La oposición liberal
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Datos principales
Rango
Reinado Fernando VII
Desarrollo
A todo el descontento provocado en poco tiempo por la frustración de las expectativas que había creado en muchos españoles la vuelta de Fernando VII y el restablecimiento de la Monarquía absoluta, había que añadirle la actitud de sectores concretos contrarios al sistema, que comenzaron a trabajar en la clandestinidad para restablecer en España el sistema de libertades contemplado en la Constitución de 1812. De estos sectores citaremos en primer lugar al ejército, algunos de cuyos miembros encabezarían los pronunciamientos que intentarían durante esta etapa derribar la Monarquía absoluta y restablecer la Constitución. La Guerra de la Independencia, de efectos tan trascendentales para la posterior historia de nuestro país en tantos aspectos, tuvo una especial incidencia en el desarrollo del ejército español. La confrontación que se había iniciado en 1808 contra las tropas napoleónicas y las circunstancias que presidieron una lucha tan desigual, habían dado lugar a la conformación de dos ejércitos diferentes. Por una parte, el ejército regular, que en los primeros momentos del levantamiento mostró una actitud pasiva, o incluso colaboracionista, con los franceses, hasta el punto de que Murat agradeció públicamente a la guarnición de Madrid que no hubiese utilizado sus armas contra ellos en los levantamientos populares del mes de mayo.
Eso haría exclamar a José Bonaparte que "Toutes les troupes espagnoles se réunissent á ceux qui les poyent". Sin embargo, esa actitud fue evolucionando hacia un claro alineamiento contra quien había usurpado el trono al rey legítimo, aunque la mayor parte de los generales nunca llegaron a entenderse bien con las nuevas autoridades de las Juntas provinciales con las que quería rivalizar en poder, lo que contribuiría a colapsar al ejército y a acrecentar su debilidad frente a las tropas francesas. Las Cortes se opusieron también a que surgiese un poder militar y pretendieron acabar con la peculiar subordinación existente hasta entonces del ejército con respecto a la Corona. Quisieron crear un nuevo modelo de ejército, pero la falta de dinero y de hombres lo hacía difícil. Así pues, la mayor parte de los altos mandos militares mantuvo durante estos años un cierto distanciamiento de las Cortes, en la conciencia de que tanto la gran masa del ejército como la nación se mantenían fieles a la persona del Rey ausente. En las filas de este ejército se respetaron con escrúpulo las ordenanzas que establecían los ascensos y que regulaban los mecanismos de su funcionamiento. Asimismo este ejército se situó al lado de Fernando VII a su regreso y lo apoyó en su decisión de prescindir de las reformas aprobadas por las Cortes durante su ausencia. Pero por otra parte, junto a este ejército regular, disciplinado y bastante maltrecho por los avatares de la guerra, había surgido un ejército nuevo: el de la guerrilla.
Sus filas habían ido nutriéndose de hombres de origen muy heterogéneo, cuya disciplina, formación y rigor en el cumplimiento de las más elementales normas castrenses, dejaban mucho que desear. Sin embargo, los guerrilleros se habían convertido en héroes que habían ido creando sus propias reglas en el transcurso de sus acciones. Sus jefes lo habían llegado a ser por aclamación popular. No había hecho falta ir a la academia militar de la Isla, ni proceder de una familia de abolengo para convertirse en jefe de una guerrilla. Unicamente había hecho falta demostrar heroísmo y capacidad de liderazgo para convertirse en mariscal de campo o en general, como fue el caso del carbonero de Valladolid, Juan Martín El Empecinado, o el campesino navarro Espoz y Mina. Una vez terminada la guerra, ni el primero podía volver a recoger leña, ni el segundo estaba dispuesto a reanudar sus antiguas actividades agrícolas en su tierra. Su condición de héroes populares y su hábito de mandar, junto con la conciencia de haber salvado al país con su esfuerzo y con el riesgo de sus vidas, requerían, al menos, un reconocimiento oficial de la situación que habían alcanzado en el campo de batalla. Al gobierno de Fernando VII se le planteó un grave problema con la situación en la que se encontraba el ejército. ¿Qué hacer? Aunque la guerrilla se hubiese disuelto, no era posible aceptar la demanda de sus jefes, puesto que los oficiales regulares podían protestar por la desigualdad de tratamiento.
