Revolución liberal y moderantismo cristino
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Datos principales
Rango
Reinado Isabel II
Desarrollo
El bienio de junio de 1835 a agosto de 1837, con el breve intervalo del gobierno Istúriz, constituye el desenlace del largo proceso revolucionario que puso fin al Antiguo Régimen. Ante la situación revolucionaria del verano de 1835, la Corona confió el poder a un liberal con un pasado radical, Mendizábal, quien enunció la necesidad de una declaración de los derechos del ciudadano. Las Juntas, por su parte, pedían la vuelta a la Constitución de 1812. Mendizábal renovó los altos cargos militares y de la administración en beneficio de los que los ocuparon durante el Trienio Liberal. La liquidación de las Juntas fue facilitada por los decretos que regulaban la constitución de diputaciones provinciales (IX-1835) mediante la incorporación de los miembros de las juntas a las mismas. La victoria de los progresistas fue seguida de una serie de disposiciones que afectaron a la configuración del país, como el decreto de 26 de septiembre de 1835 que sentaba las bases de la nueva administración de justicia y otros del mismo año sobre la misma materia. Martín de los Heros reorganizó la milicia nacional con el nombre de Guardia Nacional y el propio Mendizábal volvió de nuevo a poner en marcha la desvinculación y la desamortización al tiempo que se reconocían las ventas realizadas durante el Trienio liberal.
La gestión de Mendizábal resultó decisiva: comprometió a la Corona y amplias capas del país en el proceso revolucionario, al mismo tiempo que creaba las condiciones militares para la victoria contra los carlistas, pues en su mandato se constituyó realmente el nuevo ejército. Los siete meses de Mendizábal como presidente del Gobierno significaron la consolidación del proceso iniciado en su período como ministro de Hacienda de Toreno para recuperar la legislación del Trienio Liberal. Con motivo de un punto del proyecto de la ley electoral que fue presentado en las Cortes y la derrota de los seguidores de Mendizábal en una votación, se planteó la cuestión de confianza. La Corona tuvo que elegir entre cambiar el gabinete o disolver las cámaras y proceder a una nueva elección, solución esta última, adoptada tras la consulta con el Consejo de Gobierno. En las elecciones (II-1836), los progresistas obtuvieron mayoría amplia (desde luego sin limpieza electoral, como en todas las elecciones de estos años). Por otra parte, algunas de las figuras más importantes del progresismo (Istúriz, Alcalá Galiano y el Duque de Rivas) se pasaron a los moderados. En mayo de 1836, el gabinete tuvo que dimitir pues la mayoría progresista insiste en que Mendizábal debía rendir cuentas del uso que había hecho del voto de confianza y, por otra parte, la Corona se negó a suscribir una combinación de mandos militares.
La Corona nombró presidente a Istúriz, un progresista pasado al moderantismo. Los progresistas de las Cortes le combatieron por métodos parlamentarios, incluso con el voto de censura (no obtienen su confianza los actuales secretarios del despacho, proposición aprobada por gran mayoría). Istúriz respondió a ello solicitando de la Corona el decreto de disolución. María Cristina accedió y, además, adoptó una postura beligerante al publicar un manifiesto condenando la actuación del estamento. Los progresistas intentaron de nuevo el cambio político a través de pronunciamientos. Muchos militares se acercaron al progresismo convencidos de que los moderados no actuaban con energía frente al carlismo y de que la Milicia Nacional era la única fuerza capaz de asegurar la retaguardia. A fines de julio de 1836 se pronuncia la Guardia Nacional. El movimiento, que se declaró por la Constitución de 1812, se extendió a toda Andalucía, Zaragoza, Extremadura y Valencia e incluso alcanzó a algunas unidades del ejército del Norte. La Corona no cedía a estas presiones hasta que, en agosto de 1836, se produjo la rebelión de un grupo de suboficiales de la guarnición del Palacio de La Granja (el Motín de los Sargentos). María Cristina capituló, dio nueva vigencia a la Constitución de 1812 y confió el poder a los progresistas en la persona de Calatrava, quien hizo de Mendizábal su más estrecho colaborador al confiarle la cartera de Hacienda y más tarde la de Marina.
El triunfo del movimiento progresista se refleja en una serie de leyes (que en su mayor parte restablecen las de las Cortes de Cádiz y el Trienio) sobre la desvinculación señorial, desamortización, propiedad agrícola, montes, señoríos.... Por otra parte se convocan unas Cortes constituyentes, cuyo fruto será la Constitución de 1837. Más moderada, pero también más precisa, que la de Cádiz y más progresista que el Estatuto Real. Busca el consenso que proporcione una mayor estabilidad política. Mantiene alguno de los puntos clave de 1812 como son la soberanía nacional, la separación de poderes, reconocimiento de ciertos derechos individuales y la convocatoria de las Cortes por el monarca (si bien, al menos una vez al año, se reunirían sin ser convocados). En algunos de sus postulados se modera. No es confesional, por lo que la religión de España ya no es y será perpetuamente la católica, sino sólo la que profesan los españoles. Reconoce a la Corona una decisiva intervención en el proceso político, compensada parcialmente por la ampliación de funciones de las Cortes, que adquieren la iniciativa legal. Establece un sistema bicameral: Congreso de diputados, elegidos directamente por sufragio censitario, y Senado, cuyos miembros eran elegidos por el monarca de entre una lista que establecen los electores en número triple a los puestos a cubrir. Permite la disolución de las Cortes por el monarca (cosa que no podía en la de 1812) lo que, combinado con un sistemático falseamiento de las elecciones, permitió constituir parlamentos siempre ministeriales.
