Auge y renovación del antifranquismo
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Datos principales
Rango
Final franquismo
Desarrollo
El fenómeno de la "nueva izquierda" en España hay que retrotraerlo al momento del surgimiento de protestas estudiantiles en 1956. Además de las disidencias de la izquierda tradicional, existieron otras dos fuentes ideológicas en el catolicismo y el nacionalismo. La gestación de la nueva izquierda se prolongó durante una década para, desde 1967, entrar en un periodo de transición, a una etapa superior de consolidación, que duró hasta 1971. Las familias políticas de la nueva izquierda fueron la maoísta, la marxista-leninista, la trotsquista y la anarcomarxista. A estos nuevos grupos políticos les unía el rechazo hacia los partidos obreros históricos y sobre todo al PCE, a los que acusaban de reformismo o revisionismo. Se autodefinían como organizaciones revolucionarias que rechazaban el conjunto del sistema social existente en España siendo, por tanto, no sólo antifranquistas sino anticapitalistas y contrarios a los Bloques. Cada una de las familias políticas de la nueva izquierda estaba dividida a su vez en varias formaciones políticas según las corrientes ideológicas, movimientos sociales y organizaciones de las que habían surgido. De todas formas, la principal fuente de estos grupos sería una serie de organizaciones-puente que habían vivido su orto y ocaso durante los años sesenta, como el FLP y AST. A caballo entre el fenómeno del radicalismo izquierdista y la disidencia de los partidos históricos de la oposición aparecería otra serie de formaciones políticas.
El comunismo español fue el más afectado por este fenómeno de fraccionamiento a pesar de vivir durante el final de la dictadura una etapa de cenit, su década prodigiosa. Al revisionismo de figuras como Fernando Claudín y Jorge Semprún, expulsados del partido comunista en 1965, hubo que sumar la salida de fracciones autodenominadas marxistas-leninistas en 1964 (PCE m-l) y 1967 (PCEi y Bandera Roja), así como la floración de grupúsculos prosoviéticos desde 1970. El debate que desde 1964 enfrentó a Claudín y Semprún con el resto de la dirección del PCE se puede resumir en la existencia de diferentes interpretaciones de la realidad española, del estalinismo y del funcionamiento interno del partido. La condena por Santiago Carrillo de la intervención soviética en Checoslovaquia trajo consigo la creación de grupos como el liderado por el general soviético Enrique Líster. Además, entre 1971 y 1973, surgió dentro del PCE una autodenominada Oposición de Izquierdas que, a partir de la crítica de la democracia interna en el seno del partido, pasó a condenar el reciente giro europeísta y a alinearse con posiciones prosoviéticas. De todas maneras no hay que exagerar el alcance de estas disidencias en el seno del PCE. La mística del antifranquismo y la disciplina del centralismo democrático retrasó el grueso de las luchas internas en el seno del partido comunista para el tiempo posterior a la muerte de Franco y las primeras elecciones democráticas.
A partir de la condena de la intervención soviética en Checoslovaquia el PCE fue evolucionando hacia lo que habría de conocerse como eurocomunismo. El siguiente paso en esta evolución ideológica fue el reconocimiento de la conveniencia de que España se incorporara en un futuro al Mercado Común Europeo. Después del VIII Congreso en 1972, los comunistas elaboraron un documento conocido como el Manifiesto-Programa, aprobado definitivamente en 1975, en el que terminaban identificando socialismo con democracia y pluralismo político. La política del PCE durante estos años finales del régimen de Franco se alimentó de los movimientos sociales. A la idea de reconciliación nacional se unió la propuesta de un pacto para la libertad que uniera a las denominadas fuerzas del trabajo y de la cultura. Aunque los progresos en la coordinación de la oposición eran todavía débiles, con la excepción de Cataluña, los comunistas consiguieron una orla de aliados tácitos, sobre todo de la nueva izquierda, en el seno de movimientos sociales como el estudiantil o Comisiones Obreras. Habría que esperar al momento de la revolución portuguesa y la enfermedad de Franco para que Carrillo decidiera dar un precipitado salto adelante lanzando en París la Junta Democrática. Al PCE se le unieron grupos como el PTE y los carlistas pero, sobre todo, personalidades como Calvo Serer, García Trevijano, Tierno Galván, Vidal Beneyto y Rojas Marcos.
