La lucha por la ciudadanía activa
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Datos principales
Desarrollo
Los regímenes oligárquicos y las dictaduras continuaron siendo las formas de gobierno predominantes. Hacia fines del siglo XIX en algunos países, el régimen oligárquico comenzó a entrar en crisis por los cambios sociales y culturales generados por la expansión económica, entre los que destaca el surgimiento de una incipiente clase media dispuesta a reclamar un lugar en la escena política. Los sectores medios procedían en buena parte del ejercicio de las profesiones liberales y también aquí las mujeres defendieron su espacio propio y fueron trabajosa y excepcionalmente -en países donde aun no eran ciudadanas y su acceso a los recursos educativos era restringido- fueron abriéndose paso en actividades y roles de larga tradición masculina. A la vez, se organizaban y luchaban por el reconocimiento de la igualdad de derechos civiles y políticos respecto a los hombres. Tuvieron que pasar varias décadas de fines del XIX y principios del XX para que el proyecto se hiciera realidad. Ecuador fue el primer país en otorgar el voto a la mujer, gracias a la audacia de Matilde Hidalgo, quien aprovechando que la Constitución de 1827 hablaba en general de los derechos ciudadanos sin especificar ninguna prohibición respecto de la mujer, se inscribió en los registros electorales y votó en 1924. En 1929 se generalizó el derecho al voto femenino, y en 1933 Hidalgo fue elegida concejala junto a la obstetra Bertha Valverde. Gráfico ¿Cómo se articuló el movimiento en pro de los Derechos de la Mujer? A distintos niveles.
Desde el punto de vista institucional, en 1923, a raíz de la Quinta Conferencia Panamericana realizada en Santiago de Chile, se acordó que en todo programa de este organismo se trabajara para abolir aquellas leyes y decretos contrarios a los derechos de las mujeres. En 1928 se creó la Comisión Interamericana de Mujeres dentro de la Organización de Estados Americanos (CIM-OEA). Este organismo dispuso medidas para hacer frente a la discriminación. En 1938 se adoptó la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, y en 1948 las Convenciones sobre Derechos Políticos y Civiles de las Mujeres. Había transcurrido un siglo desde que en 1848, en Séneca Falls (USA), las primeras luchadoras sentaran las bases para el reconocimiento de sus derechos como mujeres y ciudadanas. Cuando nació la ONU en 1946, se pidió los países latinoamericanos que no habían reconocido el derecho al voto femenino que se legislara, dado que negar a la mujer el derecho al voto era perpetuar un estado de desigualdad social. Pero en realidad la acción que verdaderamente condujo a la igualdad de derechos políticos fue el activismo individual de algunas mujeres que a través de sus escritos, discursos, creando centros y asociaciones fueron capaces de socializar la idea política de la praxis de igualdad: idénticos derechos civiles y políticos, la posibilidad de votar y de ser votadas. La libre pensadora uruguaya María Abella creó varias revistas y durante el radicalismo llegó a influir en el propio Presidente Batlle; la oradora libertaria Miguelina Acosta realizó su tesis de licenciatura sobre el derecho de las mujeres al voto.
En muchos casos eran mujeres de familias acomodadas que adquirieron a través del estudio -a veces autodidacta- una gran conciencia social. María Jesús Alvarado, peruana, en 1889 y con once años pronunció en la Escuela un Discurso sobre los Derechos de las Mujeres. Prudencia Ayala, indígena salvadoreña pretendió presentarse como candidata a la presidencia; no lo logró pero desencadenó el debate público sobre los derechos femeninos. Georgina Fletcher, española asentada en Colombia, apoyó en los medios de comunicación social el Proyecto de Ley sobre los Derechos Civiles de la Mujer Colombiana en 1928; Ofelia Uribe, colombiana, fue otra figura señera en este campo. Otras luchadoras activas fueron, en la Argentina del cambio de siglo Adela García Salaverry, Julieta Lanteri fundadora del Partido Feminista Nacional, pioneras del voto y el feminismo, seguidas después por Carmela Horne. En Panamá el mismo papel corrió a cargo de Esther Neira creadora de la Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer, apoyada por Gumersinda Páez, Tomasita Casís, María Ossa, etc. Las médicas argentinas Cecilia Grierson y Elvira Rawson, la embajadora y política chilena Amanda Labarca, la profesora Emilia Salzá y la escritora Victoria Ocampo tuvieron también su protagonismo. Algunas de ellas fueron socialistas, como es el caso de Gabriela Laperrière- quien junto a Fenia Cherkoff fundaron el Centro Socialista Femenino en Buenos Aires- Carolina Muzzilli o Alicia Moreau de Justo.