Además de la Constitución, hay otra serie de medidas de carácter progresista entre las que destacan las leyes de imprenta (agosto de 1836), cuyos elementos definitorios son la desaparición de la censura previa y el juicio por jurados, y la ley electoral (1837), que amplió el censo electoral del 0,15% del Estatuto Real al 2,2% (o más, según las elecciones). El gabinete Calatrava se mantuvo desde agosto de 1836 al mismo mes del año 1837. Tras un pronunciamiento, mal conocido, caía el gobierno Calatrava. Las elecciones de septiembre dieron mayoría a los moderados, por lo que Bardají, tras una breve presidencia, dejó paso al gabinete de Ofalia, un caracterizado moderado, con quien se inicia una etapa de casi tres años de gobierno de esa tendencia. Si el gobierno, apoyado por María Cristina, fue moderado hasta el verano de 1840, el progresismo iba ganando terreno en los medios urbanos y en el ejército. En las ciudades más grandes, los progresistas contaban con el apoyo de una buena parte de la población, lo que les permitía ganar las elecciones y la mayoría en los ayuntamientos. Esto significaba que dominaban la Milicia Nacional. El conflicto armado contra el carlismo había desarrollado una nueva mentalidad militar, estudiada por Gabriel Cardona. Antiguos cadetes de academia, ex-guerrilleros, aristócratas, ex-seminaristas y suboficiales ascendidos por méritos de guerra en América formaban un cuerpo de oficiales heterogéneo.
Combatir contra un enemigo común, al que percibían como el antiliberalismo apoyado por los frailes, desarrolló un código mental anticlerical y otras ideas que convergían con postulados progresistas. Había en el poder militar otra razón pragmática que les aglutinaba. La administración civil era incapaz de cumplir los plazos de los suministros que demandaba el ejército y las pagas no llegaban puntualmente. En el ejército del Norte surgió una fuerza dominante acaudillada por Espartero, héroe popular desde que levantó el sitio de Bilbao en la Navidad de 1836. Durante el verano de 1837 se produjeron motines de soldados que asesinaron a los generales Escalera y Sarsfield. En otoño, Espartero hizo valer sus condiciones ante Madrid. Sólo restauraría la disciplina y alcanzaría la victoria contra el carlismo si era bien pagado, abastecido y se atendía a sus propuestas de ascensos por méritos. El gobierno moderado no podía permitirse nuevas derrotas y cedieron. Espartero pudo ascender a sus amigos y formar un verdadero partido militar en el Norte.
La gestión de Mendizábal resultó decisiva: comprometió a la Corona y amplias capas del país en el proceso revolucionario, al mismo tiempo que creaba las condiciones militares para la victoria contra los carlistas, pues en su mandato se constituyó realmente el nuevo ejército. Los siete meses de Mendizábal como presidente del Gobierno significaron la consolidación del proceso iniciado en su período como ministro de Hacienda de Toreno para recuperar la legislación del Trienio Liberal. Con motivo de un punto del proyecto de la ley electoral que fue presentado en las Cortes y la derrota de los seguidores de Mendizábal en una votación, se planteó la cuestión de confianza. La Corona tuvo que elegir entre cambiar el gabinete o disolver las cámaras y proceder a una nueva elección, solución esta última, adoptada tras la consulta con el Consejo de Gobierno. En las elecciones (II-1836), los progresistas obtuvieron mayoría amplia (desde luego sin limpieza electoral, como en todas las elecciones de estos años). Por otra parte, algunas de las figuras más importantes del progresismo (Istúriz, Alcalá Galiano y el Duque de Rivas) se pasaron a los moderados. En mayo de 1836, el gabinete tuvo que dimitir pues la mayoría progresista insiste en que Mendizábal debía rendir cuentas del uso que había hecho del voto de confianza y, por otra parte, la Corona se negó a suscribir una combinación de mandos militares.
