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Datos principales
Rango
Reyes Católicos
Desarrollo
Al menos en la práctica política el gobierno de los Reyes Católicos se proyectó en las instituciones centrales y en las ciudades, más por representaciones pequeño-nobiliarias y eclesiásticas que por letrados formados en los colegios mayores y en las Universidades. Aunque el ascenso social y político de juristas y letrados es observable en los gobiernos anteriores al de los Reyes Católicos, la principal extracción social de los cargos de gobierno continuó obteniéndose de la nobleza y del clero. El estamento nobiliar, más numeroso e influyente en la Corona de Castilla que en los restantes territorios de la monarquía, se nos presenta en el último cuarto del siglo XV como un grupo social heterogéneo que es fácilmente jerarquizable por el linaje de sangre al que pertenecen, por su vinculación con la monarquía, por la cuantía de sus rentas, por su capacidad de influencia política y por el tamaño de sus dominios jurisdiccionales sobre vasallos. Durante el gobierno de los Reyes Católicos el estamento nobiliar aumentó sus efectivos; la confirmación de los privilegios de hidalguía otorgados por Enrique IV, la institucionalización del mayorazgo y la libertad para fundarlos, la tendencia al ennoblecimiento de oficiales, letrados y comerciantes, las recompensas y mercedes otorgadas como pago y distinción a los servicios prestados en las guerras de Granada, Italia y en la conquista de las Indias, la creación de nuevos títulos, la transformación de realengos en señoríos y la lenta pero definitiva obtención de la administración de los maestrazgos de las principales Ordenes Militares, Calatrava, Santiago y Alcántara, produjeron un notable incremento de títulos y una presencia cualificada en determinadas esferas de poder de individuos de la mediana nobleza.
Cuando Isabel la Católica accedió a la monarquía castellana existían veinticinco familias pertenecientes a la alta nobleza, la de los privilegiados con título de grandeza, que concentraban en sus linajes el medio centenar de los ducados, marquesados, condados y vizcondados más importantes de Castilla. Este número, que puede estimarse muy elevado si se lo compara con la media docena de grandes títulos existentes en Aragón, otros tantos en Navarra, el par de grandes linajes de Cataluña, y el único vinculado a la familia Borja en Valencia, creció hasta los sesenta a comienzos del siglo XVI. Esta nobleza titulada, que se obtenía por merced real, caso de los adelantados, almirantes y condestables, al vincularse a determinados linajes y al transmitirse con el permiso real a través de la herencia, patrimonializa funciones que en un primer momento fueron simples delegaciones del poder real. Además de los privilegios inherentes a la condición nobiliar, estar exentos del pago de impuestos, disponer de tribunales especiales, etc., la grandeza y los títulos jerárquicamente superiores, gozaron de importantes prerrogativas como el trato familiar con los reyes, ocupar puestos preeminentes en actos públicos y en la proximidad inmediata del rey, jerarquizada por el protocolo, y preceder a las más altas dignidades de la Iglesia. Estos privilegiados, que ejercían su dominio sobre amplias sociedades y mantenían competencias jurisdiccionales superiores a las de los municipios más importantes, casos de Sevilla y de Córdoba, formaron bandos cuyo interés común fue incrementar su poder, fortalecer su patrimonio y acumular privilegios y mercedes de concesión real.
