Catalanismo y vasquismo
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Datos principales
Rango
Reinado Carlos IV
Desarrollo
Los propósitos de Francia respecto a Cataluña oscilaron entre la simple anexión del territorio del Principado, como fue explícitamente proclamado por el Comité de Salud Pública el 26 de mayo de 1794, o favorecer una hipotética emancipación. La primera de las opciones siempre contó con la absoluta hostilidad de los catalanes y, quizá por ello, se pasó de la propuesta anexionista a la que proclamaba el deseo de Francia de ayudar a los catalanes a liberarse del yugo castellano. En realidad, la idea de formar una república catalana independiente escondía un propósito de anexión gradual y a más largo plazo, como lo revela el texto del Comité de Salud Pública que señalaba que "es preciso romper los lazos comerciales de este país con el resto de España, multiplicarlos con nosotros a través de fáciles caminos, introducir la lengua francesa, hacer nacer el gusto y la necesidad por los objetos republicanos". Las contingencias militares condujeron, sin embargo, a un renacer del sentimiento catalanista, muy diluido desde el triunfo borbónico en la Guerra de Sucesión. La economía de las zonas pirenaicas, basadas en su complementariedad con las del otro lado de la raya fronteriza, se vino abajo estrepitosamente a causa de la guerra y de la presencia sobre el terreno de un ejército numeroso. El comportamiento de los catalanes ante el esfuerzo bélico que se les exigía no fue ni unánime ni entusiasta, y hubo resistencia al reclutamiento y frecuentes conatos de indisciplina y deserción.
Para contrarrestar la tibieza catalana se utilizaron elementos que suponían un reconocimiento de la peculiaridad del Principado. En primer lugar, se pasó a usar la lengua catalana por parte de las autoridades en proclamas y manifiestos, lo que suponía un reconocimiento inédito desde 1714 de la lengua propia de los catalanes. En segundo lugar, se organizó el somatén, una modalídad estrictamente catalana de movilización con la que los catalanes se identificaban mucho más que con los regimientos regulares, que también había quedado proscrita tras el conflicto sucesorio. Y, finalmente, se permitió la creación de Juntas de Defensa y Armamento, en las que participaban delegados de los gremios junto a representantes de los ayuntamientos. Estas Asambleas estuvieron lejos de significar una recuperación institucional específica de Cataluña, pues una hipotética Junta del Principado, con alguna similitud a las suprimidas Cortes, nunca llegó a ser realidad, y sólo funcionaron Juntas de corregimiento con la única finalidad de "contener al enemigo" y bajo el control, en todo momento, del Capitán General, primera autoridad del Principado. Las provincias vascas y Navarra constituían una realidad específica dentro de la monarquía centralizada y uniformista surgida del conflicto sucesorio. Conocidas como provincias exentas, se singularizaban por contar con fueros propios y cuerpos de representación provincial y gozar del control de las haciendas municipales y de las aduanas.
Al igual que en Cataluña, también los franceses tuvieron que decidir sobre la anexión de los territorios ocupados o su independencia, si bien en el caso guipuzcoano la segunda posibilidad fue planteada por diputados de la Junta General celebrada en Guetaria en junio de 1794. José Fernando de Echave Romero y su cuñado Joaquín María de Barroeta y Aldamar negociaron con las autoridades francesas la posible independencia de Guipúzcoa, si bien los franceses rechazaron esa posibilidad y consideraron a la provincia como país conquistado, aunque con opción a integrarse en la República, alternativa esta última imposible, pues los valores y conceptos revolucionarios eran absolutamente ajenos al mundo tradicional y corporativo de la sociedad vasca. En opinión de Jean-René Aymes, la adhesión a la independencia no fue ideológica, "sino más bien pragmática, circunstancial y aleatoria", es decir, destinada a ganar tiempo y evitar que corriera innecesariamente la sangre tras la ocupación por los franceses de Fuenterrabía, Irún, Pasajes y San Sebastián y la nula respuesta militar del ejército regular y de la escuadra surta en el golfo de Vizcaya. Pero en algunos casos hay pruebas de que el colaboracionismo estuvo motivado por la identificación con la ideología revolucionaria. En la causa instruida contra D. Pablo Carrese y otros colaboracionistas de Tolosa, estudiada por Fernández Albaladejo, se aprecia una adhesión entusiasta y no circunstancial a la ideología revolucionaria, cuando se narra lo acontecido junto al "árbol de la libertad, al que besaban, miraban hacia Francia y exclamaban: ¡Viva la República! Volvían a besar, cerraban el puño y convirtiéndose hacia Madrid, se mantenían un rato en la más fiera postura, significando en mudo, pero horroroso mensaje que estaban dispuestos a ejecutar en nuestro adorado Monarca la mismo vileza, y atrevido desacato que en el suyo".