En cambio, Carrillo no logró la colaboración del PSOE, de nacionalistas, democristianos y liberales, y de la mayor parte de la nueva izquierda. Unos sectores de la oposición que, tras años de negociaciones, terminaron agrupándose en 1975 en la Plataforma de Convergencia Democrática. Para el campo de los socialistas los años sesenta también fueron un tiempo de crisis y de fraccionamiento. A la incapacidad de la dirección de Toulouse, encabezada por el veterano Rodolfo Llopis, de aglutinar al nuevo antifranquismo radical se unió el estancamiento de su política de centro-izquierda, abierta a la oposición moderada monárquica o accidentalista. Por otro lado, la implantación de los socialistas del PSOE y de la UGT en los movimientos sociales, fuera de los reductos industriales en el Norte de España, fue muy limitada durante los años sesenta. Este temporal desencuentro con la nueva generación antifranquista de 1956-68 se debió a la rigidez de la política del PSOE contraria, por ejemplo, a la unidad de acción con los comunistas, el "entrismo" en instituciones del Régimen como el Sindicato Vertical, o la prioridad del activismo clandestino. De este modo toda una serie de nuevos grupos que se autodefinían socialistas no logró la integración en el regazo de los históricos PSOE y UGT. Ejemplo de ello fue el desencuentro con organizaciones como la ASU, los socialistas catalanistas del MSC y de otras regiones, el grupo de Tierno Galván y otros neosocialistas madrileños, o el sindicalismo socializante de nuevos grupos procedentes del obrerismo católico.
A medio plazo, en cambio, la política socialista de presencia internacional, de relaciones con los medios ideológicamente afines en Occidente, iba a ser un activo político fundamental para el momento de la transición a la democracia. En este contexto de auge del PCE, de emergencia de la nueva izquierda y de desencuentro con los neosocialistas, la renovación del PSOE iba a despegar al final de los años sesenta. Los primeros pasos del proceso de cambio interno se produjeron en el seno de las Juventudes Socialistas en 1970 y de la UGT en 1971. Sin embargo, la transición interna de los socialistas se prolongaría durante la totalidad de los años setenta. Hubo una primera fase de luchas internas, incluida la escisión minoritaria del que se conocería como PSOE histórico, hasta el Congreso del PSOE en Suresnes en 1974 que encumbró a Felipe González al liderazgo del partido y completó el traslado de la dirección al interior de España. Paralelamente, pero sobre todo después de la muerte de Franco, se produjo el aglutinamiento de buena parte del antifranquismo desde una óptica de radicalismo ideológico. Un radicalismo definido como reformismo revolucionario que, además del realce de los contenidos anticapitalistas del socialismo y de la definición marxista del partido, conllevaba neutralismo, república federal y autogestión. En todo caso, la nueva dirección socialista clandestina iba a conseguir extender la red de federaciones provinciales por el conjunto de la geografía española, reconstruir al sindicato UGT como entidad diferenciada del partido y responder con agilidad a la cambiante coyuntura política del tardofranquismo.