Así, en Sevilla, el duque de Medina Sidonia y conde de Niebla, don Enrique de Guzmán, se hallaba enfrentado al conde de Arcos y marqués de Cádiz, don Rodrigo Ponce de León; en Córdoba, los bandos se adscribían a las figuras del conde de Cabra, don Diego Fernández de Córdoba, y don Alfonso de Aguilar. Pero no sólo sucedía en las grandes ciudades y afectaba únicamente a las grandes familias; en las pequeñas, como Salamanca, los enfrentamientos de los linajes más característicos de la ciudad hicieron tomar partido a instituciones como la Universidad, y a personajes de la alta nobleza como el duque de Alba, el conde de Miranda, o del alto clero, como el arzobispo de Santiago. Prácticamente cada ciudad importante se hallaba vinculada a los intereses de uno o más linajes dominantes; Burgos proyectaba la relevancia de los Fernández de Velasco, condestables de Castilla, Jaén se vinculó durante largo tiempo al condestable Miguel Lucas de Iranzo, Soria a los condes de Medinaceli, Murcia al linaje de los Fajardo, Plasencia a los Zúñiga, Guadalajara a los Mendoza, Vitoria a los Ayala, etc. Estos intereses comunes, que en la mayoría de las ocasiones significaban el disfrute de unos derechos que requieren para ser efectivos de la suplantación del poder real, no sólo enfrentó a los nobles entre sí, sino que además provocaron graves conflictos con la monarquía. El control del gobierno de los concejos correspondió a la alta nobleza en muchas de las ciudades y villas de Extremadura, Andalucía y Murcia; su concreción se logró dictando ordenanzas municipales, nombrando directamente algunos cargos concejiles o reservándose la opinión sobre determinados asuntos, monopolizando explotaciones y actividades económicas e incluso usando del derecho de patronato para nombrar párrocos.
Este control exigió disponer de una compleja clientela cuya procedencia social fue variable y de una red de estrategias y alianzas que no hicieron sino acentuar las rivalidades y violentar las concordias y paces urbanas, incluso con iguales con los que habían logrado establecer lazos de parentesco. La heterogeneidad social fue un hecho evidente en los enfrentamientos nobiliarios del siglo XV; en la práctica participaron todos los grupos sociales: en Burgos, las parcialidades aglutinaban caballeros, mercaderes, oficiales y artesanos; en Vitoria, las vinculaciones establecidas por los Ayala unían en el mismo bando a los artesanos de la ciudad y a la pequeña nobleza rural. Además del control sobre los principales concejos, la alta nobleza concentraba extensas propiedades que se fueron vinculando desde mediados del siglo XIV a través del mayorazgo, institución que permitió el ascenso social y económico de la pequeña nobleza y de las clases acomodadas de las ciudades a partir de 1505. La concentración y extensión de los patrimonios, el dominio sobre fortalezas y la adquisición continuada de nuevos señoríos y privilegios, sobre todo en las coyunturas de guerra civil y de debilitamiento de la monarquía, aumentó el poder económico de los grandes señores, estabilizando la percepción de unas rentas anuales que oscilaron, por término medio, entre los cinco y diez millones de maravedís. En este marco de actuaciones nobiliarias la monarquía de los Reyes Católicos desarrolló una actividad política que, por una parte, intentó disminuir las rentas de la nobleza y, por otra parte, sustituir sus responsabilidades en el gobierno y la administración de los reinos, por la del clero de ciencia y conciencia, y por la de juristas y letrados.
Esta labor de control de la monarquía se observa en varios frentes de actuación; uno ha de vincularse a los resultados de las coyunturas militares de las guerras civiles, y se concretó en la obtención por vía de restitución de castillos, casas fuertes y fortalezas de las ciudades y villas, donde se nombraron alcaides de la confianza real; otro hace referencia a la normalización de la vida concejil, confirmando ordenanzas municipales preexistentes, o elaborándolas de nuevo, e interviniendo activamente en los concejos a través de los corregidores de nombramiento real. Estos, que inicialmente fueron rechazados por la elevada oligarquización de los municipios, consolidaron su posición a partir de 1485, ayudados por la intervención real que garantizaba la división de los regimientos entre las oligarquías preexistentes. Un tercer aspecto se encuentra en el hecho de organizar un cuerpo militar permanente como fuerza propia al servicio de la monarquía, que desatase definitivamente los lazos de dependencia militar que la Corona había contraído con las posibilidades nobiliarias de levantar milicias. Por último, la práctica de una política ambigua que aprovechó un extendido sentimiento social antinobiliar para eliminar mercedes, liberar poblaciones del régimen señorial, recuperar el control sobre comunidades importantes como Arévalo, en 1480, Plasencia en 1488, una serie de villas asturianas en 1490, y Cádiz en 1492, y al tiempo conceder nuevos títulos y señoríos jurisdiccionales, hicieron posible la estabilización de las relaciones entre nobleza y monarquía, y el que los grandes señores se reinstalasen en sus dominios.
