La década moderada
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Datos principales
Rango
Reinado Isabel II
Desarrollo
Entre 1843 y 1854 prosiguió la inestabilidad política del periodo anterior debida a los reiterados pronunciamientos que jalonaron el proceso histórico de la España de aquellos años. Entre enero y marzo de 1844, en Alicante, Valencia y Cartagena; en 1846, en Lugo; en 1848, alzamiento civil en Madrid y el último de ellos, convertido en una revolución (1854) que terminó con la década. Sin embargo, los aspectos comunes que caracterizan el período son la mejora económica en todos los órdenes y las reformas que tendían a la integración del conjunto de zonas españolas que pasaba por la igualdad de las leyes y la centralización. En primer lugar, la tendencia a la constitución de un sistema jurídico unitario. La Comisión General de Codificación, que comenzó a trabajar en 1843, publicó un código de derecho penal (1848) y presentó un proyecto de derecho civil (1851). También se notará esta tendencia en las leyes de administración provincial y local de 1845 y la concentración de la autoridad en el gobernador civil. Igualmente, se simplificó el sistema tributario y se anularon las particularidades regionales (Alejandro Mon, 1845), se creó el Banco Español de San Fernando en 1847 y se puso en marcha el plan de estudios de Antonio Gil y Zárate de 1845 que, posteriormente, recogerá la Ley Moyano de 1857. La creación en 1844 de la Guardia Civil protegió en toda la nación este orden jurídico y administrativo.
En julio de 1843 vuelve a la presidencia López y se abren una serie de gabinetes de transición entre el progresismo y el moderantismo. Como solución a la regencia vacante se adopta adelantar la mayoría de edad de Isabel II, que contaba con trece años. El día 10 de noviembre prestaba juramento como reina constitucional, con el que se iniciaba el reinado efectivo. Quizá el hecho más significativo de este período de transición es la caída de Salustiano de Olózaga -que pensaba llevar a cabo un programa progresista- acusado por los moderados de forzar a la reina-niña para firmar un decreto de disolución de las Cortes que neutralizase el triunfo electoral moderado (Nov. 1843). Le seguirá el gobierno de transición de González Bravo. El 3 de mayo de 1844 se abre la década moderada. Se hace cargo del poder Narváez, que dominó la política en la mayor parte de la década. Personaje contradictorio, con un carácter desigual y muy impresionable, según le califica Miraflores en sus Memorias. Era enérgico y arbitrario, con pocos escrúpulos para sujetarse a las leyes y con mucho sentido de la autoridad, gozaba de talento para acometer las situaciones. Fluctuaba entre tendencias porque carecía de pensamiento político, aunque con los años se hizo más liberal. En el terreno de la constitución se daban tres tendencias. La primera, los puritanos dirigidos por Pacheco, que pretendían seguir con la de 1837, una segunda (la derechista, acaudillada por el Marqués de Viluma) intentaba volver al Estatuto Real de 1834.
La tercera, la central liderada por Narváez, triunfó al reformar la Constitución de 1837, que será prácticamente una nueva. La Constitución de 1845, más moderada que la de 1837, se adaptará a una concepción llamada liberalismo doctrinario (basado en el concierto de dos voluntades Las Cortes y La Monarquía o en otras palabras: la soberanía reside en las Cortes con el rey, frente a la Soberanía Nacional de 1837). Se proclama en ella la catolicidad de España y la unidad religiosa. La capacidad para ser senador, directamente por nombramiento regio, se verá reducida a la aristocracia. Se restringe el sufragio para elección de los diputados y aumenta el nivel de renta para electores y elegibles. Desaparece la preeminencia del Congreso sobre el Senado en legislación financiera y la convocatoria estará, sin limitación, reservada al monarca. La revolución de 1848 influirá en España con las jornadas de marzo y mayo, en Sevilla y Madrid, que tendrán escasa repercusión. Más relevancia tendrá la posición que adopten los gobernantes ante ella, al orientar la política hacia la derecha mediante una dictadura legal de Narváez durante nueve meses y, más tarde en 1852, la reforma constitucional antiparlamentaria de Bravo Murillo. Por otra parte, los gobiernos conservadores de Europa Central -Austria, Prusia- reconocen el régimen español. Pasado el momento de la revolución de 1848, en el que todos cerraron filas, otra vez surgen los problemas internos entre los moderados.
