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Datos principales
Rango
Segunda República
Desarrollo
La estructura del comercio exterior durante la Segunda República era la de un país productor de alimentos y materias primas y deficitario en manufacturas. Los primeros representaron en este período el 83,6 por ciento de las exportaciones, prácticamente la misma proporción en que se importaban productos fabricados y determinadas materias primas, como el petróleo, que no se encontraban en el interior. La balanza comercial era deficitaria desde la Primera Guerra Mundial, situación que se acentuó durante la República, en buena parte por el aumento de los costes internos de producción: 512 millones de déficit en 1931, 643 en 1932, 445 en 1933, 680 en 1934. Los principales clientes de España eran Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, mientras que británicos y franceses aparecían como principales proveedores. A diferencia de otros sectores económicos, el comercio exterior resultó bastante perjudicado por la crisis mundial, hasta el punto de contraerse, según cifras oficiales, en casi tres cuartas partes de su volumen. Según estas fuentes, su peso en el conjunto de la renta nacional disminuyó, pasando del 23 por ciento en 1930 a sólo el 12 por ciento en 1934. Las principales exportaciones -naranjas, aceite, vino, almendras y minerales- habrían descendido a un tercio e incluso a un quinto de su valor. En los vinos de mesa, por ejemplo, se pasó de vender en 1928 por valor de 291 millones a hacerlo por sólo trece millones en 1935.
Por lo que respecta a las importaciones -algodón, maquinaria, acero, productos químicos, etc.- también disminuyeron mucho, afectadas por la depreciación de la peseta, que no pudo estabilizarse hasta 1933, y por la caída de las inversiones empresariales. Sin embargo, algunos autores consideran hoy que el impacto de la crisis del comercio exterior fue menos brusco de lo que indican las cifras de la época, y que se vio en parte refrenada por la propia depreciación de la peseta, que hizo más competitivos los productos españoles en el mercado internacional. Aun así, el perjuicio causado por la crisis en el sector fue considerable. Ante la caída del comercio mundial, pocas eran las soluciones que los gobernantes republicanos podían aportar al sector exterior. Sus propósitos librecambistas se estrellaron contra la oleada de proteccionismo que recorría el mundo y contra la carencia de organismos reguladores del mercado internacional. Así, la aprobación por el Congreso norteamericano en junio de 1930 de la proteccionista Hawley-Smoot Tariff Act afectó sensiblemente a las exportaciones españolas a Estados Unidos. Al año siguiente, Francia estableció una severa política tarifaria y de contingentes, que dificultó la entrada de productos hispanos, sobre todo de vino, frutas y conservas de pescado. Y en 1932, la Conferencia de Ottawa y la Ley de Aranceles británica, al fortalecer el circuito comercial entre el Reino Unido y su imperio colonial representaron un nuevo golpe a las exportaciones agrícolas españolas.
Las medidas proteccionistas de estos tres países debían a la fuerza representar un duro golpe para nuestro comercio exterior, ya que representaban casi la mitad del total de las exportaciones. Acuciadas por la presión de los grupos económicos afectados y enfrentadas a crecientes barreras internacionales, las autoridades republicanas reaccionaron con medidas bastante moderadas. El instrumento general de política aduanera, el Arancel Cambó, establecido en 1922, siguió en vigor, y se buscó la aplicación de otros métodos menos directos. En diciembre de 1931 se estableció una normativa restrictiva de licencias sobre contingentes de importación, que se reforzó, superada parcialmente la crisis de la peseta, con un Decreto de diciembre de 1933, que fijaba altos aranceles para los productos protegidos, como el carbón y el trigo. Al margen de ello, los responsables económicos dispusieron primas y créditos para fomentar la exportación, negociaron convenios y acuerdos de clearing con los principales socios comerciales, procedieron al bloqueo de divisas como respuesta al similar trato de que era objeto la peseta en otros países, etc. Medidas impuestas por las circunstancias y que no pudieron evitar que la contracción del comercio exterior se convirtiera en el más claro indicador económico de la crisis española de los años treinta.
Por lo que respecta a las importaciones -algodón, maquinaria, acero, productos químicos, etc.- también disminuyeron mucho, afectadas por la depreciación de la peseta, que no pudo estabilizarse hasta 1933, y por la caída de las inversiones empresariales. Sin embargo, algunos autores consideran hoy que el impacto de la crisis del comercio exterior fue menos brusco de lo que indican las cifras de la época, y que se vio en parte refrenada por la propia depreciación de la peseta, que hizo más competitivos los productos españoles en el mercado internacional. Aun así, el perjuicio causado por la crisis en el sector fue considerable. Ante la caída del comercio mundial, pocas eran las soluciones que los gobernantes republicanos podían aportar al sector exterior. Sus propósitos librecambistas se estrellaron contra la oleada de proteccionismo que recorría el mundo y contra la carencia de organismos reguladores del mercado internacional. Así, la aprobación por el Congreso norteamericano en junio de 1930 de la proteccionista Hawley-Smoot Tariff Act afectó sensiblemente a las exportaciones españolas a Estados Unidos. Al año siguiente, Francia estableció una severa política tarifaria y de contingentes, que dificultó la entrada de productos hispanos, sobre todo de vino, frutas y conservas de pescado. Y en 1932, la Conferencia de Ottawa y la Ley de Aranceles británica, al fortalecer el circuito comercial entre el Reino Unido y su imperio colonial representaron un nuevo golpe a las exportaciones agrícolas españolas.
Las medidas proteccionistas de estos tres países debían a la fuerza representar un duro golpe para nuestro comercio exterior, ya que representaban casi la mitad del total de las exportaciones. Acuciadas por la presión de los grupos económicos afectados y enfrentadas a crecientes barreras internacionales, las autoridades republicanas reaccionaron con medidas bastante moderadas. El instrumento general de política aduanera, el Arancel Cambó, establecido en 1922, siguió en vigor, y se buscó la aplicación de otros métodos menos directos. En diciembre de 1931 se estableció una normativa restrictiva de licencias sobre contingentes de importación, que se reforzó, superada parcialmente la crisis de la peseta, con un Decreto de diciembre de 1933, que fijaba altos aranceles para los productos protegidos, como el carbón y el trigo. Al margen de ello, los responsables económicos dispusieron primas y créditos para fomentar la exportación, negociaron convenios y acuerdos de clearing con los principales socios comerciales, procedieron al bloqueo de divisas como respuesta al similar trato de que era objeto la peseta en otros países, etc. Medidas impuestas por las circunstancias y que no pudieron evitar que la contracción del comercio exterior se convirtiera en el más claro indicador económico de la crisis española de los años treinta.
