El insurreccionismo anarquista
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Datos principales
Rango
Segunda República
Desarrollo
El anarcosindicalismo había mantenido una posición ambigua en los meses que precedieron al 14 de abril, basculando entre el apoyo a la conspiración antimonárquica y el retraimiento de todo lo que pudiera significar compromiso político. Esta contradicción forzó a la CNT a mantenerse en una expectativa llena de reservas en las primeras semanas de vida de la República. El cambio de régimen colocaba, en realidad, a la Confederación en la tesitura de elegir entre la línea sindicalista que representaban Ángel Pestaña o Juan Peiró, y la anarquista, encarnada principalmente en la minúscula Federación Anarquista Ibérica (FAI), partidaria de una presión continua -"gimnasia revolucionaria", la llamaban algunos- que acelerase el proceso de revolución social. Los "faístas" defendían un modelo de revolución ruralizante y utópico, frente a las tendencias sindicalistas, que preconizaban una adecuación de los programas del movimiento libertario a las realidades de una sociedad en vías de industrialización. Los primeros aparecen como los máximos responsables de la exacerbación de los métodos de "acción directa", que buscaban en la conflictividad laboral y en la insurrección campesina -culminada en la creación de comunas libertarias- la quiebra del orden burgués y la consecución de una sociedad sin clases ni Estado. La oposición de los cenetistas a la República burguesa quedó patente desde el primer momento, y se manifestó a través de formas muy variadas, algunas claramente insurreccionales.
Es cierto, sin embargo, que los dirigentes de la conjunción republicano-socialista no hicieron nada para incorporar a la CNT al inicial consenso en torno al régimen naciente, y que la promulgación de la legislación laboral preparada por los socialistas buscaba de forma manifiesta perjudicar a la Confederación. Pero también lo es que los partidarios del enfrentamiento frontal con la República dentro de la CNT aprovecharon esta legislación, y en especial el establecimiento de los Jurados Mixtos en las empresas -contrarios a la práctica de la acción directa y que les recordaban demasiado a los Comités Paritarios de la Dictadura- para incrementar la beligerancia contra el régimen y el enfrentamiento con la UGT, a la que acusaban de traición a la clase obrera. Las federaciones de mayoría anarquista de la CNT se lanzaron enseguida a una movilización social que buscaba impedir la consolidación de la República parlamentaria. Tal fue el caso del oscuro complot del aeródromo de Tablada (Sevilla), de junio de 1931, en el que el aviador militar Ramón Franco y un grupo de suboficiales del Ejército y de anarquistas sevillanos fueron acusados de preparar un levantamiento para el día de las elecciones a Cortes. El 6 de julio, la CNT se embarcaba en su primer gran conflicto sindical al poner en marcha una huelga nacional de empleados de la Compañía Telefónica. Convocada en un ámbito laboral donde la Confederación no era especialmente fuerte, la huelga, resueltamente combatida por el Gobierno, derivó en sabotajes y violencias y dio lugar a sangrientos incidentes en Sevilla, incluida la muerte de treinta personas y el cañoneo del local donde se reunía la dirección de los huelguistas.
Condujo además a la CNT a un enfrentamiento abierto con los militantes ugetistas, que actuaron para romper la huelga. Tampoco tuvo mayor éxito la huelga del ramo de la metalurgia de Barcelona, iniciada el 4 de agosto, que movilizó a 42.000 trabajadores. Mientras, en el campo, el proletariado anarquista comenzaba a movilizarse, mediante huelgas y ocupaciones de fincas, en demanda de una reforma agraria que les entregase tierra de forma inmediata. Esta política de huelgas condenadas de antemano al fracaso, y el creciente peso del anarquismo violento en el movimiento libertario eran contemplados con enorme preocupación por los sectores sindicalistas de la CNT. A finales de agosto de 1931 se publicó en Barcelona el Manifiesto de los Treinta, firmado por Pestaña, Peiró, Progreso Alfarache, Juan López, y otros dirigentes sindicalistas, y en el que, junto a un durísimo ataque al Gobierno republicano, al que acusaban de lenidad en la aplicación de las reformas prometidas, criticaban la inutilidad de los procedimientos violentos y la falta de realismo y el elitismo revolucionario de los faístas, en términos que preludiaban la ruptura. Pese a estos avisos, la radicalización de las bases durante la primavera y el verano de 1931 terminó desembocando en una espiral de violencia alentada por la FAI. El sindicalismo "treintista", mayoritario en la CNT al instaurarse la República, perdía terreno ante el sector faísta, favorecido por el impacto de la crisis económica y el incremento de la conflictividad social.