Desde enero de 1851 a diciembre de 1852, es decir, dos años, ocupó el poder el gabinete Bravo Murillo, quien antes había ocupado el Ministerio de Hacienda y había sido defenestrado por sus propios colegas, en parte por oponerse a la corrupción. Bravo Murillo, abogado, con un acreditado bufete y sólida formación humanística, actuaba siempre según unos principios claros y sencillos, "es un hombre de leyes que opone la ley a la arbitrariedad". Para Bravo Murillo, el pragmatismo antepone la práctica a la teoría abstracta, el orden es la mejor garantía de la libertad y el exceso de libertad es el mejor aliado del despotismo. En las Cortes, Bravo Murillo contaba con la oposición de los moderados de Narváez, encabezados allí y entonces por Sartorius, que entorpecieron la labor de gobierno. Bravo Murillo no se oponía por sistema al Parlamento, pero sí a la práctica corriente en España. En 1851 disolvió las Cortes por tres veces, la última, afirmó, según nos cuenta Santillán en sus Memorias, "para que ustedes descansen y a nosotros nos dejen gobernar". La preocupación más urgente de Bravo Murillo fue el intento por arreglar la deuda, estableciendo el crédito público. Otros logros importantes fueron la ley de Contabilidad del Estado, la publicación de las Cuentas Generales del Estado y los ajustes presupuestarios que consiguieron enjugar el déficit. El Real Decreto sobre funcionarios (18-VI-1852) fue un empeño básico de Bravo Murillo, porque consideraba esencial articular las bases de una burocracia moderna y eficiente al servicio del Estado.
En materia de obras públicas, se puso en marcha una política activa. El vallisoletano Mariano Miguel de Reinoso, ministro de Fomento, presentó en octubre de 1851 el plan de ferrocarriles para corregir el desorden de las concesiones efectuadas hasta entonces. Hecho a destacar, por las consecuencias indirectas que tendrá, es la pretendida reforma constitucional intentada por Bravo Murillo en 1852. Alentada, probablemente, por el régimen autoritario de Napoleón III en Francia, que, como casi toda Europa (después de las revoluciones de 1848-49), vivía entonces una reacción autoritaria. La Constitución de 1852 conservaba el nombre pero tenía la menor cantidad posible de liberalismo, pues era un evidente retroceso que reforzaba al máximo el poder de la Corona, cercenando el de las Cortes y limitando los derechos y garantías individuales en su deseo de reforzar la autoridad. La Gaceta de Madrid publicó el proyecto el 2-XII-1852 y prohibió que fuese discutido por la prensa. Los enemigos de Bravo Murillo se abalanzaron contra él: La Reina Madre, los narvaístas, el propio Narváez, los puritanos, los Generales Concha y O'Donnell. Todos ellos firmaron un manifiesto contra el proyecto; los progresistas (como Mendizábal y Olózaga) redactaron otro escrito. Era un ataque en toda la línea. Isabel II, impresionada por este despliegue y por la influencia de su madre, forzó a Bravo Murillo a presentar la dimisión.
Desde la caída de Bravo Murillo hasta la revolución de 1854 habrá tres gabinetes presididos sucesivamente por el Conde de Alcoy, Francisco de Lersundi y Luis Sartorius (Conde de San Luis). Durante el proceso revolucionario, el de Fernando Fernández de Córdoba no llegó a nombrar gabinete y el del Duque de Rivas duró sólo dos días. Queda claro en este período la desintegración progresiva de los moderados, que generan gobiernos breves, de segunda fila, que se conformaban con intentar mantener la situación. El enfrentamiento surgió en el Senado por las denuncias de corrupción con motivo de la Ley de Ferrocarriles. En diciembre, el gobierno es derrotado en la Cámara Alta. Sartorius responde disolviendo las Cortes. Desde entonces, aumentan las arbitrariedades, destituye magistrados, remueve empleos militares. La oposición se radicaliza y busca el recurso a la fuerza.
En julio de 1843 vuelve a la presidencia López y se abren una serie de gabinetes de transición entre el progresismo y el moderantismo. Como solución a la regencia vacante se adopta adelantar la mayoría de edad de Isabel II, que contaba con trece años. El día 10 de noviembre prestaba juramento como reina constitucional, con el que se iniciaba el reinado efectivo. Quizá el hecho más significativo de este período de transición es la caída de Salustiano de Olózaga -que pensaba llevar a cabo un programa progresista- acusado por los moderados de forzar a la reina-niña para firmar un decreto de disolución de las Cortes que neutralizase el triunfo electoral moderado (Nov. 1843). Le seguirá el gobierno de transición de González Bravo. El 3 de mayo de 1844 se abre la década moderada. Se hace cargo del poder Narváez, que dominó la política en la mayor parte de la década. Personaje contradictorio, con un carácter desigual y muy impresionable, según le califica Miraflores en sus Memorias. Era enérgico y arbitrario, con pocos escrúpulos para sujetarse a las leyes y con mucho sentido de la autoridad, gozaba de talento para acometer las situaciones. Fluctuaba entre tendencias porque carecía de pensamiento político, aunque con los años se hizo más liberal. En el terreno de la constitución se daban tres tendencias. La primera, los puritanos dirigidos por Pacheco, que pretendían seguir con la de 1837, una segunda (la derechista, acaudillada por el Marqués de Viluma) intentaba volver al Estatuto Real de 1834.
