La política económica y social
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Datos principales
Rango
Alfonso XIII
Desarrollo
Es imprescindible conocer cuáles fueron las líneas fundamentales de la Dictadura en el terreno económico y social, puesto que de ellas dependió la sensación existente entre un sector de la sociedad española de que el régimen había tenido un balance positivo, aparte de que el talante con que Primo de Rivera abordó su actuación en estas materias resulta en sí mismo muy revelador respecto a sus propósitos. A diferencia de lo que les sucedió a sus predecesores y a quienes le siguieron en los años treinta, Primo de Rivera se benefició ampliamente de una situación de auge económico que era común a todas las latitudes y que él mismo no había contribuido a crear: eran los felices años veinte. La labor del Dictador en esta materia fue motivo de controversia. Un liberal conservador como el duque de Maura la calificó de "incongruente y con afán de megalomanía", siendo una reedición española del despotismo ilustrado sin más aditamento que algún que otro perfil entre fascista y soviético. De forma similar pensaron los responsables económicos del gobierno Berenguer. La Dictadura centró su propaganda en sus logros económicos que, junto con la solución del problema de Marruecos, constituyeron el aspecto más positivo de su gestión. Se realizó un gran esfuerzo por aumentar la renta nacional y mejorar su distribución, fundamentalmente a base del incremento en los gastos públicos. Ha llegado a afirmarse que el régimen primorriverista fue un precedente directo de la política económica que, inspirada en Keynes, serviría a muchos países de Europa occidental para hacer frente a la crisis de los años treinta.
La política económica llevada a cabo por el general Primo de Rivera tuvo sus luces y sus sombras, pero estuvo claramente vinculada con un nacionalismo regeneracionista que presidió toda su labor de gobierno. Un último aspecto de su política económica fue la intervención estatal, que no partía de nada parecido al socialismo sino de un sentimiento nacional de características un tanto arbitristas. Este conjunto de tesis de política económica se concretó en dos actuaciones complementarias destinada, la primera, a combatir los efectos de la crisis y, la segunda, a ejercer además una acción de reactivación, también basada en unos propósitos regeneracionistas. Producto de lo primero fue la estructura corporativa y de carácter consultivo creada para regir la economía española, las medidas de protección de la industria nacional, la creación del Monopolio de Petróleos o la actuación en Telefónica; en cambio, la mejora de las comunicaciones y la política hidráulica formaban parte del plan destinado a la reactivación económica. En 1924 se creó el Consejo de Economía Nacional, del que dependía un Comité Regulador de la producción industrial y sin cuyo permiso no podía instalarse ninguna nueva industria. Se favoreció el proteccionismo frente al exterior y se restringió la competencia. En junio de 1927 se creó CAMPSA (Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos), cuyo proyecto de creación se remontaba a 1917.
Su fin primordial consistía en aliviar las necesidades presupuestarias y ocuparse de la compra de yacimientos, transporte y refinos. Hubo otro terreno en el que la Dictadura estuvo muy lejos de cualquier fiebre nacionalizadora: la Compañía Telefónica tenía mayoría de capital de la ITT, que era la única capaz de proporcionarle los recursos tecnológicos. Fue ésta la causa de que Primo de Rivera moderara su nacionalismo respecto a ella. En las obras hidráulicas es donde fue más visible la política económica de reactivación. Aquí también Primo de Rivera se inspiró en proyectos anteriores. Fue el ingeniero aragonés Lorenzo Pardo, próximo a los círculos que seguían a Joaquín Costa, quien ideó la creación de las Confederaciones Hidrográficas destinadas al aprovechamiento integral (energético, de riegos y de transporte) de las cuencas fluviales para así asegurar los riegos ya existentes y, en corto plazo, triplicarlos. Un aspecto importante de la reactivación económica de la Dictadura fueron las vías de comunicación. En 1926 el conde de Guadalhorce creó el Circuito Nacional de Firmes Especiales, que, bajo la dirección de un Patronato, realizó unos 7.000 kilómetros de carreteras. En lo que respecta a los ferrocarriles, la Dictadura inició el camino del intervencionismo mediante el Estatuto de julio de 1924, que también tiene sus antecedentes en disposiciones que habían sido pensadas durante el período constitucional.