Además, entre 1476 y 1494, los Reyes Católicos lograron patrimonializar para la Corona los maestrazgos de las Ordenes Militares y las ciento ochenta encomiendas que dependían de ellos, y que cada una de ellas significaba unas rentas anuales que, por término medio, se situaban entre los treinta y sesenta mil ducados. En 1476, Fernando el Católico fue elegido administrador de la Orden de Santiago por un período de seis años, no pudiendo adscribir definitivamente dicha administración hasta la muerte del maestre Don Alonso de Cárdenas ocurrida en 1493. La Orden de Calatrava fue administrada por el rey desde 1485, y la Orden de Alcántara se adscribió a la Corona entre los años 1494 y 1504. La bula Dudum ad illos otorgada por Alejandro VI en junio de 1501, concedía a Fernando el Católico la titularidad de los maestrazgos de las tres Ordenes Militares. Esta titularidad, al convertirse en patrimonio real se pudo transmitir por vía hereditaria al heredero de la Corona; así, en el testamento de Fernando el Católico, tras referirse a los maestrazgos como tenidos por la autoridad apostólica y declarar que se había obtenido facultad para renunciarlos, los entregó "en favor del dicho príncipe Don Carlos, nuestro nieto, para que los aya y tenga como administrador perpetuo". Esta incorporación, además de suponer un importante incremento patrimonial para la Corona, introdujo variaciones importantes en la administración de las comunidades y territorios dependientes de las Ordenes Militares.
Como ejemplo de lo primero, sólo en Extremadura y en los territorios de la Orden de Santiago, el patrimonio real se benefició de las rentas de veintisiete dehesas, que se arrendaron por mayor a los ganaderos mesteños, aparte de las partes del diezmo, percepción de impuestos feudales, alcabalas, etc. En relación con las variaciones sociales, ha de tenerse en cuenta que, como entidades vinculadas a la Iglesia desde el punto de vista religioso y por su carácter beneficial, la incorporación significó que las poblaciones pasasen de una situación de teórico dominio señorial a otra de realengo "encubierto". Sin embargo, la libre disposición que los Reyes hicieron de las encomiendas, entregándolas a nobles y servidores como titularidad jurisdiccional no hereditaria, y que llevaba anejo el usufructo de algunas rentas, no modificó sustancialmente la vida y libertad de las comunidades encomendadas.
Cuando Isabel la Católica accedió a la monarquía castellana existían veinticinco familias pertenecientes a la alta nobleza, la de los privilegiados con título de grandeza, que concentraban en sus linajes el medio centenar de los ducados, marquesados, condados y vizcondados más importantes de Castilla. Este número, que puede estimarse muy elevado si se lo compara con la media docena de grandes títulos existentes en Aragón, otros tantos en Navarra, el par de grandes linajes de Cataluña, y el único vinculado a la familia Borja en Valencia, creció hasta los sesenta a comienzos del siglo XVI. Esta nobleza titulada, que se obtenía por merced real, caso de los adelantados, almirantes y condestables, al vincularse a determinados linajes y al transmitirse con el permiso real a través de la herencia, patrimonializa funciones que en un primer momento fueron simples delegaciones del poder real. Además de los privilegios inherentes a la condición nobiliar, estar exentos del pago de impuestos, disponer de tribunales especiales, etc., la grandeza y los títulos jerárquicamente superiores, gozaron de importantes prerrogativas como el trato familiar con los reyes, ocupar puestos preeminentes en actos públicos y en la proximidad inmediata del rey, jerarquizada por el protocolo, y preceder a las más altas dignidades de la Iglesia. Estos privilegiados, que ejercían su dominio sobre amplias sociedades y mantenían competencias jurisdiccionales superiores a las de los municipios más importantes, casos de Sevilla y de Córdoba, formaron bandos cuyo interés común fue incrementar su poder, fortalecer su patrimonio y acumular privilegios y mercedes de concesión real.