Tras las breves huelgas generales convocadas en varias ciudades durante el otoño de 1931, a finales de año concluye lo que A. Bar denomina "política de tanteo frente al fenómeno republicano" y se inicia una etapa plenamente ofensiva, un período insurreccional cuya primera acción es el levantamiento armado de la cuenca del Alto Llobregat, en Cataluña. Acuciados por sus penosas condiciones laborales, el 18 de enero de 1932, mineros y obreros textiles se hicieron con el control de sus centros de trabajo y se adueñaron de Figols, Berga, Cardona y otras poblaciones, donde proclamaron el comunismo libertario. El Gobierno reaccionó con extraordinaria energía y envió unidades del Ejército al mando del general Batet, que restablecieron el orden. En la segunda mitad de 1932, las luchas entre faístas y treintistas se reprodujeron con gran virulencia. A partir del mes de julio, el proceso de expulsión de militantes y de sindicatos enteros se incrementó, sobre todo en Cataluña, Levante y Asturias, confirmando el predominio de los anarquistas. La aprobación de la Ley de Asociaciones Profesionales de Patronos y Obreros, preparada por el equipo socialista del Ministerio de Trabajo, implicó la automarginación de la CNT -ya con más de un millón de afiliados- de la representación sindical en los organismos oficiales de negociación y mediación laboral. La nueva Ley, junto con la de Defensa de la República, contribuyó a alejar aún más al anarcosindicalismo de las tácticas legales de reivindicación obrera.
El 8 de enero de 1933, la FAI hizo un llamamiento a la insurrección general, que provocó graves incidentes en Cataluña, Aragón, Levante y Andalucía, expeditivamente reprimidos por las fuerzas gubernativas, que causaron numerosos muertos. Los sucesos más graves ocurrieron en la aldea gaditana de Casas Viejas, donde los guardias de Asalto provocaron una matanza entre los peones agrícolas que, tras proclamar el comunismo libertario, les habían hecho frente. Los policías incendiaron la choza de un campesino, apodado Seisdedos, causando la muerte a varios labriegos que se habían refugiado en ella -y a un guardia que habían tomado como rehén- y luego asesinaron sobre el terreno a catorce detenidos. Gracias a las informaciones de la Prensa, la opinión pública pudo tener conocimiento de lo ocurrido y el asunto tomó estado parlamentario el 1 de febrero con la interpelación de un diputado radicalsocialista. La matanza, de la que era responsable político el director general de Seguridad, pero a la que era ajeno el Gobierno, fue instrumentalizada por la oposición para enfrentar a la coalición gobernante con su electorado. Acusado de complicidad en una represión desmedida -circuló la falsa noticia de una orden de Azaña a los guardias: "ni heridos, ni prisioneros, tiros a la barriga"- el Gabinete pudo superar la investigación de una Comisión parlamentaria y dos mociones de confianza en las Cortes, pero ello no impidió que se viera salpicado por un escándalo que, a medio plazo, le sería enormemente perjudicial. La insurrección de enero de 1933 tuvo, por otra parte, el efecto de acelerar la ruptura entre las fracciones del anarcosindicalismo. Ese mismo mes, los treintistas pusieron en marcha la Federación Sindicalista Libertaria, que se constituyó formalmente el 25 de febrero, con Pestaña como secretario provisional. La Federación mantuvo la adhesión a los principios del sindicalismo revolucionario, pero en su seno resaltaban ahora más las diferencias entre los sindicalistas posibilistas de Pestaña y los anarcosindicalistas de Peiró, quienes no rechazaban el mantener relaciones con la FAI fuera del marco estrictamente sindical.
Es cierto, sin embargo, que los dirigentes de la conjunción republicano-socialista no hicieron nada para incorporar a la CNT al inicial consenso en torno al régimen naciente, y que la promulgación de la legislación laboral preparada por los socialistas buscaba de forma manifiesta perjudicar a la Confederación. Pero también lo es que los partidarios del enfrentamiento frontal con la República dentro de la CNT aprovecharon esta legislación, y en especial el establecimiento de los Jurados Mixtos en las empresas -contrarios a la práctica de la acción directa y que les recordaban demasiado a los Comités Paritarios de la Dictadura- para incrementar la beligerancia contra el régimen y el enfrentamiento con la UGT, a la que acusaban de traición a la clase obrera. Las federaciones de mayoría anarquista de la CNT se lanzaron enseguida a una movilización social que buscaba impedir la consolidación de la República parlamentaria. Tal fue el caso del oscuro complot del aeródromo de Tablada (Sevilla), de junio de 1931, en el que el aviador militar Ramón Franco y un grupo de suboficiales del Ejército y de anarquistas sevillanos fueron acusados de preparar un levantamiento para el día de las elecciones a Cortes. El 6 de julio, la CNT se embarcaba en su primer gran conflicto sindical al poner en marcha una huelga nacional de empleados de la Compañía Telefónica. Convocada en un ámbito laboral donde la Confederación no era especialmente fuerte, la huelga, resueltamente combatida por el Gobierno, derivó en sabotajes y violencias y dio lugar a sangrientos incidentes en Sevilla, incluida la muerte de treinta personas y el cañoneo del local donde se reunía la dirección de los huelguistas.