Con la misma estrategia, Sara Rey en Uruguay creó el Partido Independiente Demócrata Feminista y llegó a ser Diputada y a impulsar la reforma del Código Civil. Otra actuación destacada fue la de Rosa Markmann quien siendo Primera Dama de Chile en 1946 convocó a las mujeres para manifestarse exigiendo el derecho al voto ante el Congreso Nacional, e indudablemente la de la polifacética Eva Duarte de Perón. En el Perú una destacada activista fue Alicia del Prado del círculo de la Revista Amauta y Mariátegui y fundadora en 1936 de Acción Femenina; del mismo grupo intelectual y primera mujer que habló en nombre del Partido Comunista de Perú fue Adela Montesinos; o la colombiana María Rojas, fundadora en 1916 de la Revista Femeninas. Otra incansable defensora de los derechos de las mujeres, además de ser anarquista y médica fue Belén de Sárraga, que viajó por varios países de América Latina divulgando sus ideas y creando centros activistas de mujeres. El Asociacionismo fue una estrategia esencial. Si las mujeres ecuatorianas consiguieron el reconocimiento a su derecho al ejercicio del voto en 1929, tres años después lo lograron las uruguayas y salvadoreñas. Las brasileñas y las cubanas siguieron en 1934. Desde 1926, en Cuba, el Congreso Nacional de Mujeres había demandado con fuerza el derecho al voto. En los años cuarenta ese derecho se plasmó legalmente en Panamá (1945), la República Dominicana (1942) , Guatemala (1945) , Venezuela (1947), Chile (1949) y Costa Rica, dónde desde 1923 la Liga Feminista había colocado entre sus principales exigencias el derecho a votar para las mujeres, y lo logró en 1949. En Argentina avanzó el reconocimiento en 1947, pero no se practicó hasta 1951. En la década de los cincuenta avanzaron hacia el derecho femenino al voto Nicaragua (1955), Bolivia (1952), Colombia (1957), México (1953), Honduras (1955) y Perú (1955). Iniciada la década de los sesenta, en 1961, se incorporó Paraguay.
Desde el punto de vista institucional, en 1923, a raíz de la Quinta Conferencia Panamericana realizada en Santiago de Chile, se acordó que en todo programa de este organismo se trabajara para abolir aquellas leyes y decretos contrarios a los derechos de las mujeres. En 1928 se creó la Comisión Interamericana de Mujeres dentro de la Organización de Estados Americanos (CIM-OEA). Este organismo dispuso medidas para hacer frente a la discriminación. En 1938 se adoptó la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, y en 1948 las Convenciones sobre Derechos Políticos y Civiles de las Mujeres. Había transcurrido un siglo desde que en 1848, en Séneca Falls (USA), las primeras luchadoras sentaran las bases para el reconocimiento de sus derechos como mujeres y ciudadanas. Cuando nació la ONU en 1946, se pidió los países latinoamericanos que no habían reconocido el derecho al voto femenino que se legislara, dado que negar a la mujer el derecho al voto era perpetuar un estado de desigualdad social. Pero en realidad la acción que verdaderamente condujo a la igualdad de derechos políticos fue el activismo individual de algunas mujeres que a través de sus escritos, discursos, creando centros y asociaciones fueron capaces de socializar la idea política de la praxis de igualdad: idénticos derechos civiles y políticos, la posibilidad de votar y de ser votadas. La libre pensadora uruguaya María Abella creó varias revistas y durante el radicalismo llegó a influir en el propio Presidente Batlle; la oradora libertaria Miguelina Acosta realizó su tesis de licenciatura sobre el derecho de las mujeres al voto.
