Los reyes portugueses ante la Iglesia y las Cortes
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Datos principales
Rango
Reconquista
Desarrollo
El rey Alfonso III (1248-1279), elegido por los obispos portugueses, mantuvo respecto a la Iglesia una política de amistad durante los primeros años de su reinado, en los que devolvió los bienes confiscados por Sancho II y pagó con nuevas donaciones los servicios prestados por los eclesiásticos, cuya influencia es visible en las normas, equiparables a las constituciones de paz y tregua, dictadas en 1251 para poner fin a la anarquía: impuso severas penas a los salteadores, protegió a los viajeros y de modo especial a los mercaderes. Las dificultades económicas del rey y del reino se hallan en la base de las primeras Cortes portuguesas conocidas, las de Lisboa-Leiria-Coimbra de 1253-1254. Alfonso intenta poner freno a la subida de los precios tras deliberar "con los ricoshombres sabios de mi curia y consejo, con los prelados, caballeros y mercaderes y con ciudadanos y buenos hombres de los concejos de mi reino". El monarca atribuye la subida al temor y rumor de que en fecha próxima se alteraría el valor de la moneda, temor y rumor que no eran infundados, según confiesa el monarca en escritos dirigidos a dignatarios eclesiásticos y al pontífice romano. Si la alteración de la moneda era responsable de la subida de precios, la salida lógica suponía la estabilidad monetaria, a la que accedió el rey por un plazo de siete años, tras obtener un servicio o ayuda extraordinaria. Como medida complementaria se hizo un ordenamiento de precios y salarios que, tal vez como ocurrió en Castilla por los mismos años, tuvo efectos contraproducentes y sólo sirvió para ocultar y encarecer los artículos tasados.
La negativa de una parte del clero a pagar el servicio extraordinario a cambio de la estabilidad de la moneda disminuyó considerablemente los ingresos del monarca, que se vio obligado a reducir gastos y a intentar la recuperación de los derechos usurpados: en 1258, Alfonso ordenó realizar "inquiriçoes" en la zona situada entre el Duero y el Miño para conocer la situación de los bienes y de los derechos pertenecientes a la Corona y como resultado de estas investigaciones, en 1265 se prohibió a los nobles y oficiales del rey exigir posada y yantar a los hombres de realengo, se ordenó que fueran devueltos a la Corona numerosos bienes pasados a poder de eclesiásticos y nobles, se castigó a la pérdida de sus bienes a los vasallos que habían abandonado los lugares de realengo y se dispuso que las caballerías estuvieran sometidas al pago de impuestos, ya que la exención era la contrapartida de los servicios militares contra los musulmanes y al cesar éstos no había razón para mantener el privilegio. Los obispos fueron los más afectados por estas medidas, cuyo cumplimiento intentaron evitar mediante la amenaza de penas canónicas y el recurso a Roma: si el papa había nombrado rey a Alfonso también podía deponerlo, pero la situación no era la misma en 1266 que en 1245: la autoridad pontificia era menor, la nobleza no secundó a los obispos; éstos no permanecieron unidos y en 1265 el rey podía apoyarse en los concejos, que habían pagado los subsidios votados en las Cortes de Coimbra de 1254 y votarían nuevas ayudas en 1261 para mantener estable la moneda, al tiempo que concejos como los de Lisboa hacían préstamos al monarca.