Con respecto a los programas de construcción, la Dictadura sólo cumplió una pequeña parte de sus proyectos originarios y, además, hubo de sufrir las críticas por supuesta inmoralidad en las concesiones. El proyecto de financiación de la política del gasto público fue la emisión de Deuda, que con frecuencia se dedicaba a un propósito concreto. Fue la Deuda el gran motor de la expansión industrial. En cambio, con relación a la financiación no se recurrió a una política fiscal avanzada, que habría sido fundamental no sólo desde el punto de vista económico sino también social. Cuando Calvo Sotelo fue Ministro de Hacienda insinuó un plan que pretendía convertir los impuestos del producto en impuestos sobre la renta, aumentar los relativos sobre las rentas no ganadas con el trabajo o las tierras mal cultivadas y los sucesorios, extender el Monopolio, etc. Pero su labor fue muy limitada y los verdaderos problemas no fueron atacados a fondo. El efecto de la política económica llevada a cabo por Primo de Rivera sobre la producción industrial fue bueno a corto plazo. Durante este período se pasó del índice 84 al 141 y los incrementos más significativos fueron en hulla, cemento, electricidad, industrias químicas y siderometalúrgicas; en otros apartados industriales como, por ejemplo, la industria textil el crecimiento fue menor. El sector más pudiente de la sociedad española fue el mayor beneficiario del desarrollo industrial.
También en estos años se produce la conversión de la banca española (sobre todo la madrileña, el Hispano y el Español de Crédito) en una banca nacional, a la vez que se consolida la banca oficial como el Banco de Crédito Local y el de Crédito Industrial así como de las Cajas de Ahorro. La modestia de las transformaciones sociales contrastaba con los logros de la política económica y ponía en peligro las posibilidades de desarrollo de la industria textil, pero al final de la década eran patentes otras limitaciones del modelo económico dictatorial. El déficit presupuestario podía ser enmascarado, algo no infrecuente en la historia del presupuesto español pero, además, el desequilibrio de la balanza de pagos produjo unas consecuencias muy negativas, ya que aumentó las importaciones y disminuyó las remesas de los emigrantes. En cuanto a la política social, Primo de Rivera tenía opiniones convencionales y paternalistas y, desde luego, nunca pretendió llevar a cabo una transformación radical de tipo social. El general prometió a los sectores obreros una actitud de paternal intervención. No es casual este calificativo paternal, ya que si existe un rasgo que pueda caracterizar al régimen dictatorial es precisamente su voluntad tutelar y paternalista. En abril de 1924 se creó un alto órgano consultivo, el Consejo Nacional de Trabajo, Comercio e Industria, y poco después el Instituto de Reformas Sociales, que había jugado un importante papel, quedaba integrado en el Ministerio de Trabajo.
La obra social de la Dictadura se debe al Ministro de Trabajo Eduardo Aunós. En agosto de 1926 apareció el Código de Trabajo, que pretendía ser el primer elemento de una nueva codificación de tipo social más amplia, pero que no llegó a realizarse por completo. El régimen dictatorial no sólo recopiló disposiciones anteriores sino que también promulgó algunas nuevas, como la creación del Tesoro del Emigrante y la Dirección General de Emigración, en septiembre de 1924, la aprobación del subsidio de familias numerosas en junio de 1926 y el seguro de maternidad en 1929. Pero lo más brillante de la labor social de la Dictadura, a la vez que lo más discutido, fue la organización corporativa a partir de los comités paritarios. Fue creada en noviembre de 1926 y en el prólogo de la disposición que la vio nacer se afirmaba que respondía a "un pasado español tan lleno de grandeza como de enseñanzas". En España la idea corporativa se basaba en el sindicato libre, pero, a diferencia de lo que era la tesis católica, éste estaba tutelado y condicionado por el Estado, según la definición del Ministro Aunós. Por tanto, aunque manteniendo un tipo de inspiración distinta del fascismo, no se identificaba sin embargo totalmente con la tesis católica. El comité paritario era la célula primaria de la organización corporativa; el segundo peldaño lo constituían las comisiones mixtas provinciales y, finalmente, los consejos de la corporación de cada oficio eran el órgano superior.