En muchos casos eran mujeres de familias acomodadas que adquirieron a través del estudio -a veces autodidacta- una gran conciencia social. María Jesús Alvarado, peruana, en 1889 y con once años pronunció en la Escuela un Discurso sobre los Derechos de las Mujeres. Prudencia Ayala, indígena salvadoreña pretendió presentarse como candidata a la presidencia; no lo logró pero desencadenó el debate público sobre los derechos femeninos. Georgina Fletcher, española asentada en Colombia, apoyó en los medios de comunicación social el Proyecto de Ley sobre los Derechos Civiles de la Mujer Colombiana en 1928; Ofelia Uribe, colombiana, fue otra figura señera en este campo. Otras luchadoras activas fueron, en la Argentina del cambio de siglo Adela García Salaverry, Julieta Lanteri fundadora del Partido Feminista Nacional, pioneras del voto y el feminismo, seguidas después por Carmela Horne. En Panamá el mismo papel corrió a cargo de Esther Neira creadora de la Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer, apoyada por Gumersinda Páez, Tomasita Casís, María Ossa, etc. Las médicas argentinas Cecilia Grierson y Elvira Rawson, la embajadora y política chilena Amanda Labarca, la profesora Emilia Salzá y la escritora Victoria Ocampo tuvieron también su protagonismo. Algunas de ellas fueron socialistas, como es el caso de Gabriela Laperrière- quien junto a Fenia Cherkoff fundaron el Centro Socialista Femenino en Buenos Aires- Carolina Muzzilli o Alicia Moreau de Justo.
Con la misma estrategia, Sara Rey en Uruguay creó el Partido Independiente Demócrata Feminista y llegó a ser Diputada y a impulsar la reforma del Código Civil. Otra actuación destacada fue la de Rosa Markmann quien siendo Primera Dama de Chile en 1946 convocó a las mujeres para manifestarse exigiendo el derecho al voto ante el Congreso Nacional, e indudablemente la de la polifacética Eva Duarte de Perón. En el Perú una destacada activista fue Alicia del Prado del círculo de la Revista Amauta y Mariátegui y fundadora en 1936 de Acción Femenina; del mismo grupo intelectual y primera mujer que habló en nombre del Partido Comunista de Perú fue Adela Montesinos; o la colombiana María Rojas, fundadora en 1916 de la Revista Femeninas. Otra incansable defensora de los derechos de las mujeres, además de ser anarquista y médica fue Belén de Sárraga, que viajó por varios países de América Latina divulgando sus ideas y creando centros activistas de mujeres. El Asociacionismo fue una estrategia esencial. Si las mujeres ecuatorianas consiguieron el reconocimiento a su derecho al ejercicio del voto en 1929, tres años después lo lograron las uruguayas y salvadoreñas. Las brasileñas y las cubanas siguieron en 1934. Desde 1926, en Cuba, el Congreso Nacional de Mujeres había demandado con fuerza el derecho al voto. En los años cuarenta ese derecho se plasmó legalmente en Panamá (1945), la República Dominicana (1942) , Guatemala (1945) , Venezuela (1947), Chile (1949) y Costa Rica, dónde desde 1923 la Liga Feminista había colocado entre sus principales exigencias el derecho a votar para las mujeres, y lo logró en 1949. En Argentina avanzó el reconocimiento en 1947, pero no se practicó hasta 1951. En la década de los cincuenta avanzaron hacia el derecho femenino al voto Nicaragua (1955), Bolivia (1952), Colombia (1957), México (1953), Honduras (1955) y Perú (1955). Iniciada la década de los sesenta, en 1961, se incorporó Paraguay.