El foralismo fue estimulado y alentado por las autoridades con el fin de crear entre los vasco-navarros un mayor compromiso contra el invasor francés. Los fueros recordaban el carácter sagrado de la tierra y el deber ineludible de acudir en su defensa. Sin embargo, los resultados prácticos no fueron muy satisfactorios, pues en Vizcaya, Alava y, sobre todo, Navarra, los fueros provocaron problemas de alistamiento ya que, siguiendo estrictamente lo dictado por el régimen foral, no se podía obligar a luchar fuera de los límites de cada provincia. No es extraño que, una vez finalizada la guerra, las autoridades de Madrid se plantearan acabar con el estatuto peculiar de las Provincias Exentas; y aunque la ofensiva antiforalista no llegará a su última consecuencia -acabar con el sistema foral en su totalidad-, sí quedará en los responsables políticos de la Corte la idea de que los vascos y los navarros habían infringido la solidaridad nacional "al faltar esencialmente a sus deberes". Como señala Fernández Albaladejo, "entre 1796 y 1808 el régimen foral se sentó en el banquillo de los acusados".
Para contrarrestar la tibieza catalana se utilizaron elementos que suponían un reconocimiento de la peculiaridad del Principado. En primer lugar, se pasó a usar la lengua catalana por parte de las autoridades en proclamas y manifiestos, lo que suponía un reconocimiento inédito desde 1714 de la lengua propia de los catalanes. En segundo lugar, se organizó el somatén, una modalídad estrictamente catalana de movilización con la que los catalanes se identificaban mucho más que con los regimientos regulares, que también había quedado proscrita tras el conflicto sucesorio. Y, finalmente, se permitió la creación de Juntas de Defensa y Armamento, en las que participaban delegados de los gremios junto a representantes de los ayuntamientos. Estas Asambleas estuvieron lejos de significar una recuperación institucional específica de Cataluña, pues una hipotética Junta del Principado, con alguna similitud a las suprimidas Cortes, nunca llegó a ser realidad, y sólo funcionaron Juntas de corregimiento con la única finalidad de "contener al enemigo" y bajo el control, en todo momento, del Capitán General, primera autoridad del Principado. Las provincias vascas y Navarra constituían una realidad específica dentro de la monarquía centralizada y uniformista surgida del conflicto sucesorio. Conocidas como provincias exentas, se singularizaban por contar con fueros propios y cuerpos de representación provincial y gozar del control de las haciendas municipales y de las aduanas.
Al igual que en Cataluña, también los franceses tuvieron que decidir sobre la anexión de los territorios ocupados o su independencia, si bien en el caso guipuzcoano la segunda posibilidad fue planteada por diputados de la Junta General celebrada en Guetaria en junio de 1794. José Fernando de Echave Romero y su cuñado Joaquín María de Barroeta y Aldamar negociaron con las autoridades francesas la posible independencia de Guipúzcoa, si bien los franceses rechazaron esa posibilidad y consideraron a la provincia como país conquistado, aunque con opción a integrarse en la República, alternativa esta última imposible, pues los valores y conceptos revolucionarios eran absolutamente ajenos al mundo tradicional y corporativo de la sociedad vasca. En opinión de Jean-René Aymes, la adhesión a la independencia no fue ideológica, "sino más bien pragmática, circunstancial y aleatoria", es decir, destinada a ganar tiempo y evitar que corriera innecesariamente la sangre tras la ocupación por los franceses de Fuenterrabía, Irún, Pasajes y San Sebastián y la nula respuesta militar del ejército regular y de la escuadra surta en el golfo de Vizcaya. Pero en algunos casos hay pruebas de que el colaboracionismo estuvo motivado por la identificación con la ideología revolucionaria. En la causa instruida contra D. Pablo Carrese y otros colaboracionistas de Tolosa, estudiada por Fernández Albaladejo, se aprecia una adhesión entusiasta y no circunstancial a la ideología revolucionaria, cuando se narra lo acontecido junto al "árbol de la libertad, al que besaban, miraban hacia Francia y exclamaban: ¡Viva la República! Volvían a besar, cerraban el puño y convirtiéndose hacia Madrid, se mantenían un rato en la más fiera postura, significando en mudo, pero horroroso mensaje que estaban dispuestos a ejecutar en nuestro adorado Monarca la mismo vileza, y atrevido desacato que en el suyo".
El foralismo fue estimulado y alentado por las autoridades con el fin de crear entre los vasco-navarros un mayor compromiso contra el invasor francés. Los fueros recordaban el carácter sagrado de la tierra y el deber ineludible de acudir en su defensa. Sin embargo, los resultados prácticos no fueron muy satisfactorios, pues en Vizcaya, Alava y, sobre todo, Navarra, los fueros provocaron problemas de alistamiento ya que, siguiendo estrictamente lo dictado por el régimen foral, no se podía obligar a luchar fuera de los límites de cada provincia. No es extraño que, una vez finalizada la guerra, las autoridades de Madrid se plantearan acabar con el estatuto peculiar de las Provincias Exentas; y aunque la ofensiva antiforalista no llegará a su última consecuencia -acabar con el sistema foral en su totalidad-, sí quedará en los responsables políticos de la Corte la idea de que los vascos y los navarros habían infringido la solidaridad nacional "al faltar esencialmente a sus deberes". Como señala Fernández Albaladejo, "entre 1796 y 1808 el régimen foral se sentó en el banquillo de los acusados".
