La población española
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Datos principales
Rango
Segunda República
Desarrollo
La España de los años treinta era un país mayoritariamente rural y poco poblado en comparación con otros estados de la Europa occidental. No obstante, era perceptible una tendencia a la modernización de las estructuras demográficas, que el crecimiento económico del último período de la Monarquía había contribuido a consolidar. El carácter selectivo de tal proceso, condicionado por el desigual desarrollo capitalista de las primeras décadas del siglo, confería a estos impulsos demográficos una capacidad de dinamización y, a la vez, de generación de tensiones sociales, que les convirtió en un factor de cierta importancia en la vida de la República. A comienzos de 1931, España contaba con 23.563.867 habitantes, con una densidad de 46,7 habitantes por kilómetro cuadrado. En 1936, alcanzó los 24.693.000. Un 48,8 por ciento eran hombres, y un 51,2, mujeres. La población se repartía muy desigualmente por la geografía nacional. Era más densa en las zonas costeras, en el área de Madrid y en Andalucía occidental, mientras que las comarcas montañosas de Aragón y grandes porciones de Castilla la Vieja, León y Extremadura estaban escasamente pobladas. El crecimiento vegetativo era sostenido, en torno a un once por mil anual, y se producía especialmente en Galicia, Extremadura y Andalucía, mientras que las cifras más bajas, aunque no inferiores al 8 por mil, se daban en las provincias mediterráneas. La tasa bruta de natalidad bajó de 28,3 en 1930 a 25,9 por mil en 1935, y la tasa de reproducción -número de hijos por mujer- descendió casi a la mitad, de 1,8 a 1, durante el quinquenio, pero estas cifras se vieron compensadas por la continua bajada de la mortalidad, que siendo de 17,3 por mil habitantes en 1931, llegó a situarse en un 15,7 en 1935.
La esperanza de vida, sin embargo, seguía siendo baja, ya que no llegaba a los cincuenta años para los varones y apenas los superaba en las mujeres. La tasa de analfabetos era elevada en 1930, un 30,8 por ciento -23,6 en los varones, 38,1, en las mujeres- pero había descendido once puntos a lo largo de la década anterior, y durante los años treinta lo haría en otro nueve por ciento. En el otro extremo, la enseñanza superior poseía una notable calidad, pero era muy elitista: en 1931 se contaban 35.000 estudiantes en toda España. Como era lógico en un país agrícola, las actividades del sector primario ocupaban a un sector muy grande de la población activa, el 45,5 por ciento en 1931, frente a un 25,5 en el secundario y un 17,6 en los servicios, pero su porcentaje no dejó de disminuir durante los años republicanos. El proceso de urbanización había progresado a buen ritmo en las últimas décadas. En 1930, el 43 por ciento de los españoles vivía en núcleos de más de cien mil habitantes. Las siete principales ciudades -Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza y Bilbao- aumentaron su población en un 23 por ciento durante los años veinte y las dos primeras, que rondaban el millón de habitantes, la cuadruplicaron entre 1900 y 1936. El éxodo a los centros urbanos y a los núcleos industriales sustituía en muchos sitios a la clásica emigración ultramarina y reforzaba en las grandes ciudades la presencia de un proletariado de aluvión, con fuertes raíces campesinas, poco cualificado y sometido a una permanente precariedad en el empleo.
Las tradicionales regiones industriales -Barcelona, Vizcaya, Asturias- y los centros de desarrollo más tardío, como Madrid, Valencia o Andalucía occidental, recibieron en las primeras décadas del siglo un flujo inmigratorio indiscriminado, que se orientaba preferentemente hacia la construcción, la minería, la industria textil y el sector servicios. Otra salida tradicional de los excedentes de población, la emigración a América, mostraba por el contrario una tendencia a la disminución desde mediados de la década anterior. Pero estos desarrollos hacia la modernización demográfica se ralentizaron durante los años de la República. Ello obedeció tanto a una situación internacional adversa como a la incapacidad del mercado interior para seguir estimulando ininterrumpidamente unos ritmos de crecimiento económico que posibilitaran un trasvase sostenido de población. La tasa de nupcialidad cayó, con la repercusión consiguiente en la de natalidad. El balance del flujo ultramarino pasó a ser favorable a la inmigración ante las barreras puestas por los países de destino, afectados por la Gran Depresión; entre 1931 y 1934 se efectuaron 106.243 entradas más que salidas, si bien luego se produjo una leve recuperación de la tendencia emigratoria. Por su parte, el saldo neto migratorio inter-regional se redujo a la mitad y el proceso de crecimiento urbano experimentó una notable desaceleración. El retorno de los emigrantes, las dificultades de la industria y la baja episódica de los precios agrarios repercutieron, además, en un aumento del paro que, aunque inferior al de la mayoría de los países industrializados, tuvo efectos muy desfavorables en el terreno social.
