pidiendo su derogación definitiva, mientras que la Lliga presentó otro solicitando su inmediata puesta en vigor. Ambos fueron rechazados por los grupos gubernamentales que, por Ley de 2 de enero de 1935, acordaron la suspensión del Estatuto de forma indefinida y la recuperación por la Administración central de las competencias transferidas en los dos años anteriores a la Generalidad.
