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Desarrollo
Hijo del anterior monarca, Juan V será el verdadero artífice de uno de los reinados más largos del Portugal restaurado; sucedió a su padre cuando sólo contaba diecisiete años y después de hacer frente a un oscuro suceso no suficientemente aclarado por la historiografía- protagonizado por su hermano para arrebatarle el trono. La guerra contra España no llegó a ser nunca muy popular; el aumento del gasto militar y las consecuencias derivadas del paso de las tropas ocasionó hechos desastrosos para el reino, tanto en el terreno militar como en el económico, lo que unido a catástrofes naturales predispuso para la firma de la paz en 1715; en ella Portugal no obtuvo las compensaciones esperadas a pesar del esfuerzo desplegado y sólo logró el reconocimiento de sus derechos sobre las dos orillas del río Amazonas, y la colonia del Sacramento, en la desembocadura del río de la Plata. A partir de ese momento, la amistad será determinante entre los dos países, estrechándose aún más los lazos en 1725 al proponer la diplomacia lusa un doble matrimonió con infantes españoles: Bárbara de Braganza con don Fernando de Borbón, futuro rey de España; y el príncipe heredero José con María Ana Victoria. Cuatro años más tarde se hizo el intercambio de princesas y, desde su llegada a España, doña Bárbara comenzó a influir en su esposo acerca de las relaciones con su país, hecho que fue continuado al ser coronada reina en 1746, dando sus principales frutos en el Tratado de Límites de 1750.
Negociado casi en secreto por Vilanova de Cerveira supuso la revisión de los límites establecidos por Alejandro VI y el Tratado de Tordesillas de fines del siglo XV; contemplaba la neutralización de América, comprometiéndose las dos naciones a no autorizar el paso a potencias enemigas. Portugal quedaba como dueña del Amazonas a partir de la desembocadura del Yapurá, y España le cedía una franja de terreno en la ribera oriental del Paraguay; a cambio, devolvía la colonia de Sacramento y reconocía la navegación española por el río de la Plata con carácter exclusivo. Durante todo este largo período, Portugal seguía estando en la órbita inglesa, aunque sus relaciones fueron fundamentalmente económicas -el oro y diamantes brasileños fueron canalizados hacia Londres sistemáticamente y sólo en su aspecto secundario revestía un carácter militar, de protección británica a las colonias portuguesas de la India; no obstante, esta influencia era limitada, como pudo comprobarse en 1718 cuando, a raíz de la intervención española en Nápoles y Sicilia, Portugal rehusó adherirse a la Cuádruple Alianza, para no indisponerse con España. Con Francia las relaciones estuvieron marcadas por la tensión y a pesar de la Paz de Utrecht siempre existieron reticencias portuguesas respecto a las pretensiones francesas sobre determinados territorios del Amazonas y a penetrar en su comercio colonial; la situación llegó al límite en 1720 con la ruptura diplomática entre ellas, no restableciéndose las relaciones hasta 1737.
Por otra parte, y en la línea de las tradicionales cruzadas contra el turco, se envió una expedición para defender la isla de Corfú en 1716, lo que mereció el agradecimiento de Clemente XI creando el Patriarcado de Lisboa un año después. En el aspecto interno se detecta por estos años un doble fenómeno: por un lado, se estaba originando una cierta prosperidad económica, provocada por la inyección de oro brasileño en la economía metropolitana y por un incremento de los intercambios; esa prosperidad facilitó el surgimiento de una burguesía nacional lo suficientemente fuerte para desarrollar algunas manufacturas y asumir las riendas del comercio, al tiempo que estimulaba al Estado a adoptar medidas dinamizadoras del aparato productivo, coincidiendo en esa tarea con un incipiente grupo de intelectuales y hombres de ideas avanzadas que preconizaban reformas. De este modo, la Corona impulsaría la junta de Comercio, creada en el reinado anterior para canalizar los beneficios de las compañías comerciales -la más importante de ellas, la del Marañón-, favoreciendo con ello la consolidación de una burguesía nacional, que iría desplazando paulatinamente a los numerosos extranjeros afincados en Lisboa y que hasta ahora habían monopolizado las transacciones comerciales; esa burguesía nacional se vio apoyada por algunos sectores judeo-conversos y de una fracción de la nobleza, progresista y abierta, todos ellos interesados en la prosperidad del país a través del desarrollo de la industria y del comercio.