Pese a que las estadísticas de la época son confusas, se puede afirmar que la tasa de paro se duplicó en el período republicano. Algunas estimaciones dan una cifra total de 389.000 desempleados en enero de 1932, que alcanzaría los 801.322 en junio de 1936, si bien incluyendo a aquellos empleados que trabajaban a tiempo parcial. Los porcentajes por sectores productivos variaban mucho. Las industrias vinculadas a la exportación sufrieron más los efectos de la crisis laboral, especialmente en la de materiales de construcción, la siderurgia y la minería de Madrid, Vizcaya y Asturias, mientras que otros sectores industriales, como el textil, y los servicios se vieron relativamente poco perjudicados. Por este motivo, por ejemplo, en Cataluña la tasa de paro a mediados de 1932 era relativamente marginal, un 5 por ciento, mientras en Andalucía alcanzaba al 12 por ciento de la población laboral, fundamentalmente porque era en el campo donde el problema se tornaba angustioso. En junio de 1932, más de la mitad de los parados eran trabajadores agrícolas, sobre todo en Andalucía y Extremadura, proporción que no dejó de crecer hasta aproximarse a los dos tercios del total. En diciembre de 1934, estas dos regiones soportaban el 38,4 del total nacional de parados. El que los salarios subieran durante esta época hacía aún más patético el contraste entre trabajadores empleados y desempleados. Y el problema se veía agravado por la carencia de un sistema estatal de subsidios y por lo limitado de otros sistemas de seguridad social.
La Caja Nacional del Seguro contra el Paro Forzoso, creada en 1931 por el Ministerio de Trabajo, carecía de recursos para socorrer a los parados, ya que sólo recibía el 0,5 por ciento de los presupuestos estatales. La creación en 1935 de la Junta Central contra el Paro, dedicada a promover obras públicas que ocupasen a los desempleados, apenas palió el problema, ya que su asignación equivalía al dos por ciento del gasto público. En definitiva, la relativa suavidad de la recesión económica permitió mantener una tasa de paro discreta, que algunos sitúan en un máximo del 12,9 por ciento de la población activa, mientras otras fuentes la reducen al siete o incluso al seis, muy por debajo de la alemana (más del 30 por ciento) o de la norteamericana (25 por ciento). Pero era un problema cualitativo, más que cuantitativo. La carencia de mecanismos sociales compensatorios dejó en situación sumamente precaria a miles de familias y contribuyó a hacer de las bolsas de paro focos importantes de conflictividad que en ocasiones, como sucedió en Asturias y Vizcaya en octubre de 1934, coadyuvaron a desatar procesos abiertamente revolucionarios.
La esperanza de vida, sin embargo, seguía siendo baja, ya que no llegaba a los cincuenta años para los varones y apenas los superaba en las mujeres. La tasa de analfabetos era elevada en 1930, un 30,8 por ciento -23,6 en los varones, 38,1, en las mujeres- pero había descendido once puntos a lo largo de la década anterior, y durante los años treinta lo haría en otro nueve por ciento. En el otro extremo, la enseñanza superior poseía una notable calidad, pero era muy elitista: en 1931 se contaban 35.000 estudiantes en toda España. Como era lógico en un país agrícola, las actividades del sector primario ocupaban a un sector muy grande de la población activa, el 45,5 por ciento en 1931, frente a un 25,5 en el secundario y un 17,6 en los servicios, pero su porcentaje no dejó de disminuir durante los años republicanos. El proceso de urbanización había progresado a buen ritmo en las últimas décadas. En 1930, el 43 por ciento de los españoles vivía en núcleos de más de cien mil habitantes. Las siete principales ciudades -Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza y Bilbao- aumentaron su población en un 23 por ciento durante los años veinte y las dos primeras, que rondaban el millón de habitantes, la cuadruplicaron entre 1900 y 1936. El éxodo a los centros urbanos y a los núcleos industriales sustituía en muchos sitios a la clásica emigración ultramarina y reforzaba en las grandes ciudades la presencia de un proletariado de aluvión, con fuertes raíces campesinas, poco cualificado y sometido a una permanente precariedad en el empleo.