En este momento final de la dictadura la oposición moderada, en su mayor parte partidaria de la opción monárquica, también procedió a remozar sus plataformas organizativas. Las formaciones democristianas, nacionalistas, liberales y socialdemócratas constituyeron nuevos partidos o buscaron la coordinación de sus familias políticas. Por ejemplo, los democristianos constituyeron una plataforma confederal que unía a los grupos de Ruiz Giménez, Gil Robles, el PNV y la Unió Democrática de Catalunya. Otro fenómeno de gran significación fue el surgimiento de una semioposición, a medio camino entre la Administración del Estado y las fuerzas antifranquistas ilegales, que iba a jugar un papel clave, junto a la oposición moderada, en la formación de la Unión de Centro Democrática. Uno de los grupos más significativos de este proceso político fue la firma colectiva Tácito en el diario católico Ya. Esta zona intermedia permitió la comunicación y, enseguida, colaboración de jóvenes reformistas del Régimen con la oposición moderada. En definitiva, aunque la oposición política y los movimientos sociales no pudieron derribar al régimen franquista, su creciente implantación avivó la división de la clase política del mismo, restando posibilidades a los proyectos de reforma que no tuvieran como horizonte la restauración de la democracia. Por todo ello, el papel de la oposición en el final del Régimen radicaba sobre todo en la conformación de una cultura democrática en la sociedad, en la preparación de la representación de ésta y en el legado que la histórica conservaba en el plano de la legitimidad.
El comunismo español fue el más afectado por este fenómeno de fraccionamiento a pesar de vivir durante el final de la dictadura una etapa de cenit, su década prodigiosa. Al revisionismo de figuras como Fernando Claudín y Jorge Semprún, expulsados del partido comunista en 1965, hubo que sumar la salida de fracciones autodenominadas marxistas-leninistas en 1964 (PCE m-l) y 1967 (PCEi y Bandera Roja), así como la floración de grupúsculos prosoviéticos desde 1970. El debate que desde 1964 enfrentó a Claudín y Semprún con el resto de la dirección del PCE se puede resumir en la existencia de diferentes interpretaciones de la realidad española, del estalinismo y del funcionamiento interno del partido. La condena por Santiago Carrillo de la intervención soviética en Checoslovaquia trajo consigo la creación de grupos como el liderado por el general soviético Enrique Líster. Además, entre 1971 y 1973, surgió dentro del PCE una autodenominada Oposición de Izquierdas que, a partir de la crítica de la democracia interna en el seno del partido, pasó a condenar el reciente giro europeísta y a alinearse con posiciones prosoviéticas. De todas maneras no hay que exagerar el alcance de estas disidencias en el seno del PCE. La mística del antifranquismo y la disciplina del centralismo democrático retrasó el grueso de las luchas internas en el seno del partido comunista para el tiempo posterior a la muerte de Franco y las primeras elecciones democráticas.
A partir de la condena de la intervención soviética en Checoslovaquia el PCE fue evolucionando hacia lo que habría de conocerse como eurocomunismo. El siguiente paso en esta evolución ideológica fue el reconocimiento de la conveniencia de que España se incorporara en un futuro al Mercado Común Europeo. Después del VIII Congreso en 1972, los comunistas elaboraron un documento conocido como el Manifiesto-Programa, aprobado definitivamente en 1975, en el que terminaban identificando socialismo con democracia y pluralismo político. La política del PCE durante estos años finales del régimen de Franco se alimentó de los movimientos sociales. A la idea de reconciliación nacional se unió la propuesta de un pacto para la libertad que uniera a las denominadas fuerzas del trabajo y de la cultura. Aunque los progresos en la coordinación de la oposición eran todavía débiles, con la excepción de Cataluña, los comunistas consiguieron una orla de aliados tácitos, sobre todo de la nueva izquierda, en el seno de movimientos sociales como el estudiantil o Comisiones Obreras. Habría que esperar al momento de la revolución portuguesa y la enfermedad de Franco para que Carrillo decidiera dar un precipitado salto adelante lanzando en París la Junta Democrática. Al PCE se le unieron grupos como el PTE y los carlistas pero, sobre todo, personalidades como Calvo Serer, García Trevijano, Tierno Galván, Vidal Beneyto y Rojas Marcos.