Pero, de otro lado, no podían dejar de reconocerse de alguna forma los méritos de estos hombres y su valiosa contribución a la derrota napoleónica. Desde el ministerio de la Guerra, el general Eguía comenzó, desde 1814, a practicar una drástica reducción del ejército, que afectó especialmente a los líderes de la guerrilla. A los que se les mantuvo dentro del ejército, se les relegó a puestos secundarios en provincias o se les destinó a las milicias provinciales o a las plazas vacantes que quedaron en las aduanas. Esa situación de despecho los lanzó al campo liberal y los convirtió en caldo de cultivo para cualquier intentona que se tramase contra el sistema que había propiciado aquella situación. La burguesía era el otro sector que con mayor claridad buscó el alineamiento en el campo liberal durante esta primera etapa del reinado de Fernando VII. Como ha señalado con acierto Fontana, la burguesía había vivido un feliz maridaje con la Monarquía del Antiguo Régimen desde el momento en que ésta se había convertido en la principal protectora de sus intereses al defender el sistema de monopolio en las relaciones comerciales con las colonias del Nuevo Mundo. Pero esta situación de privilegio de los sectores que se dedicaban a la industria y el comercio estaba empezando a cambiar. Ya el decreto de libre comercio de neutrales de 1778, necesario para mantener abastecidos aquellos territorios durante la guerra con Inglaterra, había hecho ver el peligro que para el tráfico marítimo de la metrópoli suponía la apertura de los mercados americanos a otras naciones.
Los habitantes de las colonias se dieron cuenta de que sin la intermediación de España podían ser mejor abastecidos y de forma más rentable. Ahora, aquel peligro se convertía en una realidad consolidada desde el momento en que las colonias estaban ya iniciando el proceso de su emancipación. Estaba cada vez más claro que si había que buscar otros caminos para recuperar la actividad de la producción industrial y de los mercados, estos tendrían que conducir a la propia España, y España no estaba precisamente en aquellos momentos en disposición de generar una demanda que sustituyese a la que ya no se podía recuperar en América. El campo estaba arruinado y la creciente presión fiscal había colocado a los campesinos en una situación de miseria que difícilmente les podía llevar a consumir más que lo estrictamente necesario para la supervivencia. Era necesaria una reforma que cambiase las condiciones de la población rural del país, y eso pasaba necesariamente por un cambio en la estructura de la propiedad campesina. En definitiva, la burguesía, entendiendo por tal ese reducido sector de la población española que se dedicaba a la industria y al comercio, se dio cuenta de la necesidad de reorientar su actividad hacia el propio mercado español y para ello era necesario llevar a cabo profundas reformas en él. De ahí su adscripción al liberalismo y de ahí su apoyo a las intentonas que se produjeron en este periodo contra la política absolutista que trataba de dejar las cosas como estaban en 1808.
Los elementos discordantes -militares y burgueses- tenían que actuar en la cladestinidad si querían evitar el control que pretendía ejercer sobre toda disidencia el aparato represivo de la Monarquía absoluta. Para ello encontraron un instrumento idóneo que les permitiría tramar una serie de conspiraciones para restablecer la Constitución de 1812 y obligar a Fernando VII a aceptar las reformas. Ese instrumento fue la sociedad secreta de la masonería. La masonería entró en España en el siglo XVIII, aunque, como ha señalado Ferrer Benimeli, no adquirió verdadera importancia hasta la llegada de los franceses con José Bonaparte. En sus primeros tiempos, la masonería no era más que una secta filantrópica de carácter simbólico y deísta que predicaba la fraternidad entre los hombres y la tolerancia. Sin embargo, para los Borbones, como para otros monarcas absolutos, la idea masónica de la tolerancia era por definición subversiva y peligrosa. Por eso, Felipe V firmó una Ordenanza contra los francmasones en 1740, y en 1751, Fernando VI proclamó un severo decreto contra esta sociedad secreta. La invasión francesa y la ocupación del territorio por parte del ejército napoleónico hicieron proliferar las logias en España, aunque el caracter de éstas parece que era más bien conservador. Todo lo contrario que las logias de influencia inglesa que entraron a través de Gibraltar y que captaron a elementos liberales y reformistas en Cádiz, como Istúriz, Alcalá Galiano o Mendizábal.
