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Desarrollo
Durante la Guerra de Sucesión el Gobierno de Felipe V llevó a cabo importantes reformas de carácter administrativo, la más importante de las cuales fue la supresión de la Corona de Aragón como conjunto orgánico-administrativo procedente de la Edad Media (Decretos de Nueva Planta). Las medidas reformistas afectaron también al sistema de gobierno por la introducción en 1714 de los secretarios de Estado, la desaparición de los Consejos territoriales, excepto el de Castilla, y la pérdida de poder de los restantes. Desaparecidos los reinos, el territorio será redistribuido en provincias. Desde el punto de vista administrativo, se crearán las intendencias y se extenderán los corregimientos a los antiguos reinos aragoneses. La misma uniformidad se impone en la administración municipal pero aquí los intentos reformistas encontrarán más dificultades. La llegada a España de una nueva reina, Isabel de Farnesio, propició la subida al poder del cardenal Alberoni, cuya política se orientó en varias direcciones: perfeccionar la nueva organización del Estado para conseguir la mayor centralización posible y, por lo tanto, mejor control para el monarca; proseguir los intentos de saneamiento del erario, iniciados por anteriores gobiernos, tratando de aumentar las rentas estatales e intentar la estabilidad monetaria mediante la revalorización de las monedas de oro. Su política económica es fuertemente proteccionista: impulsos a la producción nacional, creándose incluso una Real Fábrica en Guadalajara para fabricar tejidos de lujo que llegó a contar con varios centenares de telares y unos miles de trabajadores; estímulos al comercio interior, con la supresión de las aduanas internas, y del exterior, para lo cual se prohibe importar determinados productos (tejidos estampillados) o exportar otros (lana) y se crea una compañía mercantil privilegiada, la de Honduras, para comerciar en exclusiva con Centroamérica.
Asimismo, en 1717 se trasladó la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz, cuyo puerto ofrecía mejores posibilidades al calado de los buques. Las medidas referentes al Ejército (1718) suponen la reorganización de la milicia dotándola de disciplina, buscando la profesionalización de sus miembros, estableciendo una sólida jerarquía en los cuadros y un método de reclutamiento obligatorio entre la población nacional. La Armada recibe una enorme atención, ordenándose la construcción de una base naval en Ferrol, mejorando la infraestructura portuaria de importantes ciudades, construyendo numerosos barcos y activando las industrias auxiliares de la navegación. En 1726, el nombramiento de Patiño acentuó este proceso de reconstrucción nacional en todos los aspectos y la realización de una política exterior realista. Supo rodearse de colaboradores eficaces y competentes como J. del Campillo, el marqués de la Ensenada y J. Quintana. Las medidas adoptadas en su plan de recuperación eran fundamentalmente económicas: expansión de la flota, mercante y de guerra; activación del comercio, nacional y colonial, y estímulos a la industria nacional. Para ello se crean varias compañías comerciales con América, se persigue el contrabando con severidad, se buscan nuevos mercados y se restringen los intercambios con Francia, en un proteccionismo a ultranza. La creación de nuevas industrias estatales, el apoyo a las iniciativas privadas, la introducción de técnicas modernas y el amparo a la producción nacional se traducen en una prosperidad general, que además se vio posibilitada por una reforma monetaria que revalorizó las monedas de plata y autorizó la acuñación del vellón. La política exterior felipista y su participación en el conflicto de sucesión polaco, que tuvo como consecuencia el reconocimiento del infante don Carlos como rey de las Dos Sicilias, acentuó las diferencias existentes con el Papado. La firma del Concordato de 1737 no logró resolver los problemas, ya que Clemente XII no había querido discutir los verdaderos puntos de fricción -inmunidad eclesiástica, sistema beneficial usado por la Dataria, control romano de los espolios, abusos de los tribunales inquisitoriales, titularidad en los clérigos de ingentes riquezas, Real Patronato...- reclamados por los españoles.
Asimismo, en 1717 se trasladó la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz, cuyo puerto ofrecía mejores posibilidades al calado de los buques. Las medidas referentes al Ejército (1718) suponen la reorganización de la milicia dotándola de disciplina, buscando la profesionalización de sus miembros, estableciendo una sólida jerarquía en los cuadros y un método de reclutamiento obligatorio entre la población nacional. La Armada recibe una enorme atención, ordenándose la construcción de una base naval en Ferrol, mejorando la infraestructura portuaria de importantes ciudades, construyendo numerosos barcos y activando las industrias auxiliares de la navegación. En 1726, el nombramiento de Patiño acentuó este proceso de reconstrucción nacional en todos los aspectos y la realización de una política exterior realista. Supo rodearse de colaboradores eficaces y competentes como J. del Campillo, el marqués de la Ensenada y J. Quintana. Las medidas adoptadas en su plan de recuperación eran fundamentalmente económicas: expansión de la flota, mercante y de guerra; activación del comercio, nacional y colonial, y estímulos a la industria nacional. Para ello se crean varias compañías comerciales con América, se persigue el contrabando con severidad, se buscan nuevos mercados y se restringen los intercambios con Francia, en un proteccionismo a ultranza. La creación de nuevas industrias estatales, el apoyo a las iniciativas privadas, la introducción de técnicas modernas y el amparo a la producción nacional se traducen en una prosperidad general, que además se vio posibilitada por una reforma monetaria que revalorizó las monedas de plata y autorizó la acuñación del vellón. La política exterior felipista y su participación en el conflicto de sucesión polaco, que tuvo como consecuencia el reconocimiento del infante don Carlos como rey de las Dos Sicilias, acentuó las diferencias existentes con el Papado. La firma del Concordato de 1737 no logró resolver los problemas, ya que Clemente XII no había querido discutir los verdaderos puntos de fricción -inmunidad eclesiástica, sistema beneficial usado por la Dataria, control romano de los espolios, abusos de los tribunales inquisitoriales, titularidad en los clérigos de ingentes riquezas, Real Patronato...- reclamados por los españoles.
