Las Uniones y el fracaso del autoritarismo
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Datos principales
Rango
Aragón Baja Edad Media
Desarrollo
La pretensión de Pedro el Ceremonioso, que en estas fechas todavía no tenía hijos varones, de modificar las pautas sucesorias en provecho de su hija Constanza (1347), propició la ocasión para el conflicto. Los hermanos del rey se pusieron entonces al frente de los nobles de Aragón, que reconstruyeron la Unión y exigieron al rey la convocatoria de Cortes (Zaragoza, 1347). El Ceremonioso, prácticamente secuestrado por los rebeldes, a quienes seguía un sector de las ciudades, tuvo que hacer numerosas concesiones: confirmación de los privilegios unionistas, cambio de consejeros, entrega de rehenes, compromiso de celebrar Cortes anualmente, revocación de la heredera, ratificación de las concesiones hechas a sus hermanos por Alfonso el Benigno, etc. Al final, cuando la agitación aragonesa ya se había contagiado a Valencia, el Ceremonioso pudo dejar Aragón, medio sumido en la revuelta, y trasladarse a Cataluña donde reunió Cortes en Barcelona (1347) y se ganó la adhesión de los estamentos catalanes. Al parecer, las dos Uniones, la Aragonesa y la Valenciana, aunque tácticamente aliadas en su oposición al autoritarismo real, eran de signo opuesto: proclive a la defensa de los privilegios señoriales la aragonesa y partidaria de preservar la autonomía constitucional de villas y ciudades, y el peso del elemento ciudadano en el reino, que los fueros alfonsinos habían perjudicado, en beneficio del estamento señorial, la valenciana (M.
Rodrigo Lizondo y E. Belenguer). Las cargas fiscales que las ciudades de realengo tenían que soportar para financiar la política real debieron ser un factor añadido de la revuelta valenciana, que encabezó Valencia y siguieron casi todas las ciudades y villas del reino, y un sector de la baja nobleza. En un primer momento, los realistas valencianos (entre los que se contaba la alta nobleza) fueron derrotados (Pobla Llarga y Bétera, 1347) y el rey, virtualmente secuestrado en Valencia, hubo de hacer también aquí sus concesiones: creación del cargo de Justicia de Valencia, cambios en el consejo real y designación de su hermano Fernando como procurador general del reino. Cuando la propagación de la peste por la ciudad le dio argumentos y fuerza para marchar de Valencia, el Ceremonioso, con la eficaz colaboración de Bernat de Cabrera, Lope de Luna y Pedro de Xérica, preparó el desquite. Finalmente, sus tropas, formadas por nobles fieles, hombres de villas y ciudades realistas de Aragón y Cataluña y mercenarios extranjeros, derrotaron a los unionistas aragoneses en Epila y a los valencianos en Mislata (1348), a lo que siguió una represión dura y cruel (sobre todo para los valencianos) y la anulación de las concesiones efectuadas (Cortes de Zaragoza y Valencia, 1348). Fue un triunfo del autoritarismo real que factores exteriores convirtieron en efímero. Efectivamente, la larga y penosa guerra con Castilla, de 1356-69, llamada de los Dos Pedros, arruinó la obra emprendida.
De 1356 a 1365 en conflicto se desarrolló en suelo aragonés y valenciano, donde dejó un reguero de destrucción y muerte, mientras, en general, la Corona sufría una grave hemorragia monetaria impuesta por la necesidad de pagar y aprovisionar a los ejércitos. La penuria de las finanzas de la monarquía, ocasionada por alienaciones de bienes reales efectuadas en época anterior (de Jaime II) y por la crisis demográfica y productiva que reducía la materia imponible, obligaron a emplear todos los recursos entre los cuales el endeudamiento, la continuidad de las ventas de patrimonios y jurisdicciones reales, hasta casi desintegrar el dominio real, y el recurso constante a los subsidios votados por las Cortes. De este modo, el rey, que, como el resto de las monarquías occidentales, a comienzos de su reinado había marchado por la senda del autoritarismo hacia el feudalismo centralizado o absolutismo de la Edad Moderna, acabó cediendo protagonismo a las Cortes y dando fuerza al pactismo que los estamentos catalanoaragoneses habían propugnado desde al menos el reinado de Jaime I. Naturalmente, en plena crisis de la renta feudal, la debilidad de la monarquía sería aprovechada para endurecer el dominio señorial sobre el campesinado. Tiene razón, por tanto, L. González Antón cuando dice que desde hacia 1350 se sentaron las bases para la conversión de la Corona de Aragón en una confederación gobernada por unas aristocracias rurales y urbanas que retrasarían por siglos la posibilidad de progreso social y material.
