Las clases medias y populares
Compartir
Datos principales
Rango
Reinado Fernando VII
Desarrollo
Era proverbial en España la abundancia de funcionarios y, en general, de empleados del Estado. A la cifra de 27.000 que recogen los recuentos de la época, habría que añadir aquellos que dependían del ejército y de la marina, así como los empleados de la administración de justicia y del correo. Durante la última etapa del reinado de Fernando VII se llevó a cabo una importante reforma en la administración pública tendente a la centralización, a la jerarquización y a la profesionalización de los diferentes cuerpos. El cesante, es decir, el funcionario que ha sido destituido, pero que conserva una modesta pensión y que pasa a constituir una reserva utilizable, se convierte ya en esta época en una figura emblemática. Para Alberto Lista, este numeroso grupo de ciudadanos ligados a la administración está situado entre la clase superior y aquella de los jornaleros y de los proletarios. Para los observadores extranjeros seguían siendo dignas de reseñar las costumbres populares de la nobleza en España así como el carácter elevado de las clases populares, las cuales conservaban un sentido de la dignidad y una nobleza natural como no se encontraban en otros países. Poco más de la mitad de la población española se ocupaba en la agricultura, mientras que sólo la décima parte lo hacía en la industria y en la artesanía. Más de un tercio de la población era improductiva y eso escandalizaba al embajador francés, quien afirmaba que "si a eso se le añade la costumbre de la siesta, el cigarro y la gran cantidad de días de fiesta existentes, uno podría convencerse de que España es uno de los paises de Europa donde menos se trabaja".
También Sebastián Miñano señalaba que apenas había una semana con menos de tres días en los que exista una excusa para dejar de trabajar. La abolición de los señoríos por las Cortes de Cádiz y la aplicación de esta medida durante el periodo constitucional iniciado en 1820 planteó una serie de conflictos sociales ya que los campesinos se negaron a continuar pagando sus rentas en aquellos lugares en los que los nobles no podían demostrar fehacientemente la propiedad efectiva de la tierra. Muchos nobles reclamaron a las Cortes que sus rentas procedían de contratos libremente pactados con los colonos y que, por consiguiente, si éstos tenían algo que reclamar que lo hiciesen ante los tribunales, pero que debían seguir pagando hasta que no se produjese una sentencia firme por parte de estos. El problema, no resuelto por la caída del régimen constitucional, volvería a plantearse crudamente después de la muerte de Fernando VII. Según los datos disponibles, el numero de artesanos disminuyó considerablemente durante el primer tercio del siglo XIX. El proceso de crisis se había iniciado ya en el siglo XVIII, pero el aumento de las actividades fabriles y la decadencia de los gremios influyó en la progresiva mengua de este sector de la sociedad. En realidad, la desaparición de los gremios fue decretada por primera vez cuando las Cortes gaditanas plantearon en 1813 la libertad de asociación de los trabajadores.
En 1814 fueron restablecidos con ciertas limitaciones y durante el Trienio Liberal se les dio un duro golpe cuando se permitieron las iniciativas económicas sin respetar las normas gremiales. Aunque la abolición definitiva de los gremios no se produciría hasta 1834, estas corporaciones se habían ya ido extinguiendo de hecho a lo largo del reinado de Fernando VII. La disminución del número de artesanos fue acompañada por un incremento paulatino de los operarios de fábricas que encontraron su oportunidad en la aparición de los numerosos negocios que surgieron al amparo de las nuevas leyes que garantizaban la libertad industrial. Estos trabajadores carecían de todo tipo de protección, ya que la burguesía que regentaba el comercio y la industria trataba de impedir cualquier tipo de asociación que velase por los intereses de éstos. Comienza a nacer, pues, un proletariado en las grandes ciudades que tomará conciencia en pocos años de su débil situación y mostrará una mentalidad muy alejada ya de la tradicional que había presidido la de los trabajadores gremiales.
También Sebastián Miñano señalaba que apenas había una semana con menos de tres días en los que exista una excusa para dejar de trabajar. La abolición de los señoríos por las Cortes de Cádiz y la aplicación de esta medida durante el periodo constitucional iniciado en 1820 planteó una serie de conflictos sociales ya que los campesinos se negaron a continuar pagando sus rentas en aquellos lugares en los que los nobles no podían demostrar fehacientemente la propiedad efectiva de la tierra. Muchos nobles reclamaron a las Cortes que sus rentas procedían de contratos libremente pactados con los colonos y que, por consiguiente, si éstos tenían algo que reclamar que lo hiciesen ante los tribunales, pero que debían seguir pagando hasta que no se produjese una sentencia firme por parte de estos. El problema, no resuelto por la caída del régimen constitucional, volvería a plantearse crudamente después de la muerte de Fernando VII. Según los datos disponibles, el numero de artesanos disminuyó considerablemente durante el primer tercio del siglo XIX. El proceso de crisis se había iniciado ya en el siglo XVIII, pero el aumento de las actividades fabriles y la decadencia de los gremios influyó en la progresiva mengua de este sector de la sociedad. En realidad, la desaparición de los gremios fue decretada por primera vez cuando las Cortes gaditanas plantearon en 1813 la libertad de asociación de los trabajadores.
En 1814 fueron restablecidos con ciertas limitaciones y durante el Trienio Liberal se les dio un duro golpe cuando se permitieron las iniciativas económicas sin respetar las normas gremiales. Aunque la abolición definitiva de los gremios no se produciría hasta 1834, estas corporaciones se habían ya ido extinguiendo de hecho a lo largo del reinado de Fernando VII. La disminución del número de artesanos fue acompañada por un incremento paulatino de los operarios de fábricas que encontraron su oportunidad en la aparición de los numerosos negocios que surgieron al amparo de las nuevas leyes que garantizaban la libertad industrial. Estos trabajadores carecían de todo tipo de protección, ya que la burguesía que regentaba el comercio y la industria trataba de impedir cualquier tipo de asociación que velase por los intereses de éstos. Comienza a nacer, pues, un proletariado en las grandes ciudades que tomará conciencia en pocos años de su débil situación y mostrará una mentalidad muy alejada ya de la tradicional que había presidido la de los trabajadores gremiales.