La Corona nombró presidente a Istúriz, un progresista pasado al moderantismo. Los progresistas de las Cortes le combatieron por métodos parlamentarios, incluso con el voto de censura (no obtienen su confianza los actuales secretarios del despacho, proposición aprobada por gran mayoría). Istúriz respondió a ello solicitando de la Corona el decreto de disolución. María Cristina accedió y, además, adoptó una postura beligerante al publicar un manifiesto condenando la actuación del estamento. Los progresistas intentaron de nuevo el cambio político a través de pronunciamientos. Muchos militares se acercaron al progresismo convencidos de que los moderados no actuaban con energía frente al carlismo y de que la Milicia Nacional era la única fuerza capaz de asegurar la retaguardia. A fines de julio de 1836 se pronuncia la Guardia Nacional. El movimiento, que se declaró por la Constitución de 1812, se extendió a toda Andalucía, Zaragoza, Extremadura y Valencia e incluso alcanzó a algunas unidades del ejército del Norte. La Corona no cedía a estas presiones hasta que, en agosto de 1836, se produjo la rebelión de un grupo de suboficiales de la guarnición del Palacio de La Granja (el Motín de los Sargentos). María Cristina capituló, dio nueva vigencia a la Constitución de 1812 y confió el poder a los progresistas en la persona de Calatrava, quien hizo de Mendizábal su más estrecho colaborador al confiarle la cartera de Hacienda y más tarde la de Marina.
El triunfo del movimiento progresista se refleja en una serie de leyes (que en su mayor parte restablecen las de las Cortes de Cádiz y el Trienio) sobre la desvinculación señorial, desamortización, propiedad agrícola, montes, señoríos.... Por otra parte se convocan unas Cortes constituyentes, cuyo fruto será la Constitución de 1837. Más moderada, pero también más precisa, que la de Cádiz y más progresista que el Estatuto Real. Busca el consenso que proporcione una mayor estabilidad política. Mantiene alguno de los puntos clave de 1812 como son la soberanía nacional, la separación de poderes, reconocimiento de ciertos derechos individuales y la convocatoria de las Cortes por el monarca (si bien, al menos una vez al año, se reunirían sin ser convocados). En algunos de sus postulados se modera. No es confesional, por lo que la religión de España ya no es y será perpetuamente la católica, sino sólo la que profesan los españoles. Reconoce a la Corona una decisiva intervención en el proceso político, compensada parcialmente por la ampliación de funciones de las Cortes, que adquieren la iniciativa legal. Establece un sistema bicameral: Congreso de diputados, elegidos directamente por sufragio censitario, y Senado, cuyos miembros eran elegidos por el monarca de entre una lista que establecen los electores en número triple a los puestos a cubrir. Permite la disolución de las Cortes por el monarca (cosa que no podía en la de 1812) lo que, combinado con un sistemático falseamiento de las elecciones, permitió constituir parlamentos siempre ministeriales.
Además de la Constitución, hay otra serie de medidas de carácter progresista entre las que destacan las leyes de imprenta (agosto de 1836), cuyos elementos definitorios son la desaparición de la censura previa y el juicio por jurados, y la ley electoral (1837), que amplió el censo electoral del 0,15% del Estatuto Real al 2,2% (o más, según las elecciones). El gabinete Calatrava se mantuvo desde agosto de 1836 al mismo mes del año 1837. Tras un pronunciamiento, mal conocido, caía el gobierno Calatrava. Las elecciones de septiembre dieron mayoría a los moderados, por lo que Bardají, tras una breve presidencia, dejó paso al gabinete de Ofalia, un caracterizado moderado, con quien se inicia una etapa de casi tres años de gobierno de esa tendencia. Si el gobierno, apoyado por María Cristina, fue moderado hasta el verano de 1840, el progresismo iba ganando terreno en los medios urbanos y en el ejército. En las ciudades más grandes, los progresistas contaban con el apoyo de una buena parte de la población, lo que les permitía ganar las elecciones y la mayoría en los ayuntamientos. Esto significaba que dominaban la Milicia Nacional. El conflicto armado contra el carlismo había desarrollado una nueva mentalidad militar, estudiada por Gabriel Cardona. Antiguos cadetes de academia, ex-guerrilleros, aristócratas, ex-seminaristas y suboficiales ascendidos por méritos de guerra en América formaban un cuerpo de oficiales heterogéneo.
Combatir contra un enemigo común, al que percibían como el antiliberalismo apoyado por los frailes, desarrolló un código mental anticlerical y otras ideas que convergían con postulados progresistas. Había en el poder militar otra razón pragmática que les aglutinaba. La administración civil era incapaz de cumplir los plazos de los suministros que demandaba el ejército y las pagas no llegaban puntualmente. En el ejército del Norte surgió una fuerza dominante acaudillada por Espartero, héroe popular desde que levantó el sitio de Bilbao en la Navidad de 1836. Durante el verano de 1837 se produjeron motines de soldados que asesinaron a los generales Escalera y Sarsfield. En otoño, Espartero hizo valer sus condiciones ante Madrid. Sólo restauraría la disciplina y alcanzaría la victoria contra el carlismo si era bien pagado, abastecido y se atendía a sus propuestas de ascensos por méritos. El gobierno moderado no podía permitirse nuevas derrotas y cedieron. Espartero pudo ascender a sus amigos y formar un verdadero partido militar en el Norte.