Un índice seguro de la supeditación real a los estamentos es el número excepcionalmente elevado de Cortes que el monarca, acuciado por necesidades monetarias y de defensa, tuvo que convocar en los años 1349-1387 (tres Cortes generales, trece catalanas y once valencianas). En plena guerra con Castilla, las Cortes de Cervera de 1359 otorgaron un generoso donativo, cuya recaudación acordaron efectuar distribuyéndola en tallas por hogares (fuegos), para lo que fue menester realizar un detallado inventario de familias (fogatjement). Pero, tradicionalmente recelosas de la conducta de los oficiales reales y del propio monarca, tanto en la recaudación como en el destino de los fondos recogidos, estas Cortes, siguiendo precedentes, crearon una comisión, llamada Diputación del General de Cataluña, encargada de administrar los subsidios votados. Y la gestión de la Diputación catalana no había terminado cuando las Cortes generales de Monzón (1362-63), unas Cortes verdaderamente dramáticas, en las que los estamentos descaradamente antepusieron sus privilegios al bien común (en la sesión del 11 de febrero de 1363, el monarca, exasperado, llegó a gritar: "mueran los que así nos llevan a todos a la muerte"), completaron el perfil de la institución. A partir de entonces funcionó en cada Estado de la Corona una Diputación o Generalidad propia, formada por tres diputados de cada estamento, dotada de recursos propios (derechos de carácter aduanero), encargada de reunir el montante de los subsidios que las Cortes sucesivas votaban y, poseedora de suficiente autonomía financiera como para convertirse en organismo de gobierno de los estamentos, más o menos paralelo e incluso supervisor del gobierno real.
J. Vicens Vives insistía en que el debilitamiento de la monarquía, unido a la consolidación del poder de las oligarquías, al coincidir con la crisis económica que hacía disminuir el nivel de ingresos de los poderosos, propició una época de reacción social: cierre de los gobiernos municipales a los representantes de las clases medias e inferiores y rebrote de las servidumbres en el campo. Podría concluirse con R. d'Abadal que la desproporción entre las ambiciones de la política exterior del rey y la real fragilidad de las finanzas reales llevaron "a la formación de una estructura estatal antimonárquica que anuló la posibilidad de que Cataluña (y la Corona de Aragón, añadiríamos) llegara a ascender con personalidad propia e independiente al nivel de los Estados renacentistas de la época".
Rodrigo Lizondo y E. Belenguer). Las cargas fiscales que las ciudades de realengo tenían que soportar para financiar la política real debieron ser un factor añadido de la revuelta valenciana, que encabezó Valencia y siguieron casi todas las ciudades y villas del reino, y un sector de la baja nobleza. En un primer momento, los realistas valencianos (entre los que se contaba la alta nobleza) fueron derrotados (Pobla Llarga y Bétera, 1347) y el rey, virtualmente secuestrado en Valencia, hubo de hacer también aquí sus concesiones: creación del cargo de Justicia de Valencia, cambios en el consejo real y designación de su hermano Fernando como procurador general del reino. Cuando la propagación de la peste por la ciudad le dio argumentos y fuerza para marchar de Valencia, el Ceremonioso, con la eficaz colaboración de Bernat de Cabrera, Lope de Luna y Pedro de Xérica, preparó el desquite. Finalmente, sus tropas, formadas por nobles fieles, hombres de villas y ciudades realistas de Aragón y Cataluña y mercenarios extranjeros, derrotaron a los unionistas aragoneses en Epila y a los valencianos en Mislata (1348), a lo que siguió una represión dura y cruel (sobre todo para los valencianos) y la anulación de las concesiones efectuadas (Cortes de Zaragoza y Valencia, 1348). Fue un triunfo del autoritarismo real que factores exteriores convirtieron en efímero. Efectivamente, la larga y penosa guerra con Castilla, de 1356-69, llamada de los Dos Pedros, arruinó la obra emprendida.