Ante el papa, los obispos acusaron al monarca de agraviar a los súbditos en general y al clero de un modo específico; los agravios causados a los súbditos iban desde la ocupación ilegal y en provecho propio de terrenos particulares o municipales, hasta la obtención por la fuerza de préstamos, la imposición del matrimonio a vírgenes y viudas... Más importantes y numerosas eran las quejas de los clérigos: el monarca no respetaba el fuero eclesiástico ni el derecho de asilo, no obligaba a cumplir las sentencias dictadas por los tribunales eclesiásticos, prohibía las reuniones de los clérigos, nombraba y deponía abades, párrocos y canónigos, intervenía en el nombramiento de obispos, tenía funcionarios judíos, obligaba a los eclesiásticos a dar albergue al monarca y a su séquito, no pagaba los diezmos de las propiedades reales, creaba poblaciones junto a los señoríos eclesiásticos para atraer a los vasallos de la Iglesia, mudaba de lugar los puertos controlados por los clérigos y al hacerlo impedía que éstos pudiesen cobrar los derechos de paso; exigía el pago de derechos de aduana a los clérigos..., y ante la orden pontificia de corregir los abusos el monarca se reunió en Santarem (1273) con los de su consejo, con los ricoshombres y con los concejos, es decir en ausencia de la mayor parte del brazo eclesiástico, y se acordó nombrar una comisión que analizara los agravios y tomara las medidas que se consideraran oportunas.
La negativa de una parte del clero a pagar el servicio extraordinario a cambio de la estabilidad de la moneda disminuyó considerablemente los ingresos del monarca, que se vio obligado a reducir gastos y a intentar la recuperación de los derechos usurpados: en 1258, Alfonso ordenó realizar "inquiriçoes" en la zona situada entre el Duero y el Miño para conocer la situación de los bienes y de los derechos pertenecientes a la Corona y como resultado de estas investigaciones, en 1265 se prohibió a los nobles y oficiales del rey exigir posada y yantar a los hombres de realengo, se ordenó que fueran devueltos a la Corona numerosos bienes pasados a poder de eclesiásticos y nobles, se castigó a la pérdida de sus bienes a los vasallos que habían abandonado los lugares de realengo y se dispuso que las caballerías estuvieran sometidas al pago de impuestos, ya que la exención era la contrapartida de los servicios militares contra los musulmanes y al cesar éstos no había razón para mantener el privilegio. Los obispos fueron los más afectados por estas medidas, cuyo cumplimiento intentaron evitar mediante la amenaza de penas canónicas y el recurso a Roma: si el papa había nombrado rey a Alfonso también podía deponerlo, pero la situación no era la misma en 1266 que en 1245: la autoridad pontificia era menor, la nobleza no secundó a los obispos; éstos no permanecieron unidos y en 1265 el rey podía apoyarse en los concejos, que habían pagado los subsidios votados en las Cortes de Coimbra de 1254 y votarían nuevas ayudas en 1261 para mantener estable la moneda, al tiempo que concejos como los de Lisboa hacían préstamos al monarca.
Ante el papa, los obispos acusaron al monarca de agraviar a los súbditos en general y al clero de un modo específico; los agravios causados a los súbditos iban desde la ocupación ilegal y en provecho propio de terrenos particulares o municipales, hasta la obtención por la fuerza de préstamos, la imposición del matrimonio a vírgenes y viudas... Más importantes y numerosas eran las quejas de los clérigos: el monarca no respetaba el fuero eclesiástico ni el derecho de asilo, no obligaba a cumplir las sentencias dictadas por los tribunales eclesiásticos, prohibía las reuniones de los clérigos, nombraba y deponía abades, párrocos y canónigos, intervenía en el nombramiento de obispos, tenía funcionarios judíos, obligaba a los eclesiásticos a dar albergue al monarca y a su séquito, no pagaba los diezmos de las propiedades reales, creaba poblaciones junto a los señoríos eclesiásticos para atraer a los vasallos de la Iglesia, mudaba de lugar los puertos controlados por los clérigos y al hacerlo impedía que éstos pudiesen cobrar los derechos de paso; exigía el pago de derechos de aduana a los clérigos..., y ante la orden pontificia de corregir los abusos el monarca se reunió en Santarem (1273) con los de su consejo, con los ricoshombres y con los concejos, es decir en ausencia de la mayor parte del brazo eclesiástico, y se acordó nombrar una comisión que analizara los agravios y tomara las medidas que se consideraran oportunas.