No obstante, el principal problema era la falta de cuadros empresariales y obreros técnicos que pusieran en marcha la producción. Ante ello el Estado intentaría adoptar medidas de carácter mercantilista, comenzando así una política gubernamental de atracción de empresarios y trabajadores cualificados de origen extranjero mediante exenciones fiscales, al tiempo que la propia Monarquía creaba o favorecía la creación de determinadas industrias. Al mismo tiempo, la esclerotización y el anquilosamiento de la sociedad era una realidad, por ello, a este nivel, encontramos pocos cambios. Los terratenientes y la Iglesia explotaban cruelmente a un campesinado carente de expectativas a los que se les ofrecía como única salida la emigración a ultramar. Con la nobleza hubo un cierto distanciamiento; de hecho, desde 1720 disminuyó considerablemente la concesión de títulos y muchos nobles, disgustados por la política, abandonaron la corte y se instalaron en sus dominios rurales; otro sector, más dinámico, se dedicó al comercio, y otro grupo ingresó en la Administración. De este modo, se reforzó la nobleza de hidalgos en el campo, y la corte quedó para la nobleza togada y comercial. Ideológicamente, la primera era conservadora, inmovilista, pertrechada en el linaje y la sangre, y defendiendo firmemente los privilegios del grupo. La segunda se haría tolerante y abierta, partidaria de la promoción social. La Iglesia siguió desplegando un enorme prestigio y poder, a pesar de que su decadencia es notable en todos los sentidos.
Su fuerza se manifiesta, sobre todo, a nivel institucional: muchos eclesiásticos ocupan importantes cargos del Gobierno; los jesuitas han accedido al confesionario real; la Inquisición prosigue su lucha por la pureza de la fe, persiguiendo con celo a los conversos; el Estado se vincula estrechamente a ella, reforzando su poder e identificándose con sus principios, de tal manera que el propio monarca será llamado rey fidelísimo por Benedicto XIV. En cuanto al aparato institucional y administrativo hay que destacar el creciente papel que, desde el inicio del reinado, irán cobrando los secretarios, junto a la decadencia de las Cortes y a la creciente centralización del poder real. En 1707 es nombrado secretario de Estado y Guerra Diego Mendoça Corte Real, que se convertiría rápidamente en el hombre fuerte del Gobierno hasta su muerte; al frente de la Secretaría de Marina y Ultramar es designado Antonio Guedes Pereira, y como secretario de Negocios Extranjeros se elige a Marco Acevedo Coutinho. Otros órganos de la Administración central también fueron reformados y clarificadas sus atribuciones, siguiéndose una organización tripartita básica: Administración de justicia, Finanzas y aparato militar. La justicia, continuó estructurada a nivel provincial con un corregidor a su frente, ayudado por un proveedor y un juez en cada cabeza de comarca y un magistrado de rango inferior en las ciudades importantes. El Gobierno intentó agilizar su funcionamiento, aumentando la intervención real y moralizando la aplicación de la justicia. La administración municipal aparece cada vez más dependiente del poder central, perdiendo autonomía progresivamente, a través de la introducción en los municipios de jueces dependientes de la Corona que defendieran las prerrogativas regias en ese sentido. En 1742, el monarca, que siempre había tenido una salud delicada, enfermó gravemente. Para ayudarse en la tarea eligió al que serla gran político de estos años, Alejandro de Guzmán, nombrado en 1743 miembro del Consejo de Ultramar, cuya acción sería fundamental hasta la muerte del monarca (1750) tanto en el gobierno interior como en el exterior, contribuyendo en la firma del Tratado de Límites.
Negociado casi en secreto por Vilanova de Cerveira supuso la revisión de los límites establecidos por Alejandro VI y el Tratado de Tordesillas de fines del siglo XV; contemplaba la neutralización de América, comprometiéndose las dos naciones a no autorizar el paso a potencias enemigas. Portugal quedaba como dueña del Amazonas a partir de la desembocadura del Yapurá, y España le cedía una franja de terreno en la ribera oriental del Paraguay; a cambio, devolvía la colonia de Sacramento y reconocía la navegación española por el río de la Plata con carácter exclusivo. Durante todo este largo período, Portugal seguía estando en la órbita inglesa, aunque sus relaciones fueron fundamentalmente económicas -el oro y diamantes brasileños fueron canalizados hacia Londres sistemáticamente y sólo en su aspecto secundario revestía un carácter militar, de protección británica a las colonias portuguesas de la India; no obstante, esta influencia era limitada, como pudo comprobarse en 1718 cuando, a raíz de la intervención española en Nápoles y Sicilia, Portugal rehusó adherirse a la Cuádruple Alianza, para no indisponerse con España. Con Francia las relaciones estuvieron marcadas por la tensión y a pesar de la Paz de Utrecht siempre existieron reticencias portuguesas respecto a las pretensiones francesas sobre determinados territorios del Amazonas y a penetrar en su comercio colonial; la situación llegó al límite en 1720 con la ruptura diplomática entre ellas, no restableciéndose las relaciones hasta 1737.