La tercera, la central liderada por Narváez, triunfó al reformar la Constitución de 1837, que será prácticamente una nueva. La Constitución de 1845, más moderada que la de 1837, se adaptará a una concepción llamada liberalismo doctrinario (basado en el concierto de dos voluntades Las Cortes y La Monarquía o en otras palabras: la soberanía reside en las Cortes con el rey, frente a la Soberanía Nacional de 1837). Se proclama en ella la catolicidad de España y la unidad religiosa. La capacidad para ser senador, directamente por nombramiento regio, se verá reducida a la aristocracia. Se restringe el sufragio para elección de los diputados y aumenta el nivel de renta para electores y elegibles. Desaparece la preeminencia del Congreso sobre el Senado en legislación financiera y la convocatoria estará, sin limitación, reservada al monarca. La revolución de 1848 influirá en España con las jornadas de marzo y mayo, en Sevilla y Madrid, que tendrán escasa repercusión. Más relevancia tendrá la posición que adopten los gobernantes ante ella, al orientar la política hacia la derecha mediante una dictadura legal de Narváez durante nueve meses y, más tarde en 1852, la reforma constitucional antiparlamentaria de Bravo Murillo. Por otra parte, los gobiernos conservadores de Europa Central -Austria, Prusia- reconocen el régimen español. Pasado el momento de la revolución de 1848, en el que todos cerraron filas, otra vez surgen los problemas internos entre los moderados.
Desde enero de 1851 a diciembre de 1852, es decir, dos años, ocupó el poder el gabinete Bravo Murillo, quien antes había ocupado el Ministerio de Hacienda y había sido defenestrado por sus propios colegas, en parte por oponerse a la corrupción. Bravo Murillo, abogado, con un acreditado bufete y sólida formación humanística, actuaba siempre según unos principios claros y sencillos, "es un hombre de leyes que opone la ley a la arbitrariedad". Para Bravo Murillo, el pragmatismo antepone la práctica a la teoría abstracta, el orden es la mejor garantía de la libertad y el exceso de libertad es el mejor aliado del despotismo. En las Cortes, Bravo Murillo contaba con la oposición de los moderados de Narváez, encabezados allí y entonces por Sartorius, que entorpecieron la labor de gobierno. Bravo Murillo no se oponía por sistema al Parlamento, pero sí a la práctica corriente en España. En 1851 disolvió las Cortes por tres veces, la última, afirmó, según nos cuenta Santillán en sus Memorias, "para que ustedes descansen y a nosotros nos dejen gobernar". La preocupación más urgente de Bravo Murillo fue el intento por arreglar la deuda, estableciendo el crédito público. Otros logros importantes fueron la ley de Contabilidad del Estado, la publicación de las Cuentas Generales del Estado y los ajustes presupuestarios que consiguieron enjugar el déficit. El Real Decreto sobre funcionarios (18-VI-1852) fue un empeño básico de Bravo Murillo, porque consideraba esencial articular las bases de una burocracia moderna y eficiente al servicio del Estado.
En materia de obras públicas, se puso en marcha una política activa. El vallisoletano Mariano Miguel de Reinoso, ministro de Fomento, presentó en octubre de 1851 el plan de ferrocarriles para corregir el desorden de las concesiones efectuadas hasta entonces. Hecho a destacar, por las consecuencias indirectas que tendrá, es la pretendida reforma constitucional intentada por Bravo Murillo en 1852. Alentada, probablemente, por el régimen autoritario de Napoleón III en Francia, que, como casi toda Europa (después de las revoluciones de 1848-49), vivía entonces una reacción autoritaria. La Constitución de 1852 conservaba el nombre pero tenía la menor cantidad posible de liberalismo, pues era un evidente retroceso que reforzaba al máximo el poder de la Corona, cercenando el de las Cortes y limitando los derechos y garantías individuales en su deseo de reforzar la autoridad. La Gaceta de Madrid publicó el proyecto el 2-XII-1852 y prohibió que fuese discutido por la prensa. Los enemigos de Bravo Murillo se abalanzaron contra él: La Reina Madre, los narvaístas, el propio Narváez, los puritanos, los Generales Concha y O'Donnell. Todos ellos firmaron un manifiesto contra el proyecto; los progresistas (como Mendizábal y Olózaga) redactaron otro escrito. Era un ataque en toda la línea. Isabel II, impresionada por este despliegue y por la influencia de su madre, forzó a Bravo Murillo a presentar la dimisión.
Desde la caída de Bravo Murillo hasta la revolución de 1854 habrá tres gabinetes presididos sucesivamente por el Conde de Alcoy, Francisco de Lersundi y Luis Sartorius (Conde de San Luis). Durante el proceso revolucionario, el de Fernando Fernández de Córdoba no llegó a nombrar gabinete y el del Duque de Rivas duró sólo dos días. Queda claro en este período la desintegración progresiva de los moderados, que generan gobiernos breves, de segunda fila, que se conformaban con intentar mantener la situación. El enfrentamiento surgió en el Senado por las denuncias de corrupción con motivo de la Ley de Ferrocarriles. En diciembre, el gobierno es derrotado en la Cámara Alta. Sartorius responde disolviendo las Cortes. Desde entonces, aumentan las arbitrariedades, destituye magistrados, remueve empleos militares. La oposición se radicaliza y busca el recurso a la fuerza.