Las tradicionales regiones industriales -Barcelona, Vizcaya, Asturias- y los centros de desarrollo más tardío, como Madrid, Valencia o Andalucía occidental, recibieron en las primeras décadas del siglo un flujo inmigratorio indiscriminado, que se orientaba preferentemente hacia la construcción, la minería, la industria textil y el sector servicios. Otra salida tradicional de los excedentes de población, la emigración a América, mostraba por el contrario una tendencia a la disminución desde mediados de la década anterior. Pero estos desarrollos hacia la modernización demográfica se ralentizaron durante los años de la República. Ello obedeció tanto a una situación internacional adversa como a la incapacidad del mercado interior para seguir estimulando ininterrumpidamente unos ritmos de crecimiento económico que posibilitaran un trasvase sostenido de población. La tasa de nupcialidad cayó, con la repercusión consiguiente en la de natalidad. El balance del flujo ultramarino pasó a ser favorable a la inmigración ante las barreras puestas por los países de destino, afectados por la Gran Depresión; entre 1931 y 1934 se efectuaron 106.243 entradas más que salidas, si bien luego se produjo una leve recuperación de la tendencia emigratoria. Por su parte, el saldo neto migratorio inter-regional se redujo a la mitad y el proceso de crecimiento urbano experimentó una notable desaceleración. El retorno de los emigrantes, las dificultades de la industria y la baja episódica de los precios agrarios repercutieron, además, en un aumento del paro que, aunque inferior al de la mayoría de los países industrializados, tuvo efectos muy desfavorables en el terreno social.
Pese a que las estadísticas de la época son confusas, se puede afirmar que la tasa de paro se duplicó en el período republicano. Algunas estimaciones dan una cifra total de 389.000 desempleados en enero de 1932, que alcanzaría los 801.322 en junio de 1936, si bien incluyendo a aquellos empleados que trabajaban a tiempo parcial. Los porcentajes por sectores productivos variaban mucho. Las industrias vinculadas a la exportación sufrieron más los efectos de la crisis laboral, especialmente en la de materiales de construcción, la siderurgia y la minería de Madrid, Vizcaya y Asturias, mientras que otros sectores industriales, como el textil, y los servicios se vieron relativamente poco perjudicados. Por este motivo, por ejemplo, en Cataluña la tasa de paro a mediados de 1932 era relativamente marginal, un 5 por ciento, mientras en Andalucía alcanzaba al 12 por ciento de la población laboral, fundamentalmente porque era en el campo donde el problema se tornaba angustioso. En junio de 1932, más de la mitad de los parados eran trabajadores agrícolas, sobre todo en Andalucía y Extremadura, proporción que no dejó de crecer hasta aproximarse a los dos tercios del total. En diciembre de 1934, estas dos regiones soportaban el 38,4 del total nacional de parados. El que los salarios subieran durante esta época hacía aún más patético el contraste entre trabajadores empleados y desempleados. Y el problema se veía agravado por la carencia de un sistema estatal de subsidios y por lo limitado de otros sistemas de seguridad social.
La Caja Nacional del Seguro contra el Paro Forzoso, creada en 1931 por el Ministerio de Trabajo, carecía de recursos para socorrer a los parados, ya que sólo recibía el 0,5 por ciento de los presupuestos estatales. La creación en 1935 de la Junta Central contra el Paro, dedicada a promover obras públicas que ocupasen a los desempleados, apenas palió el problema, ya que su asignación equivalía al dos por ciento del gasto público. En definitiva, la relativa suavidad de la recesión económica permitió mantener una tasa de paro discreta, que algunos sitúan en un máximo del 12,9 por ciento de la población activa, mientras otras fuentes la reducen al siete o incluso al seis, muy por debajo de la alemana (más del 30 por ciento) o de la norteamericana (25 por ciento). Pero era un problema cualitativo, más que cuantitativo. La carencia de mecanismos sociales compensatorios dejó en situación sumamente precaria a miles de familias y contribuyó a hacer de las bolsas de paro focos importantes de conflictividad que en ocasiones, como sucedió en Asturias y Vizcaya en octubre de 1934, coadyuvaron a desatar procesos abiertamente revolucionarios.