Por otra parte, y en la línea de las tradicionales cruzadas contra el turco, se envió una expedición para defender la isla de Corfú en 1716, lo que mereció el agradecimiento de Clemente XI creando el Patriarcado de Lisboa un año después. En el aspecto interno se detecta por estos años un doble fenómeno: por un lado, se estaba originando una cierta prosperidad económica, provocada por la inyección de oro brasileño en la economía metropolitana y por un incremento de los intercambios; esa prosperidad facilitó el surgimiento de una burguesía nacional lo suficientemente fuerte para desarrollar algunas manufacturas y asumir las riendas del comercio, al tiempo que estimulaba al Estado a adoptar medidas dinamizadoras del aparato productivo, coincidiendo en esa tarea con un incipiente grupo de intelectuales y hombres de ideas avanzadas que preconizaban reformas. De este modo, la Corona impulsaría la junta de Comercio, creada en el reinado anterior para canalizar los beneficios de las compañías comerciales -la más importante de ellas, la del Marañón-, favoreciendo con ello la consolidación de una burguesía nacional, que iría desplazando paulatinamente a los numerosos extranjeros afincados en Lisboa y que hasta ahora habían monopolizado las transacciones comerciales; esa burguesía nacional se vio apoyada por algunos sectores judeo-conversos y de una fracción de la nobleza, progresista y abierta, todos ellos interesados en la prosperidad del país a través del desarrollo de la industria y del comercio.
No obstante, el principal problema era la falta de cuadros empresariales y obreros técnicos que pusieran en marcha la producción. Ante ello el Estado intentaría adoptar medidas de carácter mercantilista, comenzando así una política gubernamental de atracción de empresarios y trabajadores cualificados de origen extranjero mediante exenciones fiscales, al tiempo que la propia Monarquía creaba o favorecía la creación de determinadas industrias. Al mismo tiempo, la esclerotización y el anquilosamiento de la sociedad era una realidad, por ello, a este nivel, encontramos pocos cambios. Los terratenientes y la Iglesia explotaban cruelmente a un campesinado carente de expectativas a los que se les ofrecía como única salida la emigración a ultramar. Con la nobleza hubo un cierto distanciamiento; de hecho, desde 1720 disminuyó considerablemente la concesión de títulos y muchos nobles, disgustados por la política, abandonaron la corte y se instalaron en sus dominios rurales; otro sector, más dinámico, se dedicó al comercio, y otro grupo ingresó en la Administración. De este modo, se reforzó la nobleza de hidalgos en el campo, y la corte quedó para la nobleza togada y comercial. Ideológicamente, la primera era conservadora, inmovilista, pertrechada en el linaje y la sangre, y defendiendo firmemente los privilegios del grupo. La segunda se haría tolerante y abierta, partidaria de la promoción social. La Iglesia siguió desplegando un enorme prestigio y poder, a pesar de que su decadencia es notable en todos los sentidos.
Su fuerza se manifiesta, sobre todo, a nivel institucional: muchos eclesiásticos ocupan importantes cargos del Gobierno; los jesuitas han accedido al confesionario real; la Inquisición prosigue su lucha por la pureza de la fe, persiguiendo con celo a los conversos; el Estado se vincula estrechamente a ella, reforzando su poder e identificándose con sus principios, de tal manera que el propio monarca será llamado rey fidelísimo por Benedicto XIV. En cuanto al aparato institucional y administrativo hay que destacar el creciente papel que, desde el inicio del reinado, irán cobrando los secretarios, junto a la decadencia de las Cortes y a la creciente centralización del poder real. En 1707 es nombrado secretario de Estado y Guerra Diego Mendoça Corte Real, que se convertiría rápidamente en el hombre fuerte del Gobierno hasta su muerte; al frente de la Secretaría de Marina y Ultramar es designado Antonio Guedes Pereira, y como secretario de Negocios Extranjeros se elige a Marco Acevedo Coutinho. Otros órganos de la Administración central también fueron reformados y clarificadas sus atribuciones, siguiéndose una organización tripartita básica: Administración de justicia, Finanzas y aparato militar. La justicia, continuó estructurada a nivel provincial con un corregidor a su frente, ayudado por un proveedor y un juez en cada cabeza de comarca y un magistrado de rango inferior en las ciudades importantes. El Gobierno intentó agilizar su funcionamiento, aumentando la intervención real y moralizando la aplicación de la justicia. La administración municipal aparece cada vez más dependiente del poder central, perdiendo autonomía progresivamente, a través de la introducción en los municipios de jueces dependientes de la Corona que defendieran las prerrogativas regias en ese sentido. En 1742, el monarca, que siempre había tenido una salud delicada, enfermó gravemente. Para ayudarse en la tarea eligió al que serla gran político de estos años, Alejandro de Guzmán, nombrado en 1743 miembro del Consejo de Ultramar, cuya acción sería fundamental hasta la muerte del monarca (1750) tanto en el gobierno interior como en el exterior, contribuyendo en la firma del Tratado de Límites.