En cambio, Carrillo no logró la colaboración del PSOE, de nacionalistas, democristianos y liberales, y de la mayor parte de la nueva izquierda. Unos sectores de la oposición que, tras años de negociaciones, terminaron agrupándose en 1975 en la Plataforma de Convergencia Democrática. Para el campo de los socialistas los años sesenta también fueron un tiempo de crisis y de fraccionamiento. A la incapacidad de la dirección de Toulouse, encabezada por el veterano Rodolfo Llopis, de aglutinar al nuevo antifranquismo radical se unió el estancamiento de su política de centro-izquierda, abierta a la oposición moderada monárquica o accidentalista. Por otro lado, la implantación de los socialistas del PSOE y de la UGT en los movimientos sociales, fuera de los reductos industriales en el Norte de España, fue muy limitada durante los años sesenta. Este temporal desencuentro con la nueva generación antifranquista de 1956-68 se debió a la rigidez de la política del PSOE contraria, por ejemplo, a la unidad de acción con los comunistas, el "entrismo" en instituciones del Régimen como el Sindicato Vertical, o la prioridad del activismo clandestino. De este modo toda una serie de nuevos grupos que se autodefinían socialistas no logró la integración en el regazo de los históricos PSOE y UGT. Ejemplo de ello fue el desencuentro con organizaciones como la ASU, los socialistas catalanistas del MSC y de otras regiones, el grupo de Tierno Galván y otros neosocialistas madrileños, o el sindicalismo socializante de nuevos grupos procedentes del obrerismo católico.
A medio plazo, en cambio, la política socialista de presencia internacional, de relaciones con los medios ideológicamente afines en Occidente, iba a ser un activo político fundamental para el momento de la transición a la democracia. En este contexto de auge del PCE, de emergencia de la nueva izquierda y de desencuentro con los neosocialistas, la renovación del PSOE iba a despegar al final de los años sesenta. Los primeros pasos del proceso de cambio interno se produjeron en el seno de las Juventudes Socialistas en 1970 y de la UGT en 1971. Sin embargo, la transición interna de los socialistas se prolongaría durante la totalidad de los años setenta. Hubo una primera fase de luchas internas, incluida la escisión minoritaria del que se conocería como PSOE histórico, hasta el Congreso del PSOE en Suresnes en 1974 que encumbró a Felipe González al liderazgo del partido y completó el traslado de la dirección al interior de España. Paralelamente, pero sobre todo después de la muerte de Franco, se produjo el aglutinamiento de buena parte del antifranquismo desde una óptica de radicalismo ideológico. Un radicalismo definido como reformismo revolucionario que, además del realce de los contenidos anticapitalistas del socialismo y de la definición marxista del partido, conllevaba neutralismo, república federal y autogestión. En todo caso, la nueva dirección socialista clandestina iba a conseguir extender la red de federaciones provinciales por el conjunto de la geografía española, reconstruir al sindicato UGT como entidad diferenciada del partido y responder con agilidad a la cambiante coyuntura política del tardofranquismo.
En este momento final de la dictadura la oposición moderada, en su mayor parte partidaria de la opción monárquica, también procedió a remozar sus plataformas organizativas. Las formaciones democristianas, nacionalistas, liberales y socialdemócratas constituyeron nuevos partidos o buscaron la coordinación de sus familias políticas. Por ejemplo, los democristianos constituyeron una plataforma confederal que unía a los grupos de Ruiz Giménez, Gil Robles, el PNV y la Unió Democrática de Catalunya. Otro fenómeno de gran significación fue el surgimiento de una semioposición, a medio camino entre la Administración del Estado y las fuerzas antifranquistas ilegales, que iba a jugar un papel clave, junto a la oposición moderada, en la formación de la Unión de Centro Democrática. Uno de los grupos más significativos de este proceso político fue la firma colectiva Tácito en el diario católico Ya. Esta zona intermedia permitió la comunicación y, enseguida, colaboración de jóvenes reformistas del Régimen con la oposición moderada. En definitiva, aunque la oposición política y los movimientos sociales no pudieron derribar al régimen franquista, su creciente implantación avivó la división de la clase política del mismo, restando posibilidades a los proyectos de reforma que no tuvieran como horizonte la restauración de la democracia. Por todo ello, el papel de la oposición en el final del Régimen radicaba sobre todo en la conformación de una cultura democrática en la sociedad, en la preparación de la representación de ésta y en el legado que la histórica conservaba en el plano de la legitimidad.