La representación de patronos y obreros eran igual en cada peldaño y la labor presidencial era ejercida por una persona nombrada por el Gobierno. La organización corporativa creada por Primo de Rivera fue ampliamente criticada, a veces sin fundamento. Los sectores conservadores consideraban que la representación estaba dominada por el partido socialista y por ello la criticaban, pero esto no fue siempre así y, cuando lo fue, era inevitable. En buena medida, fue la organización corporativa la responsable de que existiera una paz social durante la Dictadura de Primo de Rivera. La reforma del Código Penal, realizada en septiembre de 1928, no prohibió las huelgas sino que limitó su aprobación a las que tuvieran un motivo estrictamente económico. Así, durante este período se redujo el número de huelgas. Los principales beneficios que obtuvo la clase obrera durante la Dictadura fueron más una consecuencia de la estabilidad en el empleo y de la extensión de la seguridad social que de una mejora en las condiciones de trabajo conseguida a través de la negociación.
La política económica llevada a cabo por el general Primo de Rivera tuvo sus luces y sus sombras, pero estuvo claramente vinculada con un nacionalismo regeneracionista que presidió toda su labor de gobierno. Un último aspecto de su política económica fue la intervención estatal, que no partía de nada parecido al socialismo sino de un sentimiento nacional de características un tanto arbitristas. Este conjunto de tesis de política económica se concretó en dos actuaciones complementarias destinada, la primera, a combatir los efectos de la crisis y, la segunda, a ejercer además una acción de reactivación, también basada en unos propósitos regeneracionistas. Producto de lo primero fue la estructura corporativa y de carácter consultivo creada para regir la economía española, las medidas de protección de la industria nacional, la creación del Monopolio de Petróleos o la actuación en Telefónica; en cambio, la mejora de las comunicaciones y la política hidráulica formaban parte del plan destinado a la reactivación económica. En 1924 se creó el Consejo de Economía Nacional, del que dependía un Comité Regulador de la producción industrial y sin cuyo permiso no podía instalarse ninguna nueva industria. Se favoreció el proteccionismo frente al exterior y se restringió la competencia. En junio de 1927 se creó CAMPSA (Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos), cuyo proyecto de creación se remontaba a 1917.
Su fin primordial consistía en aliviar las necesidades presupuestarias y ocuparse de la compra de yacimientos, transporte y refinos. Hubo otro terreno en el que la Dictadura estuvo muy lejos de cualquier fiebre nacionalizadora: la Compañía Telefónica tenía mayoría de capital de la ITT, que era la única capaz de proporcionarle los recursos tecnológicos. Fue ésta la causa de que Primo de Rivera moderara su nacionalismo respecto a ella. En las obras hidráulicas es donde fue más visible la política económica de reactivación. Aquí también Primo de Rivera se inspiró en proyectos anteriores. Fue el ingeniero aragonés Lorenzo Pardo, próximo a los círculos que seguían a Joaquín Costa, quien ideó la creación de las Confederaciones Hidrográficas destinadas al aprovechamiento integral (energético, de riegos y de transporte) de las cuencas fluviales para así asegurar los riegos ya existentes y, en corto plazo, triplicarlos. Un aspecto importante de la reactivación económica de la Dictadura fueron las vías de comunicación. En 1926 el conde de Guadalhorce creó el Circuito Nacional de Firmes Especiales, que, bajo la dirección de un Patronato, realizó unos 7.000 kilómetros de carreteras. En lo que respecta a los ferrocarriles, la Dictadura inició el camino del intervencionismo mediante el Estatuto de julio de 1924, que también tiene sus antecedentes en disposiciones que habían sido pensadas durante el período constitucional.
Con respecto a los programas de construcción, la Dictadura sólo cumplió una pequeña parte de sus proyectos originarios y, además, hubo de sufrir las críticas por supuesta inmoralidad en las concesiones. El proyecto de financiación de la política del gasto público fue la emisión de Deuda, que con frecuencia se dedicaba a un propósito concreto. Fue la Deuda el gran motor de la expansión industrial. En cambio, con relación a la financiación no se recurrió a una política fiscal avanzada, que habría sido fundamental no sólo desde el punto de vista económico sino también social. Cuando Calvo Sotelo fue Ministro de Hacienda insinuó un plan que pretendía convertir los impuestos del producto en impuestos sobre la renta, aumentar los relativos sobre las rentas no ganadas con el trabajo o las tierras mal cultivadas y los sucesorios, extender el Monopolio, etc. Pero su labor fue muy limitada y los verdaderos problemas no fueron atacados a fondo. El efecto de la política económica llevada a cabo por Primo de Rivera sobre la producción industrial fue bueno a corto plazo. Durante este período se pasó del índice 84 al 141 y los incrementos más significativos fueron en hulla, cemento, electricidad, industrias químicas y siderometalúrgicas; en otros apartados industriales como, por ejemplo, la industria textil el crecimiento fue menor. El sector más pudiente de la sociedad española fue el mayor beneficiario del desarrollo industrial.