Condujo además a la CNT a un enfrentamiento abierto con los militantes ugetistas, que actuaron para romper la huelga. Tampoco tuvo mayor éxito la huelga del ramo de la metalurgia de Barcelona, iniciada el 4 de agosto, que movilizó a 42.000 trabajadores. Mientras, en el campo, el proletariado anarquista comenzaba a movilizarse, mediante huelgas y ocupaciones de fincas, en demanda de una reforma agraria que les entregase tierra de forma inmediata. Esta política de huelgas condenadas de antemano al fracaso, y el creciente peso del anarquismo violento en el movimiento libertario eran contemplados con enorme preocupación por los sectores sindicalistas de la CNT. A finales de agosto de 1931 se publicó en Barcelona el Manifiesto de los Treinta, firmado por Pestaña, Peiró, Progreso Alfarache, Juan López, y otros dirigentes sindicalistas, y en el que, junto a un durísimo ataque al Gobierno republicano, al que acusaban de lenidad en la aplicación de las reformas prometidas, criticaban la inutilidad de los procedimientos violentos y la falta de realismo y el elitismo revolucionario de los faístas, en términos que preludiaban la ruptura. Pese a estos avisos, la radicalización de las bases durante la primavera y el verano de 1931 terminó desembocando en una espiral de violencia alentada por la FAI. El sindicalismo "treintista", mayoritario en la CNT al instaurarse la República, perdía terreno ante el sector faísta, favorecido por el impacto de la crisis económica y el incremento de la conflictividad social.
Tras las breves huelgas generales convocadas en varias ciudades durante el otoño de 1931, a finales de año concluye lo que A. Bar denomina "política de tanteo frente al fenómeno republicano" y se inicia una etapa plenamente ofensiva, un período insurreccional cuya primera acción es el levantamiento armado de la cuenca del Alto Llobregat, en Cataluña. Acuciados por sus penosas condiciones laborales, el 18 de enero de 1932, mineros y obreros textiles se hicieron con el control de sus centros de trabajo y se adueñaron de Figols, Berga, Cardona y otras poblaciones, donde proclamaron el comunismo libertario. El Gobierno reaccionó con extraordinaria energía y envió unidades del Ejército al mando del general Batet, que restablecieron el orden. En la segunda mitad de 1932, las luchas entre faístas y treintistas se reprodujeron con gran virulencia. A partir del mes de julio, el proceso de expulsión de militantes y de sindicatos enteros se incrementó, sobre todo en Cataluña, Levante y Asturias, confirmando el predominio de los anarquistas. La aprobación de la Ley de Asociaciones Profesionales de Patronos y Obreros, preparada por el equipo socialista del Ministerio de Trabajo, implicó la automarginación de la CNT -ya con más de un millón de afiliados- de la representación sindical en los organismos oficiales de negociación y mediación laboral. La nueva Ley, junto con la de Defensa de la República, contribuyó a alejar aún más al anarcosindicalismo de las tácticas legales de reivindicación obrera.
El 8 de enero de 1933, la FAI hizo un llamamiento a la insurrección general, que provocó graves incidentes en Cataluña, Aragón, Levante y Andalucía, expeditivamente reprimidos por las fuerzas gubernativas, que causaron numerosos muertos. Los sucesos más graves ocurrieron en la aldea gaditana de Casas Viejas, donde los guardias de Asalto provocaron una matanza entre los peones agrícolas que, tras proclamar el comunismo libertario, les habían hecho frente. Los policías incendiaron la choza de un campesino, apodado Seisdedos, causando la muerte a varios labriegos que se habían refugiado en ella -y a un guardia que habían tomado como rehén- y luego asesinaron sobre el terreno a catorce detenidos. Gracias a las informaciones de la Prensa, la opinión pública pudo tener conocimiento de lo ocurrido y el asunto tomó estado parlamentario el 1 de febrero con la interpelación de un diputado radicalsocialista. La matanza, de la que era responsable político el director general de Seguridad, pero a la que era ajeno el Gobierno, fue instrumentalizada por la oposición para enfrentar a la coalición gobernante con su electorado. Acusado de complicidad en una represión desmedida -circuló la falsa noticia de una orden de Azaña a los guardias: "ni heridos, ni prisioneros, tiros a la barriga"- el Gabinete pudo superar la investigación de una Comisión parlamentaria y dos mociones de confianza en las Cortes, pero ello no impidió que se viera salpicado por un escándalo que, a medio plazo, le sería enormemente perjudicial. La insurrección de enero de 1933 tuvo, por otra parte, el efecto de acelerar la ruptura entre las fracciones del anarcosindicalismo. Ese mismo mes, los treintistas pusieron en marcha la Federación Sindicalista Libertaria, que se constituyó formalmente el 25 de febrero, con Pestaña como secretario provisional. La Federación mantuvo la adhesión a los principios del sindicalismo revolucionario, pero en su seno resaltaban ahora más las diferencias entre los sindicalistas posibilistas de Pestaña y los anarcosindicalistas de Peiró, quienes no rechazaban el mantener relaciones con la FAI fuera del marco estrictamente sindical.