Sin embargo, cuando terminó la guerra, los prisioneros que volvieron de Francia trajeron también una concepción nueva, según la cual, la francmasonería podía perseguir legítimamente fines políticos y revolucionarios. Lo que es cierto es que la masonería española iba a adquirir pronto un carácter claramente político que no es frecuente encontrar en la logias de ningún otro país por esta época, donde eran otras sociedades secretas, como los Carbonari en Italia, o los Chevaliers de la Liberté en Francia, las que asumieron este papel revolucionario y liberal que la masonería asumió en nuestro país. Debemos tener presente que ésta es ya la época del Romanticismo y el gusto por lo esotérico, por los comportamientos heroicos y por la lucha en favor de los objetivos utópicos, forman parte de los elementos que impulsan a los hombres a buscar estas sociedades para alcanzar sus fines.
Eso haría exclamar a José Bonaparte que "Toutes les troupes espagnoles se réunissent á ceux qui les poyent". Sin embargo, esa actitud fue evolucionando hacia un claro alineamiento contra quien había usurpado el trono al rey legítimo, aunque la mayor parte de los generales nunca llegaron a entenderse bien con las nuevas autoridades de las Juntas provinciales con las que quería rivalizar en poder, lo que contribuiría a colapsar al ejército y a acrecentar su debilidad frente a las tropas francesas. Las Cortes se opusieron también a que surgiese un poder militar y pretendieron acabar con la peculiar subordinación existente hasta entonces del ejército con respecto a la Corona. Quisieron crear un nuevo modelo de ejército, pero la falta de dinero y de hombres lo hacía difícil. Así pues, la mayor parte de los altos mandos militares mantuvo durante estos años un cierto distanciamiento de las Cortes, en la conciencia de que tanto la gran masa del ejército como la nación se mantenían fieles a la persona del Rey ausente. En las filas de este ejército se respetaron con escrúpulo las ordenanzas que establecían los ascensos y que regulaban los mecanismos de su funcionamiento. Asimismo este ejército se situó al lado de Fernando VII a su regreso y lo apoyó en su decisión de prescindir de las reformas aprobadas por las Cortes durante su ausencia. Pero por otra parte, junto a este ejército regular, disciplinado y bastante maltrecho por los avatares de la guerra, había surgido un ejército nuevo: el de la guerrilla.
Sus filas habían ido nutriéndose de hombres de origen muy heterogéneo, cuya disciplina, formación y rigor en el cumplimiento de las más elementales normas castrenses, dejaban mucho que desear. Sin embargo, los guerrilleros se habían convertido en héroes que habían ido creando sus propias reglas en el transcurso de sus acciones. Sus jefes lo habían llegado a ser por aclamación popular. No había hecho falta ir a la academia militar de la Isla, ni proceder de una familia de abolengo para convertirse en jefe de una guerrilla. Unicamente había hecho falta demostrar heroísmo y capacidad de liderazgo para convertirse en mariscal de campo o en general, como fue el caso del carbonero de Valladolid, Juan Martín El Empecinado, o el campesino navarro Espoz y Mina. Una vez terminada la guerra, ni el primero podía volver a recoger leña, ni el segundo estaba dispuesto a reanudar sus antiguas actividades agrícolas en su tierra. Su condición de héroes populares y su hábito de mandar, junto con la conciencia de haber salvado al país con su esfuerzo y con el riesgo de sus vidas, requerían, al menos, un reconocimiento oficial de la situación que habían alcanzado en el campo de batalla. Al gobierno de Fernando VII se le planteó un grave problema con la situación en la que se encontraba el ejército. ¿Qué hacer? Aunque la guerrilla se hubiese disuelto, no era posible aceptar la demanda de sus jefes, puesto que los oficiales regulares podían protestar por la desigualdad de tratamiento.