También en estos años se produce la conversión de la banca española (sobre todo la madrileña, el Hispano y el Español de Crédito) en una banca nacional, a la vez que se consolida la banca oficial como el Banco de Crédito Local y el de Crédito Industrial así como de las Cajas de Ahorro. La modestia de las transformaciones sociales contrastaba con los logros de la política económica y ponía en peligro las posibilidades de desarrollo de la industria textil, pero al final de la década eran patentes otras limitaciones del modelo económico dictatorial. El déficit presupuestario podía ser enmascarado, algo no infrecuente en la historia del presupuesto español pero, además, el desequilibrio de la balanza de pagos produjo unas consecuencias muy negativas, ya que aumentó las importaciones y disminuyó las remesas de los emigrantes. En cuanto a la política social, Primo de Rivera tenía opiniones convencionales y paternalistas y, desde luego, nunca pretendió llevar a cabo una transformación radical de tipo social. El general prometió a los sectores obreros una actitud de paternal intervención. No es casual este calificativo paternal, ya que si existe un rasgo que pueda caracterizar al régimen dictatorial es precisamente su voluntad tutelar y paternalista. En abril de 1924 se creó un alto órgano consultivo, el Consejo Nacional de Trabajo, Comercio e Industria, y poco después el Instituto de Reformas Sociales, que había jugado un importante papel, quedaba integrado en el Ministerio de Trabajo.
La obra social de la Dictadura se debe al Ministro de Trabajo Eduardo Aunós. En agosto de 1926 apareció el Código de Trabajo, que pretendía ser el primer elemento de una nueva codificación de tipo social más amplia, pero que no llegó a realizarse por completo. El régimen dictatorial no sólo recopiló disposiciones anteriores sino que también promulgó algunas nuevas, como la creación del Tesoro del Emigrante y la Dirección General de Emigración, en septiembre de 1924, la aprobación del subsidio de familias numerosas en junio de 1926 y el seguro de maternidad en 1929. Pero lo más brillante de la labor social de la Dictadura, a la vez que lo más discutido, fue la organización corporativa a partir de los comités paritarios. Fue creada en noviembre de 1926 y en el prólogo de la disposición que la vio nacer se afirmaba que respondía a "un pasado español tan lleno de grandeza como de enseñanzas". En España la idea corporativa se basaba en el sindicato libre, pero, a diferencia de lo que era la tesis católica, éste estaba tutelado y condicionado por el Estado, según la definición del Ministro Aunós. Por tanto, aunque manteniendo un tipo de inspiración distinta del fascismo, no se identificaba sin embargo totalmente con la tesis católica. El comité paritario era la célula primaria de la organización corporativa; el segundo peldaño lo constituían las comisiones mixtas provinciales y, finalmente, los consejos de la corporación de cada oficio eran el órgano superior.
La representación de patronos y obreros eran igual en cada peldaño y la labor presidencial era ejercida por una persona nombrada por el Gobierno. La organización corporativa creada por Primo de Rivera fue ampliamente criticada, a veces sin fundamento. Los sectores conservadores consideraban que la representación estaba dominada por el partido socialista y por ello la criticaban, pero esto no fue siempre así y, cuando lo fue, era inevitable. En buena medida, fue la organización corporativa la responsable de que existiera una paz social durante la Dictadura de Primo de Rivera. La reforma del Código Penal, realizada en septiembre de 1928, no prohibió las huelgas sino que limitó su aprobación a las que tuvieran un motivo estrictamente económico. Así, durante este período se redujo el número de huelgas. Los principales beneficios que obtuvo la clase obrera durante la Dictadura fueron más una consecuencia de la estabilidad en el empleo y de la extensión de la seguridad social que de una mejora en las condiciones de trabajo conseguida a través de la negociación.