Así, en Sevilla, el duque de Medina Sidonia y conde de Niebla, don Enrique de Guzmán, se hallaba enfrentado al conde de Arcos y marqués de Cádiz, don Rodrigo Ponce de León; en Córdoba, los bandos se adscribían a las figuras del conde de Cabra, don Diego Fernández de Córdoba, y don Alfonso de Aguilar. Pero no sólo sucedía en las grandes ciudades y afectaba únicamente a las grandes familias; en las pequeñas, como Salamanca, los enfrentamientos de los linajes más característicos de la ciudad hicieron tomar partido a instituciones como la Universidad, y a personajes de la alta nobleza como el duque de Alba, el conde de Miranda, o del alto clero, como el arzobispo de Santiago. Prácticamente cada ciudad importante se hallaba vinculada a los intereses de uno o más linajes dominantes; Burgos proyectaba la relevancia de los Fernández de Velasco, condestables de Castilla, Jaén se vinculó durante largo tiempo al condestable Miguel Lucas de Iranzo, Soria a los condes de Medinaceli, Murcia al linaje de los Fajardo, Plasencia a los Zúñiga, Guadalajara a los Mendoza, Vitoria a los Ayala, etc. Estos intereses comunes, que en la mayoría de las ocasiones significaban el disfrute de unos derechos que requieren para ser efectivos de la suplantación del poder real, no sólo enfrentó a los nobles entre sí, sino que además provocaron graves conflictos con la monarquía. El control del gobierno de los concejos correspondió a la alta nobleza en muchas de las ciudades y villas de Extremadura, Andalucía y Murcia; su concreción se logró dictando ordenanzas municipales, nombrando directamente algunos cargos concejiles o reservándose la opinión sobre determinados asuntos, monopolizando explotaciones y actividades económicas e incluso usando del derecho de patronato para nombrar párrocos.
Este control exigió disponer de una compleja clientela cuya procedencia social fue variable y de una red de estrategias y alianzas que no hicieron sino acentuar las rivalidades y violentar las concordias y paces urbanas, incluso con iguales con los que habían logrado establecer lazos de parentesco. La heterogeneidad social fue un hecho evidente en los enfrentamientos nobiliarios del siglo XV; en la práctica participaron todos los grupos sociales: en Burgos, las parcialidades aglutinaban caballeros, mercaderes, oficiales y artesanos; en Vitoria, las vinculaciones establecidas por los Ayala unían en el mismo bando a los artesanos de la ciudad y a la pequeña nobleza rural. Además del control sobre los principales concejos, la alta nobleza concentraba extensas propiedades que se fueron vinculando desde mediados del siglo XIV a través del mayorazgo, institución que permitió el ascenso social y económico de la pequeña nobleza y de las clases acomodadas de las ciudades a partir de 1505. La concentración y extensión de los patrimonios, el dominio sobre fortalezas y la adquisición continuada de nuevos señoríos y privilegios, sobre todo en las coyunturas de guerra civil y de debilitamiento de la monarquía, aumentó el poder económico de los grandes señores, estabilizando la percepción de unas rentas anuales que oscilaron, por término medio, entre los cinco y diez millones de maravedís. En este marco de actuaciones nobiliarias la monarquía de los Reyes Católicos desarrolló una actividad política que, por una parte, intentó disminuir las rentas de la nobleza y, por otra parte, sustituir sus responsabilidades en el gobierno y la administración de los reinos, por la del clero de ciencia y conciencia, y por la de juristas y letrados.
