La oposición ultra
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Datos principales
Rango
Reinado Fernando VII
Desarrollo
La presión ejercida desde Francia y apoyada por la presencia del ejército galo de ocupación que se hallaba repartido por varias guarniciones en España, precisamente para garantizar que no se cometieran excesos por parte de la Monarquía absoluta y, por otra parte, el contrapeso que significaba la actuación de Cea desde la Secretaría de Estado, acabaron con el fracaso de la línea seguida por Aymerich y González, que fueron apartados de sus respectivos cargos. A partir de ese momento se encresparía la oposición de los realistas más exaltados. La oposición ultra, que había dado muestras de su existencia desde 1824 con la tentativa de insurrección de Capapé, volvería a señalarse con la revuelta de Bessiéres en agosto de 1825. En realidad, el origen de esta oposición hay que buscarlo en las sociedades secretas como la Junta Apostólica o el Angel Exterminador, creadas en 1823. Estas sociedades tenían como base ideológica la contrarrevolución y como propuestas inmediatas el restablecimiento de la Inquisición y la exclusión de los liberales de la sociedad. Sus propósitos fueron recogidos en un folleto titulado Españoles: Unión y Alerta, cuyos primeros ejemplares fueron repartidos en septiembre de 1824 y que alcanzaron una notable difusión a comienzos de 1825. Aunque se descubrieron varias intentonas de estos elementos para tratar de imponer sus fines, nunca pudo llegarse al fondo de su trama, pues a pesar de que se cuestionaba la legitimidad de Fernando VII, en cuanto se mencionaba a don Carlos, el hermano del rey, la investigación se detenía.
El mes de junio había visto aumentar los descontentos de los medios ultras con las destituciones del ministro de la guerra Aymerich y del superintendente de la policía, Mariano Rufino González. Ambos habían sido sustituidos respectivamente por dos moderados como eran Miguel de Ibarrola, marqués de Zambrano y Juan José Recacho. El teniente general Blas Fournás fue también sustituido al mando de la Guardia Real por el Conde de España quien, a pesar de haber aceptado en su momento la Constitución, se había ganado posteriormente la confianza de Fernando VII. Esta renovación de algunos cargos importantes fue considerada como un apoyo del rey a la línea de los realistas moderados y aceleró los preparativos de los conspiradores ultras. Estos llegaron a constituirse verdaderamente en una oposición interna que causaría tantos o más problemas que la oposición que planteaban los liberales desde el exilio. La conspiración de Jorge Bessiéres ha sido estudiada por Alonso Tejada a partir de los documentos de la Superintendencia de la policía. Bessiéres era un militar de origen francés, que después de haberse pasado al lado español durante la guerra de la Independencia, había cambiado el republicanismo en el que militó durante el Trienio por la oposición ultraconservadora en esta última etapa del reinado de Fernando VII. Como los participantes en el complot de Capapé no habían podido ser capturados, Cea Bermúdez esperaba el estallido de una nueva traición para poder arrestar a los culpables.
Esta nueva intentona estaría protagonizada por este curioso personaje. La tipología de esta conspiración no difiere mucho de las que intentaron los liberales durante la primera etapa del reinado. Bessiéres, que era el brazo armado de la conjura, se lanzó prematuramente a la calle en Getafe el 15 de agosto con varias compañías del regimiento de caballería de Santiago. Los levantamientos que debían secundarlo en las provincias no se produjeron y Bessiéres fue arrestado y fusilado el 26 de agosto. Este episodio desencadenó una serie de destituciones y de cambios en la administración. El general Chaperón, Jefe de la Comisión Militar de Madrid, fue destinado a Cáceres y el canónigo y Consejero de Estado, Rojas Queipo, fue enviado a Córdoba. Junto con ellos, otros altos funcionarios fueron cesados en sus puestos. La necesidad de tomar otras medidas para evitar nuevas dificultades llevó al gobierno a la creación de un organismo consultivo que sirviese de ayuda al Consejo de Ministros. De esa forma nació el 13 de septiembre de 1825 la Junta Consultiva de Gobierno. Pero su existencia fue muy efímera, ya que fue disuelta el 28 de diciembre siguiente y su fracaso afectó de tal manera al propio Consejo de Ministros que éste dejó de reunirse a partir de esa fecha durante unos meses. El 24 de octubre de 1825 Cea Bermúdez fue sustituido por el duque del Infantado. El cambio parecía representar un nuevo giro hacia el absolutismo, ya que Infantado se había distinguido siempre por su firme defensa de la soberanía absoluta de Fernando VII.