Pero, de otro lado, no podían dejar de reconocerse de alguna forma los méritos de estos hombres y su valiosa contribución a la derrota napoleónica. Desde el ministerio de la Guerra, el general Eguía comenzó, desde 1814, a practicar una drástica reducción del ejército, que afectó especialmente a los líderes de la guerrilla. A los que se les mantuvo dentro del ejército, se les relegó a puestos secundarios en provincias o se les destinó a las milicias provinciales o a las plazas vacantes que quedaron en las aduanas. Esa situación de despecho los lanzó al campo liberal y los convirtió en caldo de cultivo para cualquier intentona que se tramase contra el sistema que había propiciado aquella situación. La burguesía era el otro sector que con mayor claridad buscó el alineamiento en el campo liberal durante esta primera etapa del reinado de Fernando VII. Como ha señalado con acierto Fontana, la burguesía había vivido un feliz maridaje con la Monarquía del Antiguo Régimen desde el momento en que ésta se había convertido en la principal protectora de sus intereses al defender el sistema de monopolio en las relaciones comerciales con las colonias del Nuevo Mundo. Pero esta situación de privilegio de los sectores que se dedicaban a la industria y el comercio estaba empezando a cambiar. Ya el decreto de libre comercio de neutrales de 1778, necesario para mantener abastecidos aquellos territorios durante la guerra con Inglaterra, había hecho ver el peligro que para el tráfico marítimo de la metrópoli suponía la apertura de los mercados americanos a otras naciones.
Los habitantes de las colonias se dieron cuenta de que sin la intermediación de España podían ser mejor abastecidos y de forma más rentable. Ahora, aquel peligro se convertía en una realidad consolidada desde el momento en que las colonias estaban ya iniciando el proceso de su emancipación. Estaba cada vez más claro que si había que buscar otros caminos para recuperar la actividad de la producción industrial y de los mercados, estos tendrían que conducir a la propia España, y España no estaba precisamente en aquellos momentos en disposición de generar una demanda que sustituyese a la que ya no se podía recuperar en América. El campo estaba arruinado y la creciente presión fiscal había colocado a los campesinos en una situación de miseria que difícilmente les podía llevar a consumir más que lo estrictamente necesario para la supervivencia. Era necesaria una reforma que cambiase las condiciones de la población rural del país, y eso pasaba necesariamente por un cambio en la estructura de la propiedad campesina. En definitiva, la burguesía, entendiendo por tal ese reducido sector de la población española que se dedicaba a la industria y al comercio, se dio cuenta de la necesidad de reorientar su actividad hacia el propio mercado español y para ello era necesario llevar a cabo profundas reformas en él. De ahí su adscripción al liberalismo y de ahí su apoyo a las intentonas que se produjeron en este periodo contra la política absolutista que trataba de dejar las cosas como estaban en 1808.
Los elementos discordantes -militares y burgueses- tenían que actuar en la cladestinidad si querían evitar el control que pretendía ejercer sobre toda disidencia el aparato represivo de la Monarquía absoluta. Para ello encontraron un instrumento idóneo que les permitiría tramar una serie de conspiraciones para restablecer la Constitución de 1812 y obligar a Fernando VII a aceptar las reformas. Ese instrumento fue la sociedad secreta de la masonería. La masonería entró en España en el siglo XVIII, aunque, como ha señalado Ferrer Benimeli, no adquirió verdadera importancia hasta la llegada de los franceses con José Bonaparte. En sus primeros tiempos, la masonería no era más que una secta filantrópica de carácter simbólico y deísta que predicaba la fraternidad entre los hombres y la tolerancia. Sin embargo, para los Borbones, como para otros monarcas absolutos, la idea masónica de la tolerancia era por definición subversiva y peligrosa. Por eso, Felipe V firmó una Ordenanza contra los francmasones en 1740, y en 1751, Fernando VI proclamó un severo decreto contra esta sociedad secreta. La invasión francesa y la ocupación del territorio por parte del ejército napoleónico hicieron proliferar las logias en España, aunque el caracter de éstas parece que era más bien conservador. Todo lo contrario que las logias de influencia inglesa que entraron a través de Gibraltar y que captaron a elementos liberales y reformistas en Cádiz, como Istúriz, Alcalá Galiano o Mendizábal.
Sin embargo, cuando terminó la guerra, los prisioneros que volvieron de Francia trajeron también una concepción nueva, según la cual, la francmasonería podía perseguir legítimamente fines políticos y revolucionarios. Lo que es cierto es que la masonería española iba a adquirir pronto un carácter claramente político que no es frecuente encontrar en la logias de ningún otro país por esta época, donde eran otras sociedades secretas, como los Carbonari en Italia, o los Chevaliers de la Liberté en Francia, las que asumieron este papel revolucionario y liberal que la masonería asumió en nuestro país. Debemos tener presente que ésta es ya la época del Romanticismo y el gusto por lo esotérico, por los comportamientos heroicos y por la lucha en favor de los objetivos utópicos, forman parte de los elementos que impulsan a los hombres a buscar estas sociedades para alcanzar sus fines.