Esta labor de control de la monarquía se observa en varios frentes de actuación; uno ha de vincularse a los resultados de las coyunturas militares de las guerras civiles, y se concretó en la obtención por vía de restitución de castillos, casas fuertes y fortalezas de las ciudades y villas, donde se nombraron alcaides de la confianza real; otro hace referencia a la normalización de la vida concejil, confirmando ordenanzas municipales preexistentes, o elaborándolas de nuevo, e interviniendo activamente en los concejos a través de los corregidores de nombramiento real. Estos, que inicialmente fueron rechazados por la elevada oligarquización de los municipios, consolidaron su posición a partir de 1485, ayudados por la intervención real que garantizaba la división de los regimientos entre las oligarquías preexistentes. Un tercer aspecto se encuentra en el hecho de organizar un cuerpo militar permanente como fuerza propia al servicio de la monarquía, que desatase definitivamente los lazos de dependencia militar que la Corona había contraído con las posibilidades nobiliarias de levantar milicias. Por último, la práctica de una política ambigua que aprovechó un extendido sentimiento social antinobiliar para eliminar mercedes, liberar poblaciones del régimen señorial, recuperar el control sobre comunidades importantes como Arévalo, en 1480, Plasencia en 1488, una serie de villas asturianas en 1490, y Cádiz en 1492, y al tiempo conceder nuevos títulos y señoríos jurisdiccionales, hicieron posible la estabilización de las relaciones entre nobleza y monarquía, y el que los grandes señores se reinstalasen en sus dominios.
Además, entre 1476 y 1494, los Reyes Católicos lograron patrimonializar para la Corona los maestrazgos de las Ordenes Militares y las ciento ochenta encomiendas que dependían de ellos, y que cada una de ellas significaba unas rentas anuales que, por término medio, se situaban entre los treinta y sesenta mil ducados. En 1476, Fernando el Católico fue elegido administrador de la Orden de Santiago por un período de seis años, no pudiendo adscribir definitivamente dicha administración hasta la muerte del maestre Don Alonso de Cárdenas ocurrida en 1493. La Orden de Calatrava fue administrada por el rey desde 1485, y la Orden de Alcántara se adscribió a la Corona entre los años 1494 y 1504. La bula Dudum ad illos otorgada por Alejandro VI en junio de 1501, concedía a Fernando el Católico la titularidad de los maestrazgos de las tres Ordenes Militares. Esta titularidad, al convertirse en patrimonio real se pudo transmitir por vía hereditaria al heredero de la Corona; así, en el testamento de Fernando el Católico, tras referirse a los maestrazgos como tenidos por la autoridad apostólica y declarar que se había obtenido facultad para renunciarlos, los entregó "en favor del dicho príncipe Don Carlos, nuestro nieto, para que los aya y tenga como administrador perpetuo". Esta incorporación, además de suponer un importante incremento patrimonial para la Corona, introdujo variaciones importantes en la administración de las comunidades y territorios dependientes de las Ordenes Militares.
Como ejemplo de lo primero, sólo en Extremadura y en los territorios de la Orden de Santiago, el patrimonio real se benefició de las rentas de veintisiete dehesas, que se arrendaron por mayor a los ganaderos mesteños, aparte de las partes del diezmo, percepción de impuestos feudales, alcabalas, etc. En relación con las variaciones sociales, ha de tenerse en cuenta que, como entidades vinculadas a la Iglesia desde el punto de vista religioso y por su carácter beneficial, la incorporación significó que las poblaciones pasasen de una situación de teórico dominio señorial a otra de realengo "encubierto". Sin embargo, la libre disposición que los Reyes hicieron de las encomiendas, entregándolas a nobles y servidores como titularidad jurisdiccional no hereditaria, y que llevaba anejo el usufructo de algunas rentas, no modificó sustancialmente la vida y libertad de las comunidades encomendadas.