Aunque no era un hombre de una gran capacidad como gobernante, había ocupado la presidencia de la Regencia instaurada por el duque de Angulema cuando las tropas francesas entraron en Madrid. También había sido presidente del Consejo de Castilla y consejero de Estado en la primera etapa absolutista de Fernando VII. A él se le atribuye precisamente la recuperación de las prerrogativas del Consejo de Estado a raíz de la supresión temporal del Consejo de Ministros. El reglamento que se aprobó el 6 de enero de 1826 establecía que el Consejo de Estado debía reunirse diariamente y que serían de su competencia todos aquellos asuntos graves de cualquiera de las secretarías de Estado. En definitiva, se trataba de una muestra de oposición al despotismo ministerial que, a su vez, era heredera de la actitud del partido aristocrático surgido en la España de finales del siglo XVIII. Sin embargo, la reforma iba a durar poco tiempo. La incompetencia de los miembros del Consejo de Estado y la intransigencia de la mayor parte de ellos iba a poner claramente de manifiesto la dificultad que dicha reforma suponía para el propio funcionamiento del Estado. Los ministros López Ballesteros, Zambrano y Salazar denunciaron la falta de cohesión en la acción gubernamental y la dificultad que suponía la necesidad de dar cuenta de todas las decisiones al Consejo. En agosto de 1826 se restableció en Consejo de Ministros y el duque del Infantado fue cesado en sus funciones ese mismo mes. Le sustituyó Manuel González Salmón.
El mes de junio había visto aumentar los descontentos de los medios ultras con las destituciones del ministro de la guerra Aymerich y del superintendente de la policía, Mariano Rufino González. Ambos habían sido sustituidos respectivamente por dos moderados como eran Miguel de Ibarrola, marqués de Zambrano y Juan José Recacho. El teniente general Blas Fournás fue también sustituido al mando de la Guardia Real por el Conde de España quien, a pesar de haber aceptado en su momento la Constitución, se había ganado posteriormente la confianza de Fernando VII. Esta renovación de algunos cargos importantes fue considerada como un apoyo del rey a la línea de los realistas moderados y aceleró los preparativos de los conspiradores ultras. Estos llegaron a constituirse verdaderamente en una oposición interna que causaría tantos o más problemas que la oposición que planteaban los liberales desde el exilio. La conspiración de Jorge Bessiéres ha sido estudiada por Alonso Tejada a partir de los documentos de la Superintendencia de la policía. Bessiéres era un militar de origen francés, que después de haberse pasado al lado español durante la guerra de la Independencia, había cambiado el republicanismo en el que militó durante el Trienio por la oposición ultraconservadora en esta última etapa del reinado de Fernando VII. Como los participantes en el complot de Capapé no habían podido ser capturados, Cea Bermúdez esperaba el estallido de una nueva traición para poder arrestar a los culpables.
Esta nueva intentona estaría protagonizada por este curioso personaje. La tipología de esta conspiración no difiere mucho de las que intentaron los liberales durante la primera etapa del reinado. Bessiéres, que era el brazo armado de la conjura, se lanzó prematuramente a la calle en Getafe el 15 de agosto con varias compañías del regimiento de caballería de Santiago. Los levantamientos que debían secundarlo en las provincias no se produjeron y Bessiéres fue arrestado y fusilado el 26 de agosto. Este episodio desencadenó una serie de destituciones y de cambios en la administración. El general Chaperón, Jefe de la Comisión Militar de Madrid, fue destinado a Cáceres y el canónigo y Consejero de Estado, Rojas Queipo, fue enviado a Córdoba. Junto con ellos, otros altos funcionarios fueron cesados en sus puestos. La necesidad de tomar otras medidas para evitar nuevas dificultades llevó al gobierno a la creación de un organismo consultivo que sirviese de ayuda al Consejo de Ministros. De esa forma nació el 13 de septiembre de 1825 la Junta Consultiva de Gobierno. Pero su existencia fue muy efímera, ya que fue disuelta el 28 de diciembre siguiente y su fracaso afectó de tal manera al propio Consejo de Ministros que éste dejó de reunirse a partir de esa fecha durante unos meses. El 24 de octubre de 1825 Cea Bermúdez fue sustituido por el duque del Infantado. El cambio parecía representar un nuevo giro hacia el absolutismo, ya que Infantado se había distinguido siempre por su firme defensa de la soberanía absoluta de Fernando VII.
Aunque no era un hombre de una gran capacidad como gobernante, había ocupado la presidencia de la Regencia instaurada por el duque de Angulema cuando las tropas francesas entraron en Madrid. También había sido presidente del Consejo de Castilla y consejero de Estado en la primera etapa absolutista de Fernando VII. A él se le atribuye precisamente la recuperación de las prerrogativas del Consejo de Estado a raíz de la supresión temporal del Consejo de Ministros. El reglamento que se aprobó el 6 de enero de 1826 establecía que el Consejo de Estado debía reunirse diariamente y que serían de su competencia todos aquellos asuntos graves de cualquiera de las secretarías de Estado. En definitiva, se trataba de una muestra de oposición al despotismo ministerial que, a su vez, era heredera de la actitud del partido aristocrático surgido en la España de finales del siglo XVIII. Sin embargo, la reforma iba a durar poco tiempo. La incompetencia de los miembros del Consejo de Estado y la intransigencia de la mayor parte de ellos iba a poner claramente de manifiesto la dificultad que dicha reforma suponía para el propio funcionamiento del Estado. Los ministros López Ballesteros, Zambrano y Salazar denunciaron la falta de cohesión en la acción gubernamental y la dificultad que suponía la necesidad de dar cuenta de todas las decisiones al Consejo. En agosto de 1826 se restableció en Consejo de Ministros y el duque del Infantado fue cesado en sus funciones ese mismo mes. Le sustituyó Manuel González Salmón.