De 1356 a 1365 en conflicto se desarrolló en suelo aragonés y valenciano, donde dejó un reguero de destrucción y muerte, mientras, en general, la Corona sufría una grave hemorragia monetaria impuesta por la necesidad de pagar y aprovisionar a los ejércitos. La penuria de las finanzas de la monarquía, ocasionada por alienaciones de bienes reales efectuadas en época anterior (de Jaime II) y por la crisis demográfica y productiva que reducía la materia imponible, obligaron a emplear todos los recursos entre los cuales el endeudamiento, la continuidad de las ventas de patrimonios y jurisdicciones reales, hasta casi desintegrar el dominio real, y el recurso constante a los subsidios votados por las Cortes. De este modo, el rey, que, como el resto de las monarquías occidentales, a comienzos de su reinado había marchado por la senda del autoritarismo hacia el feudalismo centralizado o absolutismo de la Edad Moderna, acabó cediendo protagonismo a las Cortes y dando fuerza al pactismo que los estamentos catalanoaragoneses habían propugnado desde al menos el reinado de Jaime I. Naturalmente, en plena crisis de la renta feudal, la debilidad de la monarquía sería aprovechada para endurecer el dominio señorial sobre el campesinado. Tiene razón, por tanto, L. González Antón cuando dice que desde hacia 1350 se sentaron las bases para la conversión de la Corona de Aragón en una confederación gobernada por unas aristocracias rurales y urbanas que retrasarían por siglos la posibilidad de progreso social y material.
Un índice seguro de la supeditación real a los estamentos es el número excepcionalmente elevado de Cortes que el monarca, acuciado por necesidades monetarias y de defensa, tuvo que convocar en los años 1349-1387 (tres Cortes generales, trece catalanas y once valencianas). En plena guerra con Castilla, las Cortes de Cervera de 1359 otorgaron un generoso donativo, cuya recaudación acordaron efectuar distribuyéndola en tallas por hogares (fuegos), para lo que fue menester realizar un detallado inventario de familias (fogatjement). Pero, tradicionalmente recelosas de la conducta de los oficiales reales y del propio monarca, tanto en la recaudación como en el destino de los fondos recogidos, estas Cortes, siguiendo precedentes, crearon una comisión, llamada Diputación del General de Cataluña, encargada de administrar los subsidios votados. Y la gestión de la Diputación catalana no había terminado cuando las Cortes generales de Monzón (1362-63), unas Cortes verdaderamente dramáticas, en las que los estamentos descaradamente antepusieron sus privilegios al bien común (en la sesión del 11 de febrero de 1363, el monarca, exasperado, llegó a gritar: "mueran los que así nos llevan a todos a la muerte"), completaron el perfil de la institución. A partir de entonces funcionó en cada Estado de la Corona una Diputación o Generalidad propia, formada por tres diputados de cada estamento, dotada de recursos propios (derechos de carácter aduanero), encargada de reunir el montante de los subsidios que las Cortes sucesivas votaban y, poseedora de suficiente autonomía financiera como para convertirse en organismo de gobierno de los estamentos, más o menos paralelo e incluso supervisor del gobierno real.
J. Vicens Vives insistía en que el debilitamiento de la monarquía, unido a la consolidación del poder de las oligarquías, al coincidir con la crisis económica que hacía disminuir el nivel de ingresos de los poderosos, propició una época de reacción social: cierre de los gobiernos municipales a los representantes de las clases medias e inferiores y rebrote de las servidumbres en el campo. Podría concluirse con R. d'Abadal que la desproporción entre las ambiciones de la política exterior del rey y la real fragilidad de las finanzas reales llevaron "a la formación de una estructura estatal antimonárquica que anuló la posibilidad de que Cataluña (y la Corona de Aragón, añadiríamos) llegara a ascender con personalidad propia e independiente al nivel de los Estados renacentistas de la época".
